Juana Casas Jove
Expediente 508/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 508/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 24/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juana Casas Jove
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. SOLICITA COPIAS Agréguese a los autos el oficio 16469/2021, signado por la secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita se le remita copia certificada de las constancias del juicio de amparo en que se actúa. Atento a lo anterior, mediante oficio que al efecto de gire, hágase del conocimiento de la autoridad oficiante que a efecto de tener acceso y eficientar recursos materiales y humanos, se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Expedientes (SISE) adscrito a este juzgado a fin de que haga disponible el expediente electrónico para efectos de su vinculación con el expediente del juzgado oficiante, esto es, juicio de amparo número 784/2021. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de abril de dos mil veintiuno. ACUSA DE RECIBO. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, acusa de recibo del oficio mediante el cual le fue remitido el tomo de prueba que anexo como sustento a su informe justificado; lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. SE ORDENA ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedieron las medidas cautelares solicitadas. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Juana Casas Jove; por lo tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DEVOLUCIÓN DE CUADERNOS DE PRUEBAS. Devuélvase al Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, el Toca de Apelación I-29/2020, lo cual acompañó como sustento de su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, lo anterior para los efectos legales procedentes. Por otra parte, agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por el la parte tercero interesada Juan Gómez González, atento a su contenido dígasele que se deberá estar a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo VI-508/2020, promovido por Juana Casas Jove, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil veinte, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, y remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Juana Casas Jove, promovió demanda de amparo contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. La promovente del juicio narró los antecedentes del acto reclamado y estimó vulnerados en perjuicio de su representada los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por auto de uno de septiembre de dos mil veinte, se admitió la demanda de garantías promovida por Juana Casas Jove, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, misma que quedó registrada bajo el número VI-508/2020; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad judicial residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten: Del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, la resolución dictada el veintiocho de enero de dos mil veinte, en el toca I-29/2020, formado con motivo del recurso de apelación hecho valer en contra de la audiencia de remate en su primera almoneda celebrada el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, ante el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en el juicio sumario civil número 976/2017. Del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, el auto de diez de agosto de dos mil veinte, dictado en el juicio sumario civil número 976/2017, en el que se requiere a la aquí quejosa la entrega del bien inmueble rematado. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido de los informes justificados rendidos por el Magistrado y el Juez responsables, se advierte que aceptan la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto ambos remitieron las constancias relativas a los actos reclamados. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por la parte promovente, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. SUPLENCIA DE LA QUEJA. Previo al análisis del acto que la parte quejosa señala como violatorio de derechos humanos en su perjuicio, es necesario destacar que en la especie rige el principio de estricto derecho, conforme al cual este órgano de control constitucional deberá circunscribirse a examinar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de los argumentos externados en los conceptos de violación expresados en la demanda, sin que exista la posibilidad de realizar libremente el examen del acto reclamado, pues tal estudio deberá limitarse únicamente a establecer si los citados conceptos de violación son o no fundados. Lo expuesto implica que no se está en aptitud de determinar si el acto reclamado es contrario a la Constitución General de la República, con base a un razonamiento no expresado en la demanda. SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Son inoperantes los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, por las razones que a continuación se precisarán. De las constancias que obran en autos, a las que previamente se concedió valor probatorio pleno, se advierte, en lo que interesa, lo siguiente Ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial se tramitó el juicio sumario civil número 976/2017, promovido por Juan Gómez González, en contra de la aquí quejosa Juana Casas Jove. Juicio en el que mediante sentencia de nueve de mayo de dos mil dieciocho, se declaró extinguida la copropiedad que los contendiente mantenían respecto de los inmuebles motivo de la controversia, y al no admitir cómoda división, se ordenó su enajenación en ejecución de sentencia primeramente entre copropietarios para lo cual se ordenó la celebración de una audiencia en la que habría de determinarse a cuál de ellos debía adjudicarse dicho bien; y, en caso de no ser posible la adjudicación se procedería a la venta judicial en pública almoneda convocando postores. El ocho de octubre de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la junta de copropietarios, en la que al no aceptar ninguna de las partes las propuestas que mutuamente se realizaron, se procedió al remate correspondiente. Por auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia de remate en su primer almoneda, ordenándose la publicación de tres edictos, los cuales se publicarían de siete en siete días, en los estados del juzgado, en un periódico de circulación amplia en la entidad y en el Periódico Oficial del Estado. Mediante escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, Juan Gómez González exhibió tres ejemplares del Periódico Oficial del Estado y tres del periódico La Voz de Michoacán, en los que se publicaron los edictos respectivos; además de formular postura. En audiencia pública de remate en su primera almoneda se calificó de legal la postura presentada por el actor y se adjudicó a su favor el bien inmueble sujeto a remate; asimismo, en auto de dos de diciembre de dos mil diecinueve, se declaró fincado el remate. Inconforme con dicha determinación, la aquí quejosa interpuso recurso de apelación en contra de la audiencia de remate y de los acuerdos emitidos en la misma, haciendo valer, en esencia, el siguiente agravio: Que era incorrecta e ilegal la publicación de los edictos en prensa, al no haberse ajustado a las prescripciones normativas de temporalidad en su publicación, en razón de que fueron publicados en fechas discordantes, señalando que debían coincidir las fechas de publicación de los edictos en ambos medios de comunicación escritos, por lo que las publicaciones no se hicieron en forma simultánea. Por razón de turno correspondió conocer del aludido medio de impugnación a la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, quien mediante ejecutoria de veintiocho de enero de dos mil veinte, declaró infundado el agravio expuesto y confirmó la audiencia de remate impugnada, bajo los siguientes argumentos: ". Tales aseveraciones resultan infundadas. Cierto es que la publicación de los edictos en la forma ordenada por la ley, es una garantía que se otorga a favor de los deudores o ejecutados, para el efecto de que, por virtud del anuncio correcto de la venta judicial, puedan enterarse y concurrir los interesados como postores para el remate, cuya finalidad quedó colmada en el caso, pues contrario a lo mencionado por la recurrente, las publicaciones de los edictos tanto en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo como en el de mayor circulación de la entidad se hicieron de manera correcta. El artículo 731 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán dice: "Justipreciados los bienes, si fueren raíces se anunciará su venta por tres veces de siete en siete días, fijándose edictos en los parajes públicos, y si el valor del inmueble pasare del equivalente a cuarenta días de salario mínimo general vigente en el Estado, se insertarán en el Periódico Oficial y en otro de los de más circulación, a juicio del Juez, si los hubiere en el lugar del pleito. Si los bienes fueren muebles, los plazos para la publicación de los edictos serán de tres en tres días, fijándose solamente en los parajes públicos." De donde se desprende que tal disposición no impone que las publicaciones de los edictos anunciando la venta judicial de bienes deban hacerse de manera simultánea en esos medios, como se propone en los agravios, únicamente que deben hacerse tres publicaciones entre las cuales debe mediar un lapso de 7 siete días, por tanto, los edictos publicados en los términos en que se hicieron, es correcta, porque se realizaron de 7 siete en 7 siete días en ambos periódicos, como se corrobora con los ejemplares glosados a fojas 506 a 515 del expediente, máxime que la publicación de un edicto a través de esos medios, no constituye una actuación judicial, por lo que puede verificarse cualquier día con la única condición apuntada, esto es, que entre las publicaciones de cada uno transcurran 7 siete días, hecho lo cual se cumple con el mandato del juez y con la principal finalidad de la publicación de edictos que es anunciar al público que pudiera tener interés en comprar bienes sujetos a remate la venta respectiva. Ilustra tal determinación, en lo conducente, el criterio sostenido en la jurisprudencia consultable en la Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Abril de 2004. Materia(s): Civil. Tesis 1ª./J.17/2004, página: 335, de la voz: "EDICTOS PARA EL REMATE DE BIENES. SU PUBLICACIÓN EN LOS PERIÓDICOS NO ES UNA ACTUACIÓN JUDICIAL (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL). La publicación de los edictos conforme al artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal puede contemplarse desde dos puntos de vista, a saber: a) como acto decisorio del juzgador que la ordena y b) como acto material. En el primer caso, se trata de una actuación judicial que implica el anuncio por medio de edictos fijados en los tableros de avisos de los juzgados y de la Tesorería del Distrito Federal; y, en el segundo, es solamente un anuncio dirigido al público que pudiera tener interés en comprar bienes sujetos a remate, es decir, se trata de la transformación material de la voluntad del órgano jurisdiccional. En consecuencia, la simple publicación de un edicto en el periódico, no puede constituir en sí misma una actuación judicial, por lo que el hecho de que dicha publicación se realice en días inhábiles, no constituye una infracción al procedimiento." Además, no debe soslayarse que en ocasiones la elección del día en que comienza una publicación en esos medios no depende del particular, sino del número de publicidades que previamente se tengan programadas en los mismos, por lo que tal situación podía representar una imposibilidad material para realizar las publicaciones exactamente los mismos días, máxime que es un hecho conocido que el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, únicamente se publica de lunes a viernes, y los diarios de mayor circulación de la entidad de manera continua los 7 siete días de la semana. En esas condiciones, resulta infundado lo sostenido en torno a la ilegal verificación de la audiencia pública de remate rebatida, toda vez que tal impugnación parte de una falsa apreciación consistente en que la publicación de los edictos realizada en los reiterados medios de comunicación se hizo de manera incorrecta, cuando en realidad se verificó conforme a lo previsto en el artículo 731 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. Consecuentemente, lo procedente es confirmar la audiencia de remate celebrada el 27 veintisiete de noviembre de 2019 dos mil diecinueve." En mérito de ello, en auto de diez de agosto de dos mil veinte, se concedió a la demandada el término de tres días para que otorgara de manera voluntaria la escritura correspondiente del bien inmueble adjudicado, bajo apercibimiento que de no hacerlo, el juzgado de origen lo haría en su rebeldía. Siendo la resolución de veintiocho de enero de dos mil veinte, la que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. Como se adelantó, los conceptos de violación expresados por la quejosa resultan inoperantes, por los motivos que a continuación se reseñan. Por regla general un concepto de violación es inoperante cuando: a) los argumentos que lo integran no atacan ninguno de los fundamentos del fallo reclamado; o bien, b) solamente se atacan algunos de los argumentos que rigen la sentencia materia de amparo, pero se dejan intocados otros que por sí solos sean suficientes para seguir rigiendo el sentido del acto reclamado. La inoperancia así materializada se funda en la circunstancia de que los Juzgados de Distrito carecen de facultades legales para decidir -de oficio- acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los fundamentos y razonamientos jurídicos esgrimidos por la autoridad responsable no impugnados por el quejoso, ya que de hacerlo suplirían la deficiencia de la queja en un caso donde no se advierta una violación manifiesta de la ley, que haya dejado al quejoso sin defensa. Así, todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia legal indispensable, debe contener los argumentos necesarios tendentes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados en el juicio de amparo. En el caso, se surte el segundo supuesto genérico de inoperancia de los conceptos de violación hechos valer, identificado con el inciso b), pues en una parte la quejosa se limita a reiterar como conceptos de violación los agravios expresados en el recurso de apelación, de ahí que omite controvertir las razones en que se apoyó la autoridad responsable para confirmar la resolución apelada; y, si bien en otra parte señala que contrario a lo expresado por el magistrado, la elección del día de publicación de los edictos en el Periódico Oficial del Estado, queda a cargo del gobernado que paga la publicación, dicho argumento es insuficiente por sí solo para controvertir el argumento toral de la resolución reclamada y bajo la cual se determinó confirmar la audiencia de remate. Ello es así, pues al efecto la autoridad responsable declaró infundados los agravios de la quejosa en los que señaló que era incorrecta e ilegal la publicación de los edictos en prensa, al no haberse ajustado a las prescripciones normativas de temporalidad en su publicación, en razón de que fueron publicados en fechas discordantes, señalando que debían coincidir las fechas de publicación de los edictos en ambos medios de comunicación escritos, por lo que las publicaciones no se hicieron en forma simultánea. Y, si bien, como ya se dijo controvierte una parte de la resolución argumentado que contrario a lo expresado por el magistrado, la elección del día de publicación de los edictos en el Periódico Oficial del Estado, queda a cargo del gobernado que paga la publicación, tal señalamiento resulta ineficaz para controvertir por sí solo el argumento toral de la resolución reclamada y a la luz del cual se determinó confirmar la audiencia de remate, tal como el hecho de que el artículo 731 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, no impone la carga de que las publicaciones de los eductos deban hacerse de manera simultánea, sino que sólo establece el lapso que debe mediar entre cada publicación, esto es, la perioricidad con que deben hacerse las tres publicaciones y que por tanto, fue correcta la publicación hecha por el actor. Argumento toral que de ninguna manera fue atacado por la parte quejosa en sus conceptos de violación, ya que en ellos la quejosa se limita a reproducir los agravios expresados en apelación, abundando un poco sobre los mismos pero sin controvertir el argumento toral en que sustentó su determinación el magistrado responsable, pues incluso de una comparación de los agravios expresados en apelación con los conceptos de violación expuestos en esta instancia constitucional, se advierte que estos últimos son prácticamente una transcripción de los primeros al ser coincidentes. Siendo que los motivos de inconformidad expresados en su momento vía agravio ante el magistrado responsable fueron desestimados en la forma ya precisada y con argumentos lógico jurídicos que no fueron controvertidos propiamente por el quejoso en el presente juicio. De tal forma que el promovente del amparo, en esta vía, debía combatir los razonamientos expuestos por la responsable para desestimar sus agravios, tales como el hecho de que el artículo 731 del Código de Procedimientos Civiles del Estado no impone que las publicaciones de los edictos tanto en el Periódico Oficial del Estado como en el de mayor circulación de la entidad deban ser simultáneas, ya que solo dispone la que deben ser tres publicaciones y el lapso que debe mediar entre una y otra, cuestiones que no rebatió propiamente la parte quejosa, ya que se limitó a hacer señalamientos y afirmaciones sin controvertir de fondo los razonamientos expuestos por el magistrado responsable, de tal modo que solo se limitó a transcribir, reiterar y abundar en su caso lo que había expresado como agravio ante la autoridad responsable; manifestaciones que en nada rebaten lo argumentado por el magistrado responsable para declarar infundados sus agravios; y, si bien rebatió una parte del argumento final del magistrado, el mismo es insuficiente para el fin pretendido por la quejosa, ya que en nada controvierte el argumento toral en que se basó el magistrado para declarar infundados sus agravios de modo que al no atacarse el mismo debe subsistir. En las relacionadas condiciones, si la parte quejosa -en sus conceptos de violación- omite combatir propiamente los razonamientos torales en que se apoyó la autoridad responsable para resolver en los términos en que lo hizo, en el entendido de que aquélla sólo reiteró como conceptos de violación los agravios expresados en apelación, abundó sobre éstos y se limitó a hacer meras afirmaciones, ello sin atacar las consideraciones medulares de la autoridad responsable para declarar infundados sus agravios expresados; por ende, es inconcuso que este órgano jurisdiccional no está en aptitud de examinar, de oficio, la constitucionalidad de las argumentaciones esgrimidas por el magistrado responsable. Lo anterior sin que exista suplencia de la queja deficiente que subsanar, ello de conformidad con lo establecido en la propia ley de la materia, dado que el acto reclamado deriva de un asunto civil, el cual es de estricto derecho; aunado a que no se está ante un asunto donde se controviertan derechos de menores de edad; tampoco se advierte que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas; y menos se observa alguna violación manifiesta a la ley que haya dejado sin defensa a la parte agraviada, todo lo cual conduce a determinar que los razonamientos que en aquel sentido expuso el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, que no se atacan, ameriten quedar incólumes para todos los efectos de ley inherentes. Dicho en otros términos: no basta la afirmación general que propone la parte quejosa en sus conceptos de violación, pues para que este órgano jurisdiccional estuviera en condiciones de emitir pronunciamiento al respecto, era menester que rebatiera con propiedad, mediante el empleo de razonamientos lógicos y jurídicos concretos, las argumentaciones vertidas en la resolución reclamada para desestimar sus agravios, así como que explicara el porqué de sus aseveraciones, de modo que si no ocurre así, aquellas deben quedar intocadas y seguir rigiendo el sentido del fallo recurrido, al no actualizarse ninguna de las hipótesis que autorice suplir la deficiencia de los conceptos de violación. Es aplicable al punto que antecede, además, la tesis de jurisprudencia proveniente de la antaño Tercera Sala del más Alto Tribunal de la República, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos de fallo no impugnando, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable". Asimismo, por analogía, la diversa tesis de jurisprudencia 2a./J. 109/2009, que dispone: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, el recurrente debe expresar los agravios que le causa la sentencia impugnada, lo que se traduce en que tenga la carga, en los casos en que no deba suplirse la queja deficiente en términos del artículo 76 Bis de la ley de la materia, de controvertir los razonamientos jurídicos sustentados por el órgano jurisdiccional que conoció del amparo en primera instancia. Consecuentemente, son inoperantes los agravios que en el recurso de revisión reiteran los conceptos de violación formulados en la demanda, abundan sobre ellos o los complementan, sin combatir las consideraciones de la sentencia recurrida". Luego, ante lo inoperante de los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es negar la protección constitucional instada por Juana Casas Jove, en contra del acto que reclamó del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, el cual se dejó ampliamente identificado en el cuerpo de esta sentencia. Negativa que se hace extensiva respecto del acto reclamado al Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, por no reclamarse por vicios propios. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en el artículo los artículos 74 y 76, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Juana Casas Jove, en contra de los actos reclamados al Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y al Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en términos del considerando que antecede. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe hasta hoy veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.
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