Juan Suarez Torres
Expediente 127/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 20 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 127/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 31/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juan Suarez Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, particularmente la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la resolución de tres de mayo del año en curso, en la que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado dicho proveído; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que el tres de los presentes mes y año, se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, mismo que causó estado con esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Consecuentemente, toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión, archívense los cuadernos incidentales por separado; con la indicación de que el duplicado respectivo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir del dictado del presente proveído; ello, al contar con su original y no existir documentos originales en tal cuaderno, lo que deberá hacerse constar en la carátula respectiva. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto en el diverso numeral 18 del Acuerdo en cita, toda vez que en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada, el cuaderno original es susceptible de depuración; hágase constar dicha circunstancia en la carátula del expediente, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. Por tanto, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, transcurrido el cual, dentro del término de noventa días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia, sin que en éste obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Glósese copia de este proveído en los cuadernos incidentales que derivan del presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar. En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvanse a la responsable, las constancias que exhibió en este asunto. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de mayo de dos mil veintidós. Téngase recibido y agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, remitido por el Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento constituido en la Sede de la Primera Región Judicial del Estado, por el cual desahoga el requerimiento que le fue elevado mediante proveído de veintidós de abril del año en curso. De conformidad con el numeral 64 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, guárdese por separado el disco compacto que acompaña el oficiante y póngase a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría del Juzgado. Por otra parte, visto el estado procesal que guarda el juicio de mérito, se desprende que la parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la determinación de treinta y uno de enero de la presente anualidad, dictada por el Tribunal Unitario de Juicio Oral dentro de la causa penal de origen, en la se ordenó aplazar la audiencia de debate a desahogar en el proceso de origen, señalándose como nueva fecha para su verificativo el once de abril de dos mil veintidós. Ahora bien, atento a lo manifestado por el Tribunal responsable, en el oficio de cuenta, por el que informa que se ha desahogado de manera completa la audiencia de debate, así como que se dictó el fallo correspondiente dentro de la causa penal de origen; acompañando para tal efecto, un disco compacto que contiene los registros de las audiencias respectivas, por video y audio; documental y videograbaciones a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, según lo reseñado por los ordinales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2° de esta última legislación en cita, al tratarse de actuaciones autentificadas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones y de discos certificados por autoridad legalmente competente, que contienen la videograbaciones respecto de actuaciones realizadas por una autoridad pública igualmente, en ejercicio de sus funciones. En ese sentido, debe recordarse el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a considerar a dichas grabaciones como una prueba de naturaleza documental para los efectos del juicio de amparo. Bajo esa tesitura, esta instancia constitucional se advierte la actualización de la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Así, si en el caso, el Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento constituido en la Sede de la Primera Región Judicial del Estado, manifestó que se desahogó la audiencia de debate y se dictó fallo dentro de la causa penal de origen; por tanto, es inconcuso que con ello se constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues los actos en estudio ya fue subsanado por la citada autoridad responsable, de tal suerte que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos humanos, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO, UN AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acuerdo: San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de mayo de dos mil veintidós. Téngase recibido y agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, remitido por el Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento constituido en la Sede de la Primera Región Judicial del Estado, por el cual desahoga el requerimiento que le fue elevado mediante proveído de veintidós de abril del año en curso. De conformidad con el numeral 64 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, guárdese por separado el disco compacto que acompaña el oficiante y póngase a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría del Juzgado. Por otra parte, visto el estado procesal que guarda el juicio de mérito, se desprende que la parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la determinación de treinta y uno de enero de la presente anualidad, dictada por el Tribunal Unitario de Juicio Oral dentro de la causa penal de origen, en la se ordenó aplazar la audiencia de debate a desahogar en el proceso de origen, señalándose como nueva fecha para su verificativo el once de abril de dos mil veintidós. Ahora bien, atento a lo manifestado por el Tribunal responsable, en el oficio de cuenta, por el que informa que se ha desahogado de manera completa la audiencia de debate, así como que se dictó el fallo correspondiente dentro de la causa penal de origen; acompañando para tal efecto, un disco compacto que contiene los registros de las audiencias respectivas, por video y audio; documental y videograbaciones a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, según lo reseñado por los ordinales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2° de esta última legislación en cita, al tratarse de actuaciones autentificadas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones y de discos certificados por autoridad legalmente competente, que contienen la videograbaciones respecto de actuaciones realizadas por una autoridad pública igualmente, en ejercicio de sus funciones. En ese sentido, debe recordarse el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a considerar a dichas grabaciones como una prueba de naturaleza documental para los efectos del juicio de amparo. Bajo esa tesitura, esta instancia constitucional se advierte la actualización de la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Así, si en el caso, el Juez del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento constituido en la Sede de la Primera Región Judicial del Estado, manifestó que se desahogó la audiencia de debate y se dictó fallo dentro de la causa penal de origen; por tanto, es inconcuso que con ello se constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues los actos en estudio ya fue subsanado por la citada autoridad responsable, de tal suerte que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos humanos, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se desprende que mediante proveído de veintidós de los presentes mes y año, se requirió a la autoridad señalada como responsable a fin de que dentro del término de tres días informe a este Juzgado si concluyeron las audiencias correspondientes dentro de la causa penal de origen; y, en ese sentido, de la constancia de notificación del oficio por el que se le solicitó se aprecia que se encuentra transcurriendo el término para desahogar el mismo. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
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