Juana Cornejo Jimenez

Expediente 922/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
922/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
10/12/2020

Partes del expediente

  • Juana Cornejo Jimenez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que atento al oficio SECNO/STCCNO/513/2020, de cuatro de noviembre del año en curso, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó la determinación adoptada por la Comisión Especial, en la que resolvió suspender actividades respecto a este juzgado federal, por un periodo de catorce días comprendidos del cinco al dieciocho de noviembre de dos mil veinte, lapso durante el cual se suspendieron plazos y términos, en el presente asunto; en tal virtud, con esta fecha se reanuda este trámite. Por lo anterior, vista la certificación secretarial que antecede y conforme el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que ha transcurrido el plazo de cinco días para que se interpusiera el recurso de queja, que establecen los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se haya hecho valer contra el proveído de cuatro de noviembre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo promovida por Juana Cornejo Jiménez y Clara Isabel Cornejo Jiménez, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, se declara firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, tómese nota que el presente asunto es susceptible de destrucción, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se ordena que una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa conservación de las actuaciones a que se refiere el citado artículo 22.

  2. Principal

    V I S T A la demanda de amparo promovida por Juana Cornejo Jiménez y Clara Isabel Cornejo Jiménez, contra actos del Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 922/2020-II, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, en términos de lo dispuesto por el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito estima que la misma resulta notoriamente improcedente, por las siguientes razones y fundamentos legales: El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: Artículo 113: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En efecto, de conformidad con el artículo antes mencionado, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el entendido que lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda de amparo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que en su caso se hayan anexado a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ello es así, toda vez que de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable lo siguiente: «.LOS AUTOS DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020, 27 DE AGOSTO DE 2020 Y 5 DE OCTUBRE DE 2020.» Proveídos en los que en esencia la autoridad responsable determinó lo siguiente: «.EN FECHA 27 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, PRESENTAMOS ANTE EL C. JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO INCIDENTE DE LA EXTINCIÓN DE PROCESO ACORDANDO EL C. JUEZ QUE NO HA LUGAR ACORDAR LO SOLICITADO DEBIENDOSE ESTAR AL AUTO DE FECHA 15 DE ENERO DE 2015...» «.EN FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE NUEVA CUENTA INGRESAMOS ANTE EL C. JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO INCIDENTE DE LA EXTINCION DE PROCESO ACORDANDO EL C. JUEZ QUE NO HA LUGAR ACORDAR LO SOLICITADO DEBIENDOSE ESTAR AL AUTO DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.» «.EN FECHA 5 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO INTERPUSE RECURSO DE APELACION EN CONTRA DEL AUTO QUE ME NIEGA MI SOLICITUD DE INCIDENTE DE LA EXTINCIÓN DEL PROCESO, ACORDANDO EL C. JUEZ QUE EL AUTO QUE PRETENDE RECURRIR NO ES APELABLE.» En el caso a estudio este juzgado advierte, que la demanda que se analiza resulta notoriamente improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto de todos y cada uno de los actos reclamados. Lo anterior es así, pues dicha causal, a la letra dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.).". Del dispositivo trascrito se infiere que los elementos con los cuales se integra la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: El acto reclamado debe emanar de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; Contra ese acto debe proceder algún medio ordinario de defensa legal; Que por ese medio de defensa, el acto reclamado sea susceptible de modificación o revocación. Que el acto reclamado, no sea uno de los que prevé como prohibidos el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni privativo de la libertad como orden de aprehensión, reaprehensión, vinculación a proceso, arresto y que el medio de defensa no sea de interpretación adicional. A efecto de demostrar lo anterior, como se advierte de los actos precisados en párrafos que anteceden, tales incisos se encuentran colmados, según se expondrá: En primer lugar, respecto a los autos de veintisiete de agosto y veintisiete de septiembre de dos mil veinte, resulta pertinente mencionar que el Código de Procedimientos Civiles, para el Estado de México, en materia de recursos establece: Recursos Artículo 1.360.- Se reconocen como recursos los siguientes: I. Revocación; II. Apelación; III. Queja. De la Revocación Resoluciones materia de revocación Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó. Plazo para interponer revocación Artículo 1.363.- La revocación se interpondrá, expresando agravios, al día siguiente de notificado el recurrente. Trámite de la revocación Artículo 1.364.- Interpuesta la revocación se dará vista a la parte contraria, por tres días y transcurridos, el Juez resolverá dentro del tercer día. La resolución de la revocación es irrecurrible Artículo 1.365.- La resolución que decida la revocación no admite recurso. En ese tenor, se advierte que en el presente caso, la ley ordinaria, prevé un medio de defensa consistente en un recurso de revocación que puede tener por efecto revocar o nulificar el acto reclamado, esto es así, en razón que como lo establece la reglamentación en cita, el auto que no fuera apelable, es susceptible de ser impugnado por medio de la revocación y toda vez que los proveídos de veintisiete de agosto y veintisiete de septiembre de dos mil veinte, dictados por la autoridad responsable dentro del expediente de extinción de dominio de su índice, en los cuales determinó no proveer sobre el incidente de extinción (caducidad) del proceso de dominio hecho valer por la quejosas, limitándose a remitirlas a diversos proveídos, no está expresamente señalado en el Código Procesal Civil dentro de los que pueden ser apelados, luego por exclusión, debe ser impugnado por medio de revocación. Por tanto, debe estimarse que se materializa en el presente caso, la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, por colmarse los siguientes supuestos: a) El acto reclamado fue emitido por una autoridad judicial, a saber el Juez Primero de lo Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México. b) Los autos reclamados son susceptibles de ser impugnados por medio del recurso de revocación que prevén los artículos citados del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. c) Con la interposición del citado medio de defensa, la determinación del Juez, puede verse revocada o nulificada, en razón que ese es su único objetivo, revisar la legalidad de las determinaciones que se formulen dentro del juicio, que no son susceptibles de apelación. Por tanto, si los referidos autos reclamados en el presente juicio son impugnables mediante el recurso de revocación, ante la propia autoridad responsable, es evidente que no se cumplió con el principio de definitividad rector del proceso constitucional. Es aplicable, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: «RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO». (Ap. S. J. F. 1917-2000, Tomo VI, pág. 515). Por tanto, esas resoluciones pueden ser recurridas en juicio de amparo indirecto por tratarse de actos que afectan derechos sustantivos, previo agotamiento del recurso de revocación, en los supuestos siguientes: En términos del artículo 5.74 de la misma codificación, que prevé: Artículo 5.74.- Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales. Así, las resoluciones dictadas fuera de la audiencia inicial -autos de trámite-, como en el caso sucede con los reclamados, son revocables, pues dicho precepto establece que los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables acorde a las reglas generales. En ese tenor, es manifiesto que la parte quejosa previo a acudir a esta instancia constitucional, debió agotar el recurso de revocación contra cada uno de los autos de veintisiete de agosto y veintisiete de septiembre de dos mil veinte, dictados por la autoridad responsable dentro del expediente de extinción de dominio de su índice, en los cuales determinó no proveer sobre el incidente de extinción (caducidad) del proceso de dominio hecho valer por la quejosas, limitándose a remitirlas a diversos proveídos; hecho que fuera y en caso de que lo resuelto en dichos recursos, le causara perjuicios, se encontraría en aptitud de promover juicio de amparo, dando con ello cumplimiento al principio de definitividad que rige en el mismo. Por otra parte, respecto al diverso acto reclamado, consistente en el auto de cinco de octubre del año en curso, que inadmitió el recurso de apelación hecho valer por las recurrentes contra los autos de veintisiete de agosto y veintisiete de septiembre de dos mil veinte, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, en virtud de que previo a la promoción del juicio de amparo, las quejosas debieron recurrir el auto de cinco de octubre de dos mil veinte, mediante el recurso de queja que prevé la ley que rige el acto reclamado, esto es, los artículos 1.360, 1.361 y 1.393 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que establecen lo siguiente: Artículo 1.360. Se reconocen como recursos los siguientes I. Revocación. II. Apelación. III. Queja. Artículo 1.361. Los recursos no son renunciables. Artículo 1.393. El recurso de queja tiene lugar contra las resoluciones del juez cuando: No admite una demanda. Deniega una apelación. En efecto, previamente a la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso de queja, previsto en los artículos 1.360 fracción III, y 1.393 fracción II del código adjetivo que rige el procedimiento de origen, toda vez que a través de tal medio de defensa legal, el acto que en esta vía constitucional impugna, esto es, el auto de cinco de octubre del año en curso, emitido por el Juez Primero de lo Civil y de Extinción de Dominio en el Distrito Judicial de Texcoco, en el Estado de México, dentro del expediente de extinción de su índice, en el cual inadmitió el recurso de apelación que hizo valer la parte quejosa en contra la negativa de proveer sobre el incidente de extinción de proceso; pudo ser confirmado o revocado, y al no haber agotado el aludido medio de defensa, se actualiza la causal de improcedencia prescrita en la referida fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis de Jurisprudencia números 447 y 982 visibles en las páginas 297 y 674, del último apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, bajo los rubros: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo y RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional". Por lo que, una vez que la parte quejosa fue notificada del acto del que se duele, es decir, del proveído de cinco de octubre del año en curso, en el que la responsable inadmitió el recurso de apelación que hizo valer en contra la negativa de proveer sobre la solicitud del incidente de extinción de proceso que hizo valer, estuvo en aptitud de interponer el recurso de queja a que se ha hecho referencia, dentro de los tres días siguientes al en que fue debidamente notificada o tuvo conocimiento del mismo, expresando los agravios que a su interés legal conveniera en términos de los dispuesto por el artículo 1.394 del Código de Procedimientos Civiles Para el Estado de México, por lo que el auto que en esta vía constitucional pretende combatir, la parte quejosa como ya se dijo, pudo ser confirmado o revocado, a través de dicho medio de defensa ordinario, por lo que, al no haberlo agotado antes de acudir al juicio de amparo constitucional, provoca la improcedencia de éste en términos de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, además que en el caso a estudio no se actualiza ninguna excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Apoya lo anterior, la tesis visible en la página 406, tomo V, segunda parte1, enero a junio de 1990, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: QUEJA, RECURSO DE. PROCEDE CONTRA EL AUTO QUE NIEGA LA ADMISION DEL RECURSO DE APELACION. El auto que niega la admisión del recurso de apelación, al cual se denomina denegación de apelación, no es impugnable mediante el recurso de denegada apelación, al haber sido derogados los artículos 451 a 459 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que regulaban el recurso mencionado, sino que es recurrible directamente mediante el diverso recurso de queja, previsto en la fracción II del artículo 460 del código adjetivo en cita. En virtud de lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento en cita, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Juana Cornejo Jiménez y Clara Isabel Cornejo Jiménez. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación. En virtud de que la quejosa señala en su demanda como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, con apoyo en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, hágase ésta y las subsecuentes notificaciones, incluyendo las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Asimismo, por autorizada en términos amplios del ordinal 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas Delfino Moreno Zuñiga, en razón de tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y autorizadas para oír y recibir notificaciones a las que refiere, las cuales una vez que acrediten tener registrada su cédula profesional en el mencionado sistema, gozarán de las demás facultades a que se refiere el artículo 12 de la le y en la materia. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República, 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo en vigor. Finalmente, se requiere a las partes para seguir el presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", de conformidad con los lineamientos señalados en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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