Juan Silva Esquivel
Expediente 765/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 765/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 21/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Juan Silva Esquivel
- Congreso del Estado de Chihuahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años. Atento a la resolución que puso fin al presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21 inciso a), y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el mismo es destruible. Como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 21, del Acuerdo General en cita, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. Finalmente, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada Incidente de Suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. En atención a lo ordenado en auto de esta fecha en el juicio del que deriva el presente cuaderno el original del incidente de suspensión, al haberse negado la definitiva, es susceptible de destrucción, dentro del término de tres años, acorde a lo contemplado en el artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General, en vinculación con los lineamientos contenidos en el apartado 7.5 y 8.1.2, punto 3 del Manual para la Organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Así, conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del expediente, la anotación de la fecha de archivo y que este asunto carece de relevancia documental, como también que es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Como esta ordenado en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno duplicado de suspensión, y acorde a lo dispuesto en los artículos 12, 14, y 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el presente expediente es destruible; por lo que, archívese como asunto totalmente concluido por el término de seis meses, concluido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el segundo párrafo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luvano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
I N T E R L O C U T O R I A: Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 765/2022-VI, promovido por Juan Silva Esquivel, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua, residente en Chihuahua, Capital, y otra autoridad, por lo que, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito recibido en este juzgado el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, la parte quejosa Juan Silva Esquivel, promovió demanda de amparo en contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua con sede en Chihuahua capital, a quienes reclamó los actos señalados en su demanda de amparo, que a continuación se señalan: "d. Acto de Autoridad: DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. la expedición del decreto LXVII/RFLEY/0286/2022 III P.E. publicado en el periódico oficial del estado el 16 de julio del año en curso mediante el cual se reforma la Ley de Transporte del Estado. DE LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. La publicación de la referida reforma a la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua" (SIC) SEGUNDO. Mediante proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se negó la suspensión provisional de los actos reclamados, solicitándose a las responsables sus respectivos informes previos y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, misma que inició en los términos de la actuación precedente; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Las autoridades responsables, Congreso del Estado de Chihuahua y Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua con sede en Chihuahua capital, al rendir sus informes previos, convienen en la existencia de los actos que se le reclaman, lo cual es suficiente para tenerlos por acreditados. SEGUNDO. Así, la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados de las autoridades responsables, precisados en el capítulo correspondiente de la demanda de amparo; de esa forma se advierte que el decreto LXVII/RFLEY/0286/2022 III P.E., por virtud del cual se reforma diversos artículos de la Ley de Transporte, que fuera publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el dieciséis de julio de dos mil veintidós y en particular los artículos 74 y 151, en atención a que el segundo precepto establece que los vehículos que sean utilizados para el servicio de trasporte especializado deberán sujetarse a una antigüedad que no exceda de diez años. Por tanto, respecto a dichos actos reclamados, se niega la suspensión definitiva que se solicita, al tratarse de actos consumados, debiendo decirse, además, que la concesión de tal medida suspensional en juicios de amparo contra leyes, es improcedente porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes y no éstas en sí. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 1090, que aparece publicada en la página 156, del tomo VI relativo a la Materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año de mil novecientos noventa y cinco, con el siguiente rubro y texto: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." Así como el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la tesis número VI.2o.C. J/174, que aparece en la página 775, del Tomo X, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, y que es del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión." Lo mismo debe decirse, respecto a los efectos y consecuencias del decreto reclamado, como es lo referente a variar las condiciones con las que dice fueron otorgadas, restringiendo los derechos de los concesionarios y causándoles un daño patrimonial que no deben resentir, pues su relación jurídica con el Estado se debe terminar y concluir bajo el régimen de concesión, modalidades, obligaciones y derechos previstos en la norma bajo la cual fueron otorgadas, pues de lo contrario se está soslayando el carácter patrimonial de las concesiones de transporte, que es un oficio o empresa privada, que presta un servicio público y que al variarle las condiciones se le está privando y confiscando ese derecho patrimonial, a ello debe decirse que los cambios de modelo de unidades, que exige para prestar el servicio de transporte en sus diferentes modalidades, con las unidades con las que actualmente trabaja, y seguir prestando los servicios en los mismos términos y condiciones como lo venía prestando, respecto a ello, también debe negarse la suspensión definitiva solicitada, conforme al artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que de suspenderse por tales actos, se causaría perjuicio al interés social, pues la sociedad está interesada en que la prestación del servicio público de transporte se realice en condiciones de seguridad y ocasionando el menor impacto ambiental. Al respecto, es ilustrativa la Jurisprudencia 2a./J. 166/2004, de la Novena Época, Registro 179727, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XX, Diciembre de 2004, Materia Administrativa, consultable en la página 545, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual aparece bajo los siguientes rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. DEBE NEGARSE CUANDO EL CONCESIONARIO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE LA SOLICITE CONTRA LA DETENCIÓN DEL VEHÍCULO QUE UTILIZA PARA SU PRESTACIÓN, POR NO CUMPLIR LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIBLES (ARTÍCULO 70 DE LA LEY DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA). El mencionado precepto establece que los vehículos que se utilicen para la prestación del servicio público de transporte en rutas urbanas no deben exceder de diez años de antigüedad, con lo cual se persigue proteger el interés colectivo y tutelar el orden público, ya que además de buscar la seguridad de los pasajeros y la disminución de accidentes, tiende a reducir el impacto ambiental. Ahora bien, si la protección al medio ambiente y la preservación del equilibrio ecológico son de interés social y utilidad pública, conforme a los artículos 1o., 2o., 3o., fracción XIX, 4o. y 7o., fracciones II, III y VII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que están obligadas a cumplir, entre otras, las autoridades estatales, es indudable que si los concesionarios reclaman la detención de vehículos destinados al transporte público que no reúnan los requisitos legales previstos, debe negarse la suspensión del acto reclamado conforme al artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que de lo contrario se causaría perjuicio al interés social, pues la sociedad está interesada en que la prestación del servicio público de transporte se realice en condiciones de seguridad y ocasionando el menor impacto ambiental." Asimismo, es oportuno citar el contenido de la Jurisprudencia XVII.2o.P.A. J/1 A (11a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, localizada con el registro digital 2023383, Libro 3, Julio de 2021, Tomo II, página 2277, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; que es del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ENTRE OTRAS, LAS RELATIVAS A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE CARGA O DE TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE PASAJEROS, ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA SU APLICACIÓN. Las disposiciones de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial local el 21 de marzo de 2020, en cuanto sujetan la continuación de la operación, entre otras, de las concesiones para prestar los servicios de autotransporte federal de carga o de transporte colectivo urbano de pasajeros, al cumplimiento de los requisitos y las condiciones de organización y funcionamiento previstas en dicho ordenamiento y otorgan para ello un plazo que no exceda de doce meses, contados a partir de su entrada en vigor -al día siguiente de su publicación oficial-, conforme al artículo quinto transitorio del decreto correspondiente, son de orden público e interés social, pues tienen como finalidad establecer las bases, normas y principios para regular la operación, planeación, programación, proyección, implementación, gestión, control y vigilancia de la prestación de los servicios de transporte de personas, así como el uso, aprovechamiento y explotación de las vías de comunicación e infraestructura de la entidad federativa, además de prestar un servicio confiable, eficiente, cómodo y seguro que permita movilizar a sus usuarios con altos estándares de calidad, acceso y cobertura en el área urbana o conurbana correspondiente. Por tanto, es improcedente conceder la suspensión provisional contra su aplicación, al no satisfacerse el requisito contenido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que de la ponderación entre el derecho que tienen los particulares a quienes se les otorgó una concesión para prestar dicho servicio y el interés social inmerso en las disposiciones que lo limitan o restringen, en términos del artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que debe privilegiarse, por encima del interés particular, el bien común, derivado de la regulación y mejoramiento en la prestación de los servicios públicos." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 139, 140, 141 y 142 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. De conformidad con lo dispuesto en el considerando segundo de la presente interlocutoria, se niega a Juan Silva Esquivel, la suspensión definitiva, NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante su Secretaria de Juzgado, licenciada Veronica Uranga Luviano, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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