Juan Ubiraci Castillo Rodriguez
Expediente 1325/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1325/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Juan Ubiraci Castillo Rodriguez
Actuaciones
- Principal
R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Ubiraci Castillo Rodríguez, respecto de las autoridades y acto precisados en el considerando segundo, por las consideraciones y fundamentos vertidos en el quinto y para los efectos del último considerando de esta sentencia. Notifíquese. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas con cincuenta y dos minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativa al juicio de amparo 1325/2023-II, promovido por ********************, por propio derecho, ante la presencia de Nelson Loranca Ventura, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Mónica Barrios Reyes Secretaria con quien actúa, procedió a la celebración de la referida audiencia, sin la comparecencia de las partes, precisado lo anterior, se declara abierta la audiencia. Enseguida se impone hacer una relación de las constancias que obran en este asunto entre las que se encuentran la demanda de amparo; el informe justificado rendido por las autoridades responsables Congreso del estado de Morelos y Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del propio Congreso, con el que se dio vista a las partes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Enseguida el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que antecede. Abierto el período probatorio: La Secretaria da cuenta con las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa y las autoridades responsables. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y las autoridades responsables, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. En período de alegatos: La Secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló manifestaciones en vía de alegatos. Por lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho de las partes para expresarlos. Con lo que este juzgado considera desahogado este periodo y al no existir escrito pendiente por acordar ni diligencia que practicar, se impone dictar la siguiente resolución. V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 1325/2023-II, promovido por ********************, por propio derecho, en contra del acto que reclama del Congreso del estado de Morelos y de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del propio Congreso, por considerarlo violatorio del derecho humano de petición. I. TRÁMITE PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, por medio del Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, remitida el tres de octubre siguiente, por razón de turno, a este juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y el acto que se transcriben a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES "a) C.C. DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORESLOS. b) COMISIÓN DEL TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.". ACTO RECLAMADO "1. La omisión de dar respuesta a mi respetuosa petición por escrito presentada en fecha 23 de mayo de 2023, en la oficina de la oficialía de partes del Congreso del Estado de Morelos.". SEGUNDO. Admisión y audiencia constitucional. Por auto de cuatro de marzo de dos mil veintitrés, este juzgado de Distrito formó el expediente 1325/2023-II, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 1°, fracción V, 48 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclaman actos de naturaleza administrativa atribuidos a autoridades en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento a lo dispuesto por el precepto 74, fracción I de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en estrecha relación con el contenido del diverso numeral 76 de la propia Ley de Amparo, se precisa que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el acto efectivamente planteado como reclamado y las autoridades responsables son: Del Congreso del estado de Morelos y de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del propio Congreso, se reclama la omisión de proveer sobre el otorgamiento de una pensión por cesantía en edad avanzada, solicitada mediante escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mli veintitrés, ante el Congreso del estado de Morelos. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del estado de Morelos, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 749, con registro 1002815, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011, Quinta Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, materia común, página 830, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". El Congreso del estado de Morelos, por conducto del Presidente de la Mesa Directiva, al rendir su informe justificado expresamente negó el acto que la parte quejosa le reclamó; sin embargo dicha negativa debe desvirtuarse, pues enseguida de negar el acto expuso razones por las que consideró que la omisión reclamada no es inconstitucional, al precisar que se necesita agotar el procedimiento previsto en la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y la Constitución Política del Estado de Morelos, para efecto de establecer la procedencia o improcedencia de la pensión solicitada; de ahí que se tenga por cierto el acto reclamado. Sustenta lo aquí considerado la tesis aislada sin número, con registro 211004, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la octava época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe.". Además, de conformidad con los artículos 54, fracción VII, 56 y 57 Bis, todos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, corresponde a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del citado Congreso realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el otorgamiento de una pensión a, entre otros, los trabajadores al servicio del Estado; en tanto que al Congreso del estado de Morelos concierne aprobar el decreto respectivo una vez satisfechos los requisitos que establece la norma y los demás ordenamientos aplicables; de ahí que, se insista, la omisión de proveer sobre el otorgamiento de una pensión por cesantía en edad avanzada, solicitada mediante escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mli veintitrés, ante el Congreso del estado de Morelos; de ahí que se tenga por cierto el acto que se le reclamó. Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. "Artículo 54.- Los empleados públicos, en materia de seguridad social tendrán derecho a: . VII.- Pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada, por invalidez, por viudez, por orfandad y por ascendencia, en términos de las disposiciones legales aplicables; .". "Artículo 56.- Las prestaciones a que se refiere la fracción VII del Artículo 54 de esta Ley, se otorgarán mediante decreto que expida el Congreso del Estado una vez satisfechos los requisitos que establecen esta Ley y los demás ordenamientos aplicables. ... ". "Artículo 57 Bis.- La Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos y los Cabildos Municipales, en su caso, al momento de realizar el trámite de otorgamiento de una pensión a los trabajadores al servicio del Estado y de los Municipios de nuestro Estado, tienen la facultad de realizar la investigación correspondiente tendiente a comprobar fehacientemente los datos que acrediten la antigüedad necesaria para el goce de la misma.". CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de las cuestiones de fondo relativas a la constitucionalidad del acto que por esta vía se reclama, debe analizarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta lo aquí considerado la tesis II.1o. J/5, con registro 222780, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la octava época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Mayo de 1991, página 95, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Al no advertirse causa de improcedencia que deba ser examinada a petición de parte o de oficio, se impone realizar el estudio de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Previamente, se destaca que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para la resolución del presente asunto se citan, entre otras tesis, jurisprudencias integradas conforme a la legislación de amparo abrogada, al no oponerse a lo previsto en la ley de la materia vigente. Puntualizado lo anterior, se impone hacer el estudio de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, los cuales se tienen por reproducidos en sus términos en obvio de transcripciones innecesarias, habida cuenta que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo su transcripción resulta innecesaria. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia, Novena Época, de registro 164618, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010, Página 830, de rubro y contenido siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". De conformidad con la jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, pues es suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que la quejosa estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que deba estudiarse. Ahora bien, es importante señalar la jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, de registro 191384, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Página 38, de rubro y contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.". Se precisa que el estudio de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa se realizará de manera conjunta dada su estrecha relación y debido a que ello no es contrario al artículo 76 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia (IV Región) 2o. J/5 (10a.), con registro 2011406, del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, consultable en la Décima Época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 2018, que es del siguiente tenor literal: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso.". La parte quejosa aduce substancialmente en su concepto de violación que las autoridades responsables han sido omisas en dar contestación al escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mli veintitrés, por medio del cual solicitó se le otorgara pensión por cesantía en edad avanzada, omisión con la que afirma se viola su derecho humano de petición contenido en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tal argumento es fundado y suficiente para conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Una apreciación íntegra de las constancias procesales que conforman el juicio de amparo en estudio lleva a quien resuelve a considerar que en contra de la parte quejosa existe una violación al derecho fundamental previsto por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.". El precepto transcrito, establece cómo deberán realizarse las peticiones que los particulares dirijan a las autoridades, a saber: A) Por escrito. B) De forma pacífica. C) De manera respetuosa, lo que implica que el particular se debe dirigir a la autoridad con toda atención y miramiento. De igual forma, la disposición constitucional en comento señala que las autoridades a quienes se dirigen las peticiones deben: 1. Emitir un acuerdo por escrito. 2. Dar a conocer debidamente al peticionario, en breve tiempo, la respuesta. Del dispositivo de referencia se deduce que para que se dé lugar a la existencia del derecho de petición debe haber una relación de supra a subordinación, es decir, que la solicitud la haga un gobernado, por escrito, de manera pacífica, respetuosa y que la misma se eleve a un servidor público, en su calidad de autoridad, quien está obligada a emitir una respuesta a dicha petición, por escrito, hacerla del conocimiento del interesado en breve término, debiéndose entender como tal aquél en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia por contradicción P./J. 42/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en la página 126, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 189914, que dice: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular.". Así, sobre la observancia del derecho de petición las autoridades deben dar contestación sin mayores presupuestos o exigencias legales, ya que si la petición fue realizada de manera respetuosa, pacífica y por escrito, la autoridad a la cual fue dirigida queda obligada a dar contestación, en los términos señalados por el artículo 8 constitucional, de tal forma que la protección constitucional al derecho de petición se debe dar de manera directa y en breve término. En efecto, de conformidad con lo previsto por el artículo 8 constitucional y atento a la solicitud del gobernado, la autoridad debe emitir un acuerdo por escrito y en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, misma que tiene que ser congruente con lo pedido. Además, la autoridad responsable debe notificar el acuerdo o resolución recaído a la petición del gobernado en el domicilio que señaló para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 79, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 89, Tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, registro 1001604, que dice: "PETICIÓN, DERECHO DE. FORMALIDADES Y REQUISITOS. La garantía que otorga el artículo 8o. constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero sí impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario.". Así como, la tesis aislada XXI.1o.P.A.36 A, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 1897, Tomo XXII, agosto de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 162603, que establece: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo.". Con base en lo precisado, de las constancias de autos se advierte que la parte quejosa presentó el acuse de recibo del escrito de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, por medio del cual solicitó pensión por jubilación ante el Congreso del Estado de Morelos. Petición realizada por escrito, de manera pacífica, respetuosa, la cual fue dirigida y recibida por el Congreso del Estado de Morelos del cual forman parte la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del propio Congreso, lo que cumple con las formalidades establecidas en el artículo 8 constitucional. Ahora bien, de los informes justificados y de las constancias que obran en autos se advierte que las autoridades responsables no han dado respuesta a la solicitud de pensión por cesantía en edad avanzada, toda vez que el escrito fue turnado a la Comisión del Trabajo Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, autoridad que atendiendo a las facultades que le otorga el numeral 67, fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y el artículo 57 bis de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, se encuentra integrando e investigando la información necesaria para determinar la procedencia del otorgamiento de la pensión solicitada, a fin de poder emitir el dictamen correspondiente. La circunstancia de referencia hace evidente la denegación respecto a la petición de pensión por cesantía en edad avanzada, solicitada por la parte quejosa, pues a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés) han pasado cuatro meses y seis días en los que las responsables no han logrado concluir el procedimiento de investigación correspondiente. Además, resulta importante destacar que a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional las autoridades responsables no acreditaron haber dado contestación a la petición elevada por la parte aquí quejosa no obstante que contó con tiempo suficiente para hacerlo, omisión que indudablemente transgrede en perjuicio de la parte quejosa lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que el concepto de violación sea fundado. Cabe precisar que el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece el tiempo en que debe darse contestación al peticionario; sin embargo, la expresión usada por el constituyente "en breve término" a que se refiere el segundo párrafo del precepto en cita, debe entenderse como el que razonablemente se requiera para estudiar la petición, acordarla y notificarla, a menos de que exista regulación expresa que precise el plazo en que debe producirle la respuesta. Además, la expresión "breve término" a que se refiere el precepto constitucional invocado para que la autoridad emita respuesta a la solicitud presentada por el gobernado, si bien debe comprender el plazo relativo a las gestiones administrativas de rigor que en su caso se deban realizar, esto es, a los trámites y términos a que están sujetos los funcionarios a los que se les turnan, lo cierto es que aun así, el tiempo que ha transcurrido desde la presentación de su escrito (veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, en el que solicitó el otorgamiento de una pensión por cesantía en edad avanzada) a la fecha del dictado de esta sentencia, ha sido tiempo suficiente para que la autoridad señalada como responsable diera contestación a la solicitud que formuló la parte quejosa; es decir, para que emitiera la respuesta a lo pedido, lo que no ha llevado a cabo. Es aplicable al caso, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, Sexta Época, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 266302, que expresa: "PETICIÓN, DERECHO DE. Aunque la garantía constitucional de petición sea tal que no libre a los particulares de las exigencias de la legislación secundaria en cada caso, la verdad es que ocurre también que a pesar de ello las autoridades, conforme al artículo 8o. constitucional estén siempre obligadas a respetar el derecho de petición cuando el mismo se ejercite por escrito, de modo pacífico y respetuoso, y que por obra de esa garantía a toda petición del particular debe recaer acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido el escrito de solicitud, acuerdo que deberá ser congruente con lo pedido y debiendo la respectiva autoridad hacer conocer ese acuerdo en breve término al peticionario. Con la circunstancia de que si por demora suya, la responsable se viere obligada a dictar su acuerdo respectivo con mayor premura, ello no es obstáculo para que se cumpla con la repetida garantía.". También, resulta aplicable en la especie, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 127, Séptima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, registro 237232, que señala: "PETICIÓN, DERECHO DE. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD COMUNICAR AL INTERESADO, EN BREVE TÉRMINO, TANTO LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA COMO, EN SU CASO, LOS TRÁMITES RELATIVOS A SU PETICIÓN. Las garantías del artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide; impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo, también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Se viola la garantía que consagra el artículo 8o. constitucional cuando no se comunica por escrito algún acuerdo recaído a la solicitud; y la sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que se dio respuesta a la solicitud formulada por el gobernado, no es bastante para tenerla por cierta, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido la autoridad que se le formuló la solicitud por escrito, corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la resolución respectiva y de que se hizo del conocimiento del peticionario. Por último, el artículo 8o. constitucional se refiere, no sólo al derecho que los gobernados tienen para que se les haga conocer la resolución definitiva que pone fin a su petición, sino también a los trámites que se vayan cumpliendo en los casos en que la ley requiera la sustanciación de un procedimiento, imponiendo a las autoridades la obligación de hacer saber en breve término a los interesados todos y cada uno de los trámites relativos a sus peticiones.". En consecuencia, en el caso se impone conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicita. SEXTO. Publicación de la sentencia con supresión de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública protegiendo los datos considerados sensibles, confidenciales o reservados. SÉPTIMO. Efectos del amparo. En términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a continuación se determinaran con precisión los efectos del amparo, especificándose las medidas que las autoridades o particulares deben adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho humano que se consideró infringido. Se otorga el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por la quejosa para el efecto de que el Congreso del estado de Morelos, por conducto del Presidente de la Mesa Directiva y la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del propio Congreso, en forma inmediata: Emitan contestación al escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mli veintitrés, por el que la parte quejosa solicitó se dictaminara la procedencia del otorgamiento de la pensión por cesantía en edad avanzada y, de ser procedente, se elabore el decreto de pensión a su favor. Notifique, en términos de la ley que rija su actuar, su respuesta a la parte quejosa en el domicilio que señaló para tal efecto. En el entendido de que lo resuelto en esta sentencia no obliga a la autoridad responsable a resolver en un determinado sentido, ello en virtud de que el derecho fundamental consagrado en el artículo 8° constitucional tiende a asegurar la emisión de una respuesta que sea congruente, completa, rápida y sobre todo, fundada y motivada, no así a que necesariamente se resuelva en los términos solicitados por el peticionario. III. DECISIÓN Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, respecto de las autoridades y acto precisados en el considerando segundo, por las consideraciones y fundamentos vertidos en el quinto y para los efectos del último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Lo proveyó y firma, Nelson Loranca Ventura, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Mónica Barrios Reyes, Secretaria con quien actúa y da fe. Proyectó: Mónica Barrios Reyes.
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Cuernavaca, Morelos, a siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan los oficios de cuenta; atento a su contenido, téngase a las autoridades responsables Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, LV Legislatura y Presidenta de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, rindiendo su informe justificado, con el mismo y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. De igual forma, con apoyo en los numerales 9 y 26, fracción II, de la ley en cita, se tiene como sus delegados a las personas que menciona, y por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admite la prueba documental que adjunta, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese.
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Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por la Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, a través del cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de diez de octubre del año en curso, informa que mediante oficio número DOF/EVAL/10856/2023 la Directora del Departamento de Orientación Familiar, remitió a dicho Juzgado el dictamen en materia de Psicología correspondiente a Mónica Janet Oros Luengo y Harry Shipsey Corkill y el adolescente de iniciales T.S.O., dictamen ratificado mediante comparecencia de diecisiete de octubre del año en curso, por el psicólogo adscrito al Departamento de Orientación Familiar. En consecuencia, con fundamento en el numeral 192, de la Ley de Amparo, requiérase a la Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, para que dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del momento en que quede legalmente notificada de este auto, informe si ya proveyó respecto al dictamen ratificado por el psicólogo adscrito al Departamento de Orientación Familiar, y remita las constancias con las que acredite su dicho. Con el apercibimiento que, en caso de no hacerlo así, se le impondrá una multa equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización, esto en observancia a lo establecido por los diversos numerales 192 y 258 de la ley de la materia en vigor. Notifíquese.
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Cuernavaca, Morelos, a cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 1325/2023-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Admisión de demanda En atención a su contenido, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, respecto de la autoridad y acto siguiente: Del Congreso del Estado de Morelos y la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, la omisión de dar contestación al escrito de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, donde se solicitó la pensión por cesantía en edad avanzada. Del incidente de suspensión Atento a lo estatuido por el numeral 128 de la Ley de la Materia, aplicado a contrario sensu, no se ordena la apertura del incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Requerimiento de informe justificado De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la ley en comento, requiérase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, y con la debida anticipación, que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remitan copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado, apercibidas que de no rendirlo, o que lo hagan fuera del plazo concedido, se les impondrá en la sentencia respectiva, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse agravantes para apercibir con una multa mayor al monto que prevé el numeral citado. Se exhorta a las responsables para que remitan su informe justificado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico 8jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, escaneado de manera clara y legible, y con la evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma" del Servicio de Administración Tributaria, en términos del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". En el entendido de que, de presentarse promociones o recursos a través de esos medios, sin que cuenten con la firma electrónica de la persona servidora pública que los suscriba, podrán ser desechados, de conformidad con la jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.), del Pleno del Decimoséptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrá ser sancionada en términos del artículo 262 del cuerpo normativo en cita. De la audiencia constitucional Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Vista al Ministerio Público Federal Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Notificaciones vía electrónica y consulta de expediente electrónico. De conformidad con el artículo 35, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico a la parte quejosa, con base en el usuario "********************", toda vez que de una revisión realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se aprecia que dicho usuario sí se encuentra registrado y autorizado para realizar la consulta del expediente electrónico derivado del presente juicio de amparo. Por tanto, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el usuario relativo al nombre de la promovente, para lo cual se instruye a la Oficial Judicial "A", a fin de que proceda a realizar el trámite respectivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza la realización de las notificaciones vía electrónica a dicha parte procesal. Autorizados En otro orden de ideas, en atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que refiere y con facultades amplias a ********************, en razón de que acredita tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Asimismo se autorizan en términos restringidos a las personas que designa, en el escrito de cuenta. De las pruebas Conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales que anexa, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Medios de contacto Por otra parte, se tienen por señalados el correo electrónico y número telefónico que proporciona, como forma especial de contacto para entablar comunicaciones no procesales, el cual podrá ser utilizado por los actuarios de la adscripción para establecer contacto no procesal, en caso de que lo estimen necesario, siempre y cuando levanten razón de ello. Medios electrónicos Por otro lado, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con las tesis que más adelante se transcriben, se autoriza el uso de medios electrónicos, como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para imponerse de los autos; haciéndole de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis I.1o.A.23 K (10a.) y I.1o.A.22 K (10a.), emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Obligaciones de las partes Además, hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64, párrafo primero, de la citada ley, se encuentran obligadas a comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Transparencia y acceso a la información pública Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este Juzgado y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el presente expediente se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la ley de referencia; se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial. Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. De las notificaciones a las partes Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Se exhorta a las partes del presente asunto, para que promuevan la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio de línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se podrá brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos; por lo tanto, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil, y una cuenta de correo electrónico para establecer contacto en los casos que se estimen necesarios. Notifíquese.
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