Juan Ulises Islas Fernandez
Expediente 1003/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1003/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 22/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Juan Ulises Islas Fernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de abril de dos mil veintidós . Agréguese a los autos el oficio JOPH/629-A/2022, remitido -por duplicado- por el Juez de Control, adscrito al Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Norte, con sede en Huahuchinango, Puebla, mediante el cual acusa recibo del diverso 94/2022, por el que este órgano de control constitucional, ordenó remitirle un disco versátil digital (DVD), que contiene la audiencia de nueve de abril de dos mil veintiuno, celebrada en la carpeta judicial administrativa 216/2020/HUAUCHINANGO, de su índice; de lo que se toma conocimiento para os efectos legales conducentes. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de abril de dos mil veintidós. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. Ana* En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE ESCRITO. Intégrese a los autos el ocurso presentado -de manera electrónica- por el quejoso Juan Ulises Islas Fernández, a través del cual amplía su demanda de amparo respecto de los actos reclamados, consistentes en: Al 1. Juez de Control, adscrito al Juzgado de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla, Lucio León Mata. -A. De la Autoridad Ordenadora, reclamo: a) La falta de orden de notificación a mi persona, respecto al acuerdo dictado verbalmente en la audiencia celebrada el día nueve de abril de dos mil veintiuno, en la Causa Penal 261/2020/HUAUCHINANGO; por el que se impuso una medida de apremio consistente en una multa equivalente a quince unidades de medida y actualización al asesor jurídico, abogado Juan Ulises Islas Fernández. b) La emisión del oficio número JOPH/1096/2021, dirigido a la Licenciada María Teresa Castro Corro, Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla; de fecha nueve de abril de dos mil veintiuno. Al 2. Notificador del Juzgado de Oralidad y Ejecución Regional Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla: B. De la Autoridad Ejecutora, reclamo: a) La omisión de la notificación a mi persona, respecto al acuerdo dictado verbalmente en la audiencia celebrada el día nueve de abril de dos mil veintiuno, en la Causa Penal 261/2020/HUAUCHINANGO; por el que se impuso una medida de apremio consistente en una multa equivalente a quince unidades de medida y actualización al asesor jurídico, abogado Juan Ulises Islas Fernández. b) La presentación del oficio número JOPH/1096/2021, dirigido a la Licenciada María Teresa Castro Corro, Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla; de fecha nueve de abril de dos mil veintiuno; el día veinte de abril de dos mil veintiuno. PREVENCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA. Respecto a los actos que el quejoso pretende reclamar del Notificador del Juzgado de Oralidad y Ejecución Regional Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla, con fundamento en lo establecido en los artículos 108, fracciones III y IV, 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: ÚNICO. Precise la denominación actual y correcta de la autoridad responsable que señaló como: ".Notificador del Juzgado de Oralidad y Ejecución Regional Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla." Lo anterior, es así pues como se desprende de las constancias que integran el presente asunto, mediante acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo al Administrador de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial de la Federación, con sede en San Andrés Cholula, devolviendo un sobre con el oficio 494.2 dirigido al 2. Notificador del Juzgado de Oralidad y Ejecución Regional Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla; con la razón que refirió la imposibilidad de entregarlo, pues asentó: "No existe notificador en oralidad". Situación por la que en dicha data -cinco de noviembre de dos mil veintiuno-, se le dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días precisara la denominación completa y correcta de la citada autoridad, o en su caso, manifestara lo que a su interés y derecho conviniera, y se le apercibió que de no hacerlo, se tendría por inexistente a dicha autoridad. Sin que el quejoso hubiera realizado manifestación alguna, por lo que mediante proveído de diecisiete de noviembre pasado, se le hizo efectivo el apercibimiento de que se trata y se tuvo por inexistente a dicha autoridad. De ahí, que resulta imprecisa la denominación señalada por el quejoso, y a efecto estar en condiciones de emplazar legalmente a quien tenga el carácter de parte en el presente asunto, debe precisarse su denominación correcta, pues esta autoridad Federal no puede presumirla, dado que éste es un requisito de forma de la demanda o ampliación de ésta, a efecto de estar en aptitud de requerir a las autoridades responsables su informe y, para establecer la relación procesal en el juicio de derechos fundamentales, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional deberá requerir a la parte promovente que aclare la demanda de amparo o ampliación de esta, cuando hubiere alguna irregularidad. Similar criterio sustentó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 123/2019 de su índice. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al promovente que, de no dar cumplimiento a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la ampliación de demanda de garantías respecto a la autoridad ejecutora en cita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. Signifíquese al promovente que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por él, y no por autorizado alguno. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por lista a las demás partes - debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020-.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que no transcurrirán los ocho días que deben mediar entre la vista otorgada a la parte quejosa con el informe justificado rendido por la autoridad responsable 3. Titular de la Administración de Recaudación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla -por conducto de su representante- y la fecha de la audiencia constitucional, conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo. Lo anterior, tomando en consideración que la parte quejosa quedó notificada del acuerdo dictado el once de noviembre de dos mil veintiuno -por el cual se dio vista con el aludido informe- el dieciocho de noviembre del actual de forma electrónica, por lo que, con fundamento en el artículo 31, fracción III, de la ley de la materia, dicha notificación surtió efectos el mismo día y, por ende, el plazo de ocho días transcurrirá del diecinueve al treinta de noviembre de dos mil veintiuno, previo descuento de los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de noviembre del actual, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la propia ley. En tales condiciones, la audiencia constitucional que debería tener verificativo a las nueve horas con cuarenta y seis minutos del treinta de noviembre de dos mil veintiuno se difiere anticipadamente, y se señala como nueva fecha para su celebración las nueve horas con veintidós minutos del siete de diciembre de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, misma que a continuación se reproduce: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten." Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, y, por lista a las demás partes...
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