Juan Valerio Vega
Expediente 226/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 226/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 09/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juan Valerio Vega
- Tercera Sala En Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio III-2001/2023, signado por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito (********************), por medio del cual, comunica que el tres de mayo de dos mil veintitrés, se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa ******************** de lo que el suscrito juez Federal queda enterado. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE. En términos de lo que disponen los artículos 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que el presente acuerdo no se integrará al expediente físico pues se presentó vía electrónica. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio III-1706/2023, signado por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito (Badia Yamile Temoltzin Braiz), por medio del cual, comunica que el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, radicó el recurso de queja promovido por el quejoso Juan Valerio Vega, en contra del auto de treinta y uno de marzo de la presente anualidad, en el cual se decretó sobreseimiento fuera de audiencia en el presente sumario constitucional, radicado bajo el número 65/2023. Asimismo, informa que resolvió desechar por improcedente el recurso de queja formulado por el aquí quejoso, toda vez que la resolución que impugna -sobreseimiento fuera de audiencia constitucional- no es impugnable mediante el recurso de queja que hace valer, por no encuadrarse en alguna de las hipótesis que prevé el numeral 97, fracción I, de la Ley de Amparo, pues, ante la referida resolución procede el recurso de revisión establecido en el artículo 81, fracción I, inciso d) del citado ordenamiento legal. Lo anterior, se toma de conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE. En términos de lo que disponen los artículos 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que el presente acuerdo no se integrará al expediente físico pues se presentó vía electrónica. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de abril de dos mil veintitrés. QUEJOSO INTERPONE RECURSO DE QUEJA. Intégrese a los autos el escrito signado por el quejoso ********************, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del auto dictado el treinta y uno de marzo del año en curso, mediante el cual, se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales. Por tanto, con fundamento en el artículo 44 de la Ley de Amparo, SIN PRONUNCIARSE RESPECTO A LA VÍA, por no corresponder al suscrito juez Federal, remítase el presente RECURSO DE QUEJA al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en Turno, junto con el escrito de interposición, el expediente relativo al juicio de garantías y dos Cuadernos Auxiliares, para que se sirva hacer el pronunciamiento correspondiente al citado medio de impugnación. Formese el Cuaderno de Memoria Correspondiente. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. El registro con el que se da cuenta y el presente proveído, deben integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues es para dar impulso procesal al presente sumario constitucional. Notifíquese por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno; y, por lista a las partes.
- Principal
*(PUBLICACIÓN CITATORIO)* SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA DEFENSORA PARTICULAR DEL QUEJOSO, EL PROVEÍDO: San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. QUEJOSO NO RECONOCE COMO SUYA LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO. Visto el contenido de la diligencia llevada a cabo por la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de veintinueve de marzo del actual, de la cual, se advierte lo siguiente:"(.) me constituyo en el Centro Penitenciario para Adultos Mayores Privados de la Libertad; y después de registrar mi visita en el libro correspondiente de dicho centro penitenciario y avanzado las aduanas internas respectivas, soy atendida por el custodio de guardia, a quien le hago saber el motivo de mi visita, solicitándole traiga a mi presencia al quejoso, y una vez que dicha persona acude ante la suscrita, realizo lo siguiente: Me cercioro de su identidad, ya que el mismo me confirma que es el quejoso********************; le hago saber que el órgano jurisdiccional que ordena su notificación es el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla en el juicio de amparo número ******************** le notificó al quejoso el proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, dándole lectura, a lo cual contestó quedar enterado de su contenido; le hago entrega de copia autorizada del mismo, la cual recibe de conformidad; asimismo, lo requiero para que en el acto de esta diligencia ratifique las firmas que calzan el escrito de demanda y el diverso con registro 4060, presentado en la Oficialía de Partes Común el seis de marzo del año en curso, así como el contenido de dichos ocursos, poniéndole en este momento a la vista copia autorizadas de los mismos; de igual forma; y, lo apercibo en el sentido de que de no ratificar las firmas y contenido de dichos escritos, se tendrá por no presentados; de igual forma, le hago de su conocimiento que el artículo 261 de la Ley de Amparo, prevé una sanción de dos a seis años y multa de treinta a trescientos días, para el promovente, su abogado autorizado o a ambos, que afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado. A lo que manifiesta comprender lo anterior Y QUE NO RECONOCE COMO SUYA LA FIRMA PLASMADA EN LA DEMANDA, PERO QUE SÍ RECONOCE SU CONTENIDO, QUE ÉL LE PAGÓ A UN ABOGADA PARA QUE LA HICIERA PERO QUE ÉL NO LA FIRMÓ, por otro lado dice que sí reconoce la firma y contenido del escrito con registro 4060, que este último escrito sí lo firmó el." En consecuencia, advirtiéndose que el aquí quejoso ******************** no reconoció como suya la firma que calza la demanda de amparo que dio origen a este sumario constitucional, se ACUERDA lo siguiente: En virtud de que el aquí quejoso no reconoció como suya la firma que calza la demanda de amparo a foja 5 de este sumario constitucional, el suscrito juez Federal, advierte de oficio que, en la especie, se actualiza una causal de improcedencia relacionada con el incumplimiento del PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA -previsto en los artículos 107, fracción I, Constitucional y 5 de la Ley de Amparo-, que conlleva a sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, por los fundamentos y las razones que enseguida se exponen. Primero. Este juzgador, a simple vista, advirtió la existencia de diferencias notorias entre la firma que calza la demanda de amparo, la diligencia de notificación de veintiuno de marzo y, la firma del escrito con folio 4060, razón por la cual, en acuerdo de veintinueve de marzo del año en curso, ordenó la ratificación de la demanda de amparo; lo anterior, se puede advertir de las siguientes reproducciones: FIRMA DE LA DEMANDA FIRMA DE LA NOTIFICACIÓN DE VEINTIUNO DE MARZO FIRMA DEL ESCRITO FOLIO 4060 Así, tomando en consideración que quien aparecía como promovente ******************** se encuentra recluido en el Centro Penitenciario para Adultos Mayores Privados de su Libertad, con enfermedades Crónico Degenerativas y con Discapacidad del Estado Puebla; se comisionó al actuario de la adscripción, para que requiriera al citado interno para que manifestara en dicho acto si ratificaba o no el contenido del escrito de demanda, así como la firma que calza el mismo registrado con el folio 3432, presentado en la Oficialía de Partes de este juzgado el seis de marzo del año en curso. En cumplimiento a dicho acuerdo, la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional acudió al centro de internamiento en donde se encuentra el que aparece como promovente de la demanda de amparo ******************** y en la diligencia llevada a cabo a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del treinta de marzo del año en curso, éste NO RECONOCIÓ COMO SUYA LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO que dio origen a este sumario constitucional. Segundo. En ese contexto, se estima actualizada la causa de improcedencia que deriva de relacionar lo establecido en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, 6° párrafo primero y 15 de la Ley de Amparo. En efecto, de la interpretación de los citados artículos, se obtiene que el juicio de amparo: a) Tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales, por lo que, en tales casos, los gobernados, titulares de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo pueden ocurrir a través del juicio de amparo en defensa de sus derechos que estimen violados, ya sea que aduzcan una afectación directa o en virtud de su situación especial frente al orden jurídico. b) Únicamente puede promoverse por parte de la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado; c) Se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal; y, d) Puede promoverse por cualquier persona, incluso, por un menor de edad, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo. Asimismo, conforme al contenido de las anteriores hipótesis normativas, se aprecia que la legislación reguló en el artículo 6 de la Ley de Amparo, tanto la legitimación activa en la causa, como la legitimación activa en el proceso, e incluso la personalidad. La legitimación procesal deriva de las normas que establecen quiénes pueden ser partes en un proceso, esto es, por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de "ad procesum" y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio, es ejercitado por quien conforme a derecho está en aptitud de hacerlo valer, o bien, porque cuenta con la representación legal de dicho titular, por ende, los sujetos legitimados son aquellos que en el proceso pueden asumir la figura de actores del derecho de contradicción. En tanto, que la legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho substantivo que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide el órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. De lo antes señalado, se advierte que, la legitimación en el proceso, es un presupuesto procesal, pues se refiere a la capacidad de las partes para ejecutar válidamente actos procesales y, por tanto, es condición para la validez formal del juicio. En este orden de ideas, la hipótesis normativa prevista en el artículo 6° de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo se puede promover directamente por la parte afectada, por su representante y por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, adopta el concepto de la legitimación procesal activa, pues como se dijo, esta última consiste en una potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de un juicio; y en el juicio de amparo, tal potestad legal corresponde desde luego a la parte directamente afectada, a los representantes legales del quejoso, al defensor cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento penal, y a cualquier persona en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Entonces, la propia interpretación literal del citado numeral, permite establecer que el juicio de amparo indirecto no puede promoverse por persona distinta de aquella a quien perjudique el acto reclamado, o que no sea su representante legal o su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal o que no se ubique en el supuesto del artículo 15 de la Ley de Amparo. En efecto, el referido artículo 15, establece la posibilidad de que cualquier persona, aunque sea menor de edad, promueva el amparo a nombre de la persona física afectada por la norma general o el acto reclamado, sin embargo, dicha hipótesis requiere necesariamente dos requisitos, a saber: 1. Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, 2. Que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover directamente el amparo. En el caso, no se advierte ninguna de las dos hipótesis, pues, el agraviado no se encontraba imposibilitado para promover directamente el amparo. Tal situación, se considera como la ausencia de manifestación de voluntad de instar el juicio constitucional, lo que hace improcedente el amparo. Ello es así, pues aun cuando los actos reclamados afectan la esfera jurídica de quien aparece como promovente en la demanda, al no haber externado su voluntad de acudir al juicio de derechos fundamentales -MEDIANTE SU FIRMA-, se traduce en el incumplimiento del requisito de instancia de parte agraviada, por lo que debe sobreseerse en el juicio. En tales condiciones, el juicio de amparo es improcedente cuando no existe la expresión de la voluntad de quien se estima agraviado en sus derechos humanos, y es imposible jurídicamente que la instancia se tramite ante la ausencia de la voluntad de quien se considera titular de un derecho. Por tanto, ante la falta de voluntad del quejoso para instar este juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia en estudio; lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en el juicio fuera de la audiencia constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución atribuido a la autoridad responsable ejecutora: Encargada del Centro Penitenciario Temporal para Adultos Mayores Privados de la Libertad con Enfermedades Crónico Degenerativas y con Discapacidad, por no haberse reclamado por vicios propios. VISTA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. El artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. En ese sentido, de autos se advierte, que el aquí quejoso señaló que él NO ESTAMPÓ la firma que calza el escrito de demanda, que reconoce su contenido PERO QUE ÉL LE PAGO A UN ABOGADO PARA QUE LA HICIERA; por tanto, una vez que esta resolución quedé firme dese vista al agente del Ministerio Público de la adscripción al actualizarse la hipótesis del delito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, conducta prevista y sancionada por la fracción IV, del artículo 247 del Código Penal Federal. Lo anterior, a efecto de que la representación social inicie una investigación penal en contra de quien resulte responsable, por los hechos antes aludidos y por los que pudieran derivar de su participación procesal en este juicio de amparo. SE DEJAN SIN EFECTOS LA HORA Y FECHA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Por lo anteriormente expuesto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con cuarenta y dos minutos del dieciocho de abril de dos mil veintitrés; comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. El presente proveído, debe integrarse al expediente físico, con fundamento en el artículo 3, último párrafo de la Ley de Amparo, 263, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3, fracciones III y XII, del diverso Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo reformados a través del que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, pues se trata del sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente al quejoso interno en el lugar de su reclusión, así como a su defensora particular en el domicilio señalado para tal efecto; por oficio a las autoridades responsables; a las diversas tercero interesadas; así como al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
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