JUANA BONILLA JAIME primer sindico de Nezahualcóyotl

Expediente 825/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
825/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
19/05/2021

Partes del expediente

  • JUANA BONILLA JAIME primer sindico de Nezahualcóyotl

Actuaciones

  1. Principal

    En consecuencia, a efecto de dar seguridad y certeza jurídica a las partes en el asunto en que se actúa, se reanuda el presente procedimiento en la etapa en que se encontraba. Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, a través del cual se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado estado; por lo cual, háganse las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años.que da fe.

  2. Principal

    Visto el escrito de cuenta, signado por Juana Bonilla Jaime, por propio derecho y en su carácter de Primera Sindico del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, Estado de México, por medio del cual desahoga la prevención que se le formuló por auto de veintidós de octubre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese para que obre como corresponda y en cuanto a su contenido, este juzgado queda enterado, para los efectos legales a que haya lugar. V I S T A de nueva cuenta la demanda de amparo y escrito aclaratorio firmado por Juana Bonilla Jaime, contra actos de la Magistrada Presidenta de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, que hace consistir en la determinación de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, dictada en los autos del procedimiento de cumplimiento de sentencia 30/2016, derivado del juicio administrativo 808/2014, que hace efectivo el apercibimiento decretado en dicha instancia en ejecución de sentencia e impone a la aquí parte quejosa, una multa en términos de los ordinales 280 y 281 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, al no acreditar haber dado cabal cumplimiento a la sentencia emitida en el expediente administrativo de origen, por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. Ahora bien, del estudio de la demanda de cuenta, este juzgado de Distrito estima que resulta notoriamente improcedente, por las siguientes razones y fundamentos legales: El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 113: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De conformidad con el artículo antes mencionado, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el entendido que lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda de amparo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que en su caso se hayan anexado a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ello se sostiene así, toda vez que la parte quejosa, reclama de la autoridad que señala como responsable, lo siguiente: « La determinación de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, dictada por la Magistrada Presidenta de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, dentro de los autos del procedimiento de cumplimiento de sentencia 30/2016, derivado del juicio administrativo 808/2014, que hace efectivo el apercibimiento decretado en dicha instancia en ejecución de sentencia e impone a la aquí parte quejosa, una multa en términos de los ordinales 280 y 281 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, al no acreditar haber dado cabal cumplimiento a la sentencia emitida en el expediente administrativo de origen." (sic). De lo anterior, se estima que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. El citado ordinal, en la parte relativa, establece lo siguiente: «Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]» Se patentiza dicho obstáculo jurídico para admitir la demanda de que se trata, pues la citada fracción, establece como excepciones a la regla que prevalece respecto al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que tratándose de actos de autoridades judiciales, administrativos o del trabajo, la no exigencia de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios, únicamente cuando el acto carezca de fundamentación; así también, es preciso señalar que en la fracción que contiene el motivo de improcedencia que se analiza, no se incluye la libertad personal pero sí la contempla la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal del país; quien además, ha sostenido el criterio de que cuando en la demanda de amparo se aleguen violaciones directas a la Constitución, el impetrante no estará obligado a agotar ese principio de definitividad. Todo lo anterior obedece a que no es posible obligar a los gobernados a agotar un recurso cuando no se le ha dado oportunidad de ser oído, en cuanto a la defensa de un derecho sustantivo que le corresponde, en el caso de los terceros extraños; y, de tratarse de actos prohibidos o privativos de libertad, por la importancia que éstos revisten en relación a las garantías que se protegen, como son la vida, la integridad física y la libertad personal de los gobernados; es entonces que el juicio de amparo sí es procedente y no se obliga al gobernado a hacer uso de los medios ordinarios de defensa. Sin embargo, en el caso concreto no opera ninguna de la excepciones a que se refiere la precitada fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, puesto que los actos reclamados por la parte quejosa, que han quedado descritos en líneas que anteceden, no implica para los accionantes, alguna de las afectaciones de la responsable, enumeradas como casos de excepción a la regla de definitividad, pues no obstante que alegue violaciones directas a la constitución, concretamente las establecidas en los preceptos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también lo es, que el sólo hecho de alegarlo, no la exime de la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa que la ley del acto prevea, pues no lo excluye de tal circunstancia. Es aplicable a lo anterior, en la parte relativa, la tesis XX. J/1, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, contenida a página 94, Tomo I, Abril de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: «RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD» Así como, en lo conducente, la tesis XIX.1o.1 K, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, consultable a página 177, Tomo I, Abril de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título siguiente: «PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CORRESPONDE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y NO A LOS PARTICULARES DETERMINAR SI DEBE AGOTARSE O NO». Como se adujo en líneas que anteceden, respecto del citado acto, previamente a la promoción del juicio de amparo, la impetrante debió agotar el recurso de revisión, previsto en los artículos 285, 286 y 288 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, a través del cual, el acto impugnado podía ser revocado, modificado o nulificado, en términos de los artículos 186, 187 y 229, del citado ordenamiento. Máxime que la quejosa no se ostenta como extraño al procedimiento, pues de escrito de cuenta se advierte que señala expresamente que fue llamado como autoridad vinculante al procedimiento de cumplimiento de sentencia 30/2016, en que se emitió el acto reclamado. Por tanto, si en el caso a estudio se reclama como destacado la determinación de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, dictada por la Magistrada Presidenta de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, dentro de los autos del procedimiento de cumplimento de sentencia 30/2016, derivado del juicio administrativo 808/2014, que hace efectivo el apercibimiento decretado en dicha instancia en ejecución de sentencia e impone a la aquí parte quejosa, una multa en términos de los ordinales 280 y 281 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, al no acreditar haber dado cabal cumplimiento a la sentencia emitida en el expediente administrativo de origen, es claro que al ser parte, debe ceñirse a las reglas que rigen el procedimiento de origen y como consecuencia, agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley del acto prevea. Por tanto, al contemplar el artículo 285 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que en contra las determinaciones que se emitan en el juicio administrativo por las salas regionales en ejecución de sentencia, procede el recurso de revisión, a través de éste se puede lograr la modificación o anulación de la determinación reclamada, por lo que si el inconforme no agotó tal recurso previo al ejercicio de la vía constitucional de amparo, indudablemente debe concluirse que inobservó el principio de definitividad que, al igual que otros, rigen el juicio de amparo, hace patente y manifiesta la causal de improcedencia contenida en el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que conlleva a desechar la demanda promovida en esta instancia. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis II.3o.A.144 A (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, consultable a página 1720, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: «CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. PROCEDIMIENTO APLICABLE. En los artículos 279 a 284 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se establece un sistema de cumplimiento de sentencias de dos instancias, donde la primera se lleva ante las Salas Regionales del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y lo actuado por éstas es susceptible de control por las Secciones de su Sala Superior, las que, por no contar con facultades ni regulación sobre dilaciones procesales o recepción de pruebas, no pueden sustituirse plenamente a las Salas de primer grado, sino sólo operar como revisoras. Así, el procedimiento relativo, es el siguiente: 1. Cuando se dicte una sentencia favorable al actor en el juicio contencioso administrativo y ésta cause ejecutoria, comenzará la etapa de cumplimiento, la que se iniciará con el requerimiento, de oficio y sin demora, que se comunicará de inmediato a las autoridades demandadas; 2. En dicho requerimiento se ordenará a la autoridad administrativa que cumplimente la sentencia dentro de los tres días siguientes a la notificación, o al menos que justifique y demuestre que se encuentra en vías tendentes, por no ser posible el acatamiento inmediato; 3. Si la sentencia no quedare cumplida dentro del plazo señalado o no se realiza algún acto tendente a ello (sólo cuando esto sea razonable), se le dará vista al administrado para que manifieste lo que a su derecho convenga por otros tres días; 4. La vista se otorgará también por tres días a las autoridades obligadas al cumplimiento, cuando el administrado denuncie o manifieste que existe exceso, defecto o repetición en el cumplimiento de la sentencia; 5. Cuando se manifieste en dicha vista que la sentencia no se encuentra cumplida o se denuncie el exceso, defecto o repetición, la Sala Regional deberá resolver dentro de otros tres días si existe el vicio manifestado o denunciado; 6. Si fuera necesario se admitirán pruebas para demostrar el cumplimiento o incumplimiento; 7. Al resolver sobre la manifestación o denuncia de incumplimiento, la Sala Regional deberá declarar si la sentencia fue cumplida o no; 8. Si se considera que fue incumplida, se requerirá nuevamente y de forma directa a la autoridad demandada para que la acate en el plazo de tres días más, bajo apercibimiento de multa por la cantidad equivalente de 50 a 1,000 días de salario mínimo en caso de renuencia (la que se podrá imponer y reimponer cuantas veces sea necesario) y, además, si dicha autoridad tiene superior jerárquico, la Sección correspondiente de la Sala Superior, a petición de la Sala Regional, resolverá si se solicita al titular de la dependencia estatal, municipal u organismo al que se encuentre subordinado, que la conmine al cumplimiento (esto, con independencia de las otras formas de responsabilidad que pudieran presentarse); 9. Si la autoridad, a pesar de lo anterior, persiste en el incumplimiento, el Magistrado de la Sala Regional comisionará al secretario de Acuerdos o actuario para que, en defecto de la autoridad, cumpla directamente la ejecutoria cuando ésta no lo haga en el último plazo concedido; 10. Sólo cuando no sea materialmente posible dar cumplimiento dentro de los plazos anteriores, el Magistrado de la Sala Regional podrá ampliar dicho plazo hasta por diez días; 11. Cuando la autoridad no cumpla dentro de los plazos anteriores, la Sección podrá decretar su destitución, salvo que gozara de fuero constitucional, supuesto en el cual se dará aviso a la Legislatura Estatal para que se proceda como corresponda; 12. Las autoridades requeridas como superiores jerárquicos serán responsables del incumplimiento de sus inferiores; 13. Sólo en los casos que señala la ley se podrá pedir el cumplimiento sustituto (privación de bienes inmuebles), previo incidente para fijar el valor comercial de los bienes afectados; 14. No podrá archivarse ningún asunto hasta que no quede cumplida la sentencia; 15. Contra las resoluciones dictadas por las Salas Regionales en la etapa de cumplimiento procede recurso de revisión, cuya materia se limitará a verificar la legalidad de lo realizado por la Sala de primer grado; 16. En congruencia y aplicación analógica de las jurisprudencias 1a./J. 44/2007 (9a.) y 1a./J. 61/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando sea necesario fijar una cantidad líquida (créditos, salarios, contraprestaciones, etcétera), antes de proceder a la etapa de cumplimiento, la Sala Regional deberá abrir un incidente (en términos similares a la cuantificación en el cumplimiento sustituto) para determinar la cantidad exacta que habrá de pagarse con motivo de la cumplimentación de sentencia, y una vez obtenida se procederá conforme a lo anterior; y, 17. Si en revisión, la Sección de la Sala Superior advierte que el procedimiento de ejecución fue seguido sin fijar previamente la cantidad exacta a cubrir, deberá ordenar su reposición y dejar sin efectos lo actuado, a fin de que, antes de comenzar la etapa de cumplimiento, se haga la cuantificación exacta referida». Por tanto, si en contra del acto reclamado en estudio procede el recurso de revisión y de los antecedentes que conforman el acto reclamado, se evidencia que no se hizo valer previamente a la interposición del juicio de amparo dicho medio de defensa, es indudable que no se agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, actualizándose la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente. Es aplicable en la parte que interesa, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título: «AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL». Lo anterior es así, pues atento al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción descritos en líneas que anteceden. De tal forma, no existe ninguna razón jurídica para sostener que respecto al acto reclamado en esta instancia o, en el supuesto, de encontrarse frente a actos considerados de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, pues la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por tanto, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad, lo que en el caso a estudio no acontece. Tiene aplicación a lo anterior, en la parte que interesa, la tesis I.3o.C.44 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a página 1272, Tomo XVI, Agosto de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: «DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE». Por tanto, se reitera si la promovente no agotó ese medio de defensa, la demanda de amparo resultan improcedente, al actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la ley en la materia, y procede desechar en términos del numeral 113 del citado cuerpo de leyes.

  3. Principal

    V I S T A la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho y en su carácter de Primera Sindico del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, Estado de México, contra actos de la Magistrada Presidenta de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 11, 14, 16 y 17 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 825/2020-V, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). A efecto de acordar lo conducente respecto a la demanda, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17, 18, 108, 110 y 114 fracciones I y II, de la Ley de Amparo en vigor, requiérase al promovente para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído: Subsane las irregularidades contenidas en su escrito de demanda; esto, bajo protesta de decir verdad: 1. Refiera quienes son las partes en el juicio administrativo 808/2014, de donde deriva el acto que por esta vía reclama. 2. Manifieste si fue llamado y ha comparecido tanto en el juicio administrativo 808/2014, como en el procedimiento de cumplimiento de sentencia procedimiento 30/2016. 3. En correlación con el punto anterior, precise si en contra la determinación que reclama interpuso recurso o medio de defensa, y de ser así, manifieste su estado procesal y que autoridad conoce del medio de impugnación. La prevención anterior es en virtud de estar en aptitud de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, y la autoridad responsable al rendir su informe lo haga de manera clara y concisa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.4o.C. 26 K, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a página 63, Tomo IX, Febrero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: «DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO». Su aclaración debe presentarla en original y copias simples suficientes en términos del artículo 110 de la ley de la materia vigente, con el apercibimiento para el caso de no cumplir con los puntos de la prevención decretada, se tendrá por no presentada, en términos del artículo 114 de la ley en comento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P. VII/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 235, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: «DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE». En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto. Así como por autorizadas para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República, 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo en vigor. Se requiere a las partes para seguir el presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", de conformidad con los lineamientos señalados en el Acuerdo General 12/2020.

  4. Principal

    AVISO: NOTIFICO a la parte quejosa Juana Bonilla Jaime, en su carácter de Primer Sindico del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, Estado de México, el auto de veintidós octubre de dos mil veinte, dictado por el juzgado de mi adscripción, en los autos del juicio de amparo 825/2020-V; por medio de lista de acuerdos que se fija en lugar visible en este Juzgado, toda vez que no compareció al órgano jurisdiccional de mi adscripción a notificarse personalmente, lo anterior por medio de lista como lo prevé el artículo 27, fracción I, inciso b), de la ley de amparo...

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