Juan Torres Briones

Expediente 777/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
777/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
21/10/2020

Partes del expediente

  • Juan Torres Briones

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de octubre de dos mil veinte. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el promovente Juan Torres Briones, hubiese recurrido el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata. Queda firme En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, ni contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    CITATORIO. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 27, FRACCIÓN I, INCISO B)DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EL CUAL DICE: Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *********, por propio derecho, contra actos de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, consistente en el acuerdo de ************, dictado expediente ***************, por el cual se le concedió la suspensión provisional, y se le requiere para que garantice dicha medida cautelar mediante el depósito por la cantidad de $7,181.00 (siete mil ciento ochenta y un pesos 00/100 m.n.), bajo al apercibimiento que de no garantizar dicha suspensión, la misma dejará de surtir efectos. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 777/2020-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Desechamiento Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en razón a que en contra del acto reclamado procede recurso de reconsideración, por lo que la parte quejosa debía agotarlo en cumplimiento al principio de definitividad. Los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)". El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución, sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta a la parte quejosa de agotar los recursos ordinarios que procedan contra tal acto. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, son presupuestos distintos y autónomos que debe observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Por tanto, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. En ese tenor, respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo en aquellos casos en los cuales el particular promueve el juicio constitucional impugnando un acto emanado de dichos tribunales sin haber agotado previamente el recurso que proceda. Por tanto, el principio de definitividad respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo conlleva la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." La jurisprudencia citada es de observancia obligatoria para este Juzgador, en términos del artículo 217, primer párrafo, de la Ley de Amparo. En el caso, el acto combatido en la presente vía constitucional, consiste en el acuerdo de *************, dictado expediente *********, por el cual se le concedió la suspensión provisional, y se le requiere para que garantice dicha medida cautelar mediante el depósito por la cantidad de $7,181.00 (siete mil ciento ochenta y un pesos 00/100 m.n.), bajo al apercibimiento que de no garantizar dicha suspensión, la misma dejará de surtir efectos. Dicho acto, no tiene el carácter de definitivo para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, toda vez que en contra de éste procede el recurso de reconsideración previsto en los artículos 104, 105 y 115 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que a continuación se transcriben: "Artículo 104. El recurso de reconsideración procede en contra de las providencias o acuerdos que dicte la propia Sala". "Artículo 105. El recurso de reconsideración deberá interponerse por escrito dentro del término de tres días contados a partir de la fecha de notificación de la actuación impugnada, expresando los agravios que dicha actuación cause al recurrente". "Artículo 115. En contra de los autos que concedan o nieguen la suspensión, fijen fianzas o contrafianza, procederá el recurso de reconsideración en la forma y términos previstos por esta Ley". Dichos numerales establecen que el recurso de reconsideración procede en contra de los acuerdos que dicte la propia Sala, por lo que pueden ser revocados o modificados por el citado medio de impugnación. En el caso, el auto que reclama el quejoso se encuentra dentro de los supuestos previstos en los artículos 104, 105 y 115 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, al poder ser modificado el acuerdo emitido por la Sala responsable por el cual se concedió la suspensión provisional, y se le requirió para que garantice dicha medida cautelar mediante el depósito por la cantidad de $7,181.00 (siete mil ciento ochenta y un pesos 00/100 m.n.). Por tanto, es evidente que en contra del acto reclamado procedía el recurso de reconsideración, por lo que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues previo al juicio de amparo, la parte quejosa se encontraba obligada a agotar dicho medio de defensa (reconsideración), mediante el cual pudo ser revocado o nulificado el acto de autoridad en comento. En consecuencia, y como ha quedado acreditado en los párrafos que anteceden, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Marco Antonio Elizalde Guerrero, Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veinticinco de febrero de dos mil veinte, comunicado por oficio CCJ/ST/939/2020, asistido del Secretario Luis Daniel Domínguez López, quien autoriza. Doy fe.

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