Juan Silva Basurto Frausto

Expediente 708/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 14 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
708/2015
Año
2015
Actuaciones
14
Última actuación
03/08/2016

Partes del expediente

  • Juan Silva Basurto Frausto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    En tres de agosto de dos mil dieciséis, el Secretario del Juzgado, licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta a la Secretaria encargada del Despacho con un escrito registrado con el número 13772. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A TRES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Pedro Saucedo Vázquez; y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídansele las copias certificadas que solicita, previa identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo proveyó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/2755/2016, así como en sesión de dieciocho de julio posterior, por la Comisión de Receso del propio Consejo, comunicada a través del diverso oficio CR./CJD./005/5268/2016, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza. Doy fe. Alan.

  2. Principal

    En dieciocho de agosto de dos mil quine, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió para la parte quejosa del treinta de julio al trece de agosto de dos mil quince, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado el veintisiete de julio de dos mil quince, dentro del juicio de amparo 708/2015.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Juez con las certificaciones que anteceden y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de agosto de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el día veintisiete de julio de dos mil quince, en la cual se negó a la parte quejosa el amparo y protección solicitados; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA; por lo que en su oportunidad de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de la Materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE. *mash

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 708/2015 y, R E S U L T A N D O 1º. Demanda de Amparo. En escrito presentado el siete de mayo de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Juana Silvia Basurto Frausto y Pedro Saucedo Vázquez, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridades Responsables I. Legislatura del Estado. II. Gobernador del Estado de Zacatecas. III. Secretario General del Gobierno del Estado de Zacatecas. IV. Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas. V. Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Zacatecas. VI. Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. (ISSSTEZAC). VII. Coordinador General Jurídico del Gobierno del Estado de Zacatecas. VIII. Secretario de la Función Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas. IX. Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Zacatecas. X. Titular de la Unidad de Planeación del Ejecutivo del Estado de Zacatecas. XI. H. Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. XII. Secretaría de Educación Zacatecas (SEDUZAC) XIII. Administrador del Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas. Acto Reclamado: La expedición, promulgación, publicación, refrendo y aplicación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, contenida en el decreto 329, publicada en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas, el veintiuno de marzo de dos mil quince, en el suplemento número 23 específicamente los artículos 4°, fracción VI, 26, 43, 52, 64, 65, 106, 108, fracciones XII y XXII y 132 fracción I. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Los quejosos señalaron como garantías individuales violadas, las contempladas en los artículos 1°, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2º. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, se registró bajo expediente 708/2015; cuyo Titular mediante proveído de ocho de mayo de dos mil quince, ordenó su admisión, así como la acumulación a este, el diverso juicio de amparo 711/2015, dada la conexidad que existe entre los mismos, al reclamarse los mismos actos a las mismas autoridades responsables; se pidieron informes justificados a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 53/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridades que tienen su residencia en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de la Federación. II. Precisión y certeza de los actos reclamados. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que el quejoso reclama: La expedición, promulgación, publicación, refrendo y aplicación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, contenida en el decreto 329, publicada en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas, el veintiuno de marzo de dos mil quince, en el suplemento número 23 específicamente los artículos 4°, fracción VI, 26, 43, 52, 64, 65, 106, 108, fracciones XII y XXII y 132 fracción I. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza: La LXI Legislatura del Estado, por conducto de la Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales; Gobernador; Secretario General; Secretario de Administración; Coordinador General Jurídico; Secretario de la Función Pública; Secretario de Economía; Titular de la Unidad de Planeación; Responsable de la Publicación del Periódico Oficial, todos del Gobierno del Estado de Zacatecas; Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas; y, Secretaría de Educación de Zacatecas (SEDUZAC), todos con sede en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados reconocieron el acto que se les atribuye. Por su parte, el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas y Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, fueron omisos en rendir su informe justificado, no obstante que quedaron debidamente notificados de los oficios a través de los cuales se les solicitó, tal como se advierte de las constancias de notificación que obra glosada a fojas cincuenta y siete y cincuenta y nueve; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por omiso a la citada autoridad responsable. Además, la certeza de los actos reclamados, se corrobora con el proceso legislativo que dio origen a los ordenamientos legales de mérito, pues su existencia no está sujeta a prueba, pues constituyen hechos notorios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, por tratarse de derecho positivo. Es aplicable a lo anterior las tesis del rubro y texto siguientes: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." "AMPARO CONTRA LEYES. LA EXISTENCIA DEL ORDENAMIENTO LEGAL RECLAMADO NO DEPENDE DE LOS INFORMES QUE RINDAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, PUES EL DERECHO NO ES OBJETO DE PRUEBA. Tratándose del juicio de amparo contra leyes, la existencia o no del ordenamiento legal reclamado debe establecerse atento lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de garantías, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados -de oficio- por el propio órgano jurisdiccional. Por ende, el tenerlo o no por cierto, no depende únicamente de lo manifestado en los informes rendidos por las autoridades responsables, pues aun cuando no los rindieran, ni se desvirtuara por las partes el contenido de los mismos, es al juzgador a quien compete pronunciarse al respecto y cerciorarse realmente de su existencia, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, es aplicable, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente. "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados, hacen valer la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, manifiestan que los quejosos carecen de interés jurídico para solicitar la protección de la Justicia Federal al no haberse producido una afectación real y actual a su esfera jurídica por tratarse de amparo contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. El motivo de improcedencia del juicio de garantías no se actualiza, por los razonamientos siguientes: El artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte, el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." Asimismo, el diverso precepto 6 de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. .". Los preceptos jurídicos transcritos en los párrafos precedentes disponen que la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre su esfera jurídica de gobernado; entendiéndose por perjuicio la afectación de un derecho legítimamente tutelado por el proceder de una autoridad o por la ley, que otorga al implicado la facultad para acudir ante el órgano competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y ello es precisamente lo que constituye el interés jurídico a que se hace referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Por lo tanto, sólo tiene interés jurídico el particular a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Es aplicable a lo anterior, la tesis que dice: "INTERÉS JURÍDICO. NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. A pesar de que el juicio de amparo pudiera llamársele el verdadero juicio popular, esto no significa que la acción de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de leyes o de actos, sea popular, toda vez que su ejercicio se encuentra limitado, en término de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 constitucional y por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos indispensables para la procedencia de la acción sea la comprobación del interés jurídico del quejoso, el cual no puede tenerse por acreditado por el solo hecho de promoverse el juicio de garantías, en atención a que tal proceder sólo implica la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, lo que es distinto a demostrar que la ley o el acto de la autoridad que se impugnan le obligan, lesionando sus derechos; así que no demostrándose que el quejoso se encuentre dentro de los presupuestos procesales que regulan las leyes cuya constitucionalidad impugne, no se satisface ese requisito procesal consistente en acreditar el interés jurídico." Bajo ese contexto, conviene precisar que los quejosos reclaman la inconstitucionalidad de diversos preceptos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, publicada el veintiuno de marzo de dos mil quince, mediante decreto número 329, en el suplemento número veintitrés del Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas, entre ellos, los artículos 4°, fracción VI, 26, 43, 52, 64, 65, 106, 108, fracciones XII y XXII y 132 fracción I de dicho ordenamiento legal. En esa tesitura, con motivo de la entrada en vigor de los artículos que se impugnan de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, las personas físicas que de acuerdo a la ley reclamada tienen el carácter de trabajadores o pensionados, se encuentran obligadas a acatar las hipótesis normativas previstas en dicho cuerpo de leyes. Por lo tanto, deviene inconcuso que en la especie se encuentra colmado tal requisito, habida cuenta que del análisis de la demanda de garantías, se vislumbra que los quejosos acuden al juicio de garantías a reclamar los aludidos artículos en su carácter de normas autoaplicativas, para lo cual acreditan ser trabajadores bajo el régimen del ordenamiento legal cuya inconstitucionalidad se reclama, pues así lo avalan las documentales que exhibieron para tal efecto, consistente en los recibos de pago de nómina expedidos por la Secretaría de Educación (fojas 12 y 38); documentales a las que se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según el numeral 2 de esta última normatividad, ya que permite establecer que los gobernados son trabajadores al servicio del Estado de Zacatecas y, por ende, que la ley que impugnan, afectan la esfera jurídica de sus derechos, razón por la cual, sí acreditan el interés jurídico para acudir a la presente instancia constitucional. De igual forma, las autoridades responsables hacen valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, de la Ley de Amparo. Refieren las responsables que al reclamar los quejosos las disposiciones tildadas de inconstitucionales con motivo de su primer acto de aplicación; entonces, la interposición de la demanda de garantías debió acontecer dentro del plazo de quince días siguientes al del primer acto de aplicación; situación que no ocurrió en la especie. No se actualiza la causa de improcedencia expuesta por las autoridades responsables. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento". En efecto, el mencionado dispositivo legal, previene que el juicio de amparo es improcedente, contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte el artículo 17 de la citada Ley dispone: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Como puede advertirse, del precepto legal antes transcrito en la fracción I, se desprende que cuando se esté en presencia de una ley autoaplicativa, se ponderará como plazo para la interposición de la demanda de amparo, el de los treinta días contados a partir de la fecha en que cobre vigencia la ley, pues es ese el plazo que explícitamente se señala en la Ley de Amparo para la impugnación de leyes que por su sola vigencia ocasionan perjuicio a los gobernados, lo que en el presente caso ocurre. Encuentra apoyo lo anterior, en la tesis del rubro y texto siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE INTENTA FUERA DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS, POSTERIORES A AQUEL EN QUE SE SUSCITÓ EL ACTO DE APLICACIÓN, PERO DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS POSTERIORES AL EN QUE COBRÓ VIGENCIA LA LEY QUE SE RECLAMA, ES PROCEDENTE. De una correcta interpretación de los antecedentes legislativos del segundo párrafo de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, se advierte que la intención del legislador al establecer dicha porción normativa, fue dar oportunidad al gobernado de defenderse contra una ley que lo vincula a hacer, no hacer, dejar de hacer o estarse a cierta condición jurídica, no sólo desde su entrada en vigor, sino durante todo el tiempo que se encuentre vigente, incluso sin necesidad de un acto específico de aplicación, como una temperancia de la intención de que no exista plazo alguno para impugnar ese tipo de leyes en amparo. Por ello, es inconcuso que de ninguna manera el establecimiento de esa segunda oportunidad tuvo la finalidad de limitar el ejercicio de la acción de amparo contra leyes autoaplicativas, ni modificar la naturaleza de las leyes de esa índole, con el objeto de que en la técnica del amparo en que se combatan con motivo del primer acto de aplicación, se sigan las reglas del amparo contra leyes heteroaplicativas y se proscriba la posibilidad de que se invoque como coexistente el plazo de treinta días para interponer la demanda, a que se refiere la fracción I del artículo 22 de la Ley de Amparo, incluso cuando la demanda se interponga cuando ya haya fenecido el plazo de quince días posteriores al primer acto de aplicación. Ahora bien, es trascendental observar que el orden de esas oportunidades será siempre tal que indefectiblemente, cuando se esté en presencia de una ley autoaplicativa, se ponderará como plazo para la interposición de la demanda de amparo, el de los treinta días contados a partir de la fecha en que cobre vigencia la ley, pues es ese el plazo que explícitamente se señala en la Ley de Amparo para la impugnación de leyes que por su sola vigencia ocasionan perjuicio a los gobernados, mientras que el plazo de quince días contados a partir del primer acto de aplicación de la norma, constituye una excepción a la regla general, un caso especial que sólo se estableció por el legislador para evitar que los gobernados quedaran en estado de indefensión ante una ley que los afecta durante toda su vigencia y no en un plazo determinado; por consiguiente, no debe darse preeminencia a ese caso especial o de excepción, menos aún en orden a sostener la improcedencia de la acción constitucional contra una ley autoaplicativa, cuando aún no transcurre el plazo de treinta días posteriores a la fecha en que cobró vigencia la ley a reclamar, pues conforme a lo planteado, ese caso de excepción, más que una limitante, constituye una prerrogativa para los gobernados; lo que debe sostenerse, incluso cuando el juzgador advierta que la demanda se intenta como si lo reclamado fuera una ley heteroaplicativa, pues es al Juez a quien corresponde fijar los conceptos jurídicos, entre éstos, la naturaleza de la disposición que se reclama". Lo anterior revela que en caso que se reclame una ley como autoaplicativa como sucede en el presente asunto acorde a lo establecido en párrafos precedentes el término para promover la demanda de garantías es de treinta días. Bajo tales premisas, debe decirse que contra lo aseverado por las autoridades responsables, no se actualiza la causa de improcedencia aludida, porque en principio debe expresarse que la ley autoaplicativa tachada de inconstitucional se publicó en el Periódico Oficial del Estado el veintiuno de marzo de dos mil quince y si la demanda de garantías se presentó en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, el siete de mayo de dos mil quince, según sello fechador; es evidente que el libelo de garantías se presentó dentro del término de treinta días que prevé el artículo 17 fracción I, de la Ley de Amparo. Por tanto, procede desestimar la mencionada causa de improcedencia en estudio. Al no existir diversa causa de improcedencia planteada por las partes, ni advertida de manera oficiosa por este órgano jurisdiccional se procede examinar el fondo del asunto. IV.- Litis Constitucional. IV.1. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer ". Son infundados los conceptos de violación propuestos por los quejosos, sin que una vez revisado el presente asunto se advierta alguna causa por la cual se deba suplir la deficiencia de la queja, aun cuando en los términos que establece el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, sea operante, en tanto dicha figura jurídica tiene por objeto atemperar los tecnicismos del juicio de garantías, para dar relevancia a la verdad jurídica; empero, como ya se dijo, en la especie no se encontró deficiencia que suplir. Aunado a que los peticionarios del amparo acreditaron ser trabajadores del Estado de Zacatecas y derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, y los derechos combatidos son de naturaleza eminentemente laboral, dado que se impugna la constitucionalidad de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, cuyo contenido incide en las prestaciones de seguridad social que corresponden a los trabajadores al servicio del Estado de esta entidad federativa, en términos del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo la jurisprudencia que reza: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA DE TRABAJO. OPERA EN FAVOR DEL TRABAJADOR CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE ALGÚN INTERÉS FUNDAMENTAL TUTELADO POR EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.- Al establecer el artículo 76 bis de la Ley de Amparo las hipótesis en que se aplica la suplencia de la queja deficiente en cada una de las materias en las que procede el juicio de amparo, precisa que en materia de trabajo dicha suplencia sólo opera a favor del trabajador. Así, para establecer cuándo en un juicio de amparo en esta materia debe suplirse la queja deficiente de los planteamientos formulados en los conceptos de violación de la demanda de amparo, o bien, de los agravios expresados en el recurso correspondiente, debe atenderse preferentemente a dos elementos, a saber: 1) a la calidad del sujeto que promueve el amparo o interpone el recurso, quien debe ser trabajador; y, 2) a la naturaleza jurídica del acto reclamado materia de la controversia en el juicio de garantías, que se determina por el bien jurídico o interés fundamental que se lesiona con dicho acto, es decir, debe afectar directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Federal que surgen de la relación obrero-patronal y sus conflictos. De esta manera, para que el órgano de control constitucional esté obligado a aplicar la institución de la suplencia de la deficiencia de la queja, sólo debe atenderse a los dos elementos anteriores, sin importar el origen del acto reclamado, es decir, si deriva de un conflicto obrero-patronal, de un acto administrativo, de una ley o de un reglamento, por lo que si en el caso, un trabajador impugna un acto que afecta un bien jurídico o interés fundamental consagrado en su favor por las normas constitucionales, como lo son las garantías mínimas de seguridad social previstas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe concluirse que procede suplir la deficiencia de la queja." Ahora bien, los quejosos reclaman en esta instancia constitucional la expedición, promulgación, publicación, refrendo y aplicación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, contenida en el decreto 329, publicada en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas, el veintiuno de marzo de dos mil quince, en el suplemento número 23 específicamente los artículos 4 fracción VI, 26, 43, 52, 64, 65, 106, 108, fracciones XII y XXII y 132 fracción I. Los artículos impugnados disponen lo siguiente: Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: . VI. Cuotas: Porcentajes del sueldo básico de cotización que los trabajadores derechohabientes o pensionados deben cubrir al ISSSTEZAC conforme a lo dispuesto en esta Ley. Artículo 26. Los trabajadores derechohabientes que laboren para los entes públicos deberán cubrir al ISSSTEZAC una cuota obligatoria equivalente al doce por ciento del sueldo básico de cotización que perciban. Artículo 43. El monto mínimo de las pensiones no será inferior a dos salarios mínimos mensuales; el monto máximo de una pensión no excederá de veinticinco salarios mínimos mensuales. Artículo 52. Los trabajadores derechohabientes que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad y hayan cotizado por lo menos treinta años al ISSSTEZAC, tendrán derecho a la pensión por jubilación, equivalente al cien por ciento del sueldo regulador, sin exceder el límite establecido en esta ley. Artículo 64. Tiene derecho a la pensión por jubilación los trabajadores cualquiera que sea su edad, con 30 años o más de servicios o igual tiempo de contribución al Instituto en, los términos de esta ley. Artículo 65. La jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente a 100% del sueldo regulador si se trata de trabajadores de confianza o a lista de raya; y del 100% del último sueldo si se tratas de trabajadores de base, su pensión comenzará a partir del día siguiente en que el trabajador hubiese disfrutado el último sueldo, por haber causado baja. Artículo 106. El órgano máximo de gobierno del ISSSTEZAC será la Junta Directiva, la que se integrará por cuatro Consejeros representantes de los entes públicos y cuatro Consejeros representantes de los trabajadores, con derecho a voz y voto. Fracción I. Los Consejeros representantes de los entes públicos serán: El Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado; El Secretario de Administración del Gobierno del Estado; El titular de la Unidad de Planeación del Ejecutivo del Estado; y El titular de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado. Artículo 108. La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: . XII. Aprobar la constitución de reservas y aplicación de las utilidades del ISSSTEZAC, así como destinar el treinta por ciento de cuotas y aportaciones, para fortalecer el Fideicomiso Fondo de Pensiones. . XXII. Otorgar premios, estímulos y recompensas a los trabajadores del ISSSTEZAC. Artículo 132. El Fideicomiso Fondo de Pensiones se integrará con: I. El treinta por ciento de las cuotas y aportaciones establecidas en esta Ley: Ahora bien, los quejosos indican que el artículo 4 fracción VI, de la Ley en consulta, les causa agravio en razón de que es ilógico e ilegal que a los pensionados deban aportar cuotas al ISSSTEZAC, toda vez que durante su vida laboral, es decir durante treinta años cotizaron y aportaron el seis por ciento de su salario como cuota, precisamente para tener derecho a una pensión por jubilación. Dicho precepto establece lo siguiente: Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: . VI. Cuotas: Porcentajes del sueldo básico de cotización que los trabajadores derechohabientes o pensionados deben cubrir al ISSSTEZAC conforme a lo dispuesto en esta Ley. Sin embargo, en razón de que los quejosos a la fecha se encuentran como trabajadores activos y no como pensionados, carecen de un interés para reclamar las cuotas que deben aportar los pensionados, dado que no se encuentran en el supuesto de la norma como pensionados. Por lo que atañe a los artículos 106 y 108 fracción XXII de la Ley combatida, no causa agravio a la parte accionante del amparo, porque el alcance de su contenido se encuentra desvinculado con cualquier derecho de los trabajadores al Servicio del Estado de Zacatecas. Se afirma lo anterior, porque el precepto 106 en su fracción I de la Ley en consulta, precisa la forma de como está integrada la Junta directiva por cuatro Consejeros que representan a los entes públicos y cuatro Consejeros que representan a los trabajadores. Por su parte el 108 fracción XXII de la Ley en consulta, indica que la Junta Directiva tendrá como atribuciones y obligaciones, otorgar premios, estímulos y recompensas a los trabajadores del ISSSTEZAC. Sin embargo, los quejosos no aducen en qué les afecta en sus derechos como trabajadores que la Junta Directiva se encuentre integrada por cuatro Consejeros que representan a los entes públicos y cuatro Consejeros que representan a los trabajadores. Ni tampoco aducen en que les afecta en sus derechos como trabajadores en que la Junta Directiva tenga como atribución el de otorgar premios, estímulos y recompensas a los trabajadores del ISSSTEZAC; ya que tampoco indican que esos premios, estímulos y recompensas se realicen de manera desigual, motivo por el cual pueda ser violatoria al principio de igualdad; lo que de ser así, tendrían que impugnarlo de manera heteroaplicativa. En mérito a lo expuesto, se concluye que al no lesionar ningún derecho reconocido en favor de la parte quejosa como trabajador del Estado de Zacatecas; es palmario que la expedición de dicho precepto no les causa agravio alguno. Los quejosos aducen en sus conceptos de violación que el artículo 26 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, viola en su perjuicio las garantías de irretroactividad, legalidad y de seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, por ser directamente violatorio de la garantía Constitucional de irretroactividad consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que contiene disposiciones de efecto retroactivo y en perjuicio de los quejosos. Ya que el porcentaje de cuota que se aporta actualmente es del seis por ciento del salario, el aumento al doce por ciento afecta de manera directa sus ingresos y que si bien es cierto que las cuotas que los trabajadores deben cotizar al ISSSTEZAC, son una obligación que tienen, no menos cierto es que el estar establecida en un porcentaje fijo del seis por ciento de su salario base al momento de la fecha de su ingreso y que no debe tener alteración alguna; ya que de lo contrario se vulneraría de manera directa en su perjuicio el derecho que tienen adquirido de conformidad con la ley existente en el momento de la fecha de ingreso como trabajadores del Gobierno del Estado de Zacatecas y derechohabientes del mencionado Instituto de Seguridad Social. El dispositivo legal en cita, establece lo siguiente: Artículo 26. Los trabajadores derechohabientes que laboren para los entes públicos deberán cubrir al ISSSTEZAC una cuota obligatoria equivalente al doce por ciento del sueldo básico de cotización que perciban. Los pensionados pagarán una cuota equivalente al seis por ciento sobre el monto de su pensión". Sin embargo, contrario a lo que aducen los quejosos, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II del artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación, las cuotas y aportaciones de seguridad social tienen la naturaleza de contribuciones. Asimismo, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal en Pleno de rubro: "CONTRIBUCIONES. LAS LEYES QUE LAS INCREMENTAN NO VIOLAN LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD.", el Congreso de la Unión, en ejercicio de la potestad tributaria que la propia Constitución le confiere, anualmente determina las contribuciones del año fiscal correspondiente, y cuando las incrementa hacia el futuro no se afectan situaciones anteriores; en consecuencia, el aumento de las cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que establece la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, no implica una violación a la garantía de irretroactividad de la ley contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que los contribuyentes no adquieren el derecho a contribuir siempre sobre una misma base o cuota. Encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia del epígrafe y contenido siguiente: "ISSSTE. EL INCREMENTO DE LAS CUOTAS A CARGO DEL TRABAJADOR, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). De acuerdo con lo dispuesto en la fracción II del artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación, las cuotas y aportaciones de seguridad social tienen la naturaleza de contribuciones. Asimismo, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal en Pleno de rubro: "CONTRIBUCIONES. LAS LEYES QUE LAS INCREMENTAN NO VIOLAN LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD.", el Congreso de la Unión, en ejercicio de la potestad tributaria que la propia Constitución le confiere, anualmente determina las contribuciones del año fiscal correspondiente, y cuando las incrementa hacia el futuro no se afectan situaciones anteriores; en consecuencia, el aumento de las cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que establece la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no implica una violación a la garantía de irretroactividad de la ley contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que los contribuyentes no adquieren el derecho a contribuir siempre sobre una misma base o cuota". En esa tesitura, se estima necesario tener presente que de la exposición de motivos de la ley reclamada se aprecia la razón fundamental que motivó la reforma al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas; fue el déficit financiero que presenta hoy en día el ISSTEZAC y que reduce su capacidad para hacer frente a sus obligaciones. También se precisó que el problema financiero más grave que enfrenta el instituto es el del pago de las pensiones, ya que su fondo presenta un alto déficit actuarial, lo que se explica porque con el paso de los años la esperanza de vida se ha incrementado y la edad promedio de retiro ha disminuido, lo que genera un incremento en la duración de las pensiones, habida cuenta que el número de cotizantes por pensionado se ha reducido considerablemente. Y para demostrar lo anterior, se señaló que el aumento en la edad requerida para acceder a la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, obedeció a que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señaló el crecimiento a setenta y cuatro años la expectativa de vida para los mexicanos. Asimismo, se destaca que la finalidad de la reforma consistió en asegurar que el patrimonio del Instituto sea destinado a los fines establecidos, lo cual asegura, que los recursos destinados al fondo de pensiones, no podrán bajo ninguna circunstancia, utilizarse para fines distintos, a los que expresamente fueron destinados. Ante esas eventualidades, se puntualizó que las anteriores reformas y adiciones obedecieron al mejoramiento de los servicios de salud, reconducción de recursos para financiar programas de beneficio colectivo y la prevención de riesgos para el financiamiento en el pago de pensiones, derivado del creciente déficit que presenta el Instituto. Lo expuesto con antelación evidencia que el incremento de las cuotas para cubrir los servicios médicos y el fondo de pensiones y jubilaciones se encuentra plenamente justificado, máxime que como quedó establecido con antelación, el Estado no tiene la obligación de cubrir, con cargo al presupuesto, el pago de las pensiones; de ahí que, el referido incremento no transgrede la garantía de seguridad social. Consideración la precedente que encuentra soporte en la jurisprudencia de epígrafe y sinopsis siguientes: "ISSSTE. LA MODIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA TENER DERECHO A UNA PENSIÓN DE JUBILACIÓN, DE RETIRO POR EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS O DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD SOCIAL (ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).- El artículo 123, Apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece los derechos mínimos de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, como son entre otros, la jubilación, invalidez, vejez y muerte, sin señalar los términos o condiciones conforme a los cuales deberán otorgarse las prestaciones correspondientes, de lo que se sigue que la facultad conferida al legislador para regular tales aspectos no encuentra en el citado precepto constitucional limitación o condición alguna. En ese orden, de la exposición de motivos de la ley reclamada se advierte que la razón fundamental que originó la reforma al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es la crisis financiera por la que atraviesa y que reduce su capacidad para hacer frente a sus obligaciones, siendo el problema más grave el pago de las pensiones, lo que se explica porque con el paso de los años la esperanza de vida se ha incrementado y la edad promedio de retiro ha disminuido, lo que genera un incremento en su duración, habida cuenta que el número de cotizantes por pensionado se ha reducido considerablemente; también, el Instituto presenta un déficit de flujo de caja que año con año tiene que ser subsidiado por el Gobierno Federal ante un mayor requerimiento de servicios de salud, además de que el perfil epidemiológico de la población cambió de enfermedades infecciosas a enfermedades crónico degenerativas que son más costosas y prolongadas. En esas condiciones, el establecimiento de una edad mínima para poder gozar de una pensión de jubilación o el aumento en el caso de las de retiro por edad y tiempo de servicios o de cesantía en edad avanzada, se encuentra plenamente justificado, motivo por el que no existe violación a la garantía de seguridad social contenida en el citado precepto constitucional." Y por lo que se refiere a la manifestación que hacen los quejosos en el sentido de que los pensionados no deben aportar ninguna cantidad como cuota en virtud de que ya lo hicieron durante sus veintiocho años de vida laboral y, que por tanto, los quejosos no se les podrá constreñir a las disposiciones de la nueva ley que se impugna con la demanda; ya que de lo contrario se violaría en su perjuicio el derecho humano a la igualdad, al dejar de tomar en cuenta que el jubilado ya aportó cuotas durante su vida laboral para gozar del beneficio respectivo. Sin embargo, en razón de que los quejosos a la fecha se encuentran como trabajadores activos y no como pensionados, carecen de un interés para reclamar las cuotas que deben aportar los pensionados, dado que no se encuentran en el supuesto de la norma como pensionados. Ahora bien, en lo que atañe a los artículos 43, 52, 64 y 65 de las reformas de la ley que nos ocupa, los quejosos aducen que les perjudican de manera retroactiva los derechos ganados con la anterior ley abrogada. Se considera infundado el anterior motivo de disenso, en razón de que la irretroactividad de la ley es el principio de derecho, según el cual, las disposiciones contenidas en las normas jurídicas no deben ser aplicadas a los hechos que se realizaron antes de la entrada en vigor de dichas normas. Es de indicarse que la ley es retroactiva cuando trata de modificar o destruir los derechos que una persona adquirió bajo la vigencia de la ley anterior, porque esos derechos ya habían entrado en su patrimonio o esfera jurídica; sin embargo, no sucede lo mismo cuando se trata de expectativas de derechos. De acuerdo con la teoría de los componentes de la norma, debe advertirse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, en el que si el supuesto se realiza, la consecuencia debe producirse, generándose así los derechos y obligaciones correspondientes. Bajo tales premisas, la reforma a los citados artículos de la ley combatida, consistió en aumentar los años de edad para conceder a los trabajadores la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios. Así, en principio debe considerarse que el nuevo régimen de seguridad social en su integridad, por sí, no puede estimarse retroactivo en virtud de que rige hacia el futuro, es decir, a partir de que entró en vigor la ley reclamada (veintidós de marzo de dos mil quince) y, por ende, el hecho de que conforme a ésta se requieran más años de edad o de cotización para tener derecho a esta pensión, no puede dar lugar a estimar que desconoce derechos adquiridos al amparo de la ley derogada o que modifica supuestos o sus consecuencias verificados durante la vigencia de ésta. Ahora bien, el artículo 123, apartado B, de la Constitución General de la República, dice: "Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la Ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: (.) B.- . XI.- La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: a).- Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. b).- En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley. c).- Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles. d).- Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley. e).- Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares..." Del precepto transcrito se aprecia en esencia, que la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, tendrá como bases mínimas de organización, entre otras, la jubilación, respecto de la cual no estableció bases, presupuestos o cualquier otra cuestión inherente a ella, por lo que es evidente que dejó al legislador ordinario su regulación. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones jurídicas que la sustentan, la jurisprudencia, que dice: "PENSIÓN JUBILATORIA. EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AL REGULAR LA FORMA DE CALCULAR SU MONTO, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.- El citado precepto constitucional prevé la jubilación como uno de los derechos mínimos de la seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sin establecer sus bases, presupuestos o cualquier otra cuestión inherente a ella, por lo que es evidente que deja a la ley secundaria su regulación. En ese sentido, el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al regular la forma de calcular el monto de las pensiones, no transgrede el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Es necesario precisar que el tiempo que se señala para la jubilación se fija tomando en consideración el interés público, antes que el interés de los empleados o funcionarios, dado que si bien la jubilación es un derecho para las personas, en el caso de que se cumplan funciones estatales, hay que tener en cuenta que el empleado o funcionario, al realizar las actividades de acuerdo con las obligaciones que se le imponen por el nombramiento, no desempeña actividades propias, sino actividades que, en última instancia, se le atribuyen al Estado. La jubilación es un derecho que los trabajadores del Estado poseen y es un medio para que el mismo Estado pueda seguir cumpliendo con sus atribuciones eficazmente, lo cual constituye su labor directa y más importante; además, con ese derecho sigue protegiendo a sus empleados al brindarles oportunidades para que la situación económica de ellos no se vea afectada de ninguna manera, por lo que el derecho a la jubilación tiene la característica de ser irrenunciable La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido dicho derecho, a través de diversos criterios, entre ellos, la tesis que estatuye: "PENSIONES DE RETIRO. El derecho del funcionario o del empleado a la pensión de retiro, está basado en los dictados de la más sana moral y en la utilidad social. La jubilación y las pensiones de retiro constituyen un derecho para el empleado, teniendo en cuenta las nuevas orientaciones constitucionales y el espíritu del artículo 123 de la Carta Federal. Cristalizando este espíritu, se expidió la Ley General de Pensiones Civiles de Retiro, en la cual se establece el derecho a la pensión, que es complemento de la dotación que la ley asigna al empleado; de modo que si la pensión es un derecho adicional o complementario de la dotación de un empleado, es evidente que la base constitucional de las leyes de pensiones, (y de los actos administrativos del poder público, que las han decretado, antes de la vigencia de dichas leyes), son: el artículo 73, fracción XI, de la Constitución Federal, que faculta al congreso para crear y suprimir empleados federales y para señalar, aumentar o disminuir su dotación, el artículo 5o. de la misma Constitución, que previene que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales, sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. La Constitución de 1857 sólo autorizaba que se concedieran premios o recompensas por servicios eminentes, prestados a la patria y a la humanidad, premios que, en la práctica, se otorgaban en forma de pensiones vitalicias para el agraciado o sus deudos; pero de acuerdo con el espíritu del artículo 123 de la nueva Constitución, hay que reconocer el derecho a la pensión de retiro, a los servidores públicos que han llegado a la invalidez, después de prestar sus servicios durante determinado número de años, y si se tiene en cuenta que el fondo de pensiones se forma con las cantidades descontadas a los empleados, de lo que perciben por sueldo, debe forzosamente concluirse que suprimir o reducir una pensión, equivale a reducir o suprimir el sueldo o dotación que corresponde al empleado, ya que como se dijo antes, la pensión de retiro no es otra cosa que el complemento de la justa retribución, debida a un servidor público. La circunstancia de que la Ley de Pensiones se haya expedido hasta 1925, no significa que los servidores públicos no tuvieran derecho a la pensión, sino a partir de la fecha de la ley; pues teniendo ese derecho una base constitucional, el mismo pudo ser reconocido a determinadas clases de servidores, ya por leyes especiales, vigentes con anterioridad, ya por medio de actos del Ejecutivo, en forma de decretos. El derecho a la pensión es simple expectativa cuando el Estado no ha hecho declaración expresa e individual, reconociendo ese derecho, o cuando el empleado o funcionario está en vías de llenar todas las condiciones que las leyes fijan para alcanzar la pensión; pero es derecho adquirido cuando el Estado lo ha reconocido por medio de una declaración, o cuando el empleado o funcionario ha llenado las condiciones necesarias para obtener la pensión, aun cuando no exista declaración concreta, en el caso individual, entonces el derecho entra en el patrimonio del jubilado y, por razón de la no retroactividad de la ley, resulta evidente que las leyes secundarias sólo deben aplicarse desconociendo, suprimiendo o reduciendo el derecho de un pensionado, cuando éste no ha obtenido la declaración expresa e individual de su derecho, por parte del poder público, para percibir determinada cuota o cuando no ha llenado aún las condiciones que las leyes fijan para obtener la pensión; pero no podrán aplicarse dichas leyes secundarias, a quienes ya tienen adquiridos derechos por razón de un decreto o declaración expresa del Estado. Lo más que podría admitirse, es que cuando el Estado se encuentre en condiciones de no poder cubrir ni los sueldos ni las pensiones, los que ya tengan un derecho adquirido a percibir éstas, pasarán a la categoría de acreedores públicos del Estado; teoría que se basa en la doble personalidad del mismo que, como entidad soberana, ejecuta determinados actos que producen derechos y obligaciones y como persona de derecho privado, da origen a su deuda pública, cuando no puede cubrir sus gastos." Los artículos impugnados en estudio establecen lo siguiente: Artículo 43. El monto mínimo de las pensiones no será inferior a dos salarios mínimos mensuales; el monto máximo de una pensión no excederá de veinticinco salarios mínimos mensuales. Artículo 52. Los trabajadores derechohabientes que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad y hayan cotizado por lo menos treinta años al ISSSTEZAC, tendrán derecho a la pensión por jubilación, equivalente al cien por ciento del sueldo regulador, sin exceder el límite establecido en esta ley. Artículo 64. Tienen derecho a la pensión por jubilación los trabajadores cualquiera que sea su edad, con 30 años o más de servicios e igual tiempo de contribución al Instituto en, los términos de esta ley. Artículo 65. La jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente a 100% del sueldo regulador si se trata de trabajadores de confianza o a lista de raya; y del 100% del último sueldo si se trata de trabajadores de base, su pensión comenzará a partir del día siguiente en que el trabajador hubiese disfrutado el último sueldo, por haber causado baja". Cabe indicar que el pensionado es aquella persona que tenga reconocido tal carácter en la ley, siendo éstos, por invalidez, por cesantía en edad avanzada y vejez, quienes por disposición de la ley tienen derecho a recibir una cantidad económica por concepto de pensión, siempre que cuenten con determinada edad y años en el servicio, cuyo objeto es el pago de las rentas periódicas durante la vida del pensionado o sus familiares derechohabientes. De ahí que las reformas de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, en el apartado atinente al derecho a la pensiones, no vulnera el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se encuentra cubierto, como se hizo notar en la transcripción de los artículos precedentes. Sin que pase desapercibido que en la ley reclamada, se efectuaron modificaciones al sistema de jubilaciones; empero, no resulta violatorio de la garantía de irretroactividad de la ley establecida en el artículo 14 de la Carta Magna, ya que para estar en aptitud de pensionarse, además de cotizar, se tiene que cumplir con los supuestos previstos para ello, por lo que, si bien la parte quejosa ha cotizado conforme al régimen anterior (lo cual no se puede variar); lo cierto es, que el tiempo específico y concluyente de cotización o la situación determinada establecida en la ley sustituida no se actualizó y, por ende, no se generó la consecuencia jurídica o derechos que otorgaban las normas sustituidas; esto en razón de que el otorgamiento de las pensiones y seguros previstos, no constituyen un derecho que los trabajadores en activo adquieran por existir la relación laboral equiparada y por haber cotizado en el sistema relativo, ya que la introducción de dichas prestaciones al patrimonio jurídico de aquéllos se encuentra condicionada al cumplimiento de diversas hipótesis, a saber: a) El acaecimiento de una enfermedad o estado de gravidez; b) El sufrimiento de un riesgo de trabajo o la adquisición de una enfermedad con motivo del trabajo; c) El cumplimiento de años de edad y servicios requeridos; y, d) Haber sufrido un accidente o riesgo de trabajo no profesional que conlleve a declarar su invalidez, o bien, que ocurra la muerte del trabajador. Por lo que, mientras esos requisitos no se cumplan, tales prestaciones constituyen una mera expectativa de derecho, de lo que se sigue, que la reforma que ahora se combate no afecta derechos adquiridos, teniendo en vía de consecuencia, que la referida ley tildada de inconstitucional, sigue observando los derechos que en materia de seguridad social consagra el artículo en comento en forma genérica en favor de los trabajadores al servicio del Estado de Zacatecas, entre otros, la jubilación; lo que pone de manifiesto que las reformas relativas a la pensión por jubilación, así como en monto de la misma, no deparan perjuicio a la parte peticionaria del amparo. Al caso se cita, por su contenido sustancial, la jurisprudencia de epígrafe y contenido siguientes: "JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO 241 QUE REFORMÓ LA LEY DEL ISSSTELEÓN, EN CUANTO A LAS BASES QUE RIGEN A AQUÉLLA, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD.- El párrafo primero del artículo sexto transitorio del Decreto 241 del Congreso del Estado de Nuevo León, de veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y tres, que reformó la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, dispone que: "Los servidores públicos que se encontraban sujetos al régimen de cotización previsto en el ordenamiento abrogado, podrán jubilarse a los treinta años de servicio y veintiocho en el caso de la mujer, alcanzando una pensión proporcional a su último salario de cotización neto, conforme a la siguiente tabla."; en tanto que, el párrafo segundo precisa la indicada "tabla". Ahora bien, la circunstancia de que esta reforma legal dé lugar a que quienes se jubilen a partir de su vigencia obtengan menos beneficios que quienes lo hicieron con anterioridad, en virtud de la aplicación del salario neto, en vez del nominal que antes se consideraba, y por la modificación de los porcentajes para el cálculo de la pensión, no implica que se viole la garantía de irretroactividad de las leyes, prevista en el primer párrafo del artículo 14 constitucional, tanto a la luz de la teoría de los derechos adquiridos como a la de la teoría de los componentes de la norma. En relación con la primera teoría, debe considerarse que la pensión por jubilación no constituye un derecho que los trabajadores en activo adquieran por existir la relación laboral equiparada y por haber cotizado en el sistema relativo, ya que la introducción de dicha prestación al patrimonio jurídico de aquéllos se encuentra condicionada al cumplimiento de los años de servicio requeridos para ello, por lo que mientras ese requisito no se cumpla, tal prestación constituye una mera expectativa de derecho, de lo que se sigue que la disposición transitoria en comento no afecta derechos adquiridos, respetándose la garantía señalada. Por otra parte, con base en la teoría de los componentes de la norma y dado que el derecho a la jubilación es la consecuencia jurídica de una serie de supuestos o actos parciales, el hecho de que los trabajadores al servicio del Estado de Nuevo León que obtengan tal prestación con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma en comento reciban un trato menos benéfico de los que la hubieren obtenido con anterioridad, no provoca una violación a la citada garantía, pues el nuevo salario base para calcular el monto de la pensión por jubilación, y el porcentaje al que ella equivaldrá constituyen supuestos parciales de tal prerrogativa laboral, que una vez actualizados generan el derecho a la jubilación; además, la constitucionalidad de la modificación legal de mérito deriva de que mediante ella no se afectan los supuestos parciales, previamente acontecidos, de dicha consecuencia, pues no desconoce los años de servicio, las cotizaciones y el periodo durante el cual se realizaron." Y respecto a las manifestaciones que aducen los quejosos del citado artículo 43, referente a los montos de las pensiones, la ley establece el tope de los salarios mínimos en general para calcular la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, primero debe verificarse que ese sueldo promedio no supere el mencionado tope, pues de esa manera se define el monto que correspondería al porcentaje del sueldo diario promedio básico, exclusivo para cuantificar la pensión por jubilación; y posteriormente debe aplicarse el porcentaje por los años de servicio; sin embargo, esto constituye una mera expectativa de derechos, por lo que el citado artículo que impugna no afecta derechos adquiridos. Respecto a las manifestaciones que los quejosos indican referentes a los artículos 52, 64 y 65 de la Ley en estudio, en el sentido de que dicho numeral viola en su perjuicio las garantías de irretroactividad, legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que perjudica de manera retroactiva los derechos ganados en la anterior Ley abrogada, la cual en su artículo 64 establecía que tenían derecho a la pensión por jubilación, los trabajadores cualquiera que fuera su edad, con treinta años o más de servicios e igual tiempo de contribución al instituto; cuando ahora el citado artículo 52, establece que los trabajadores derechohabientes que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad y hayan cotizado por lo menos treinta años al ISSSTEZAC, tendrán derecho a la pensión por jubilación, equivalente al cien por ciento del sueldo regulador, sin exceder el límite establecido en esta ley. Sin embargo, cabe destacar que el tiempo que se señala para la jubilación se fija tomando en consideración el interés público, antes que el interés de los empleados o funcionarios, dado que si bien la jubilación es un derecho para las personas, en el caso de que se cumplan funciones estatales, hay que tener en cuenta que el empleado o funcionario, al realizar las actividades de acuerdo con las obligaciones que se le imponen por el nombramiento, no desempeña actividades propias, sino actividades que, en última instancia, se le atribuyen al Estado. Máxime que de la exposición de motivos de la ley reclamada se aprecia la razón fundamental que motivó la reforma al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas; fue el déficit financiero que presenta hoy en día el ISSTEZAC y que reduce su capacidad para hacer frente a sus obligaciones; así como el problema financiero más grave que enfrenta el instituto es el del pago de las pensiones, ya que su fondo presenta un alto déficit actuarial, lo que se explica porque con el paso de los años la esperanza de vida se ha incrementado y la edad promedio de retiro ha disminuido, lo que genera un incremento en la duración de las pensiones, habida cuenta que el número de cotizantes por pensionado se ha reducido considerablemente. Y para demostrar lo anterior, se señaló que el aumento en la edad requerida para acceder a la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, obedeció a que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señaló el crecimiento a setenta y cuatro años la expectativa de vida para los mexicanos. Sin embargo, toda vez que de los presentes autos no se advierte medio de prueba alguno con el que se acredite que los quejosos se encuentren en el supuesto que indica los referidos artículos 52, 64 y 65 de la ley en estudio, para establecer si a la fecha tienen derecho a la pensión por jubilación y saber si efectivamente dicho artículo le causa agravio; tal aseveración constituye una simple expectativa de derecho. Por cuanto hace a los artículos 108 fracción XII y 132 fracción I, de la Ley en consulta, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 108. La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: . XII. Aprobar la constitución de reservas y aplicación de las utilidades del ISSSTEZAC, así como destinar el treinta por ciento de cuotas y aportaciones, para fortalecer el Fideicomiso Fondo de Pensiones. . Artículo 132. El Fideicomiso Fondo de Pensiones se integrará con: I. El treinta por ciento de las cuotas y aportaciones establecidas en esta Ley: .". En el caso, tampoco deviene inconstitucional, pues en términos del artículo 132 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, el Fideicomiso del Fondo de Pensiones se integrará con el treinta por ciento de las cuotas y aportaciones establecidas en la Ley; con el porcentaje de las utilidades de las áreas comerciales del ISSSTEZAC que determine la Junta Directiva; con el importe de la devolución de cuotas, pensiones caídas, descuentos, intereses y demás cantidades que no se reclamen en términos de Ley; con el producto de las sanciones económicas que hayan sido aplicadas en los términos de esa Ley y los reglamentos del ISSSTEZAC, de acuerdo con lo resuelto por la Junta Directiva; y los rendimientos que genere el Fideicomiso Fondo de Pensiones. De ahí que, no depara perjuicio a los trabajadores la modificación apuntada, dado que el Fondo de pensiones no únicamente se compone con el treinta por ciento de las cuotas y aportaciones de los trabajadores, el cual solo podrá utilizarse para el pago de las pensiones a los derechohabientes y el otorgamiento de préstamos a corto y mediano plazos; de ahí que no queda debilitado el Fondo de Pensiones. Respecto a los argumentos que manifiestan los quejosos a fin de atacar los artículos en estudio, éstos se basan en cuestiones que no se encuentran plasmadas en la Ley en consulta, sino en base en presunciones propias, ya que los quejosos refieren que aunque no lo señale expresamente la ley que impugna de inconstitucional, el setenta por ciento de las cuotas y aportaciones que sean ejercidas, destinadas y gastadas en la operación y administración del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Zacatecas, es obvio que por solo recibir el dinero de los trabajadores correspondientes a las cuotas y aportaciones que otorgan los entes públicos para este mismo fin, es decir para el fortalecimiento del Fideicomiso Fondo de Pensiones, el ISSSTEZAC pretende cobrar el setenta por ciento del total de cuotas y aportaciones, esto es, que la disposición que se objeta se aleja del objetivo para el cual fueron creadas las cuotas y aportaciones. Por lo que no se fortalece el Fideicomiso Fondo de Pensiones, por el contrario se debilita, ya que se pretende dejar de aportar el setenta y cinco por ciento del total de cuotas y aportaciones de seguridad social para gastos de operación del Instituto ajenos al objetico para el cual fueron creados, en perjuicio de la parte quejosa y de todos los derechohabientes del ISSSTEZAC. Sin embargo, este apartado de la ley tampoco es inconstitucional, como lo alegan los quejosos; ya que de autos no se encuentra demostrado que ese setenta por ciento del total de cuotas y percepciones, sean destinadas o gastadas en la operación y administración del Instituto. Máxime que no todas las cuotas y aportaciones, destinadas al Fideicomiso, son para el pago de pensiones, ya que tales aportaciones forman parte del régimen de seguridad social y su fin es precisamente cumplir con los postulados contenidos en la fracción XI del Apartado B del artículo 123 Constitucional, como es el cubrir los accidentes, enfermedades, la maternidad, las incapacidades, la invalidez, vejez y muerte, préstamos personales a los derechohabientes, etc. En tales condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte impetrante, en cuanto a la inconstitucionalidad de las reformas y adiciones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, publicadas en el Periódico Oficial del Estado el veintiuno de marzo de dos mil quince, procede negar el amparo y protección constitucional solicitados. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 76, 77, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A JUANA SILVIA BASURTO FRAUSTO y PEDRO SAUCEDO VÁZQUEZ, contra el acto reclamado a las autoridades responsables señaladas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. NOTIFIQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y A LA AUTORIDAD RESPONSABLE POR OFICIO. Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, hasta el día de hoy veintisiete de julio de dos mil quince en que lo permitieron las labores del juzgado. DOY FE.

  4. Principal

    En dos de julio de dos mil quince, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con los escritos registrado con los números de folio 13087, 13070, 13072 y 13073, así como con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, zacatecas, a dos de julio de dos mil quince. Visto el escrito de cuenta firmado por el quejoso Jaime García Medina, por el que manifiesta: "Que por medio del presente escrito, vengo a desistirme de la demanda de amparo que promoví, por así convenir a mis intereses." Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, así como el acta de comparecencia que antecede del quejoso, por la que ratifica el contenido y firma de su escrito presentado en esa misma fecha, por el que se desiste expresamente de su demanda de garantías, la que dio origen al presente juicio de garantías 898/2015, la cual se ordena agregar a este expediente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se le tiene por desistido de la presente instancia constitucional, en consecuencia, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO del juicio de amparo en que se actúa únicamente por lo que hace al quejoso JAIME GARCÍA MEDINA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Finalmente, glósense al sumario los escritos firmados por Eduardo Herández Ramírez, autorizado de la parte quejosa, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele por formulando los alegatos que vierte, los que serán tomados en consideración al momento de fallar en definitiva el juicio de amparo en que se actúa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. *mash

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