Juan Rogelio Montoya Gómez
Expediente 520/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 23 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 520/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 11/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Juana María Díaz de León
- Juan Rogelio Montoya Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, once de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de veinticinco de febrero de dos mil veinte, que declaró el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha determinación ha causado estado; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente asunto, se advierte que no son de relevancia documental; se determina que es susceptible de depuración con excepción del escrito de demanda, de las resoluciones recurridas y de la sentencia que puso fin al asunto, por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la depuración a que alude el artículo 3, fracción XIV del citado acuerdo; y dese el trámite correspondiente establecido en el artículo 9. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente, que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Sin que sea el caso proveer respecto a la valoración del incidente de suspensión, toda vez que ya se realizó lo conducente por auto de diez de febrero de dos mil veinte. Notifíquese. ...
- Principal
Juicio de amparo: 520/2019 El seis de noviembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con una promoción con el folio 16677. Conste. Zacatecas, Zacatecas, seis de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la actuaria judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto por Juan Rogelio Montoya Gómez y Juana María Díaz de León, en su carácter de quejosos, contra la sentencia dictada en el expediente principal del que deriva este cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Vicky
- Principal
Juicio de amparo: 520/2019 El veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 15864. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito signado por Juan Rogelio Montoya Gómez y Juana María Díaz de León, en su carácter de quejosos, por el que interponen recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 87, 88 y 89, de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia de mérito; distribúyanse entre las demás partes copia simple del escrito de expresión de agravios exhibido, debiendo recabarse la constancia respectiva, agregándose la que corresponda a este juicio de derechos y dentro del término legal, remítase el mismo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, debiendo acompañarse el original y copia del escrito de expresión de agravios respectivo, a fin de que sea substanciado el recurso interpuesto. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese; personalmente al tercero interesado. Así lo acordó y firma Jesús Romero Hernández, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Vicky
- Principal
Juicio de amparo: 520/2019 El siete de octubre de dos mil diecinueve, se da cuenta con la razón actuarial de cuatro del mes y año en curso. Conste. Zacatecas, Zacatecas, siete de octubre de dos mil diecinueve . Vista la razón actuarial de cuatro del mes y año en curso, asentada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal, en el sentido de que no le fue posible notificar en forma personal al tercero interesado Juan Manuel González Rivera, la sentencia de tres de octubre del año en curso, en virtud de que no obra domicilio dentro del presente juicio de amparo para oír notificaciones de su parte; en consecuencia, toda vez que no señaló domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en proveído de cinco de agosto del año en curso, por lo que, la notificación de la referida resolución, así como las posteriores de carácter personal, se le deberán practicar por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Lo anterior, hasta que señale domicilio en esta ciudad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Vicky SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA Juan Manuel González Rivera, la sentencia de tres de octubre del año en curso, (2019), DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, Y 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO: "...V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 520/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Juan Rogelio Montoya Gómez y Juana María Diaz de León, por propio derecho, demandaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión y quienes reclaman el primero de los quejosos: De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado y Actuario ejecutor adscrito a la misma, ambos con sede en esta ciudad: -El emplazamiento realizado en el expediente laboral 855/III/2014. -Auto de trece de junio de dos mil diecinueve y ejecución del mismo, dictado en el citado expediente laboral y relativo al requerimiento de entrega de bien embargado. En tanto que la diversa quejosa Juana María Diaz de León, reclama: De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado y Actuario ejecutor adscrito a la misma, ambos con sede en esta ciudad: -El auto de trece de junio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral 855/III/2014, y notificación del mismo realizada el veinte de junio siguiente. Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. La demanda fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad del mismo nombre, misma que por acuerdo de uno de julio de dos mil diecinueve,se registró bajo el número 520/2019; y previo cumplimiento de una prevención formulada, mediante proveído de cinco de julio siguiente, se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó dar intervención a la agente del Ministerio Público de la adscripción; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado; y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor de la presente acta; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridades residentes dentro de la jurisdicción territorial en la que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, de la lectura íntegra de la demanda, se advierte que el quejoso Juan Rogelio Montoya Gómez, reclama: De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado y Actuario ejecutor adscrito a la misma, ambos con sede en esta ciudad: -El emplazamiento realizado en el expediente laboral 855/III/2014. -Auto de trece de junio de dos mil diecinueve, dictado en expediente laboral 855/III/2014, relativo al requerimiento de entrega del bien embargado. En tanto que la diversa quejosa Juana María Diaz de León, reclama: De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado y Actuario ejecutor adscrito a la misma, ambos con sede en esta ciudad: -El auto de trece de junio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral 855/III/2014, y notificación del mismo realizada el veinte de junio siguiente. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El requerimiento de entrega del bien embargado reclamado por el quejoso Juan Rogelio Montoya Gómez, es inexistente, pues la responsable al rendir el informe justificado lo negó y de las constancias del expediente laboral 855/III/2014, se advierte que el requerimiento de entrega del bien realizado por acuerdo de trece de junio de dos mil diecinueve, lo fue para la depositaria judicial Juana María Diaz de León (foja 58), y no para el citado quejoso. Máxime, que el impetrante del amparo, no ofreció ni desahogo prueba en la audiencia constitucional, con la que acreditara el requerimiento reclamado; y ante lo cual procede sobreseer en el juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción IV de la Ley de Amparo. Tiene aplicación por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan dicha negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." (Número 1002, visible a fojas 1621 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes). CUARTO. Existencia del acto reclamado. El acto de emplazamiento reclamado por el quejoso Juan Rogelio Montoya Gómez, y el acuerdo de trece de junio de dos mil diecinueve y notificación del mismo, reclamado por la quejosa Juana María Diaz de León son ciertos, pues con independencia que las autoridades responsables lo nieguen al rendir el informe con justificado, en los mismos realizan manifestación que evidencian su existencia (fojas 19 y 64). Lo anterior se corrobora con las constancias del expediente laboral 855/III/2014, que remitió la junta responsable con el informe justificado, documental que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y de las cuales se advierte la existencia de los actos reclamados. QUINTO. Improcedencia. En el caso no se advierte de oficio causa de improcedencia, ni las partes hacen valer alguna en particular y ante lo cual, se procede al análisis de los conceptos de violación, cuya transcripción es innecesaria pues de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo, no es una exigencia formal transcribir los conceptos de violación, sino basta se lleve a cabo su análisis completo. SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado consistente en el emplazamiento realizado en el expediente laboral 855/III/2014, al quejoso Juan Rogelio Montoya Gómez. Los conceptos de violación resultan inoperantes y no ha lugar a suplir la queja deficiente, al no encontrarse el patrón quejoso en la hipótesis contenida en el artículo 79, fracción V de la Ley de Amparo. Al respecto sirve de apoyo por no oponerse a la actual Ley de Amparo, la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA. El artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en su fracción IV, establece que en materia laboral la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador; luego, resulta inconcuso que no es dable la operancia de dicha institución jurídica en favor del patrón. El anterior aserto deriva de una interpretación gramatical, histórica, sistemática y finalista, que lleva a esta Segunda Sala a concluir que la suplencia de la queja en la materia laboral únicamente se justifica en favor del trabajador, en tanto que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos. La desigualdad procesal se sustenta, primordialmente, en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, que regulan la relación laboral como un derecho de clases; así como en la circunstancia genérica, consistente en la mayor posibilidad económica del patrón, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados, caso contrario del trabajador; así también, porque al tener el patrón la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio. La protección a bienes básicos tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral. En tal virtud, al no existir tales justificantes para el patrón, por ningún motivo o pretexto es correcto apartarse de los lineamientos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, ni menos todavía interpretarlos o pretender soslayarlos por analogía o mayoría de razón, habida cuenta de que la fracción VI del susodicho artículo 76 bis no es aplicable para suplir la deficiencia de la queja en favor del patrón, ni aun excepcionalmente, tratándose de una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, tal y como ocurre por la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa, toda vez que la norma específica debe prevalecer sobre la genérica, esto es, si la voluntad del legislador hubiera sido que en materia laboral se aplicara en favor del patrón la fracción VI, hubiese utilizado un texto distinto, por ejemplo, la suplencia de la queja sólo se aplicará en favor del trabajador "con excepción de lo previsto (o cualquier otra similar) en la fracción VI", lo cual no ocurrió así; entonces, no tiene por qué interpretarse en otro sentido. Es menester indicar que existe una excepción derivada de lo previsto en la fracción I del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para el caso de que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supuesto en el cual sí es factible la suplencia en favor del patrón. Conviene agregar que el artículo 107, fracción III, inciso c), en concordancia con la fracción VII, constitucional, establece la figura de "tercero extraño a juicio", hipótesis normativa recogida por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, figura jurídica que, trasladada a la materia laboral, permite al patrón impugnar todo lo actuado en el juicio natural a través del amparo indirecto, aunque necesariamente debe realizar el razonamiento lógico-jurídico que demuestre la transgresión de garantías impugnada, porque pretender lo contrario implicaría dejar en estado de indefensión a la otra parte, la trabajadora; situación que se agudiza en el recurso de revisión, pues aceptarse otra cosa implicaría atentar contra la naturaleza jurídica del recurso y en perjuicio de la parte trabajadora. En efecto, el quejoso señala como acto reclamado el emplazamiento al expediente laboral 855/III/2014, mismo que refiere trasgrede sus derechos fundamentales de audiencia, legalidad y debido proceso, pues indica que: -Se le requiere la entrega del bien embargado de su propiedad, sin que se hayan cumplido las condiciones jurídicas y procesales necesarias para ello. -Que el procedimiento laboral, se ha llevado a cabo con una serie de irregularidades e inconsistencias desde el inicio hasta que se pretende ejecutar, trascendiendo a su defensa. -Que tampoco se realizó notificación personal del auto de requerimiento de entrega del bien u obra actuación de la que se desprenda haber sido enterado de ello, pues la notificación del auto de trece de junio de dos mil diecinueve, se realizó con su hija menor de edad y con lo cual, le deja en estado de indefensión por carecer de fundamentación, motivación congruencia y exhaustividad. Los anteriores argumentos devienen inoperantes por no controvertir el emplazamiento reclamado. Es así, pues el impetrante de amparo se concreta a realizar meras manifestaciones afirmativas sin sustento legal, ya que refiere que se le requiere la entrega del bien embargado de su propiedad, sin que se hayan cumplido las condiciones jurídicas y procesales sin indicar cuales y con ello no controvierte el emplazamiento reclamado. Además, señala que el procedimiento laboral se ha llevado a cabo con irregularidades e inconsistencias desde el inicio, pero omite indicar cuáles son esas irregularidades e inconsistencias y como trascienden en su perjuicio, con lo cual, tampoco controvierte el emplazamiento realizado en el expediente laboral. Incluso, con el último de sus conceptos de violación sólo controvierte la falta de notificación del requerimiento de entrega del bien embargado, de la que dicho sea de paso, refiere que se hizo a su menor hija; pero con ello de modo alguno señala el razonamiento a dejar establecido que el emplazamiento realizado del juicio laboral resulta ilegal, a efecto de que se pueda analizar el citado acto procesal frente a la norma que lo reglamente y poder establecer si como lo dice el quejoso deviene ilegal. De ahí que, ante la falta de los razonamientos lógicos jurídicos a dejar de manifiesto lo ilegal del emplazamiento reclamado, es que los conceptos de violación devengan inoperantes y ante lo cual, este juzgador se encuentra imposibilitado para analizarlo. Sirve de apoyo por no oponerse a la actual Ley de Amparo, la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. AMPARO PROMOVIDO POR EL PATRÓN. Los conceptos de violación en el amparo promovido por el patrón, que son simples afirmaciones y no se fundan en razonamientos jurídicos, traen como consecuencia la imposibilidad de estudiarlos, pues hacer dicho estudio, equivaldría a suplir la deficiencia de la queja, en contravención a lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo, que no autoriza la suplencia tratándose del amparo promovido por el patrón." Luego, ante lo inoperante de los conceptos de violación formulados por el quejoso Juan Rogelio Montoya Gómez, se impone negar la protección de la Justicia Federal solicitada. SÉPTIMO. Examen constitucional del acto reclamado relativo al acuerdo de trece de junio de dos mil diecinueve, que ordena requerir a la quejosa depositaria Juana María Diaz de León de entrega del bien embargado en los autos del juicio natural. Los conceptos de violación resultan fundados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción VI de la Ley de Amparo, al advertir en contra de la quejosa una violación manifiesta que la dejó sin defensa, ante la circunstancia de que la resolución reclamada fue dictada por una autoridad legalmente incompetente, y con lo cual, le dejó en estado de indefensión de recurrir la resolución reclamada. En efecto, el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de trece de junio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral 855/III/2014 y la notificación del mismo, mediante el cual, en la fase de ejecución de laudo dictado, la junta responsable ordena requerir a la quejosa en su carácter de depositaria judicial de la entrega del bien embargado en los autos de juicio natural, para entregar al nuevo depositario designado en dicho proveído. Al respecto debe indicarse en principio, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Federal, es un derecho fundamental que todo acto de autoridad que tienda a molestar al gobernado, debe ser dictado por autoridad competente a efecto de que tenga existencia legal. Ahora, en torno al procedimiento de ejecución de laudo dictado en el expediente laboral 855/III/2014, y con motivo de lo cual fue dictado el acuerdo reclamado, el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo dispone que corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, ejecutar los laudos, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita. Incluso, conforme a lo dispuesto por los artículos 849 y 850 de la Ley Federal del Trabajo, se dispone que contra los actos del presidente en ejecución de los laudos, procede la revisión ante la Junta Especial como órgano colegiado. De este modo, si a través del acuerdo reclamado de trece de junio de dos mil diecinueve, dictado en la fase de ejecución del laudo en el expediente natural, la junta responsable ordena requerir a la depositaria judicial aquí quejosa de la entrega del bien embargado, para entregarlo al nuevo depositario designado en el mismo proveído; al tratarse éste de un acto relativo a la ejecución del laudo, es inconcuso que el dictado del mismo corresponde al presidente de la junta y no a esta como órgano colegiado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo. Luego, el dictado del acuerdo reclamado, constituye una violación manifiesta que deja sin defensa a la quejosa, al no poder recurrir dicha resolución en el procedimiento de instancia, por no proceder recurso ordinario en contra de las resoluciones emitidas por la junta responsable, a diferencia de que si fuera emitido por el presidente a quien le corresponde su dictado, de causarle perjuicio, el mismo sería revisable ante la propia junta como órgano colegiado de conformidad con lo dispuesto por los artículos 849 y 850 de la Ley Federal del Trabajo. Sirve de apoyo por no oponerse a la actual Ley de Amparo, la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA CONFORME AL ARTICULO 76 BIS, FRACCION VI, DE LA LEY DE AMPARO. INTERPRETACION DE LA EXIGENCIA CONSISTENTE EN QUE LA VIOLACION MANIFIESTA HAYA DEJADO SIN DEFENSA AL QUEJOSO O PARTICULAR RECURRENTE. El artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo señala lo siguiente: "Artículo 76 bis.- Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta Ley establece, conforme a lo siguiente: VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa". De este precepto se desprende que la exigencia en él consignada en el sentido que para suplir la deficiencia de la queja cuando se advierta que ha habido una violación manifiesta de la ley, precisa que tal violación haya dejado sin defensa a la parte quejosa o al particular recurrente; no es el caso de interpretar esta última hipótesis en forma rigorista, como lo sería el que no haya podido defenderse el solicitante del amparo antes de acudir al juicio de garantías, sino que una interpretación correcta de esa expresión, atento al principio teleológico que rige la suplencia, debe ser en el sentido que, ante la violación cometida en su perjuicio, ya no puede defenderse de ella. Por consiguiente, si el juzgador al dictar la sentencia respecto de un asunto sometido a su consideración descubre una violación manifiesta de la ley en perjuicio de la parte quejosa o del particular recurrente de la cual ya no pueda defenderse, debe otorgarle el amparo por esa violación en concreto, no obstante que en su demanda de garantías o en su recurso, según el caso, nada haya argumentado. Una interpretación rigorista del precepto contravendría los postulados esenciales del juicio constitucional como institución protectora de las garantías individuales, ya que, sería contrario a su esencia que el juzgador aun advirtiendo que se ha cometido una violación manifiesta de la ley en perjuicio del quejoso o del particular recurrente, que sólo por ignorancia no se ha combatido, se encuentra impedido para formular un análisis de la constitucionalidad del acto reclamado y otorgar el amparo." Asimismo, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." No se opone a lo anterior, la circunstancia que en la parte final del acuerdo de trece de junio de dos mil diecinueve reclamado, se precisa que así lo acordó y firmó el presidente con la asistencia del secretario, puesto que finalmente dicho proveído fue firmado por los representantes de los trabajadores y de los patrones, lo que significa que fue emitido de manera colegiada, esto es, en la integración de la junta; circunstancia que incluso, conlleva incertidumbre al momento de promover el recurso de revisión, al no proceder este, por haber sido emitida por la junta y no por el presidente, motivo mismo que precisamente constituye la violación manifiesta, ya que al resolver por una autoridad que carece de competencia le otorga definitividad y le impide hacer valer el recurso de instancia respectivo. Por tanto, al resultar fundados los conceptos de violación, se impone otorgar la protección de la Justicia Federal solicitada por Juana María Diaz de León. OCTAVO. Efectos del amparo. Para que la junta responsable: Deje sin efectos el acuerdo de trece de junio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral 855/III/2014 y como efecto de ello la notificación del mismo. En su lugar con libertad de jurisdicción, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, provea la petición formulada por el apoderado legal del actor, relativa al cambio de depositario judicial y requerimiento de entrega del bien embargado a la actual depositaria judicial. La protección otorgada se hace extensiva al acto atribuido a la autoridad ejecutora, por derivar del acto inconstitucional atribuido a la ordenadora. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78 y 107 fracción I de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Rogelio Montoya Gómez, contra el acto y autoridad indicada en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Juan Rogelio Montoya Gómez, contra los actos que reclamó de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado y Actuario ejecutor adscrito a la citada responsable, conforme a los razonamientos expuestos en el considerando sexto de esta resolución. TERCERO. La justicia de la unión ampara y protege a Juana María Diaz de León, contra los actos que reclamó de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado y Actuario ejecutor adscrito a la citada responsable, conforme a los razonamientos expuestos en el considerando séptimo y para los efectos indicados en el diverso octavo de esta resolución. Notifíquese; y personalmente. ..."
Quedan 19 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Juan Reyes Diosdado837/2021
- Juan Ricardo Arellano de Lira224/2019
- Juan Rivera Puente1576/2022
- Juan Roberto López Luevano1024/2015
- Juan Rodríguez Avila221/2014
- Juan Rodríguez Cortes888/2017
- Juan Sebastián Martínez Moreno318/2022
- Juan Sebastián Padilla Cortés109/2021
- Juan Servando Guerrero Briseño y Otros.556/2023
- Juan Silva Basurto Frausto708/2015
- Juan Solís Solís1766/2015
- Juan Sumayra López Estrada310/2023