Juan Saucedo Cervantes
Expediente 360/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 360/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 01/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Juan Saucedo Cervantes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos únicamente para que obre como corresponda, el sobre devuelto por el Administrador Postal de esta ciudad, el cual contiene el oficio número 5163, dirigido a la autoridad responsable Comisionado General de la Policía Federal, ello en razón de que dicha autoridad se tuvo por inexistente.
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el oficio número 2721, enviado por la Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho número 620/2017, con número de origen 241/2017. En mérito de lo anterior, se tiene por debidamente notificada a la parte quejosa ********************, respecto del proveído de veintidós de junio de dos mil diecisiete, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de julio de dos mil diecisiete. Agréguense a sus autos para que obren como corresponda, los sobres devueltos por el Administrador Postal de esta ciudad, los cuales contienen los oficios números 1934 3840, dirigidos a las autoridades responsables Comisionado General de la Policía Federal; con la siguiente leyenda: "autoridad inexistente". Por consiguiente, se tiene por inexistente a la autoridad que la parte quejosa señaló como "Comisionado General de la Policía Federal", para todos los efectos legales procedentes, por tanto, se suspende toda comunicación con dicha autoridad. Lo anterior es así, toda vez que con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones del quejoso, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja; si estas no existen con la denominación que indica la parte quejosa en su demanda, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le compete al impetrante de garantías estar pendiente de la tramitación del juicio de garantías que interpuso, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como atendiendo el principio de celeridad procesal. Cobra aplicación en el presente caso, la jurisprudencia XVII.2o. J/1, correspondiente a la Novena Época, consultable en la página 567. del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, Mayo de 1996, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO. Si bien es verdad que el artículo, establece que, en materia penal, operará la suplencia de la queja, aun ante la ausencia de conceptos de violación, o de agravios del reo, también es cierto que la suplencia de la deficiencia de la queja, en materia penal, de conformidad con lo preceptuado por el artículo en comento, consiste únicamente en suplir razonamientos por los cuales el quejoso estima que se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado. Sin embargo, tal suplencia de la queja no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que el quejoso señaló, como lo es la indicación del acto reclamado y de la autoridad responsable." Así como la tesis III.2o.P.36 K, visible en la página 2329, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, de enero de 2006, sustentada por los Tribunales Colegiados, correspondiente a la Novena Época, la cual es del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA. En un juicio de garantías las autoridades responsables deben estar designadas correctamente tanto en la demanda de amparo como en su correspondiente ampliación, para efecto de que, por una parte, sean oídas y tengan oportunidad de justificar los actos que se les reclaman y, por otra, para que el órgano de control constitucional esté en aptitud de apreciar si éstas han violado las garantías del quejoso, pues de lo contrario no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si la designada es quien realmente ha emitido el acto reclamado y, por ende, no resulta dable resolver sobre su constitucionalidad siendo, además, que las erróneamente señaladas tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión o que no han ejecutado los actos a ellas reclamados. Por tanto, cuando en el libelo constitucional no se realiza el señalamiento correcto de la autoridad responsable, la suplencia de la queja prevista por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, no autoriza al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, en concreto, las autoridades responsables, sino que únicamente pueden suplirse los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías, así como los preceptos violados con los actos reclamados." Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la resolución de ocho de mayo de dos mil diecisiete, en la cual se determinó sobreseer el presente juicio de garantías. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA RESOLUCIÓN HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, toda vez que de los autos del juicio en que se actúa se advierte que en el acta de audiencia constitucional, se dejó asentado como fecha de la audiencia el cuatro de mayo del año en curso, sin embargo, se hace la aclaración que la fecha correcta es ocho de mayo del mismo mes y año; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. En esas condiciones, tomando en consideración que Juan Saucedo Cervantes, se encuentra recluido y privado de su libertad en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), con sede en ciudad Ayala, Municipio de Cuautla, Morelos, el cual se encuentra fuera de la residencia de Juzgado Federal; con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordena girar despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Cuautla, Morelos, para que en auxilio de las labores de este Órgano Jurisdiccional, tenga a bien ordenar a quien corresponda, para que ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE le notifique personalmente el contenido del presente proveído. Se faculta al Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Cuautla, Morelos; para que tome las medidas que considere pertinentes para la debida diligenciación de este despacho y para que con plenitud de jurisdicción, realice todas aquellas diligencias que sean necesarias para la cumplimentación del mismo, e inclusive habilite días y horas inhábiles a fin de que los actuarios de su adscripción, lleven a cabo la diligencia encomendada, lo anterior, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
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