Juan Torres Briones
Expediente 790/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 790/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Juan Torres Briones
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos; treinta de julio de dos mil veintiuno. Firme auto. Visto el estado procesal de autos, de los que se advierte que no fue recurrido el acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, que se desechó la demanda de amparo promovida por Juan Torres Briones. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se desechó la demanda; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que desechó la demanda estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese
- Principal
PERSONAL. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Cuernavaca, Morelos; veinticinco de septiembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por ****, contra actos de la ****, con domicilio en esta ciudad. Anotaciones en el libro de gobierno. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 791/2020, y fórmese expediente. Ahora bien, por disposición de los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, transcritos a continuación, el juez de distrito debe examinar, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por consiguiente, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" El dispositivo legal antes transcrito establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlo, revocarlo o modificarlo, así como los casos de excepción a dicho principio. Así es, el principio de definitividad en materia de amparo estudiado por la doctrina, recogido en la legislación y perfeccionado por la jurisprudencia, consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo. Así, encontramos que respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo dicho principio se encuentra contenido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio constitucional en aquellos casos en los cuales el particular promueve el mismo, impugnando un acto emanado de dichos tribunales, sin haber agotado previamente el recurso que proceda. Resulta aplicable en lo conducente el lineamiento jurisprudencial I.6º.C.J/37, de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL..". De la lectura de la fracción transcrita, así como del criterio jurisprudencial citado, se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia los siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto legal. De lo anterior se colige que, el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. Ahora bien, es de precisarse que el quejoso reclama el auto de veintiséis de agosto de dos mil veinte, dictado en el expediente *** del índice de la ***, en el que al resolver sobre la suspensión provisional del acto allá reclamado, le requirió para que exhibiera una garantía de $**** (*** pesos 00/100 M. N.). Expuesto lo anterior, se está en posibilidad de indicar que, el precisado acto reclamado no tiene el carácter de definitivo para su procedencia, toda vez que en su contra debió interponerse el recurso de reconsideración previsto en el artículo 115 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que establece: "Artículo 115. En contra de los autos que concedan o nieguen la suspensión, fijen fianzas o contrafianza, procederá el recurso de reconsideración en la forma y términos previstos por esta Ley." De ahí que, la instancia constitucional sea improcedente, en virtud de que el quejoso no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, sobre todo porque con dicho recurso de reconsideración podría tener como efecto, el nulificar o modificar el acuerdo de que se duele. Lo anterior es así, ya que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener lo solicitado, se esté en posibilidad de acudir al medio extraordinario de impugnación que es el juicio de amparo. Aunado a lo anterior, no se está en el caso de excepción que prevé el numeral indicado relativo a que la persona que promueva el juicio de amparo sea extraña al procedimiento, pues la parte aquí quejosa es parte en la controversia de origen. Tampoco el acto reclamado importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni implica la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución, no decide un incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier acto que afecte la libertad personal; ya que como se precisó, la parte impetrante se duele del auto por el que se negó la suspensión solicitada. Tampoco está en el supuesto del último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que no es optativo para la parte quejosa interponer el recurso correspondiente o acudir al juicio de amparo, pues la procedencia del recurso de reconsideración a que se ha hecho referencia no se encuentra sujeta a alguna interpretación, pues el numeral que lo regula, es claro al establecer que contra el auto que conceda o niegue la suspensión y fije fianza, procederá el recurso de reconsideración. En ese contexto, es concluyente que se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII, dado que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, por lo tanto, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE QUE SE TRATA.
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