Juana Casimiro Cesareo
Expediente 274/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 274/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 23/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juana Casimiro Cesareo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de julio de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atento al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión en contra del proveído dictado el treinta de junio de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 81 de la Ley de Amparo, aplicados los primeros de conformidad con el artículo segundo, de la citada ley de la materia, se declara que dicho proveído que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia ha causado estado. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, una vez transcurrido el plazo de tres años este expediente debe ser depurado, toda vez que cuenta con valor jurídico al haberse concedido la suspensión de plano del acto reclamado a la parte quejosa, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que deba conservarse en su integridad por su valor histórico o relevancia documental. En la inteligencia que deberán conservarse las resoluciones en que se concedió la suspensión de plano o violación, el proveído en que se acuerda el archivo del expediente y los demás documentos que se consideren importantes al estar vinculados con aquélla. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente que es depurable y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. REMISIÓN DE EXPEDIENTE A LOS DEPÓSITOS DOCUMENTALES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. Una vez terminado el proceso de depuración a que se refiere el artículo 18 del citado Acuerdo General, se ordena la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese.
- Principal
Téngase recibido el pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, mediante el cual hace diversas manifestaciones a manera de alegatos, sin embargo, únicamente agréguese de los autos para los efectos legales a que haya lugar, toda vez que por acuerdo de treinta de junio pasado, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Téngase recibido el oficio signado por el Director General del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, con residencia en León, Guanajuato, mediante el cual en atención al requerimiento formulado por acuerdo de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, confirma la admisión de la aquí quejosa en dicho nosocomio, y en relación al informe sobre la atención médica dada a la misma, remite copia certificada del expediente clínico 1125657 a nombre de Juana Casimiro Cesáreo, el cual refiere se generó en virtud de la atención médico-clínica brindada en el Hospital a su cargo y del cual se advierte el estado de salud que guarda la quejosa, los diagnósticos principales y demás registros, anotaciones y constancias que el personal de salud ha integrado por la atención médica brindada. aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio remitido por la Apoderada Jurídica del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado "Servicios de Salud de San Luis Potosí" y del Hospital General de Ciudad Valles, San Luis Potosí; toda vez que en fecha veinticinco de junio pasado, se proveyó diverso oficio de idéntico contenido recibido vía correo electrónico. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que las responsables Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" del Estado de San Luis Potosí, Hospital General de esta ciudad y Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, denominado "Servicios de Salud de San Luis Potosí, por conducto de sus apoderados jurídicos, en sus informes relativos a la suspensión de plano, el primero refirió que el nosocomio que representa no se negaba a otorgarle a la quejosa la atención médica que requiriera, la cual la proporcionaría una vez que fuera referida por las diversas responsables y la segunda comunicó que el nosocomio que representa le había estado brindando a la quejosa la atención médica requerida y sabedores que necesitaba un traslado a un tercer nivel de atención para ser atendida por neurocirugía, se elaboró referencia al Hospital Central Morones Prieto desde el nueve de junio de dos mil veintiuno, a la diecisiete horas, pero como aún no había sido aceptada por dicho hospital, no podía ser trasladada, en virtud de que si no se seguía el procedimiento marcado era posible que no la recibieran y únicamente se pondría en riesgo su vida en el camino. Posteriormente, mediante oficios recibidos en quince de junio del año en curso, la responsable Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" del Estado de San Luis Potosí, informó que dicho nosocomio carece del equipo, material y médico altamente especializado para llevar a cabo el procedimiento que requiere la quejosa, el cual refirió consiste en manejo endovascular neuroqirúrgico, por lo que el Hospital General de esta ciudad, por conducto del Dr. Francisco Humberto Ríos Meza, médico neurocirujano tratante, debería gestionar la referencia ante un hospital de alta especialidad, que le pudiera proporcionar a la paciente los servicios especializados que requiere, y por su parte el Hospital General de esta ciudad y Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, denominado "Servicios de Salud de San Luis Potosí, informaron que dicho hospital estaba a la espera de que el Hospital Dr. Ignacio Morones Prieto se pronunciara sobre la aceptación de la quejosa en el área de neurocirugía, para poder realizar el traslado. En consecuencia, en la misma fecha se requirió al Hospital General de esta ciudad, a fin de que informara sobre la atención médica dada a la quejosa, en relación al tratamiento oportuno que ameritaba su padecimiento, específicamente en relación a la referencia de la quejosa a un hospital de alta especialidad. Por otra parte, mediante oficios recibidos en dieciséis, diecisiete y dieciocho de los corrientes, las autoridades responsables la Apoderada Jurídica del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado "Servicios de Salud de San Luis Potosí" y del Hospital General en esta ciudad, informaron que el Hospital Dr. Ignacio Morones Prieto del Estado de San Luis Potosí, no había aceptado a la paciente, aquí quejosa; en virtud de que ameritaba manejo en un hospital de alta especialidad y que se viera su traslado a León o México, mediante el segundo remitieron copia de la referencia realizada al Hospital de Alta Especialidad del Bajío en León, Guanajuato, informando que estaban a la espera de que se aceptara a la paciente para poder llevar a cabo el traslado y a través del último de los referidos oficios informaron que la referencia de la paciente, aquí quejosa, al Hospital de León, Guanajuato, había sido aceptada el diecisiete de junio del presente año, y que la misma sería recibida en dicho nosocomio a las quince horas del veintiuno de los corrientes, lo que acreditó con la documental que anexó al mismo. En consecuencia, por auto de veintitrés de junio pasado, se requirió al Director del Hospital General de esta ciudad, a fin de que informara si se llevó a cabo el traslado de la quejosa al Hospital de León, Guanajuato; asimismo, remitiera las constancias con las que acreditara tal situación. Atento a lo anterior, mediante oficio recibido en veinticinco de junio siguiente, las referidas responsables informaron que se realizó el traslado de la quejosa al Hospital Regional de Alta Especialidad en León, Guanajuato, refiriendo que en virtud de que no les entregaron documentos donde conste la recepción de la paciente al momento del traslado, remitían copia del oficio de comisión del chofer Orlando Santos González, quien se encargó de realizar el traslado de que se trata; por lo que, en la misma fecha se requirió al Hospital Regional de Alta Especialidad en León, Guanajuato, para que dentro del término de veinticuatro horas, confirmara la recepción de la aquí quejosa Juana Casimiro Cesáreo; así como, informara sobre la atención médica dada a la misma, en relación al tratamiento oportuno que amerita su padecimiento. Por lo que, en esta fecha se recibe el oficio HRAEB/DG/0504/2021 mediante el cual el Director General del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, con residencia en León, Guanajuato, confirma la admisión de la aquí quejosa en dicho nosocomio, y en relación al informe sobre la atención médica dada a la misma, remite copia certificada del expediente clínico 1125657 a nombre de Juana Casimiro Cesáreo, el cual refiere se generó en virtud de la atención médico-clínica brindada en el Hospital a su cargo y del cual se advierte el estado de salud que guarda la quejosa, los diagnósticos principales y demás registros, anotaciones y constancias que el personal de salud ha integrado por la atención médica brindada. Documentales que por tratarse de documentos públicos tienen valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su artículo segundo. Ahora, en el caso, el acto que por esta vía se combate, se hizo consistir en la omisión de las responsables para brindarle atención médica a la quejosa de manera oportuna, debida y urgente respecto de la o las enfermedades que la aquejan, consistente en malformación arteriovenosa cerebral Spetzler IV-V de fosa posterior. En ese sentido, se pone de manifiesto que han cesado los efectos del acto combatido en este juicio, dado que, por un lado las responsables, justificaron haber otorgado la atención médica requerida por la impetrante durante los días que permaneció internada en el Hospital General de esta ciudad; así como, que en virtud de que la aquí quejosa fue trasladada al Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, con residencia en León, Guanajuato, en el cual se le ha estado brindando la atención que requiere, en virtud de su padecimiento, el cual fue diagnosticado por dicho nosocomio como malformación arteriovenosa Spetzler IV-V de fosa posterior; cuya omisión reclamó en su demanda de amparo; máxime que, como se advierte de lo relatado en líneas que anteceden, ya fue ingresado al diverso Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, con residencia en León, Guanajuato. De manera que, al ser ello así, es inconcuso que en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, actualizándose con ello la causa de improcedencia que se deriva de lo previsto en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo además en la fracción V del numeral 63, de la ley de la materia. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia número 415, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 356, tomo VI, materia común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." No es obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio de amparo sin que preceda audiencia constitucional, pues la causa de improcedencia de que se habla es notoria y a nada práctico conduciría celebrar la que se encuentra señalada, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales a que hubiere lugar; asimismo, se deja insubsistente la fecha y hora señaladas para el desahogo de la audiencia constitucional. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista la determinación de treinta de junio de dos mil veintiuno, a la parte quejosa, que dice: "Téngase recibido el oficio signado por el Director General del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, con residencia en León, Guanajuato, mediante el cual en atención al requerimiento formulado por acuerdo de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, confirma la admisión de la aquí quejosa en dicho nosocomio, y en relación al informe sobre la atención médica dada a la misma, remite copia certificada del expediente clínico 1125657 a nombre de Juana Casimiro Cesáreo, el cual refiere se generó en virtud de la atención médico-clínica brindada en el Hospital a su cargo y del cual se advierte el estado de salud que guarda la quejosa, los diagnósticos principales y demás registros, anotaciones y constancias que el personal de salud ha integrado por la atención médica brindada. aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio remitido por la Apoderada Jurídica del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado "Servicios de Salud de San Luis Potosí" y del Hospital General de Ciudad Valles, San Luis Potosí; toda vez que en fecha veinticinco de junio pasado, se proveyó diverso oficio de idéntico contenido recibido vía correo electrónico. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que las responsables Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" del Estado de San Luis Potosí, Hospital General de esta ciudad y Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, denominado "Servicios de Salud de San Luis Potosí, por conducto de sus apoderados jurídicos, en sus informes relativos a la suspensión de plano, el primero refirió que el nosocomio que representa no se negaba a otorgarle a la quejosa la atención médica que requiriera, la cual la proporcionaría una vez que fuera referida por las diversas responsables y la segunda comunicó que el nosocomio que representa le había estado brindando a la quejosa la atención médica requerida y sabedores que necesitaba un traslado a un tercer nivel de atención para ser atendida por neurocirugía, se elaboró referencia al Hospital Central Morones Prieto desde el nueve de junio de dos mil veintiuno, a la diecisiete horas, pero como aún no había sido aceptada por dicho hospital, no podía ser trasladada, en virtud de que si no se seguía el procedimiento marcado era posible que no la recibieran y únicamente se pondría en riesgo su vida en el camino. Posteriormente, mediante oficios recibidos en quince de junio del año en curso, la responsable Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" del Estado de San Luis Potosí, informó que dicho nosocomio carece del equipo, material y médico altamente especializado para llevar a cabo el procedimiento que requiere la quejosa, el cual refirió consiste en manejo endovascular neuroqirúrgico, por lo que el Hospital General de esta ciudad, por conducto del Dr. Francisco Humberto Ríos Meza, médico neurocirujano tratante, debería gestionar la referencia ante un hospital de alta especialidad, que le pudiera proporcionar a la paciente los servicios especializados que requiere, y por su parte el Hospital General de esta ciudad y Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, denominado "Servicios de Salud de San Luis Potosí, informaron que dicho hospital estaba a la espera de que el Hospital Dr. Ignacio Morones Prieto se pronunciara sobre la aceptación de la quejosa en el área de neurocirugía, para poder realizar el traslado. En consecuencia, en la misma fecha se requirió al Hospital General de esta ciudad, a fin de que informara sobre la atención médica dada a la quejosa, en relación al tratamiento oportuno que ameritaba su padecimiento, específicamente en relación a la referencia de la quejosa a un hospital de alta especialidad. Por otra parte, mediante oficios recibidos en dieciséis, diecisiete y dieciocho de los corrientes, las autoridades responsables la Apoderada Jurídica del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado "Servicios de Salud de San Luis Potosí" y del Hospital General en esta ciudad, informaron que el Hospital Dr. Ignacio Morones Prieto del Estado de San Luis Potosí, no había aceptado a la paciente, aquí quejosa; en virtud de que ameritaba manejo en un hospital de alta especialidad y que se viera su traslado a León o México, mediante el segundo remitieron copia de la referencia realizada al Hospital de Alta Especialidad del Bajío en León, Guanajuato, informando que estaban a la espera de que se aceptara a la paciente para poder llevar a cabo el traslado y a través del último de los referidos oficios informaron que la referencia de la paciente, aquí quejosa, al Hospital de León, Guanajuato, había sido aceptada el diecisiete de junio del presente año, y que la misma sería recibida en dicho nosocomio a las quince horas del veintiuno de los corrientes, lo que acreditó con la documental que anexó al mismo. En consecuencia, por auto de veintitrés de junio pasado, se requirió al Director del Hospital General de esta ciudad, a fin de que informara si se llevó a cabo el traslado de la quejosa al Hospital de León, Guanajuato; asimismo, remitiera las constancias con las que acreditara tal situación. Atento a lo anterior, mediante oficio recibido en veinticinco de junio siguiente, las referidas responsables informaron que se realizó el traslado de la quejosa al Hospital Regional de Alta Especialidad en León, Guanajuato, refiriendo que en virtud de que no les entregaron documentos donde conste la recepción de la paciente al momento del traslado, remitían copia del oficio de comisión del chofer Orlando Santos González, quien se encargó de realizar el traslado de que se trata; por lo que, en la misma fecha se requirió al Hospital Regional de Alta Especialidad en León, Guanajuato, para que dentro del término de veinticuatro horas, confirmara la recepción de la aquí quejosa Juana Casimiro Cesáreo; así como, informara sobre la atención médica dada a la misma, en relación al tratamiento oportuno que amerita su padecimiento. Por lo que, en esta fecha se recibe el oficio HRAEB/DG/0504/2021 mediante el cual el Director General del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, con residencia en León, Guanajuato, confirma la admisión de la aquí quejosa en dicho nosocomio, y en relación al informe sobre la atención médica dada a la misma, remite copia certificada del expediente clínico 1125657 a nombre de Juana Casimiro Cesáreo, el cual refiere se generó en virtud de la atención médico-clínica brindada en el Hospital a su cargo y del cual se advierte el estado de salud que guarda la quejosa, los diagnósticos principales y demás registros, anotaciones y constancias que el personal de salud ha integrado por la atención médica brindada. Documentales que por tratarse de documentos públicos tienen valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su artículo segundo. Ahora, en el caso, el acto que por esta vía se combate, se hizo consistir en la omisión de las responsables para brindarle atención médica a la quejosa de manera oportuna, debida y urgente respecto de la o las enfermedades que la aquejan, consistente en malformación arteriovenosa cerebral Spetzler IV-V de fosa posterior. En ese sentido, se pone de manifiesto que han cesado los efectos del acto combatido en este juicio, dado que, por un lado las responsables, justificaron haber otorgado la atención médica requerida por la impetrante durante los días que permaneció internada en el Hospital General de esta ciudad; así como, que en virtud de que la aquí quejosa fue trasladada al Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, con residencia en León, Guanajuato, en el cual se le ha estado brindando la atención que requiere, en virtud de su padecimiento, el cual fue diagnosticado por dicho nosocomio como malformación arteriovenosa Spetzler IV-V de fosa posterior; cuya omisión reclamó en su demanda de amparo; máxime que, como se advierte de lo relatado en líneas que anteceden, ya fue ingresado al diverso Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, con residencia en León, Guanajuato. De manera que, al ser ello así, es inconcuso que en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, actualizándose con ello la causa de improcedencia que se deriva de lo previsto en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo además en la fracción V del numeral 63, de la ley de la materia. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia número 415, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 356, tomo VI, materia común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." No es obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio de amparo sin que preceda audiencia constitucional, pues la causa de improcedencia de que se habla es notoria y a nada práctico conduciría celebrar la que se encuentra señalada, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales a que hubiere lugar; asimismo, se deja insubsistente la fecha y hora señaladas para el desahogo de la audiencia constitucional. Notifíquese y personalmente."
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