Juan Sustaita Méndez

Expediente 1051/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1051/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
07/11/2022

Partes del expediente

  • Juan Sustaita Méndez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, lo cual causó ejecutoria en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Consecuentemente, toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión, archívense los cuadernos incidentales por separado; con la indicación de que el duplicado respectivo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir del dictado del presente proveído; ello, al contar con su original y no existir documentos originales en tal cuaderno, lo que deberá hacerse constar en la carátula respectiva. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto en el diverso numeral 18 del Acuerdo en cita, toda vez que en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada, el cuaderno original es susceptible de depuración; hágase constar dicha circunstancia en la carátula del expediente, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. Por tanto, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, transcurrido el cual, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia, sin que en éste obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Asimismo, en razón de que obran documentos que por sus características deben ser devueltos a su oferente, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 21 del precitado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca a recogerlos, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no recoger dichos documentos, podrán ser destruidos junto con el expediente. Glósese copia de este proveído en los cuadernos incidentales que derivan del presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, siete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que aquélla, en la que se sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, lo cual causó ejecutoria en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Consecuentemente, toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión, archívense los cuadernos incidentales por separado; con la indicación de que el duplicado respectivo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir del dictado del presente proveído; ello, al contar con su original y no existir documentos originales en tal cuaderno, lo que deberá hacerse constar en la carátula respectiva. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto en el diverso numeral 18 del Acuerdo en cita, toda vez que en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada, el cuaderno original es susceptible de depuración; hágase constar dicha circunstancia en la carátula del expediente, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. Por tanto, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, transcurrido el cual, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia, sin que en éste obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Asimismo, en razón de que obran documentos que por sus características deben ser devueltos a su oferente, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 21 del precitado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca a recogerlos, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no recoger dichos documentos, podrán ser destruidos junto con el expediente. Glósese copia de este proveído en los cuadernos incidentales que derivan del presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de octubre de dos mil veintidós V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1051/2022-IV, promovido por ********************. R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito en el Estado, el diez de agosto de dos mil veintidós, el cual por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, ******************** demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Fiscal Adscrito a la Unidad Especializada en Robo de Vehículos, Director General de Métodos de Investigación, y Policías de Métodos de Investigación, Grupo Denominado "Murano" ACTOS RECLAMADOS La detención del vehículo que refiere ser de su propiedad ********************. SEGUNDO. Previa aclaración cumplida, por auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós se admitió la demanda en sus términos, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le compete y se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 1°, 103, fracción I y 107, fracción XII, de la Constitución General de la República, 1º, 33, 35, 37 de la Ley de Amparo; 49 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, toda vez que se reclaman actos cuya ejecución material tendría lugar en la circunscripción territorial en la que esta juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, toda vez que así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. TERCERO. No obstante la certeza del acto reclamado, previamente al estudio del fondo del asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se analiza la improcedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 814, que emite el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, del Tomo VI relativo a Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Ahora bien, la suscrita considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5°, fracción I, de ese ordenamiento legal, que en lo conducente disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.) Por principio, es menester hacer un estudio de la citada norma en relación con los actos reclamados en esta vía constitucional, de lo cual se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que, de conformidad con lo que establece la fracción I, del artículo 107, de la Constitución General de la República, refleja el principio: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada". Se afirma lo anterior, porque en el numeral 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, se consagran dos de los principios fundamentales que rigen la materia, consistentes en: instancia de parte agraviada y agravio personal y directo. Conforme al primero de los mencionados, el juicio de amparo nunca puede operar oficiosamente y para su nacimiento es necesario el ejercicio de la acción constitucional del gobernado mediante la cual ataque el acto de autoridad que considere lesivo a sus derechos. De acuerdo con el segundo de los principios, consistente en el agravio personal y directo, se hace referencia a la existencia de un menoscabo u ofensa que recae y se concreta en una persona física o moral determinada y que, sin ser necesariamente patrimonial, sea apreciable objetivamente y consista en un afectación real, no subjetiva, cuya realización sea pasada, presente o inminente, no simplemente eventual, aleatoria o hipotética. Sin embargo, es preciso acotar que no todo agravio u ofensa producida a un gobernado por una autoridad es susceptible de generar la procedencia del juicio de amparo. Para que proceda la acción constitucional, la noción de perjuicio presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de la transgresión. Por otra parte, el agravio es personal porque debe recaer precisamente en la esfera jurídica del quejoso, por lo tanto, todos aquellos daños o perjuicios producidos por una autoridad, que no afecten a una persona concretamente especificada, no pueden reputarse como agravios para efectos del amparo. Además, el agravio debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada o inminentemente futura, lo que se justifica porque el amparo tiene como finalidad la restitución al quejoso en el goce de la garantía violada, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, de lo contrario, se generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no respecto de actos concretos. Ahora bien, una vez analizadas las constancias que integran el presente juicio de amparo, así como el escrito inicial de demanda y aclaratorio, conviene citar los antecedentes relevantes del acto reclamados, que consisten en: El quejoso señala que el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, adquirió un vehículo ********************, por la cantidad de $155,000.00 (ciento cincuenta mil pesos m.n.) que era propiedad de ********************, motivo por el cual éste le firmó una carta responsiva. Que acudió a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, con la intención de dar de alta el vehículo descrito con anterioridad, así como la correspondiente tramitación de las placas a su nombre, sin que le arrojara una alerta de reporte de robo, por lo que realizó el pago de placas e impuestos correspondientes. En otro aspecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que: I. El cinco de julio de dos mil veintidós a las veintidós horas con treinta minutos, el agente de la Policía de Investigación de esta ciudad, se encontraba en las instalaciones de los estacionamientos de la Feria Nacional Potosina (FENAPO) apoyado de la unidad móvil lectora de chips del Registro Público Vehicular (REPUVE) a efecto de realizar sus funciones como lo es la investigación y localización de vehículos robados y/o manipulados en sus números de identificación vehicular. II. La unidad lectora detectó sobre el ********************, una unidad de la marca ********************, el cual contaba con reporte de robo vigente, con serie de chip ********************, por lo que al realizar la inspección correspondiente, se cercioro de que el citado vehículo contaba con el número de serie ******************** en el tablero, a lo que el mencionado agente solicitó vía frecuencia al C-4 información del aludido número de serie, siendo el radio operador quien le informó que el automotor en cuestión contaba con reporte de robo vigente de fecha veintiséis de abril de dos mil diecisiete en el Estado de Jalisco, con número de registro ********************. III. Razón por la cual, se solicitó traslado vía grúa para el aseguramiento del vehículo, trasladándolo a los patios de "********************" bajo el número de inventario ********************. Este es el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Luego, dada la naturaleza del acto reclamado, el quejoso tenía la obligación de demostrar su interés jurídico, debido a que la detención del bien que refiere en su demanda, proviene de una autoridad administrativa, además de que el quejoso aduce que el bien es de su propiedad, al haberlo adquirido mediante una compraventa. Pues bien, como se dijo, del análisis que realiza la suscrita juzgadora, se estima que en el caso, se actualiza la hipótesis prevista fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5°, fracción I, de ese ordenamiento legal, en virtud de que los documentos con los que pretende acreditar su interés jurídico la parte quejosa, por sí mismos, son insuficientes para tal fin. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis Jurisprudencial número 293, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 242, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE.- En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Además, es aplicable al caso la tesis Jurisprudencial número 853, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a fojas 581, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, del rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." Asimismo, la Jurisprudencia número 854, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 582, Tomo VI, Parte TCC, Materia Común, del Apéndice de 1995, al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es del siguiente tenor literal: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona.". En consecuencia, se estima que para efectos del presente juicio, la parte quejosa no aportó medio probatorio apto y suficiente para acreditar fehacientemente su interés jurídico, mismo que debe ser debidamente demostrado con documentos que acrediten bienes jurídicos reales y objetivos, pues no puede inferirse sólo en base a presunciones, y si en el caso, el promovente en su demanda afirmó ser propietario del vehículo que defiende, tenía la carga probatoria de demostrar esa circunstancia, lo cual no aconteció. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Salas del Alto Tribunal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 82, Octubre de 1994, página 17, registro 206338, que ordena: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, debe sobreseerse de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 1º, 73, 74, 75, y 76 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que mediante proveído de veintiuno de septiembre del presente año, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Agente Fiscal adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación de Robo de Vehículos, por lo que se encuentra transcurriendo el término que concede el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan de su contenido; en consecuencia, para no dejarlas en estado de indefensión, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

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