Juan Sandoval Mendoza

Expediente 771/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
771/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
29/09/2023

Partes del expediente

  • Juan Sandoval Mendoza
  • Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio y anexos con los que da cuenta la Secretaría, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. En atención a su contenido, se tiene a la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, con sede en Saltillo, devolviendo sin diligenciar el exhorto 174/2023-V, orden 300/2023, por las razones que se advierten en el mismo; háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, de la comunicación de cuenta se advierte la imposibilidad que se tuvo para dar cumplimiento a la misma, esto es, que el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, en razón actuarial de treinta y uno de agosto del dos mil veintitrés, asentó lo siguiente: "la imposibilidad de notificar dicho auto, asícomo lo ahí ordenado a la persona privada de su libertad Juan Sandoval Mendoza, esto, pues al constituirme en el Centro Federal de Readaptación Social número 18 "CPS Coahuila", previamente cerciorado de encontrarme en el lugar correcto, soy atendido por quien bajo protesta de decir verdad manifestó llamarse Elida Olazarán, y ser Abogada Penitenciaria en el referido Centro, con quien me identifico y le hago saber el motivo de mi visita, quien después de una búsqueda en sus registros me informa que no cuentan con registro de ingreso o egreso de la persona buscada a ese centro federal, se asienta razón para los efectos legales conducentes, con lo que doy cuenta a mi superior. DOY FE." Empero, dado que el quejoso Juan Sandoval Mendoza, en la demanda de amparo, señaló para oír y recibir notificaciones, las instalaciones del Centro Penitenciario Federal 18 "CPS", Coahuila, ubicado en Antigua Carretera a Paredón, Km 16, Localidad Ex Hacienda de Mesillas, Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, Código Postal 25901, específicamente en el ÁREA ADMINISTRATIVA; en tal virtud, con la finalidad de que el quejoso Juan Sandoval Mendoza, quede debidamente notificado del proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 298 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordena girar nuevamente atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en la Ciudad de Saltillo, en turno, a fin de que en auxilio a las labores de este órgano judicial, comisione al Actuario de su adscripción, a efecto de que notifique al citado quejoso, en las instalaciones del Centro Penitenciario Federal 18 "CPS", Coahuila, ubicado en Antigua Carretera a Paredón, Km 16, Localidad Ex Hacienda de Mesillas, Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, Código Postal 25901, específicamente, en el ÁREA ADMINISTRATIVA DE DICHO CENTRO PENITENCIARIO, el acuerdo antes indicado, aclarando que el quejoso de referencia no se trata de un interno, por lo que, anéxese a la comunicación oficial que se libre copia del citado acuerdo; asimismo, se solicita lo requiera, para que en el acto de la notificación, o en el término de tres días, computado legalmente, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndole que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publique en los estrados de este juzgado. Notifíquese por exhorto al quejoso. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, once de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio y anexos con los que da cuenta la Secretaría, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. En atención a su contenido, se tiene a la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, devolviendo sin diligenciar el exhorto 161/2023, orden 276/2023, y en el cual se advierte que el Actuario Judicial adscrito a dicho Juzgado, asentó en la razón actuarial de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, que no fue posible notificar a la parte quejosa ********************, por los motivos asentados en dicha razón. Empero, dado que de autos se aprecia que el quejoso ********************, en la demanda de amparo, señalado para oír y recibir notificaciones, las instalaciones del ********************, ******************** en tal virtud, con la finalidad de que el quejoso ********************, quede debidamente notificado del proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 298 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordena girar atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en la Ciudad de Saltillo, en turno, a fin de que en auxilio a las labores de este órgano judicial, comisione al Actuario de su adscripción, a efecto de que notifique al citado quejoso, en las instalaciones del ********************, ********************, el acuerdo antes indicado, por lo que, anéxese a la comunicación oficial que se libre copia del mismo, asimismo, lo requiera, para que en el acto de la notificación, o en el término de tres días, computado legalmente, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndole que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publique en los estrados de este juzgado. Notifíquese por exhorto al quejoso. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio ********************, signado por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la Ciudad de Chihuahua, Capital, y anexos que acompaña (los autos del juicio de amparo ********************); fórmense expediente físico y electrónico respectivamente, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el orden 771/2023-V-B. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 33, fracción IV, 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en atención a lo determinado en proveído de ocho de agosto del dos mil veintitrés, emitido en los autos del juicio de amparo ********************, se acepta la competencia planteada en sus términos. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, del acuerdo en cita, se advierte que dicho Juzgado, declaró carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra el acto reclamado, consistente en el auto de veintinueve de mayo del dos mil veintitrés, emitido en los autos de la causa penal ********************, por la autoridad responsable, Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en esta Ciudad Juárez, mediante el cual se le informó al quejoso la multa que se le impuso en la citada causa penal, y que dicho auto versa de la siguiente manera: ".requiere se remita la información fiscal del Director del Centro Federal de Readaptación Social número 5 "Oriente, con sede en Aldama, Veracruz, a fin de estar en aptitud de efectuar la multa impuesta por el Juez de Distrito en Funciones de Juez de Control adscrito a este Centro de Justicia, el nueve de mayo pasado." (sic).". Ahora bien, a efecto de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el normativo 113 de la Ley de Amparo estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, se reitera, que la parte promovente en su demanda de amparo señala como acto reclamado a la autoridad responsable, el el auto de veintinueve de mayo del dos mil veintitrés, emitido en los autos de la causa penal ********************, por la autoridad responsable, Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en esta Ciudad Juárez, mediante el cual se le informó al quejoso la multa que se le impuso en la citada causa penal, y que dicho auto versa de la siguiente manera: ".requiere se remita la información fiscal del Director del Centro Federal de Readaptación Social número 5 "Oriente, con sede en Aldama, Veracruz, a fin de estar en aptitud de efectuar la multa impuesta por el Juez de Distrito en Funciones de Juez de Control adscrito a este Centro de Justicia, el nueve de mayo pasado." Asimismo, cabe destacar que, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, refiere que el acto reclamado le fue notificado el veintinueve de mayo del dos mil veintitrés. En esa virtud, este órgano jurisdiccional, estima que respecto a los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia que disponen los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 18, así como 113 de la Ley de la Materia, por lo que, debe desecharse el libelo de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. Para demostrar la causa de improcedencia que se propone, se procede a exponer los siguientes razonamientos, así como a realizar la transcripción de los artículos señalados que considera resultan aplicables al caso concreto. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ahora bien, de conformidad con la última disposición legal transcrita el término para promover el juicio de amparo es de quince días, el cual se contará: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o la resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que el peticionario del amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución, y c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los actos reclamados. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera de ellas es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 18 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; por ende, las mismas no requieren indispensablemente un acto de notificación, sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se desprenden de ese artículo 18 de la ley de la materia, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis, no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino que el juzgador debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso, máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Establecido lo anterior, se reitera, se estima que es procedente desechar la demanda de amparo, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la Ley de la Materia, los cuales indican la presunción del consentimiento de los actos reclamados por la parte quejosa, al omitir instaurar la acción constitucional dentro del plazo previsto para tal efecto en la Ley de Amparo, contado a partir del día siguiente en que surtió efectos la notificación a la parte quejosa de los actos reclamados, esto es, el veintinueve de mayo del dos mil veintitrés. Lo anterior es así, pues la causa de improcedencia contenida en el precepto invocado en primer término, descansa en el principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo, aquéllos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, al no haberse reclamado en esa vía dentro de los plazos que la propia ley señala. En efecto, los artículos 17, 18, 61, fracción XIV y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, se establecen las bases para regular la procedencia del juicio de amparo contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Así, conforme a los tres primeros preceptos destacados en el párrafo anterior, los actos que pretende impugnar la parte quejosa, debieron ser combatidos dentro de los quince días siguientes al en que haya sido notificada de los mismos, o haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En ese contexto, el término de quince días para promover el juicio de amparo respecto de los actos materia de reclamo en la demanda de amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o la resolución que reclame -veintinueve de mayo del dos mil veintitrés-, por lo que, el término para la presentación de la demanda transcurrió del treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés al veinte de junio del año en curso, sin contar los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de junio del año que transcurre, por tratarse de días inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Mientras que la demanda de cuenta fue recibida en la oficina de Correos de México, el veintisiete de julio del dos mil veintitrés (dato que se desprende de la documental atingente a la guía de MEXPOST, número EJ010435112MX, que obra anexa a los autos), y en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, el dos de agosto del año en curso; por lo que, se comprueba que la demanda de amparo fue presentada extemporáneamente. En mérito de lo expuesto, es corolario que la parte quejosa, para efectos del presente juicio de amparo, consintió de manera tácita los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Junio de 1993, Octava Época, página 235, que dispone: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que, se desecha la demanda de amparo en análisis, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Es aplicable al presente asunto, por identidad de razón, la tesis I.13o.A.4 K del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito, publicada en la página 1318, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio , ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, y 113, todos de la Ley de Amparo, así como los razonamientos antes esgrimidos, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que, se reitera, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, por los actos que han quedado precisados en párrafos precedentes. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Se tiente a la parte quejosa señalando en términos que indica del numeral 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que refiere en su demanda de amparo. Finalmente, advirtiéndose de la demanda de amparo que el promovente ********************, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones en las instalaciones del ******************** ubicado en ********************, ********************, ********************Mesillas, Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, Código********************; por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 298 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordena girar atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en la Ciudad de Saltillo, en turno, a fin de que en auxilio a las labores de este órgano judicial, comisione al Actuario de su adscripción, a efecto de que notifique el presente proveído, conforme a las reglas establecidas en la Ley de Amparo y en el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia en que se actúa, a la referida parte quejosa, y la requiera, para que en el acto de la notificación, o en el término de tres días, computado legalmente, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndole que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publique en los estrados de este juzgado. Notifíquese a la parte quejosa mediante exhorto. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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