Juana Alcauter Sánchez

Expediente 982/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
982/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
16/10/2023

Partes del expediente

  • Juana Alcauter Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés.********************CUENTA CON AUTOS.********************Vista la certificación secretarial que obra al rubro del presente proveído, de la que se desprende que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio de amparo en que se actúa.********************CAUSA EJECUTORIA DETERMINACIÓN ********************Consecuentemente, se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°.********************ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. ********************Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno.********************SE ORDENA DEVOLVER DOCUMENTALES********************Por estimarse innecesaria su permanencia en este órgano jurisdiccional, devuélvase al Juez responsable las documentales que acompañó a su informe justificado; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.********************SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO********************Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido.********************CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. ********************En consideración a lo anterior, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse SOBRESEÍDO.********************INCIDENTE DE SUSPENSIÓN********************Por otra parte, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo referido, se estima que el cuaderno incidental relacionado con el presente juicio es susceptible de destruirse, ya que se negó tanto la suspensión provisional como la suspensión definitiva solicitada, por tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, destrúyase tanto el juicio como su incidente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del citado Acuerdo General.********************Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.********************Notifíquese.********************Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor.V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número 982/2023-IX, promovido por Juana Alcauter Sánchez contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el dieciocho de julio de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Morelia, Michoacán, remitido al día siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito, Juana Alcauter Sánchez compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y otras autoridades; en los términos siguientes: "AUTORIDAD ORDENADORA 1. C. Juez Sexto en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, reclamo la orden de embargo y sus consecuencias como: adjudicación Y LA ENGREGA DEL INUEBLE, identificado como la casa habitación marcada con el número 46 cuarenta y seis de la calle tierra, que se encuentra registrado en favor de EMMANUEL ZETINA CRUZ, bajo registro número 0000041 del Tomo 00015233 en el libro propiedad correspondiente al Distrito de Morelia, inscrita en el Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado de Michoacán. AUTORIDADES EJECUTORAS: 1. Del Actuario señalado como ejecutora, reclamo el ilegal embargo realizado por esta autoridad, en los autos del juicio ejecutivo mercantil registrado bajo el expediente número 331/2022, llevado en el Juzgado Sexto Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, practicado al inmueble de la casa habitación marcada con el número 46 cuarenta y seis de la calle tierra, lote 20 manzana E de la colonia lomas del Punhuato del Municipio y distrito de Morelia, Michoacán, registrado a favor del C. EMMANUEL ZETINA CRUZ, en el Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado de Michoacán, bajo el registro número 0000041, Tomo 00015233, en el libro propiedad correspondiente al Distrito de Morelia. 2. Del Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado de Michoacán RECLAMO: LA CANCELACIÓN DEL GRAVAMEN con registro número 0000004, del Tomo 00006748, de fecha 17 de febrero Agosto del año 2023, dos mil veintitrés correspondiente al Distrito de Morelia, relativo al embargo realizado en autos del Juicio Ejecutivo mercantil registrado bajo el expediente número 331/2023, del Juzgado cuarto Menor en Materia Civil, promovido por JOSÉ LÓPEZ DE LA FUENTE DUFAU, en contra de EMMANUEL ZETINA CURZ, por la cantidad de $1,000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.) Por lo anterior solicito desde este momento que, se ordene a la Responsable Ejecutora directo del registro público de la propiedad raíz y de comercio en el Estado. CANCELE EL REGISTRO DEL GRAVAMEN inscrito en los libros de esa dependencia a su digno cargo, en reparación de las Garantías individuales que vulneró en mi perjuicio, para que la ahora quejosa pueda llevar a efecto los trámites necesarios para realizar la escrituración del multicitado inmueble ahora en favor de la suscrita.". En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló vulnerados en su perjuicio, los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación y prevención. Mediante proveído de veinte de julio de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional de amparo radicó el asunto bajo el progresivo número 982/2023-IX, y determinó prevenir a la promovente sobre diversas inconsistencias en su demanda. Dicho requerimiento lo solventó oportunamente en los términos de sus escritos de veinticinco del mes anotado y de tres de agosto, ambos de dos mil veintitrés. TERCERO. Admisión y trámite. Una vez que fue ratificado el segundo escrito preventorio, mediante auto de diez de agosto del año en curso, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda, requirió su informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables y otorgó intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Asimismo reconoció como tercero interesado a José López de la Fuente Dufau, en términos de lo que dispone el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; por lo que se ordenó y efectuó su emplazamiento para los efectos legales conducentes. Finalmente, tuvo lugar la audiencia constitucional dentro de este expediente al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y el diverso 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Toda vez que se impugnan actos emitidos por autoridades jurisdiccionales del orden civil, cuya ejecución se concreta dentro de la circunscripción en la que este órgano federal, con competencia mixta, tiene jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que los actos reclamados en este juicio constitucional, son los siguientes: Del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial: El órdenes de embargo, adjudicación y entrega del inmueble con casa habitación ubicada en la calle Tierra, lote 20, manzana E, colonia Lomas de Punhuato de esta ciudad, emitidas dentro del juicio ejecutivo mercantil oral número 331/2021, sobre pago de pesos, promovido por José López de la Fuente Dufau, a través de su endosataria en procuración, en contra de Emmanuel Zetina Cruz. Del Actuario adscrito al Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial: La ejecución del embargo antes descrito sobre el inmueble afecto. Del Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Michoacán: La inscripción del gravamen bajo el número 00000027 del tomo 00010865 del Libro de Gravamen correspondiente al Distrito de Morelia. Todo lo anterior porque la peticionaria de derechos fundamentales se ostenta tercera extraña en estricto sentido, al alegar que dichos actos de autoridad afectan el derecho de propiedad que ostenta sobre el inmueble descrito, sin ser parte material del juicio de origen. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Contra la apreciación del representante social adscrito en su pedimento, son ciertos los actos reclamados pues en sus informes las autoridades responsables así lo aceptaron. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil oral número 331/2021 del índice del juzgado responsable, en las que se observan las órdenes de embargo, adjudicación y entrega decretadas sobre el inmueble precisado, así como su posterior inscripción, que se reclaman en este juicio constitucional. Documentales públicas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, al haber sido autenticadas por un funcionario judicial que goza de fe pública. CUARTO. Antecedentes. Se desprenden los siguientes de las constancias allegadas al sumario: 1. El veintiséis de abril de dos mil veintiuno, Ana Bárbara Cabrera Aceves, en cuanto endosataria en procuración de José López de la Fuente Dufau, promovió demanda en la vía ejecutiva mercantil oral en ejercicio de la acción cambiaria directa, en contra de Emmanuel Zetina Cruz, de quien reclamó el pago de $1´000,000.00 (un millón de pesos 00/100 m.n.), por concepto de suerte principal, intereses moratorios y gastos y costas. 2. De ese libelo que correspondió conocer al Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, el que lo registró bajo el número 331/2021, y mediante auto de veintiocho de abril de la referida anualidad, lo admitió a trámite y ordenó requerir al demandado sobre el pronto y efectivo pago de las cantidades que se le reclaman, o bien, garantizar el adeudo con bienes de su propiedad, emplazándolo a dar contestación a la demanda incoada en su contra. 3. El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento del demandado, la cual se entendió directamente con éste y al no haber cubierto la cantidad solicitada, se embargó el bien de su propiedad, consistente en la casa habitación ubicada en la calle Tierra, número 46, lote 20, manzana E, colonia Lomas del Punhuato, de esta ciudad, emplazándosele además al juicio subyacente. 4. El uno de julio de dos mil veintiuno, el demandado compareció a dar contestación a la demanda, haciendo valer sus excepciones y defensas, objeciones y ofrecimiento de pruebas. 5. A lo anterior recayó el proveído de cinco de julio de dos mil veintiuno, en el que el juez de los autos le dijo que no había lugar a tenerlo por contestando la demanda, en virtud de haberlo hecho fuera del termino de que disponía para hacerlo. 6. El quince de julio de dos mil veintiuno se proveyó de conformidad la solicitud del actor de girar oficio al Registro Público de la Propiedad del Estado, para inscribir el embargo del inmueble relacionado en el juicio natural; y se emitió el oficio número 3569/2021. 7. El dieciocho de octubre de dos mil veintiuno se llevó a cabo la audiencia preliminar en la que se admitieron las pruebas ofrecidas por la parte actora, asimismo se dijo que, en razón de que ninguno de los medios de convicción admitidos a la parte actora son de las que ameriten preparación para su desahogo, en términos del artículo 1390 Bis 37 del Código de Comercio, se concentró la audiencia con la audiencia de juicio y enseguida se procedió al dictado de la sentencia correspondiente, declarándose procedente la acción cambiaria directa y condenando al demandado al pago de las prestaciones precisadas en el considerando segundo de ese fallo, y se ordenó el remate del bien embargado en autos. 8. Por escrito presentado el doce de agosto de dos mil veintidós, la endosataria en procuración del actor exhibió al juez de los autos el certificado de gravamen expedido el ocho de ese mes y año, solicitando además la ejecución forzosa de la sentencia. 9. Al referido ocurso recayó el auto de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, en el que se le dijo que no había lugar a poner en estado de ejecución y remate el inmueble embargado con data dieciséis de junio de dos mil veintiuno, toda vez que como se advertía del propio certificado de gravamen que exhibió, la propiedad referida se encontraba inscrita a favor de Ma. Lucrecia Cruz Chávez, persona diversa al demandado, por lo que resultaba ser tercera extraña al controvertido. 10. Por escrito de doce de diciembre de dos mil veintidós, la citada endosataria compareció a solicitar el avalúo del inmueble embargado en autos del juicio natural, a fin de sacarlo a remate, lo anterior en virtud de que acompañó copia certificada de la sentencia de veintiocho de junio de dos mil veintidós, dictada dentro del juicio ordinario civil número 1149/2021, que en ejercicio de la acción de nulidad por acto celebrado en fraude, promovió José López de la Fuente Dufau, frente a Emmanuel Zetina Cruz y Ma. Lucrecia Cruz Chávez, juicio en el que se declaró la nulidad del contrato de donación gratuita, consignado en la escritura pública número 6593, de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, pasado ante el Notario Público, número 106 de esta ciudad, sobre la casa habitación marcada con el número 46, de la calle Tierra, y terreno sobre el cual se encuentra construida que es el lote 20, manzana E, de la colonia Lomas del Punhuato; fallo que fue confirmado el uno de septiembre de dos mil veintidós por la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al resolver el toca I-239/2022. 11. Al referido ocurso recayó el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en el que el juez de los autos acordó que para estar en condiciones de poner los autos en ejecución, era necesario que presentara el certificado actual de gravamen. 12. Por escrito presentado el veintisiete de febrero del año en curso, la endosataria del actor compareció a dar cumplimiento al requerimiento antes señalado, a lo cual se dictó el auto de dos de marzo pasado, en el que el juez responsable, una vez que se exhibió la inscripción del embargo trabado en los autos del juicio de origen y el certificado de gravamen relativo, como la parte demandada no dio cumplimiento voluntario a la sentencia dentro del término que se le otorgó para ello, mandó sacar a remate el inmueble embargado. 13. Mediante oficio sin número presentado ante el juez de los autos el diecisiete de marzo del año en curso, signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, con residencia en esta ciudad, compareció a solicitar se suspendiera la ejecución de la sentencia dictada en los autos del juicio de origen, hasta en tanto se resolviera la carpeta de investigación 100320203577, radicada en contra de José López de la Fuente Dufau, por el delito de falsificación o alteración y uso indebido de documento. 14. A lo anterior, el juez de los autos emitió el acuerdo de veintitrés de marzo del presente año, en el que acordó no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado por la fiscal en cita, toda vez que el procedimiento es de orden público y no puede suspenderse su ejecución al tratarse de una sentencia definitiva, lo cual constituye cosa juzgada, además que no bastaba el hecho de que invocara como fundamento los numerales 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 8° de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, ya que los referidos preceptos se refieren a obligaciones del Ministerio Público, pero en ninguno de ellos se establece que el procedimiento de ejecución de un fallo pueda suspenderse en razón del dicho del demandado. 15. Mediante escrito presentado el veintiocho de marzo del año en curso, Ana Bárbara Cabrera Aceves, endosataria en procuración de la parte actora, compareció a solicitar la adjudicación directa de la cosa hipotecada sin previo remate, en término del numeral 2049 del Código Civil para el Estado de Michoacán, lo anterior en razón de que el valor de inmueble embargado en autos del juicio natural, es inferior a lo sentenciado en juicio. 16. A lo anterior, el juez del juicio natural emitió el acuerdo de treinta de marzo del año que transcurre, en el cual en atención a lo solicitado, con apoyo en el artículo 1410 del Código de Comercio, teniendo en consideración que el monto liquido de la condena como suerte principal, más los intereses sentencia es superior al valor del inmueble embargado en autos, además de que no existen diversos acreedores, ordenó la adjudicación de manera directa del bien raíz embargado, consistente en la casa habitación ubicada en la calle Tierra, número 46, lote 20, manzana E, colonia Lomas de Punhuato, de esta ciudad, a favor de José López de la Fuente Dufau, en la cantidad fijada en el avalúo. 17. Por escrito presentado ante el juez de los autos el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, Ana Bárbara Cabrera Aceves compareció a solicitar se le otorgara la posesión del inmueble adjudicado. 18. Mediante proveído de veintiuno de junio pasado, el juez responsable acordó de conformidad la petición realizada, para lo cual determinó que en virtud de que a la parte demandada no se le ha otorgado el término para que entregara el bien raíz adjudicado en autos, mandó requerirla para que lo efectuara en el término de tres días, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se procedería a la ejecución forzosa, ordenado la notificación tanto en el domicilio procesal, como en el inmueble adjudicado. El embargo, adjudicación y entrega del inmueble afecto, así como su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad del Estado, constituyen los actos reclamados en este juicio constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia. Se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, en términos de lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Esta Potestad Federal estima que se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley." En efecto, por interés jurídico debe entenderse el derecho subjetivo, público o privado que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías en su perjuicio, derecho que debe estar protegido por alguna norma legal y cuando se afecte por el acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular, éste podrá acudir al juicio de amparo. Ahora bien, se recuerda que la quejosa comparece a esta instancia constitucional a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los inminentes actos privativos a ejecutados en el inmueble del cual aduce ser propietaria. De las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que efectivamente ante Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, se substanció el juicio ejecutivo mercantil oral 331/2021, sobre pago de pesos y otras prestaciones, promovido por José López de la Fuente Dufau, a través de su endosataria en procuración, en contra de Emmanuel Zetina Cruz. Procedimiento en el que particularmente se ordenó requerir al demandado sobre el pago de cantidad líquida y, al no haberlo hecho y ser omiso en señalar bienes, la parte accionante señaló para embargo el inmueble con casa habitación ubicada en la calle Tierra, lote 20, manzana E, colonia Lomas de Punhuato de esta ciudad. Posteriormente, en auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, el Juez Civil ordenó al Actuario de su adscripción se constituyera en el domicilio del demando y, en su caso, procediera a trabar embargo sobre dicho inmueble, con la finalidad de dar cumplimiento al auto de exequendum, lo que así se efectuó, siendo que una vez que se dictó sentencia en el natural, se ordenó el remate de dicho bien raíz, para finalmente ser adjudicado a favor de la parte actora. De manera que es claro que a la aquí quejosa le resulta el carácter de tercera extraña en estricto sentido por no ser parte material dentro del juicio de origen. Luego, como las consecuencias de lo ordenado por el juez responsable afecta el derecho de propiedad que dice gozar la peticionaria de amparo, es necesario señalar lo que la ley de la materia y la doctrina jurídica definen por poseedor, siendo aquél que detenta una cosa, ejerciendo sobre ella un poder de hecho. Sin embargo, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas, para ser protegida jurídicamente a través del juicio constitucional. Por tanto, para que la propiedad que refiere la parte quejosa, quien además se ostenta como poseedora del bien raíz afecto y persona extraña al juicio natural, sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto que ocupa la atención, es necesaria la existencia de un título de fecha cierta que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere ese derecho. De manera que la promovente debe tener una base objetiva que, fundada y razonablemente, produzca la convicción de que tiene derecho real sobre el bien inmueble de que se trata, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XV, febrero de 2002, página 5, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común.". Luego, para acreditar su interés jurídico en esta instancia constitucional la parte quejosa ofreció como prueba las siguientes documentales: La copia cotejada del contrato de promesa de compra venta de treinta de agosto de dos mil diecinueve, que aquella celebró con Emmanuel Zetina Cruz, respecto del inmueble con casa habitación ubicada en la calle Tierra, lote 20, manzana E, colonia Lomas de Punhuato de esta ciudad; cabe referir que la fecha de la certificación del notario público en dicho pacto es de dieciocho de julio de dos mil veintitrés. El certificado de propiedad de trece de julio de dos mil veintitrés, en que se hace constar el asiento registral de aquella propiedad y sus anotaciones marginales. Seis recibos de depósitos bancarios sobre diversas cantidades. Dos avisos extrajudiciales de cobro sobre mensualidades vencidas en el pago de crédito hipotecario contratado con INFONAVIT. Documentales que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°. Sin embargo, se estima que tales probanzas no resultan eficaces para acreditar fehacientemente el interés jurídico en esta instancia constitucional, primordialmente porque las últimas tres enunciadas no son conducentes para demostrar la titularidad del derecho de propiedad que se pretende defender. Mientras que en lo que hace a la primera, denominada por sus intervinientes como "promesa de compraventa", tampoco es viable para demostrar dicho interés jurídico, pues aun cuando de su contenido se infiera de que en realidad se trata de un contrato de compraventa, en ambos casos el acto jurídico ahí plasmado no puede considerarse de fecha cierta, sino hasta la data de la certificación que aparece asentada, esto es, el dieciocho de julio de dos mil veintitrés. En efecto, el derecho de propiedad y posesión que dice ejercer la quejosa sobre el bien inmueble y que defiende en este juicio, debe cumplir con los requisitos que a continuación se precisan: Que por ser documentos de naturaleza privada, a fin de concederles valor probatorio, requieren no ser objetados por la contraparte de quien los ofrece; Que dichos documentos sean de fecha cierta. Como se aprecia en la jurisprudencia 46/99 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 52/97 entre las sustentadas por el Segundo y Primer Tribunales Colegiados, ambos del Cuarto Circuito, visible en la página 78, Tomo X, diciembre de 1999, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la que se aplica por identidad de razón, y cuyo contenido literal, dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." Así como también, encuentra puntual apoyo a lo antes expuesto, la tesis 237, sustentada por la entonces Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 162, Tomo IV, Parte SCJN, sexta época, Apéndice de 1995, que textualmente dice: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un registro público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes." Además apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Tesis: 2ª./J. 16/94 Tomo: 82, octubre de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, cuyo rubro y contenido expresa: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En tales condiciones, el contrato privado de treinta de agosto de dos mil diecinueve, no fue ratificado ante fedatario público o funcionario autorizado o inscrito en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación y tampoco se acreditó la muerte de cualquiera de sus firmantes. Antes bien, solo se presentó ante el Notario Público número 165 de Morelia, Michoacán, para su certificación, lo que ocurrió el dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Fecha cierta que es posterior aquella en que la parte actora se adjudicó a su favor, esto es, el treinta de marzo de dos mil veintitrés y, por ende, el bien raíz afecto salió del patrimonio del demandado. Ello sin que obste la aseveración de la parte quejosa en su demanda de amparo, relativa a que el acto jurídico concertado se encuentra inscrito ante la autoridad registral, puesto que de su contenido no se observa tal afirmación, máxime que se trata de una copia cotejada ante notario público sin siquiera identificar plenamente a los testigos que presenciaron la celebración del contrato. A mayor abundamiento, es pertinente distinguir entre la fecha cierta de un contrato y su eficacia jurídica, pues el primero atiende a la existencia del acto jurídico con la finalidad de evitar fraudes frente a terceros, pues el documento privado que fue oportunamente ratificado ante fedatario público o a partir de la muerte de cualquiera de sus firmantes, permite presumir la certeza de la celebración del pacto volitivo. Mientras que la segunda conceptualización atiende a su oponibilidad frente a terceros que nace a partir del principio de publicidad y registro de los actos traslativos de domino. Sobre el tema es aplicable la jurisprudencia 69/2013 emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 287, del Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Registro 2004905, del rubro y contenido siguiente: "EFICACIA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE FECHA CIERTA POSTERIOR AL REGISTRO HIPOTECARIO PARA LA CONCESIÓN DEL AMPARO. El contrato de compraventa de fecha cierta posterior al registro de la hipoteca y que carezca de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, no resulta apto para conceder la protección federal al quejoso que pretende ser llamado al juicio hipotecario. Pues al ser de fecha cierta posterior al registro de la hipoteca y ante la falta de inscripción de la traslación de dominio, ocasiona que el derecho subjetivo que ostenta el quejoso no pueda ser oponible al actor hipotecario, y en consecuencia lo procedente es la negativa del amparo. Lo anterior, de ningún modo implica limitar el derecho de tutela judicial conforme está reconocido en el artículo 17 constitucional a favor del quejoso, en virtud de que éste ostenta un derecho subjetivo de propiedad con el contrato de compraventa de fecha cierta, en el sentido de que la tutela judicial no se limita, en estos casos, al llamamiento al juicio hipotecario en cuestión, pues invariablemente quedan a salvo los derechos del quejoso de accionar en la vía jurisdiccional adecuada en contra de quien considere pertinente a fin de realizar la defensa a su derecho de propiedad.". Luego, debe destacarse que el Registro Público de la Propiedad es una institución creada para evitar que las transmisiones y gravámenes relativos a bienes inmuebles se efectúe en forma clandestina y se vea afectada o disminuida la estabilidad y seguridad que debe caracterizar a los actos traslativos de esta clase de bienes; y, ante la necesidad de ponerlos jurídicamente en circulación, haciendo necesaria la intervención del poder público a fin de que sea el encargado de organizar su funcionamiento. En su carácter de oficina pública, este registro tiene como objetivo principal el dar a conocer cuál es la situación jurídica que guardan los bienes en él inscritos, principalmente los inmuebles, para que toda persona que tenga interés en efectuar una operación en relación con ellos conozca la verdadera situación que guarda el bien aludido, como lo es quién es el propietario, cuál o cuáles son los gravámenes adquiridos, la superficie legal con que cuenta y se pretende adquirir, y además datos de identificación que le proporcionen seguridad y plena garantía sobre la legalidad de la transacción que se pretenda efectuar. Es preciso destacar que en nuestro sistema legal el Registro Público de la Propiedad no genera, por sí mismo, la situación jurídica a la que da publicidad; esto es, no constituye la causa jurídica de su nacimiento, ni es el título del derecho inscrito, sino que se limita, por regla general, a declarar un derecho nacido de un acto jurídico que fue celebrado con anterioridad por las partes contratantes; y, la causa o título del derecho generado es lo que generalmente se inscribe o se asienta en la anotación relativa, con la finalidad de hacerlo del conocimiento de terceros, declarándolo así para que sea conocido por quienes acudan a consultar sus folios y adquieran certeza jurídica del estado que guardan los bienes sobre los que muestran interés, pero los asientos registrales son meramente declarativos y no constitutivos de derecho. Sin embargo, no debe desconocerse que la eficacia del acto jurídico celebrado, sin exigir los requisitos de que se viene hablando, conduciría ineludiblemente a socavar la certeza y seguridad jurídicas que se pretende exista en el tráfico inmobiliario, pues sin la intervención del fedatario y la publicidad lograda mediante las inscripciones registrales, nadie estaría plenamente cierto de las operaciones efectuadas, las cuales sólo podrían constar a las partes. Por tal razón, la constancia del acto jurídico contenida en una escritura pública, es un medio de prueba pleno y perfecto para acreditar el dominio adquirido sobre un bien, cuya exhibición es suficiente para demostrar un derecho real, a fin de establecer si hubo o no violación de derechos fundamentales en perjuicio del propietario, que en la especie resulta; además, ser una persona extraña a juicio sobre cuyo patrimonio se pretende ejecutar o se ha ejecutado una desposesión. Ahora bien, debe dejarse establecido que este órgano de control constitucional acudirá también a la doctrina como argumento de autoridad para resolver. Lo anterior tiene sustento en la tesis número LXIII/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede consultarse en la página 448, del tomo XIII, mayo de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro electrónico 189723 que dice: "DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURÍDICAS. En el sistema jurídico mexicano por regla general, no se reconoce formalmente que la doctrina pueda servir de sustento de una sentencia, pues el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece las reglas respectivas, en su último párrafo, sólo ofrece un criterio orientador, al señalar que "En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho."; mientras que en su párrafo tercero dispone que "En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.". Es práctica reiterada en la formulación de sentencias, cuando es menester, acudir a la doctrina como elemento de análisis y apoyo, así como interpretar que la regla relativa a la materia penal de carácter restrictivo sólo debe circunscribirse a ella, permitiendo que en todos los demás casos, con variaciones propias de cada una, se atienda a la regla que el texto constitucional menciona con literalidad como propia de los juicios del orden civil. Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior y que la función jurisdiccional, por naturaleza, exige un trabajo de lógica jurídica, que busca aplicar correctamente las normas, interpretarlas con sustento y, aún, desentrañar de los textos legales los principios generales del derecho para resolver las cuestiones controvertidas en el caso concreto que se somete a su conocimiento, considerando que todo sistema jurídico responde a la intención del legislador de que sea expresión de justicia, de acuerdo con la visión que de ese valor se tenga en el sitio y época en que se emitan los preceptos que lo vayan integrando. Así, debe concluirse que cuando se acude a la doctrina mediante la referencia al pensamiento de un tratadista e, incluso, a través de la transcripción del texto en el que lo expresa, el juzgador, en lugar de hacerlo de manera dogmática, debe analizar, objetiva y racionalmente, las argumentaciones jurídicas correspondientes, asumiendo personalmente las que le resulten convincentes y expresando, a su vez, las consideraciones que lo justifiquen. Sobre el tema, el tratadista Rafael Rojina Villegas, en su obra de Derecho Civil Mexicano, señala lo siguiente: "Formalidades relacionadas con el Registro Público en cuanto a la transmisión de los derechos reales.- Tratándose de la transmisión de los derechos reales inmobiliarios o mobiliarios susceptibles de registro, la ley exige la inscripción del acto en el Registro Público de la Propiedad para que pueda surtir efectos en perjuicio de tercero. La falta de inscripción no impide que el acto produzca sus consecuencias entre las partes, pero no será oponible a los terceros, según la connotación técnico-jurídica que tiene este término en nuestro derecho, y que la jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia ha interpretado en el sentido de que por tales terceros para los efectos del registro, debe entenderse sólo aquellos que tienen un derecho real sobre el bien de que se trata. No quedan incluidos aquí los terceros en sentido amplio, o sea, los que no fueron partes en el acto jurídico que deba ser inscrito o los acreedores quirografarios, pues para éstos no se ha establecido la institución del Registro Público de la Propiedad, que sólo tiende a proteger a aquellos que de manera concreta han adquirido un derecho sobre el bien objeto de inscripción, es decir, que son titulares de un gravamen que les otorga un poder jurídico determinado y efectivo sobre aquel bien. Diversos afectos atribuidos al registro y teorías principales.- Los diversos derechos positivos no han seguido un sistema uniforme para atribuir efectos a las inscripciones en el Registro Público de la Propiedad. Podemos agrupar los sistemas existentes, de la siguiente manera: a) Sistema de la sustantividad de la inscripción. b) Sistema de la sustantividad relativa o funcional. c) Sistema de la adjetividad de la inscripción. Sistema de la sustantividad de la inscripción o sistema constitutivo.- En este sistema se considera que el registro es un elemento esencial para la existencia misma de los actos jurídicos y derechos que conforme a la ley deben ser registrados. En tal virtud, ni entre las partes, ni menos aún con relación a terceros, surtirá efectos el acto jurídico de creación, transmisión, modificación o extinción de derechos que deban registrarse si no se registran (.) Sistema de la sustantividad relativa o funcional.- Este sistema es el adoptado en el derecho mexicano y, por lo tanto, tiene para nosotros singularísima importancia en cuanto a la transmisión de los derechos reales. En el sistema de la sustantividad relativa o funcional, el registro no es un elemento necesario para la existencia del acto jurídico del derecho real, de su enajenación o transformación, cuando la ley prescriba ese requisito. Los efectos de la inscripción en el registro público sólo se refieren a los terceros y no a las partes. Es decir, entretanto no se registre el acto o derecho no es oponible a dichos terceros, entendiendo por tales aquellos que tienen un derecho real o gravamen sobre los bienes objeto de registro. Entre las partes surte todos sus efectos el acto jurídico o el derecho que se contituye, transmite o modifica. Sistema de la adjetividad de la inscripción.- En este sistema, el registro tiene por objeto poner en conocimiento de la colectividad los gravámenes o derechos reales que afecten a los bienes inmuebles, así como todos los actos jurídicos que impliquen enajenación o transferencia de esos derechos. Los actos o derechos existen independientemente del registro, de tal manera que este no es un elemento esencial para que surtan efectos ente las partes; pero sí para que perjudiquen a terceros, sin que la inscripción convalide los actos o contratos afectados de nulidad (.)". El referido autor enumera los principios fundamentales del Registro Público de la Propiedad de la siguiente forma: 1) Continuidad registral. 2) Exactitud registral. 3) Fe pública registral. 4) La buena fe registral. 5) El principio de publicidad registral. 6) Efectos del registro. 7) Autoridad registral. 8) Anotaciones preventivas y definitivas. 9) Efectos de las anotaciones preventivas. 10) Seguridad registral. 11) El orden público registral. 12) Unicidad. 13) Oponibilidad. 14) Protección de los terceros adquirientes de buena fe, y a título oneroso. 15) Falta de protección para los terceros adquirientes a título gratuito. 16) Carácter atributivo o constitutivo del dominio y de los demás derechos reales inmobiliarios. En cuanto al principio de la oponibilidad el autor señala: "[.] Conforme a este principio sólo son oponibles a terceros los actos o contratos que deben registrarse, se inscriben debidamente. En consecuencia, todos los títulos o documentos que no se registren, no podrán parar perjuicio a terceros, el cual sí podrá aprovecharlos en cuanto le fueren favorables [.]." Ahora bien, el Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo, vigente en la época en que aparece se celebró el contrato de compraventa, que lo es treinta de agosto de dos mil diecinueve, en sus artículos 1481, 1482 y 1483, dispone: "Artículo 1481. El contrato de compra-venta no requiere para su validez formalidad alguna especial, sino cuando recae sobre un inmueble. Artículo 1482. La venta de un inmueble cuyo valor en el contrato y en el catastro, no exceda de mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, podrá hacerse en instrumento privado, o en los términos prevenidos por la Ley del Notariado. Artículo 1483. Si el valor del inmueble, fiscal o en venta, excede de mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, deberá otorgarse en escritura pública. Los contratos por medio de los cuales los organismos descentralizados federales o estatales, y empresas de participación estatal, dependientes de dichos organismos, enajenen inmuebles para regularizar la tenencia de la tierra, podrán otorgarse en documento público, para su validez bastará con las firmas de las partes y dos testigos, debiendo inscribirse en el Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio del Estado de Michoacán, y en el Catastro, sin que para ello importe el valor del inmueble. Asimismo, la escrituración de lotes que formen los fraccionamientos populares, cuya lotificación lleva a cabo el Gobierno del Estado o sus dependencias, seguirá el mismo procedimiento.". De donde se destaca que el contrato de compraventa de inmuebles tiene requisitos específicos para su validez, siendo ellos el que se realice en escritura pública cuando su valor exceda de mil quinientas veces el salario mínimo. No obstante, dicha previsión normativa se complementa con la hipótesis prevista en el artículo 32 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado, conforme a la cual deben inscribirse los derechos reales, actos, contratos, diligencias y resoluciones mediante los cuales se adquieran, constituyan, trasladen, reconozcan, transmitan, declaren, modifiquen, limiten, graven, cedan o extingan los derechos sobre inmuebles. Conforme a lo anterior, la quejosa Juana Alcauter Sánchez acude a esta instancia en defensa del derecho de propiedad que le fue transmitido mediante un contrato privado, fechado en una data anterior al inicio del juicio de origen; pero, cuya certificación es anterior a la adjudicación a favor del actor. A más de que de la revisión de constancias se advierte que el citado acto traslativo de dominio no se encuentra inscrito ante la autoridad registral competente, ni la quejosa aportó probanza que demostrara ese extremo. De esta manera, la parte actora del juicio natural, aquí tercero interesada, no estaba en condiciones de ser conocedora de ese derecho, a fin de señalarla como una persona con algún interés en la contienda y que, por esa razón, no pudiera realizarse el embargo sobre el citado bien raíz que sí se encuentra inscrito a favor de la parte demandada. Ello no quiere decir que se desconozcan las consecuencias del acto jurídico concertado; sin embargo, éste sólo vincula a las partes involucradas, no así a los terceros ante la falta del cumplimiento de requisitos legales que erijan su oponibilidad. No estimarlo así socavaría la seguridad jurídica de esos terceros ajenos a dicho consenso, como lo es el caso de la aquí tercera interesada -actora en el juicio de origen-. En ese contexto, esta Potestad Federal estima que dicho documento es ineficaz para acreditar fehacientemente el interés jurídico para accionar. Pues, se insiste, la parte actora en el juicio natural no podía conocer la existencia del derecho real de la aquí quejosa, al no tener debidamente registrado su derecho real. Resultan aplicables, por identidad jurídica esencial, las tesis siguientes: "SOCIEDAD CONYUGAL NO INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. EL DERECHO REAL INMOBILIARIO DEL CÓNYUGE QUE NO APARECE EN LA INSCRIPCIÓN NO ES OPONIBLE AL DERECHO REAL DE PROPIEDAD DE QUIEN RESULTÓ ADJUDICATARIO DE BUENA FE EN EL PROCEDIMIENTO DE REMATE Y ADJUDICACIÓN EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. La otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 3a./J. 7/93, de rubro: "SOCIEDAD CONYUGAL. LA FALTA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS DURANTE ELLA, NO IMPIDE QUE EXISTA LEGITIMACIÓN PARA HACER VALER TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO.", sostuvo que la falta de inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble registrado a nombre de uno de los cónyuges, provoca que el derecho del otro que no aparece en la inscripción no pueda oponerse a un tercero que haya adquirido un derecho real respecto del mismo bien. Ahora bien, en el Código de Comercio el legislador previó que cuando la sentencia de un juicio ejecutivo mercantil es condenatoria y declara procedente la venta de los bienes embargados para hacer pago al acreedor, se tramitará su remate, y que enajenado el bien, ya sea por remate o adjudicación tratándose de inmuebles, el juez y el adjudicatario otorgarán la escritura pública correspondiente ante fedatario público; lo cual permite afirmar que, mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación, derivado de un juicio ejecutivo mercantil, el postor o el adjudicatario adquiere un derecho real de propiedad sobre el inmueble rematado. Consecuentemente, cuando falte la inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble que se encuentra registrado a nombre de uno de los cónyuges, el derecho real de propiedad del cónyuge que no aparece en la inscripción, derivado de la sociedad conyugal, no puede oponerse al derecho real de propiedad adquirido de buena fe por el postor o el adjudicatario mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación en un juicio ejecutivo mercantil.". "CONTRATO PRIVADO DE PROMESA DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE DE FECHA CIERTA. SI NO ESTÁ INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, ES INSUFICIENTE PARA CONCEDER EL AMPARO A LA PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL DE ORIGEN, CUANDO ADEMÁS DEL EMBARGO RECLAMA EL REMATE Y LA ADJUDICACIÓN DEL BIEN. Hechos: Una persona extraña al juicio ejecutivo mercantil ostentándose propietaria de un inmueble promovió demanda de amparo indirecto, en la cual señaló como actos reclamados el embargo, remate y la adjudicación del bien a favor de un tercero, y al efecto exhibió un contrato privado de promesa de compraventa de fecha cierta no inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si un contrato privado de promesa de compraventa de inmueble de fecha cierta no está inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, es insuficiente para conceder el amparo a la persona extraña al juicio ejecutivo mercantil de origen, cuando además del embargo reclama el remate y la adjudicación del bien. Justificación: Lo anterior, porque si bien es cierto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 62/2008 estableció que es ilegal el embargo trabado sobre un inmueble que está fuera del dominio del deudor a causa de un contrato privado de compraventa de fecha cierta que no se ha inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de lo que se deduce que para efectos del amparo, el contrato de fecha cierta no inscrito tiene efectividad cuando el derecho de propiedad del quejoso se enfrenta al derecho personal del embargo; también lo es que con posterioridad la propia Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 333/2012, de la que derivo la tesis de jurisprudencia 1a./J. 18/2013 (10a.) sostuvo: "... cuando falte la inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble que se encuentra registrado a nombre de uno de los cónyuges, el derecho real de propiedad del cónyuge que no aparece en la inscripción, derivado de la sociedad conyugal, no puede oponerse al derecho real de propiedad adquirido de buena fe por el postor o el adjudicatario mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación en un juicio ejecutivo mercantil."; por tanto, cuando en el amparo indirecto se reclama además del embargo del inmueble, su remate y adjudicación; entonces, el derecho real del impetrante de amparo, sustentado en el contrato privado de promesa de compraventa no inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, no puede oponerse al derecho real de propiedad adquirido de buena fe por el postor o el adjudicatario dentro del juicio ejecutivo mercantil de origen, pues se trata de derechos de la misma naturaleza que, en todo caso, deberán dilucidarse en función de la inscripción del inmueble ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.". En conclusión, la documental a que se ha hecho referencia resulta ineficaz para acreditar el interés jurídico de la quejosa en esta instancia constitucional. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, procede sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos que se atribuyen a las autoridades responsables ejecutoras, al no reclamarse por vicios propios. Finalmente, resulta innecesario realizar pronunciamiento específico sobre los alegatos del Ministerio Público adscrito, así como los de la parte tercera interesada, atento al contenido de la jurisprudencia 27/94, del rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Máxime que en ellos no se invocan causales de improcedencia que ameriten contestación expresa. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juana Alcauter Sánchez, en contra de los actos y las autoridades que quedaron precisados, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.LFSL

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del contenido del informe justificado acordado en treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés; en tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza. Doy FeMachCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. SE SEÑALA DOMICILIO Y DELEGADOS. Se tiene a la autoridad en cita señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su oficio de cuenta; y designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en el mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.MachCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

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