Juan Torres Briones
Expediente 799/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 799/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Juan Torres Briones
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos; diez de noviembre de dos mil veinte. Firme auto. Visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que no fue recurrido el acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ******; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de esta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo expediente. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino expediente. Hágase del conocimiento de las partes, que este expediente en que se actúa se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto VIGÉSIMO PRIMERO, fracción II, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad, por lo que conforme con los puntos CUARTO y DÉCIMO de dicho acuerdo, procédase a la digitalización de la demanda y proveído que desechó la misma, así como de las constancias que se estimen necesarias, certificando dicha situación, hecho lo cual, transcurridos TRES AÑOS, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental, que sí consta documento original y que este expediente es susceptible de destrucción. Auto para disposición para consulta. En virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que desechó la demanda, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
PERSONAL. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: PERSONAL. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por ****, por proprio derecho, contra actos de la ****. No pasa inadvertido que en el proemio de la demanda se cita como nombre del promovente "***", y en el apartado relativo a nombre y domicilio del quejoso se precisó: "****", sin embargo, se estima que lo correcto es como se precisa en primer término, ya que bajo ese nombre se firmó la demanda de amparo. De ahí que no se realice prevención en ese sentido. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 799/2020 y fórmese expediente. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado; lo que es así porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 Constitucional no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte inequívocamente que el sobreseimiento será el resultado del fallo. Establecido lo anterior, se tiene que en el presente asunto se reclama el acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil veinte, dictado dentro del expediente administrativo ****, del índice de la ***, en el que se admitió la demanda que promovió el aquí quejoso; se le concedió la suspensión provisional para que la autoridad demandada no hiciera efectivo el crédito fiscal al demandante, y se le requirió para que dentro del término de cinco días depositara la cantidad de $*** ***pesos 00/100 M.N), correspondiente a la cantidad liquida del crédito fiscal número ***, y en caso de no garantizar dicha cantidad dejaría de surtir efectos la suspensión. Sin embargo, tal acto no es susceptible de combatirse en esta instancia constitucional, ya que previo a su impugnación en esta vía extraordinaria debe agotarse el recurso que contempla la ley secundaria en observancia al principio de definitividad que rige este procedimiento de amparo. Ello, conforme al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de la Amparo, que establece la improcedencia del juicio de amparo "contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". Lo anterior es así, ya que el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. En el caso, debe precisarse que contra el acuerdo reclamado, concede a las partes contendientes la oportunidad de hacer valer el recurso de reconsideración contra los acuerdos o providencias dictadas por las salas que integran el Tribunal de Justicia Administrativa, específicamente contra el acuerdo que concede la suspensión, fijen fianza -como el que se reclama en el particular caso- ya que en ese sentido, los artículos 104 y 115, de dicha legislación, disponen: "104. El recurso de reconsideración procede en contra de las providencias o acuerdos que dicte la propia Sala.". Artículo 115. En contra de los autos que concedan o nieguen la suspensión, fijen fianzas o contrafianza, procederá el recurso de reconsideración en la forma y términos previstos por esta Ley. Luego entonces, si la legislación que rige la tramitación del procedimiento de origen, contempla la existencia de un medio ordinario de defensa que puede y debe hacerse valer contra el acuerdo aquí reclamado, es incuestionable que el promovente de amparo, debió agotar el recurso de reconsideración mencionado, previo a la promoción de este juicio de amparo, pero al no hacerlo así, es inconcuso que cobra vigencia la hipótesis normativa contemplada en la fracción XVIII, del ordinal 61, de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio de amparo, contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Ello, sin que pase inadvertido que la parte quejosa pueda sufrir un detrimento en su patrimonio con motivo de la cantidad económica exigida en el acuerdo reclamado, pues aún bajo esa circunstancia no es procedente admitir a trámite la demandada de amparo de que se trata, dado que tal acontecimiento no exenta al promovente de hacer valer el recurso ordinario contemplado en la ley que rige la tramitación del acto, previo a la promoción del juicio constitucional. De modo que, el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis acabadas de mencionar, máxime que el quejoso no tiene la calidad de tercero extraño en el procedimiento ni aún por equiparación, por ser parte como autoridad demandada en el juicio de origen y, por ello, está obligado a agotar el recurso procedente, como en el caso del recurso ya mencionado. A lo anterior, se suma el hecho de que tampoco cobra vigencia la diversa excepción al principio de definitividad contemplada en la fracción XVIII, del numeral 61 de la legislación en consulta, en cuanto establece que el quejoso quedará en libertad de interponer el recurso procedente o acudir al juicio de amparo, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Esto último, porque el texto de los artículos antes invocados, esto es, los numerales 104 y 115, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, son claros al establecer expresamente la procedencia de la reconsideración contra las providencias o determinaciones emitidas por la Sala, por lo que no se requiere realizar una argumentación de forma adicional, para determinar racional y objetivamente la procedencia de dicho medio de reconsideración, así como tampoco resulta deficiente el fundamento legal para determinar que previo a la tramitación de este juicio de amparo, las partes inconformes deben agotar el aludido medio ordinario de defensa; de ahí que, sea indudable y manifiesta la actualización de la causal de improcedencia citada, conforme a la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al actualizarse de manera clara e indubitable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede en términos del numeral 63, fracción V, de la misma ley, es desechar la demanda de que se trata.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · 16,661 expedientes
- Juan Saucedo Cervantes1682/2017
- Juan Silva Melo1497/2017
- Juan Silva Zúñiga1658/2019
- Juan Terán Nava20/2022
- Juan Torres Briones790/2020
- Juan Torres Briones791/2020
- Juan Valente Bran Rivas633/2021
- Juan Valentin Garcia Bueno921/2018
- Juan Valladares Uriostegui1133/2022
- Juan Valladares Uriostegui350/2023
- Juan Valor Jimenez2897/2014
- Juan Vazquez Romero1959/2015