Juan Salvador Dorantes Peña
Expediente 694/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 694/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Juan Salvador Dorantes Peña
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, -a quien en dado caso le pudiera perjudicar las determinaciones que aquí se dicten-, haya interpuesto recurso de queja conforme al diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la citada ley de la materia, en contra del auto dictado por este Juzgado Federal, el veintitrés de diciembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso a) y tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo promovida y que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita; en razón que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acordó y firma Macario Oviedo González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por oficio CCJ/ST/2788/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, quien actúa asistido de Mac Quetzin Murillón Duarte, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, veintitrés de diciembre de dos mil veinte. 1).-Procedencia de la continuación de la sustanciación de este asunto. El presente asunto encuadra en los supuestos que establece el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante AG 13/2020), relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; lo anterior, de conformidad con la Circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre del año en curso, derivada de la sesión extraordinaria de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la que aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal"; al tratarse de un amparo en materia penal, por lo que debe continuarse respecto al mismo el trámite correspondiente. 2).- Exhortación a tramitar asuntos en línea. Se le exhorta a las partes que tomando en consideración la imposibilidad de acceder a los expedientes físicos, continúen la tramitación de este caso mediante el esquema de juicio en línea (en el que las partes hayan solicitado su autorización para visualizar el expediente, así como para que se les efectúen las notificaciones en línea), en el entendido que para tal efecto, deberán contar con firma electrónica y usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo con fundamento en el artículo 2° fracción XIX del "Acuerdo General 13/2020 Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19", se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. Lo anterior, para la tramitación y eventual resolución del presente asunto, siempre que la totalidad o la mayoría de sus actuaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos mediante el esquema conocido como "juicio en línea". En el entendido de que de conformidad con el artículo 9° transitorio del mencionado Acuerdo General 13/2020, en caso de que no sea posible notificar a la parte quejosa al no contar con firma electrónica (FIREL o e.firma), la tramitación se suspenderá y podrá reanudarse una vez que se regularicen las actividades en el Poder Judicial de la Federación. 3).-Vista con el estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación secretarial que antecede, que ha trascurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa, en proveído de cuatro de septiembre de dos mil veinte, a fin de que manifestara si era su deseo atribuirle el carácter de responsable ordenadora a alguna autoridad a la que le reclamara la orden de búsqueda y presentación; sin que dentro del término concedido lo haya hecho, por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, y se sigue el presente juicio únicamente por las autoridades y los actos señalados en el escrito inicial, precisándose que los actos reclamados consisten en: Del Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia de Santa María adscrito a la Fiscalía General del Estado de Morelos, el trámite de la carpeta de investigación con número *****. En su carácter de ejecutoras del Coordinador de la Policía de Investigación Criminal en el Estado de Morelos, y del encargado de la Dirección de Aprehensiones de la Fiscalía General del Estado, la ejecución de una orden de búsqueda y presentación decretada en contra del quejoso. Sin que se inadvierta que el quejoso también señale como acto destacado del agente ministerial responsable violaciones dentro de la carpeta de investigación que tramita, en virtud de que al amparista no se le ha hecho del conocimiento la misma, ni se ha realizado su individualización, toda vez que tales cuestiones, se tratan en realidad en vicios intrínsecos que le atribuye a la tramitación de la carpeta de investigación en cuestión, la cual ya se tuvo como acto destacado, y en todo caso constituyen conceptos de violación, ya que lo que reclama es que al estar el agente ministerial dando tramite a dicha carpeta se le están afectando sus derechos. En consecuencia, respecto a tales actos se provee como sigue: 4).- Desechamiento. En términos de lo dispuesto en el artículo 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por lo que hace al acto reclamado consistente en la tramitación de la carpeta investigación número ******, en atención a que de su contenido se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el numeral 62, de la Ley de Amparo. En efecto, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente. . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley,." Lo que se considera así, debido a que la tramitación de la carpeta investigación número *******, no le causa daño o perjuicio, pues sólo resultaría afectado el quejoso en su esfera jurídica, cuando se decida la existencia de la comisión de un hecho reprobable socialmente y la autoridad judicial determine su probable participación. Máxime que de acuerdo al artículo 102 Constitucional, la Representación Social, al ser un órgano persecutor de delitos, tiene la facultad de la investigación de la posible comisión de un ilícito, quien tiene a su vez la facultad de decretar el ejercicio o inejercicio de la acción penal, por tanto, es evidente que de existir alguna indagatoria respectiva en la que se haya librado orden de investigación, se encuentra aún en su fase de integración, y en ese tenor, la tramitación de la carpeta de investigación de que se duele, no le causa daño o perjuicio. Sin que se inadvierta que reclame como conceptos de violación que existen violaciones dentro de dicha carpeta, pues no se le ha hecho del conocimiento la misma, ni se ha realizado su individualización, en virtud de que tales cuestiones las hace depender precisamente de que se esté llevando a cabo una investigación, la cual por sí misma no le causa perjuicio, siendo que sería en todo caso la orden de búsqueda o presentación que derivara de tal carpeta, o su judicialización, la que le causaría perjuicio, y no por tanto, que la carpeta de investigación se hubiera integrado para tal efecto. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado por la ley como delito. Es aplicable al caso, la tesis (X Región) 2o.1 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 33, agosto de 2016, tomo IV, materia común, página 2592, que dice: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." Por otra parte, en relación al diverso acto reclamado consistente en la orden de búsqueda o presentación decretada en contra del quejoso, se advierte que el quejoso señaló únicamente como autoridades responsables a las ejecutoras de tal acto, siendo que nombró como tales al Coordinador de la Policía de Investigación Criminal en el Estado de Morelos y al Encargado de la Dirección de Aprehensiones de la Fiscalía del Estado. Por tanto, se advierte que de forma indudable y manifiesta, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5, fracción II y 108, fracción III, de la propia legislación, en razón de que el impetrante no señaló como autoridad responsable a la ordenadora de la orden de búsqueda o presentación reclamada, por lo que este órgano de control constitucional se encuentra impedido para estudiar la legalidad de la orden tildada de inconstitucional. Lo anterior, pues como ya se indicó, el quejoso señaló autoridades ejecutoras respecto de tal acto, sin atribuirle el mismo a alguna autoridad ordenadora, a pesar de que por auto de cuatro de septiembre del año en curso se le previno para el efecto de que manifestara si era "su deseo señalar a alguna autoridad ordenadora a la que le reclame la orden de búsqueda y presentación decretada en su contra", sin que haya cumplido con tal prevención, de allí que se advierta que el quejoso no pretende atribuirle dicho acto a alguna autoridad ordenadora sino que su intención es solamente reclamarlo a las autoridades ejecutoras que señaló. En consecuencia, si el quejoso no señaló como autoridad responsable a alguna ordenadora del acto reclamado, este juzgado se encuentra impedido para estudiar si la orden de búsqueda o presentación reclamada, puede resultar transgresora de los derechos fundamentales del quejoso, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5, fracción II y 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Es aplicable por analogía al respecto la tesis de jurisprudencia VII.A.T. J/6 emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICÓ. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal". Notifíquese personalmente.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de ocho de octubre de dos mil veinte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta signado por Juan Salvador Dorantes Peña; por medio del cual pretende desahogar la prevención realizada en proveído de cuatro de septiembre de dos mil veinte; al respecto se provee: Dígase al promovente que no ha lugar a tener por cumplida la prevención formulada en autos, toda vez que sólo señala que le atribuye el carácter de autoridad ordenadora al Ministerio Público de Santa María, dependiente de la Fiscalía General del Estado, sin especificar qué acto le atribuye como ordenadora, cuando la prevención fue para que manifestara si deseaba señalar alguna autoridad ordenadora a la que le reclamara la orden de búsqueda y presentación decretada en su contra, esto porque, si bien, ya había señalado como autoridad ordenadora al Ministerio Público de Santa María, dependiente de la Fiscalía General del Estado, en su capítulo de actos reclamados solamente le atribuyó la tramitación de la carpeta de investigación en cuestión y diversas violaciones dentro de la misma, sin reclamarle como ordenadora la orden de búsqueda y presentación en cuestión. Por lo tanto, deberá aclarar si lo que desea es reclamarle orden de búsqueda y presentación decretada en su contra, al Ministerio Público de Santa María en su carácter de ordenadora. En consecuencia, toda vez que este acuerdo no interrumpe el término decretado en auto de cuatro de septiembre de dos mil veinte, por lo que de conformidad con la que certificación antecede y tomando en consideración el sello de la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional del que se observa que el quejoso presentó su escrito el siete de octubre de dos mil veinte; por tanto, se requiere al promovente para que dentro del término de un día, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación del presente auto, de cumplimiento a la prevención que le fue formulada el cuatro de septiembre de dos mil veinte, En el entendido, que subsiste el apercibimiento decretado en el referido proveído. Notifíquese personalmente.
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