Juana Damiana González

Expediente 242/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
242/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
30/11/2020

Partes del expediente

  • Juana Damiana González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de noviembre de dos mil veinte. Téngase recibido el comunicado signado por el Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad, a través del cual informa que tiene conocimiento que causó ejecutoria la sentencia dictada en este expediente, de igual manera, acusa recibo del diverso 10681/2020, por el que se le devolvieron las constancias que acompañó a su informe justificado; en tal virtud, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguese a los autos para que obre como corresponda. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecinueve de noviembre de dos mil veinte. EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia de veintinueve de octubre de dos mil veinte, que sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo segundo, en relación con el numeral 86 de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Lo anterior es procedente, con independencia de la fecha en que las autoridades responsables hayan sido notificadas de la mencionada resolución, y se carezca del acuse de recibo, habida cuenta que, conforme lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo, éstas sólo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido de la misma afectara el acto que les fue reclamado; lo que no acontece en la especie, dado el sobreseimiento dictado. Es aplicable al respecto, la Tesis de Jurisprudencia número 648, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Octava Época, visible en la página 434, del Apéndice 1995, Tomo VI, parte TCC, cuyo rubro y texto dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. ..... ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL CUADERNO PRINCIPAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente que es susceptible de destrucción y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, toda vez que no son necesarias en el presente sumario constitucional, previo glose de la portada del anexo uno, remítase a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad, las constancias que acompañó como apoyo a su informe justificado, relativas al cuaderno duplicado del expediente laboral ...... solicitándole se sirva acusar recibo a la brevedad. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Finalmente, toda vez que se encuentra glosado un documento con firmas autógrafas y sellos originales que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda, se le previene para que los recoja dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, es decir, acuda a este Juzgado debidamente identificada, a fin de que se le haga entrega de los mismos, apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado, los citados documentos correrán la misma suerte que este expediente. En la inteligencia que el horario de atención comprende de las ocho horas con treinta minutos a las catorce horas. Por ende, se precisa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, deberá generar la cita correspondiente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales", donde se localiza el sistema Agenda OJ, en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de este Juzgado, a efecto de que se le otorgue un código QR que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional, en el horario citado. En virtud de lo anterior, reitérese a la promovente que debido al límite máximo de la duración de la cita (veinticinco minutos) y que además para la devolución de los documentos de mérito se debe dejar copia certificada de los mismos, atento a que en el esquema de trabajo establecido en el Acuerdo General 21/2020, que limita la presencia física y el horario del personal de este Juzgado Federal, la entrega de los documentos de mérito se efectuará en una fecha posterior, previa comunicación que entable con la secretaria de acuerdos, al número de teléfono y/o correo electrónico que para el efecto se encuentra en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" apartado "consulta de directorio de los órganos jurisdiccionales" del citado Portal de Servicios en Línea. Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 242/2020-II promovido por Juana Damiana Domínguez, contra actos del Gobernador del Estado de San Luis Potosí y otras autoridades, que considera vulneran su derecho fundamental contemplado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O : Primero. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, Juana Damiana Domínguez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES:.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON DOMICILIO OFICIAL AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA CIUDAD CAPITAL DE SAN LUIS POTOSÍ. - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA CIUDAD CAPITAL DEL ESTADO. C.- SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL ESTADO, CON DOMICILIO AMPLIAMENTE CONOCIDO EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ. D.- JUNTA ESPECIAL NO. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, con domicilio ampliamente conocido en esa ciudad. IV.- ACTOS RECLAMADOS. A.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.- La omisión de realizar todos y cada uno de los actos tendientes a ordenar a la Secretaría General de Gobierno del Estado, a fin de que se lleve la REAPERTURA de la H. Junta Especial No. 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con las medidas sanitarias, a efecto de seguir con los trámites legales dentro del juicio laboral No. 213/2020/JE1-1, dado a que desde que se presentó la demanda 6 de FEBRERO DE 2020 no se ha podido llevar a cabo el desahogo de la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, dado a que ésta se encuentra cerrada para trámites legales respecto del juicio laboral del actor, contraponiéndose a lo establecido en el artículo 17 constitucional, por lo que con dicho actuar se le está negando el acceso a la administración de justicia pronta y expedita a que tiene derecho el actor del juicio. B.- SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.- La omisión de realizar todos y cada uno de los actos tendientes a ordenar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, lleve a cabo la reapertura de la H. Junta Especial No. 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con las medidas sanitarias a efecto de seguir con los trámites legales dentro del juicio laboral No. 213/2020/JE1-1V, dado a que desde que se presentó la demanda 6 de FEBRERO DE 2018 no se ha podido llevar a cabo el desahogo de la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, dado a que ésta se encuentra cerrada para trámites legales respecto del juicio laboral del actor, contraponiéndose a lo establecido en el artículo 17 constitucional, por lo que con dicho actuar se le está negando el acceso a la administración de justicia pronta y expedita a que tiene derecho el actor del juicio. C.- SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.- La omisión de realizar todos y cada uno de los actos tendientes a la reapertura de la H. Junta Especial No. 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a su cargo, con las medidas sanitarias, a efecto de seguir con los trámites legales dentro del juicio laboral No. 213/2020/JE1-1V, dado a que desde que se presentó la demanda 6 de FEBRERO DE 2018 no se ha podido llevar a cabo el desahogo de la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, dado a que ésta se encuentra cerrada para trámites legales respecto del juicio laboral del actor, contraponiéndose a lo establecido en el artículo 17 constitucional, por lo que con dicho actuar se le está negando el acceso a la administración de justicia pronta y expedita a que tiene derecho el actor del juicio. D.- JUNTA ESPECIAL NO. 1 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO.- La omisión de otorgarle el acceso a la administración de justicia pronta y expedita al actor del juicio natural, en los términos establecidos y normas establecidas en la Ley Federal del Trabajo, en relación con el artículo 17 Constitucional, dentro de los autos del procedimiento laboral No. 213/2020/JE1-1, dado a que desde que se presentó la demanda 6 de FEBRERO DE 2018, no se ha podido llevar a cabo el desahogo de la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, pues no se ha señalado fecha y hora para el desahogo de ésta, lo cual se traduce en la PARALIZACIÓN TOTAL de dicho procedimiento." Segundo. Por acuerdo de veinte de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda, se registró con el número estadístico 242/2020-II, solicitándose el respectivo informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguidos los trámites correspondientes, previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional al tenor de acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 17, 94, 103 fracción I, y 107 fracciones I, II, primer párrafo, y III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener: La fijación clara y precisa del acto reclamado", este órgano jurisdiccional procede a precisar el acto que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables. Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se establecen como actos reclamados: 1. Del Gobernador, Secretario General de Gobierno y Secretaría del Trabajo y Previsión Social, todos del Estado de San Luis Potosí: La omisión de realizar todos y cada uno de los actos tendentes para la reapertura de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad, derivada de la suspensión de actividades por la contingencia sanitaria. 2. De la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad: La omisión de otorgarle el acceso a la administración de justicia pronta y expedita al actor del juicio natural, dentro de los autos del procedimiento laboral número 213/2020/JE1-1, dado a que no se ha señalado fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1511, Tomo II, Novena Época del Apéndice 2011 al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Determinación de existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad, por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con el duplicado del expediente laboral 0213/2020/JE1-1 promovido por la aquí quejosa en contra del responsable de la fuente de trabajo denominada "Gorditas Mi Tía Rosy" y otros en donde se advierte el auto emitido por la junta responsable el uno de junio de dos mil veinte, notificado el tres de septiembre del año en curso, en donde fijó fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; documental pública que merece valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del citado código supletorio. De igual modo, son ciertos los actos reclamados al Gobernador, Secretario General de Gobierno y Secretaría del Trabajo y Previsión Social, todos del Estado de San Luis Potosí, no obstante que dichas autoridades al momento de rendir sus informes justificados, negaron la existencia de las omisiones que les fueron reprochadas. Lo anterior, en virtud de que el análisis de tales negativas no es dable en el presente apartado de la sentencia, pues ello se haría constituir en un pronunciamiento de fondo respecto a si las autoridades responsables vulneraron o no los derechos fundamentales del quejoso. Esto es, sobreseer con base en la inexistencia de lo reclamado en los términos alegados por las autoridades responsables, aun realizando un estudio periférico o superficial de las constancias para establecer si conforme a sus facultades han realizado o no, las gestiones necesarias para ordenar la reapertura de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad, derivada de la suspensión de actividades por la contingencia sanitaria -para determinar la existencia o no del acto-, atañe necesariamente al fondo de la cuestión planteada. Cuarto. Estudio de causas de improcedencia. Por ser de estudio preferente al fondo del asunto, es necesario analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las aleguen o no, al ser una cuestión de orden público, conforme con lo previsto en el artículo 62 de la ley de la materia. En la especie, de oficio advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. . De acuerdo con la interpretación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, es necesario que mediante una resolución posterior que sea emitida por la propia autoridad responsable, se revoque de tal manera el acto reclamado en el juicio de amparo, dando como consecuencia de ello que la situación del peticionario de amparo sea igual a aquélla que tenía antes de la emisión de ese acto, ya que no basta que la autoridad responsable derogue o revoque dicho acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo a la quejosa, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndolo hecho, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia en cuestión no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni tampoco los surtirá en el futuro, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la impetrante de la tutela constitucional reclama de las autoridades responsables Gobernador, Secretario General de Gobierno y Secretaría del Trabajo y Previsión Social, todos del Estado de San Luis Potosí, la omisión de realizar todos y cada uno de los actos tendentes para la reapertura de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad, derivada de la suspensión de actividades por la contingencia sanitaria. Sin embargo, se advierte que el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, los integrantes del Pleno de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad, emitieron y publicaron en sus estrados, el boletín 13/2020, el cual se tiene como un hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral segundo. En dicho comunicado, los integrantes del Pleno de la citada Junta, determinaron que, en acatamiento a las medidas estipuladas por el Gobierno Federal y del Estado de San Luis Potosí, así como lo señalado en el Decreto Oficial de diecinueve de julio del año en curso, emitido por el Poder Ejecutivo del Estado y Oficialía Mayor, en el que se precisó que esa Junta era considerada un Tribunal esencial, procedía establecer como se llevaría a cabo la reapertura de sus instalaciones y, al efecto, en el punto primero el Pleno señaló que los términos procesales y actuaciones judiciales empezarían a correr a partir del uno de septiembre de dos mil veinte; asimismo, en los restantes puntos indicaron el horario y esquema de atención de ese Tribunal, en acato a las medidas establecidas por la Secretaría de Salud Federal. Lo que se corrobora con las imágenes que a continuación se insertan. En ese sentido, se pone de manifiesto que han cesado los efectos del acto en estudio, toda vez que la omisión reclamada a las autoridades responsables Gobernador, Secretario General de Gobierno y Secretaría del Trabajo y Previsión Social, todos del Estado de San Luis Potosí, dejó de tener efectos, debido a que el Pleno de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad, emitió el boletín 13/2020, en cuyo primer punto determinó que a partir del uno de septiembre del presente año, empezarían a correr los términos y actuaciones judiciales, para luego establecer los horarios y forma de atención a los usuarios, conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Salud Federal. Sin que aquí lo determinado implique un pronunciamiento en relación a las facultades de las autoridades responsables en relación al acto que se les reclamó, dado que al quedar de manifiesto la actualización de la anunciada causa de improcedencia, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de tales aspectos, puesto que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, Parte SCJN, séptima época, materia común, página 335, de la voz: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". En otro aspecto, la quejosa también reclama a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad, la omisión de otorgarle el acceso a la administración de justicia pronta y expedita al actor del juicio natural, dentro de los autos del procedimiento laboral número 213/2020/JE1-1, dado a que no se ha señalado fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Ahora, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que el uno de junio de dos mil veinte, se emitió un acuerdo en el juicio laboral del que deriva el acto reclamado, en el que se fijaron las diez horas con treinta minutos del veinticinco de enero de dos mil veintiuno, para que tenga celebración la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, reproduciéndose para las partes los apercibimientos decretados en el auto de radicación y ordenando la notificación a las partes de tal proveído. En esa tesitura, es inconcuso que los efectos de la omisión reclamada desaparecieron, dado que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en San Luis Potosí, emitió un acuerdo en el que señaló fecha y hora para llevar a cabo el desahogo de la audiencia inicial en el juicio laboral de origen, el cual si bien se dictó con fecha uno de junio de este año, la notificación se llevó a cabo con posterioridad a la presentación de la demanda, esto es, el tres de septiembre de dos mil veinte, por lo que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de una omisión que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. De ahí que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, motivo por el cual se impone sobreseer en el presente juicio de amparo con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la invocada ley. Cobra aplicación por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, materia común, página treinta y ocho, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 124 y 217 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el juicio de amparo 242/2020-II, promovido por Juana Damiana Domínguez, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, precisados y señaladas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el punto de consideración cuarto de esta sentencia. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que, mediante proveído de trece de octubre del año en curso, se agregó el informe justificado que rindió la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad; de tal suerte que a la fecha se encuentra transcurriendo el término de vista para que las partes se impongan de su contenido. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta y tres minutos del veintinueve de octubre de dos mil veinte, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.

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