Juan Vega Rodríguez

Expediente 1228/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1228/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
09/10/2017

Partes del expediente

  • Juan Vega Rodríguez
  • Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro

Actuaciones

  1. Principal

    . Visto; como de la certificación que antecede se desprende que ya transcurrió el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el acuerdo dictado el veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO INTENTADA, por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; consecuentemente; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, y archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.....iv

  2. Principal

    CUMPLE PREVENCIÓN V I S T O el escrito de cuenta signado por el licenciado Marco Ruiz Rojas, autorizado de la parte quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual da contestación al requerimiento que se formuló en proveído de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, en consecuencia, se provee: DESECHAMIENTO Ahora, como se advierte del análisis integral de la demanda que nos ocupa, que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual, literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por un medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." ACTO RECLAMADO Asimismo, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso impugna: El acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, dictado por la Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Querétaro, dentro del expediente 829/2016, en el que ordena al Actuario de su adscripción constituirse en el domicilio ubicado en calle Espuela del Ferrocarril, número 301, colonia Carrillo Puerto, de esta ciudad, y proceda requerir al depositario (ahora quejoso), el bien mueble consistente en un vehículo marca Chevrolet, tipo Cavalier, modelo 1992, para que de manera posterior, lo ponga en posesión real, material y jurídica a favor de Adelfo Ramírez Maya. ANTECEDES DEL ACTO RECLAMADO Los antecedes del acto que aquí se reclama, son los siguientes: Dentro del expediente 829/2016, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil en el Estado de Querétaro de Querétaro, promovido por Juan Vega Rodríguez, en contra de Angélica Morales Ledesma, el pasado catorce de marzo de dos mil diecisiete, se realizó diligencia de lanzamiento y desalojo en el domicilio ubicado en tercera de rosas número 30, esquina Estío, Colonia Las Rosas, en esta ciudad, siendo que en el interior de dicho domicilio se encontraba un vehículo marca Chevrolet, tipo Cavalier, modelo 1992, sobre el cual quedó como depositario en ahora quejoso, bien que fue trasladado a un patio de guarda de los denominado pensión. El veintidós de junio de dos mil diecisiete, la Juez responsable, en atención al escrito presentado el nueve de junio de dos mil diecisiete, por Adelfo Ramírez Maya, quien se ostentó como propietario del citado automotor, con copia simple de la factura número 2199, expedida por GRAN MOTOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ordenó al Actuario de su adscripción se constituyera en el domicilio que establece en dicho escrito, y procediera requerir al depositario (ahora quejoso), el automotor señalado, para que de manera posterior, lo situara en posesión real, material y jurídica a favor de Adelfo Ramírez Maya. No obstante lo anterior, por auto de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, la autoridad responsable, determinó de nueva cuenta que el Actuario de su adscripción se constituyera en el domicilio ubicado en calle Espuela del Ferrocarril, número 301, colonia Carrillo Puerto, de esta ciudad (domicilio de la pensión donde se encontraba el automotor), y procediera conforme lo ordenado en proveído de veintidós de junio de dos mil diecisiete, siendo esto último, el acto que reclama el hoy impetrante de amparo. Inconforme con ello, el ahora promovente del amparo, el seis de septiembre de dos mil diecisiete, interpuso un medio ordinario de impugnación denominado apelación. Bajo tales antecedentes, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo texto dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;." Del precepto transcrito se advierte que para que se surta la causa de improcedencia en cita, es menester que se satisfagan los siguientes requisitos: a). Que en contra del acto reclamado proceda algún recurso, juicio o medio de defensa a través del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; y, b). Que dicho medio defensivo se esté tramitando ante los tribunales ordinarios. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 144/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Para demostrar la causal de improcedencia anunciada, se toma en consideración que los anteriores requisitos se encuentran acreditados en el presente asunto, en virtud que en contra de los actos reclamados en esta vía constitucional, se advierte que, dentro del juicio de origen 829/2016, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil en el Estado de Querétaro, el seis de septiembre de dos mil diecisiete, se tuvo al aquí quejoso interponiendo el recurso de apelación en contra del auto de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete (que aquí reclama), tal como se advierte de las copias que anexó a su escrito de demanda. Por ende, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que previamente a la interposición de la demanda de amparo, la parte promovente ya había optado por combatir el acto reclamado en esta vía, a través de un medio ordinario de defensa, esto es, el recurso de apelación. Manifestaciones que el propio impetrante vierte en su demanda bajo protesta de decir verdad, lo que constituye una confesión expresa y que goza de valor probatorio pleno en contra de quien la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Dicho lo anterior, como ya se anticipó, actualmente se encuentra pendiente de resolver un recurso ordinario que puede tener por objeto, confirmar, modificar o revocar el auto combatido, lo que se acredita con las copias del proveído de doce de septiembre de dos mil diecisiete, que el quejoso anexó a su escrito aclaratorio y de donde se advierte que el recurso de apelación relativo, planteado en contra del auto de veintiocho de agosto del año en curso, se admitió en el efecto devolutivo, y si bien, como lo afirma el promovente por tratarse de un Juicio de orden sumario civil, no suspende la ejecución del auto en el cual se le requiere para que proporcione el vehículo marca Chevrolet, tipo Cavalier, modelo 1992, y lo ponga en posesión real, material y jurídica de Adelfo Ramírez Maya, tal como lo indica el Juez responsable en el proveído de veintidós de juicio del año en curso; sin embargo, lo cierto es que aunque la apelación planteada no prevé suspensión del acto, eso no es óbice para desechar, puesto que la fracción XIX, del artículo 61 de la Ley de la Materia, no establece de modo alguno, que para su actualización el medio de defensa ordinario prevea suspensión. (Lo que sí aplicaría para la diversa fracción XX, que no es la que se actualiza en el caso porque el acto reclamado no proviene de una autoridad distinta de los tribunales judiciales). Causal que establece textualmente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Siendo así que, no procede el juicio de amparo cuando un recurso se encuentra pendiente de ser resuelto, toda vez que la coexistencia de la acción constitucional con algún otro recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual se combata el mismo acto podría producir los mismos efectos, o más grave aún, efectos contradictorios (en el entendido de que ambas situaciones son precisamente las que pretende evitar el principio de definitividad). Es aplicable, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de amparo, la jurisprudencia VI.2o. J/133, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, abril de mil novecientos noventa y ocho, visible en la página 632, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO ORDINARIO ESTÁ PENDIENTE. Si el juicio de amparo se promueve antes de que sea resuelto un recurso ordinario intentado en contra del mismo acto reclamado, éste no tiene el carácter de definitivo y, por ello, es claro que la acción constitucional es improcedente." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1ª./J. 3/2010, con número de registro 164702, sostenida por la Primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, abril de dos mil diez, visible en la página 292, que a la letra dice: "RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. BASTA CON QUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA SE HAYA PRONUNCIADO SOBRE SU ADMISIÓN PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE AMPARO. Para que se actualice el supuesto a que se refiere el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, resulta necesario que se esté tramitando un medio ordinario de defensa interpuesto por el quejoso y que pueda tener por objeto revocar, modificar o anular el acto reclamado. Ahora bien, la legislación mercantil prevé la interposición del recurso de apelación, que será resuelto por el tribunal superior, quien confirmará, reformará o revocará las resoluciones dictadas por el juez de primera instancia. Por tanto, basta con que éste se haya pronunciado sobre la admisión de dicho recurso para determinar que está en trámite un medio ordinario de defensa y, por ende, que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el indicado precepto, independientemente de que el tribunal de alzada deba pronunciarse en definitiva sobre su procedencia y, en su caso, respecto de las cuestiones de fondo planteadas, pues de lo contrario, los juicios de garantías quedarían paralizados mientras no existiera pronunciamiento del tribunal de alzada y su resolución estaría condicionada a lo que se determinara en éste." Así como la jurisprudencia I.17o.A. J/1, con número de registro 165998, sostenida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, noviembre de dos mil nueve, visible en la página 836, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. CUANDO EL PARTICULAR OPTA POR IMPUGNAR UNA RESOLUCIÓN MEDIANTE UN RECURSO ADMINISTRATIVO Y ÉSTE PROCEDE, QUEDA OBLIGADO, PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, A RECORRER TODAS LAS INSTANCIAS Y MEDIOS ORDINARIOS DE IMPUGNACIÓN QUE DERIVEN DE AQUÉL, PUES TAL DECISIÓN IMPLICA SUJETARSE AL MENCIONADO PRINCIPIO. Cuando el particular opta por impugnar una resolución mediante un recurso administrativo y éste procede, queda obligado, previamente a la promoción del amparo, a recorrer todas las instancias y medios ordinarios de impugnación que deriven de aquél, asumiendo sus consecuencias, las cuales no puede abandonar a su conveniencia porque renunció a su oportunidad de acudir inmediatamente al juicio de garantías, pues tal decisión implica sujetarse al principio de definitividad que rige a dicho medio de control de constitucionalidad; por lo que el quejoso no puede hacer valer una excepción a dicho principio en una instancia intermedia." Las consideraciones precedentes tienen sustento en el respeto al principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, conforme al cual el juicio sólo procede en contra de actos definitivos, entendiéndose por tales aquellos respecto de los que la ley no conceda recurso alguno, o que concediéndolo, éste se haya agotado y sea la resolución en él recaída la que se reclame en la vía constitucional. En consecuencia, al actualizarse la citada causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. La anterior determinación se dicta, a pesar de la autoridad responsable no haya dado cumplimiento al requerimiento que se le formuló por auto de dieciocho del presente mes y año, toda vez que con los anexos exhibidos por la parte quejosa y los hechos que, bajo protesta de decir verdad, emitió en su escrito de demanda, son bastos para emisión del presente determinación...IV

  3. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE CITATORIO DE 25/09/2017 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO JUAN VEGA RODRIGUEZ EL AUTO DE 21/09/2017, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: CUMPLE PREVENCIÓN V I S T O el escrito de cuenta signado por el licenciado Marco Ruiz Rojas, autorizado de la parte quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual da contestación al requerimiento que se formuló en proveído de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, en consecuencia, se provee: DESECHAMIENTO Ahora, como se advierte del análisis integral de la demanda que nos ocupa, que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual, literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por un medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." ACTO RECLAMADO Asimismo, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso impugna: El acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, dictado por la Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Querétaro, dentro del expediente 829/2016, en el que ordena al Actuario de su adscripción constituirse en el domicilio ubicado en calle Espuela del Ferrocarril, número 301, colonia Carrillo Puerto, de esta ciudad, y proceda requerir al depositario (ahora quejoso), el bien mueble consistente en un vehículo marca Chevrolet, tipo Cavalier, modelo 1992, para que de manera posterior, lo ponga en posesión real, material y jurídica a favor de Adelfo Ramírez Maya. ANTECEDES DEL ACTO RECLAMADO Los antecedes del acto que aquí se reclama, son los siguientes: Dentro del expediente 829/2016, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil en el Estado de Querétaro de Querétaro, promovido por Juan Vega Rodríguez, en contra de Angélica Morales Ledesma, el pasado catorce de marzo de dos mil diecisiete, se realizó diligencia de lanzamiento y desalojo en el domicilio ubicado en tercera de rosas número 30, esquina Estío, Colonia Las Rosas, en esta ciudad, siendo que en el interior de dicho domicilio se encontraba un vehículo marca Chevrolet, tipo Cavalier, modelo 1992, sobre el cual quedó como depositario en ahora quejoso, bien que fue trasladado a un patio de guarda de los denominado pensión. El veintidós de junio de dos mil diecisiete, la Juez responsable, en atención al escrito presentado el nueve de junio de dos mil diecisiete, por Adelfo Ramírez Maya, quien se ostentó como propietario del citado automotor, con copia simple de la factura número 2199, expedida por GRAN MOTOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ordenó al Actuario de su adscripción se constituyera en el domicilio que establece en dicho escrito, y procediera requerir al depositario (ahora quejoso), el automotor señalado, para que de manera posterior, lo situara en posesión real, material y jurídica a favor de Adelfo Ramírez Maya. No obstante lo anterior, por auto de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, la autoridad responsable, determinó de nueva cuenta que el Actuario de su adscripción se constituyera en el domicilio ubicado en calle Espuela del Ferrocarril, número 301, colonia Carrillo Puerto, de esta ciudad (domicilio de la pensión donde se encontraba el automotor), y procediera conforme lo ordenado en proveído de veintidós de junio de dos mil diecisiete, siendo esto último, el acto que reclama el hoy impetrante de amparo. Inconforme con ello, el ahora promovente del amparo, el seis de septiembre de dos mil diecisiete, interpuso un medio ordinario de impugnación denominado apelación. Bajo tales antecedentes, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo texto dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;." Del precepto transcrito se advierte que para que se surta la causa de improcedencia en cita, es menester que se satisfagan los siguientes requisitos: a). Que en contra del acto reclamado proceda algún recurso, juicio o medio de defensa a través del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; y, b). Que dicho medio defensivo se esté tramitando ante los tribunales ordinarios. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 144/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Para demostrar la causal de improcedencia anunciada, se toma en consideración que los anteriores requisitos se encuentran acreditados en el presente asunto, en virtud que en contra de los actos reclamados en esta vía constitucional, se advierte que, dentro del juicio de origen 829/2016, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil en el Estado de Querétaro, el seis de septiembre de dos mil diecisiete, se tuvo al aquí quejoso interponiendo el recurso de apelación en contra del auto de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete (que aquí reclama), tal como se advierte de las copias que anexó a su escrito de demanda. Por ende, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que previamente a la interposición de la demanda de amparo, la parte promovente ya había optado por combatir el acto reclamado en esta vía, a través de un medio ordinario de defensa, esto es, el recurso de apelación. Manifestaciones que el propio impetrante vierte en su demanda bajo protesta de decir verdad, lo que constituye una confesión expresa y que goza de valor probatorio pleno en contra de quien la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Dicho lo anterior, como ya se anticipó, actualmente se encuentra pendiente de resolver un recurso ordinario que puede tener por objeto, confirmar, modificar o revocar el auto combatido, lo que se acredita con las copias del proveído de doce de septiembre de dos mil diecisiete, que el quejoso anexó a su escrito aclaratorio y de donde se advierte que el recurso de apelación relativo, planteado en contra del auto de veintiocho de agosto del año en curso, se admitió en el efecto devolutivo, y si bien, como lo afirma el promovente por tratarse de un Juicio de orden sumario civil, no suspende la ejecución del auto en el cual se le requiere para que proporcione el vehículo marca Chevrolet, tipo Cavalier, modelo 1992, y lo ponga en posesión real, material y jurídica de Adelfo Ramírez Maya, tal como lo indica el Juez responsable en el proveído de veintidós de juicio del año en curso; sin embargo, lo cierto es que aunque la apelación planteada no prevé suspensión del acto, eso no es óbice para desechar, puesto que la fracción XIX, del artículo 61 de la Ley de la Materia, no establece de modo alguno, que para su actualización el medio de defensa ordinario prevea suspensión. (Lo que sí aplicaría para la diversa fracción XX, que no es la que se actualiza en el caso porque el acto reclamado no proviene de una autoridad distinta de los tribunales judiciales). Causal que establece textualmente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Siendo así que, no procede el juicio de amparo cuando un recurso se encuentra pendiente de ser resuelto, toda vez que la coexistencia de la acción constitucional con algún otro recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual se combata el mismo acto podría producir los mismos efectos, o más grave aún, efectos contradictorios (en el entendido de que ambas situaciones son precisamente las que pretende evitar el principio de definitividad). Es aplicable, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de amparo, la jurisprudencia VI.2o. J/133, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, abril de mil novecientos noventa y ocho, visible en la página 632, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO ORDINARIO ESTÁ PENDIENTE. Si el juicio de amparo se promueve antes de que sea resuelto un recurso ordinario intentado en contra del mismo acto reclamado, éste no tiene el carácter de definitivo y, por ello, es claro que la acción constitucional es improcedente." Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1ª./J. 3/2010, con número de registro 164702, sostenida por la Primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, abril de dos mil diez, visible en la página 292, que a la letra dice: "RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. BASTA CON QUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA SE HAYA PRONUNCIADO SOBRE SU ADMISIÓN PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE AMPARO. Para que se actualice el supuesto a que se refiere el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, resulta necesario que se esté tramitando un medio ordinario de defensa interpuesto por el quejoso y que pueda tener por objeto revocar, modificar o anular el acto reclamado. Ahora bien, la legislación mercantil prevé la interposición del recurso de apelación, que será resuelto por el tribunal superior, quien confirmará, reformará o revocará las resoluciones dictadas por el juez de primera instancia. Por tanto, basta con que éste se haya pronunciado sobre la admisión de dicho recurso para determinar que está en trámite un medio ordinario de defensa y, por ende, que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el indicado precepto, independientemente de que el tribunal de alzada deba pronunciarse en definitiva sobre su procedencia y, en su caso, respecto de las cuestiones de fondo planteadas, pues de lo contrario, los juicios de garantías quedarían paralizados mientras no existiera pronunciamiento del tribunal de alzada y su resolución estaría condicionada a lo que se determinara en éste." Así como la jurisprudencia I.17o.A. J/1, con número de registro 165998, sostenida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, noviembre de dos mil nueve, visible en la página 836, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. CUANDO EL PARTICULAR OPTA POR IMPUGNAR UNA RESOLUCIÓN MEDIANTE UN RECURSO ADMINISTRATIVO Y ÉSTE PROCEDE, QUEDA OBLIGADO, PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, A RECORRER TODAS LAS INSTANCIAS Y MEDIOS ORDINARIOS DE IMPUGNACIÓN QUE DERIVEN DE AQUÉL, PUES TAL DECISIÓN IMPLICA SUJETARSE AL MENCIONADO PRINCIPIO. Cuando el particular opta por impugnar una resolución mediante un recurso administrativo y éste procede, queda obligado, previamente a la promoción del amparo, a recorrer todas las instancias y medios ordinarios de impugnación que deriven de aquél, asumiendo sus consecuencias, las cuales no puede abandonar a su conveniencia porque renunció a su oportunidad de acudir inmediatamente al juicio de garantías, pues tal decisión implica sujetarse al principio de definitividad que rige a dicho medio de control de constitucionalidad; por lo que el quejoso no puede hacer valer una excepción a dicho principio en una instancia intermedia." Las consideraciones precedentes tienen sustento en el respeto al principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, conforme al cual el juicio sólo procede en contra de actos definitivos, entendiéndose por tales aquellos respecto de los que la ley no conceda recurso alguno, o que concediéndolo, éste se haya agotado y sea la resolución en él recaída la que se reclame en la vía constitucional. En consecuencia, al actualizarse la citada causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. La anterior determinación se dicta, a pesar de la autoridad responsable no haya dado cumplimiento al requerimiento que se le formuló por auto de dieciocho del presente mes y año, toda vez que con los anexos exhibidos por la parte quejosa y los hechos que, bajo protesta de decir verdad, emitió en su escrito de demanda, son bastos para emisión del presente determinación

  4. Principal

    REGISTRO DE EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo promovida por *******, por su propio derecho, contra actos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil en el Estado de Querétaro y otras autoridades, con fundamento en el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 1228/2017-IV, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. PREVENCIÓN En esa virtud, requiérase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir de que surta efectos la legal notificación de este auto, cumpla con los siguientes requerimientos: 1) Conforme a lo establecido en la fracción I del artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, indique bajo protesta de decir verdad, como parte de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, si a la presente fecha ya se dio trámite al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, dictado por el Juez responsable, y en caso afirmativo, exhiba copia simple o certificada del auto en que se realizó. Lo anterior, en el entendido de las penas en que incurren quienes afirman hechos falsos u omiten los que les corresponde en términos del artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. 2) Por último, tendrá que exhibir copias suficientes del escrito con el que dé cumplimiento a la prevención, ello en términos del ya mencionado artículo 110 de la ley de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." APERCIBIMIENTO Bajo apercibimiento, que de no dar cumplimiento a lo solicitado, en el término otorgado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo que nos ocupa en términos del artículo 114 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en los artículos 304 y 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica; como autorizados de su parte, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Marcos Ruiz Rojas y Orlando Arredondo Bárcenas, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En otro aspecto, en el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 73 fracción II en relación con el 120 ambos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos, salvo los considerados sensibles. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Estas promociones exclusivamente son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Finalmente, a fin de mejor proveer, mediante oficio que derive del presente auto, requiérase al Juez Cuarto de Primera Instancia Civil en el Estado de Querétaro, para que dentro del término de veinticuatro horas, contados a partir de la legal notificación del presente auto, informe a este Juzgado si ya admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por Juan Vega Rodríguez, dentro del expediente 829/2016, de su índice, y en caso afirmativo, remita copia certificada del auto relativo; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se harán acreedores a una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo.....IV NP

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