Juan Vega Rodríguez

Expediente 930/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
930/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
08/08/2017

Partes del expediente

  • Juan Vega Rodríguez
  • Juan Vega Rodríguez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto; como de la certificación que antecede se desprende que ya transcurrió el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Juan Vega Rodríguez, hubiese recurrido el acuerdo dictado el doce de julio de dos mil diecisiete, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO INTENTADA, por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; consecuentemente; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, y archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.....II

  2. Principal

    Visto; agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta, signado por el quejoso Juan Vega Rodríguez, a través del cual realiza diversas manifestaciones en relación a la suspensión que solicitó en su demanda de amparo; sin embargo, dígasele que deberá estarse a lo acordado en auto de doce de julio de dos mil diecisiete, en razón de que fue desechada la misma....II

  3. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE CITATORIO DE 20/07/2017 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO JUAN VEGA RODRIGUEZ EL AUTO DE 17/07/2017, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista; la razón actuarial de diecisiete de los corrientes, levantada por la Actuaria adscrita a este juzgado de la que se advierte la imposibilidad de llevar a cabo la notificación al quejoso ******************** respecto del auto de doce de julio de dos mil diecisiete. Ahora, de los anexos que exhibió junto con su demanda se desprende la copia de su credencial para votar, del cual se advierte su domicilio particular el ubicado en la calle Ferrara, número 401, residencial Italia, C.P. 76160 de esta ciudad de Querétaro. En ese tenor, se comisiona al actuario adscrito a este Juzgado, para que realice la notificación de manera personal al impetrante de amparo referido, siguiendo los reglas que establece el artículo 26 de la Ley de Amparo aludida, a quien deberá requerirle para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación de este auto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Querétaro, en la inteligencia que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones que surjan en el presente juico, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista, sin ulterior acuerdo, de conformidad con el artículo, antes citado 27 fracción III de la Ley de la materia

  4. Principal

    REGISTRO DEL EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia Civil en el Estado de Querétaro y otra autoridad, con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 930/2017-II, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiere causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, este juzgador, de oficio advierte que por cuanto ve al acto reclamado consistente en el auto de fecha cinco de julio de dos mil diecisiete, dictado dentro del Juicio Sumario de Desahucio número 829/2016, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." Como puede advertirse, el señalado motivo legal de improcedencia consiste en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues al ser el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a él sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, y que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, pues en esto estriba precisamente el principio de definitividad, el cual debió agotarse previamente por el accionante del amparo. En ese orden de ideas, del precepto legal trascrito establece para que se actualice tal causa de improcedencia las siguientes hipótesis: Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que la ley que rige el acto reclamado conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se prevea dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. Cabe precisar que los procesos de impugnación tienen como finalidad brindar una seguridad jurídica a las partes en conflicto; seguridad jurídica que, en el ámbito del proceso jurisdiccional, no es otra cosa que el derecho dado al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas protección y reparación, de ahí que impone la necesidad de contar con ordenamientos procesales que contemplen la existencia de instrumentos que pretendan la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ya sea ante el mismo Juez que los emitiera, o bien, ante uno de mayor jerarquía, en razón de que se debe respetar la facultad de las partes, expresamente concedida por la legislación, al establecer los distintos medios de impugnación. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO Previamente, conviene citar hechos o abstenciones que refiere el quejoso como antecedentes del acto reclamado: a).- Que como consecuencia de la sentencia definitiva, de fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis, emitida dentro de los autos del juicio sumario de desahucio número 829/2016, del índice del Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, promovido por el hoy quejoso, en contra de la aquí tercera interesada Angélica Morales Ledesma, se ordenó al Actuario de la adscripción, constituirse en el inmueble ubicado en Tercera Calle de las Rosas, Número 30, Colonia Las Rosas, de esta Ciudad, a fin de que procediera al lanzamiento a costa de la referida tercera y poner al quejoso, a través de su apoderado legal o representante legal, en posesión real, material y jurídica de dicho bien inmueble. b).- Posteriormente, mediante diligencia de catorce de marzo de dos mil diecisiete, la actuaria adscrita a dicho juzgado, llevó a cabo la diligencia de desahucio ordenada, en la que entre otros bienes, dejó en depósito del amparista, el vehículo, marca Chevrolet, tipo Cavalier, modelo 1992, color blanco, número de placas ULL3245. c).- Posteriormente, mediante auto de veintidós de junio de dos mil diecisiete, con motivo del escrito presentado por Adelfo Ramírez Anaya, mediante el cual demostró presuntivamente ser propietario de dicho automóvil, según el último endoso de la factura exhibida, se ordenó al actuario adscrito, se apersonará al inmueble anteriormente citado y procediera a requerirle al depositario, hoy quejoso, el inmueble referido, para que de manera posterior, lo ponga en posesión real, material y jurídica a favor del presunto propietario. d).- Consecuentemente, en auto de cinco de julio del año en curso, el juez responsable, no acordó de conformidad la petición del quejoso, consistente en suspender la orden de entregar el vehículo al presunto propietario, hasta en tanto se le otorgara audiencia al respecto de dicha entrega, dejando a salvo los derechos del quejoso, para que en caso de considerarlo necesario, los ejerciera en la vía y forma que corresponda. Siendo dicho proveído el que constituye el acto aquí reclamado. Bajo ese contexto, contra los autos de veintidós de junio, así como cinco de julio, ambos del año en curso, dictados dentro del Juicio Sumario de Desahucio número 829/2016, procede un medio de defensa legal, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado; por tanto, quejoso no cumplió previamente con el principio de definitividad que anima el juicio de amparo. En efecto, el acto reclamado en la presente instancia es un acto susceptible de ser modificado, revocado o nulificado, a través del recurso de apelación, establecido en los numerales 508, 728 y 729 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, mismo que procede en términos del diverso 736 de dicha codificación, que literalmente establecen, en su orden: "Artículo 508. La sentencia que decrete el desahucio, será apelable en el efecto devolutivo y se ejecutará sin el otorgamiento de fianza. La que lo niegue, será apelable en ambos efectos. Artículo 728. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior revise las resoluciones dictadas por el inferior, pudiendo tener como resultado, la confirmación, revocación o modificación de ellas. Artículo 729. Pueden apelar: el litigante, si creyere haber recibido algún agravio; los terceros que hayan salido al juicio; y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. (.) Artículo 736. Las sentencias definitivas son apelables cuando recaigan en negocios cuyo valor exceda de trescientas veces el salario mínimo general diario vigente en la zona y en aquellos cuyo interés no sea susceptible de calcularse en dinero. En estos casos la relación se admitirá en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sea solo en efecto devolutivo. Las sentencias interlocutorias y los autos, sólo son apelables cuando lo sea la sentencia definitiva del juicio, debiendo los segundos tener fuerza de definitivos o disponerlo este Código. La apelación contra estas resoluciones procede sólo en el efecto devolutivo, salvo que exista en contrario disposición expresa de la ley." De los preceptos legales antes transcritos, se desprende que pueden interponer el recurso de apelación, el litigante, si creyere haber recibido algún agravio; los terceros que hayan salido al juicio; y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. El recurso de apelación procede contra las sentencias interlocutorias y los autos, sólo son apelables cuando lo sea la sentencia definitiva del juicio, lo cual acontece en el caso concreto, al tratarse de una sentencia de juicio sumario de desahucio. En tal virtud, el quejoso, quien es parte actora en el juicio natural, está obligado agotar el citado medio de impugnación, previamente a la instauración del juicio de amparo, al tener como efecto dicho recurso modificar, revocar o nulificar el acto reclamado consistente en el auto de cinco de julio de dos mil diecisiete, como consecuencia del proveído de veintidós de junio del año que transcurre, ambos dictados por el Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, dentro de los autos del juicio sumario de desahucio 829/2016, pues éstos se encuentran comprendidos en el supuesto hipotético que prevé el numeral 736 del Código Adjetivo Civil del Estado, toda vez que, dichos autos, dictados en el referido juicio de origen, como ya se adelantó son apelables. De ahí que, al ser impugnables dichos proveídos, mediante el recurso de apelación que establece el multicitado artículo 728, el cual procede según lo establece el diverso 736 del Cuerpo de Leyes de referencia, el cual puede otorgar al quejoso la enmienda jurídica que pretende y, al no hacerlo así, es claro que soslayó agotar el principio de definitividad, indispensable para la procedencia del juicio de amparo, ya que no se está en los casos excepcionales antes mencionados, por lo que se actualiza la causal de improcedencia invocada. Por tanto, previo al juicio de amparo, el ahora quejoso se encontraba obligado a agotar el recurso de apelación, y al no haberlo hecho así, es indudable que se actualiza la causal de improcedencia en análisis. En razón de que para efectos del juicio de amparo como recurso ordinario o medio de defensa, reúna esencialmente las siguientes características: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, b) tener por objeto que el promovente del mismo pueda obtener la revocación o modificación de la resolución que lesiona sus intereses y c) debe estar establecido en la ley correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia I.4o.C.J/25, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 361, Tomo VI, Segunda Parte-1, correspondiente al mes de Julio-Diciembre de mil novecientos noventa, materia civil-común, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución". En esta tesitura, el aludido instrumento de impugnación previsto en el código adjetivo civil de que se trata (apelación), satisface los anteriores requisitos para estimar la existencia de un medio de defensa, es decir, el acto reclamado es emitido por la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia Civil de este Distrito Judicial de Querétaro; tiene por objeto anular la determinación que lesiona los intereses del quejoso; está establecido en la Ley correspondiente, en este caso en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro. En consecuencia, en contra del auto reclamado por el quejoso, procede en su contra el recurso de apelación, tal y como se advierte de los artículos 728 y 736 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, sin que en el caso se actualizara el supuesto del artículo 542 de dicho código adjetivo, para no aceptarse el recurso de apelación citado, ello pues el auto de cinco de julio de dos mil diecisiete, no es una resolución dictada para la ejecución de la sentencia, sino un auto en seguimiento a la determinación de cambio de depositario de un bien que no está embargado para garantizar prestación alguna. "Artículo 542. De las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia, no se admitirá otro recurso que el de responsabilidad, a excepción de lo dispuesto por los artículos 140, 141, 529 y 530." Es decir, la improcedencia en estudio, se actualiza en la especie pues el quejoso no observó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, en forma previa a impugnar los actos precisados con antelación, a través de esta vía constitucional; es decir, pasó por alto que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, aquellos que no sean susceptibles de ser modificados, anulados o revocados a través de algún recurso o medio de defensa ordinarios. Con base a lo anterior, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia inmersa en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en los artículos 304 y 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica; y como autorizados de su parte, únicamente en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, hasta en tanto acrediten ante este Juzgado ser licenciados en derecho, con cédula profesional debidamente inscrita en el Sistema utilizado para tal efecto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En otro aspecto, en el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos, salvo los considerados sensibles. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Estas promociones exclusivamente son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal....II Notifíquese personalmente.

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