Juan Santiago Orozco

Expediente 543/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
543/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Juan Santiago Orozco

Actuaciones

  1. Principal

    pral 543/2023.-Salina Cruz, Oaxaca, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, únicamente para que obre como corresponda el oficio procedente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por el que transcribe el acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, de cuyo contenido se advierte que no insiste en declinar competencia; en virtud que por auto de treinta y uno de octubre del año en curso, se proveyó respecto de su contenido. Cúmplase.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que en proveído de once de los actuales, este juzgado no aceptó la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ******, contra actos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca, y toda vez que del punto cinco de la certificación que antecede, se advierte que en el diverso juicio de amparo 273/2023 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, en proveído de diecisiete los corrientes, dicho órgano jurisdiccional determinó no insistir en declinar competencia a favor de este juzgado y ordenó continuar con el trámite del citado asunto; lo que se invoca como un hecho notorio en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. ********* ARCHIVO DEL EXPEDIENTE En razón de lo anterior y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, firmado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, por el que remite el juicio de amparo ********************, de su índice, promovido por ********************, contra actos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca, toda vez que se declaró incompetente por razón de territorio para conocer del mismo. ANOTACIONES Fórmese expediente electrónico, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 543/2023-II-B que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por ahora, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico; hasta en tanto las áreas competentes del Consejo de la Judicatura Federal determinen la estrategia de transición exclusivamente a libros de control electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; reformado por el diverso Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, según lo dispone su transitorio decimocuarto. PRECISIÓN SOBRE ACUERDO GENERAL APLICABLE Se comunica a las partes procesales que, de conformidad con el artículo tercero transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se concluyó el esquema con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus covid-19, y a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós se reanudaron labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales federales; por lo que, en lo subsecuente, para la tramitación de este juicio de amparo, deberán estarse a las disposiciones previstas en el referido Acuerdo General, vigente a partir del siete de noviembre de ese año. ASPECTOS CONCERNIENTES A LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE Con la precisión que lo relativo a la integración y consulta de los expedientes electrónicos se regirá por las bases establecidas en el numeral 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del. Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con las reformas previstas en el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. Bajo esa condición, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós los expedientes físicos se integrarán únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, como así lo establece el artículo sexto transitorio del mencionado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, sin que se obstaculice la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. INSTRUCCIÓN A LA SECRETARIA ENCARGADA DEL EXPEDIENTE Y AL OFICIAL JUDICIAL "A" Se instruye a la secretaria de Juzgado adscrita, que lleva el trámite este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; con las reformas del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga las acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Al efecto, se puntualiza que la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrita a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. NO SE ACEPTA COMPETENCIA Ahora bien, de las constancias remitidas por el juez declinante se advierte que por auto de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo ********************, de su índice, por cuestión de territorio, esencialmente porque: ? El quejoso reclama el auto dictado el tres de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó por improcedente la queja por omisión interpuesta por la parte quejosa en el expediente ********************. ? De lo anterior se advierte que el quejoso se duele que la autoridad responsable Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca, no ha velado que el procedimiento de ejecución de sentencia emitida en el juicio de nulidad de origen ********************, se realice en los términos y plazos señalados en la ley; por tanto, una vez que se excedió el plazo para que se acatara la resolución definitiva, interpuso el recurso de queja por omisión a efecto de que se cumpliera dicho fallo. ? Lo que pone de manifiesto que el acto reclamado a la autoridad responsable, constituye abstenciones que se producen alno realizar los actos que la ley les ordena (omisión de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de origen), por lo que constituyen actos de naturaleza negativa; sin embargo, es factible considerar que tales tienen efectos y consecuencias positivos, pues, de manera directa, implican la privación del ejercicio de un derecho como es el de disfrutar los incrementos de pensión que le corresponde al quejoso. ? De ahí que atendiendo al criterio competencial a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en donde los actos reclamados tienen consecuencias materiales en el ámbito privado del quejoso, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resienta su ejecución. ? Bajo ese panorama, como el quejoso refirió tener su domicilio particular en calle ********************, con apoyo en el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, determinó que es competente el Juez de Distrito del lugar donde deba tener ejecución la afectación del acto reclamado. No obstante lo anterior, en el caso, de manera respetuosa la suscrita Juzgadora no se comparte dicho criterio jurídico, por los siguientes motivos. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto anterior, se deducen tres reglas generales, con base en las cuales un juez de Distrito será competente para conocer de una demanda de amparo indirecto, que son: a) Será competente si el acto reclamado tiene ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, en el lugar donde ejerce jurisdicción. b) Tendrá competencia para conocer del juicio de amparo, si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, se surtirá la competencia en favor del juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda. En el caso, se actualiza la segunda de las hipótesis descritas, porque los actos reclamados en el juicio de amparo, tienen ejecución en más de un distrito. Cierto, el quejoso reclamó substancialmente que la autoridad responsable Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca, no ha velado porque el procedimiento de ejecución de sentencia emitida en el juicio de nulidad ********************, se realice en los términos y plazos señalados en la ley; por lo que ello, interpuso el recurso de queja por omisión a efecto de que se cumpla dicho fallo, por lo cual considera que su desechamiento es violatorio a su derecho de acceso a la justicia. Tal acto es omisivo con efectos positivos, porque la autoridad responsable (órgano jurisdiccional) incumple con su obligación de hacer cumplir la sentencia ejecutoriada, deber establecido en el artículo 17 constitucional; y se materializa de forma directa en detrimento o menoscabo de quien obtuvo una sentencia favorable sin obtener su ejecución, en perjuicio del derecho fundamental de acceso a la justicia de manera pronta y expedita. Por lo tanto, la omisión reclamada a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tiene ejecución en el lugar en donde se tramita el juicio de nulidad, en el caso, en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, debido a que es en el juicio de origen donde repercuten los efectos producidos por la vulneración al derecho de acceso a la justicia, y en donde en su caso, se concretarán los efectos del amparo con el dictado de las medidas que establece el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece: "ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 1.- La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2.- La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4.- Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto; repetición del acto impugnado o del efecto de éste; que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya el procedimiento ordenado; o bien, que procede el cumplimiento sustituto. El Magistrado Instructor o el Presidente de la Sección o el Presidente del Tribunal, en su caso, ordenarán a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala Regional, la Sección o el Pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes. c) En caso de repetición de la resolución anulada, la Sala Regional, la Sección o el Pleno hará la declaratoria correspondiente, anulando la resolución repetida y la notificará a la autoridad responsable de la repetición, previniéndole se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo. d) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir. e) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno comprueba que la resolución a que se refiere el inciso a), subinciso 2 de esta fracción, se emitió después de concluido el plazo legal, anulará ésta, declarando la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para dictarla y ordenará se comunique esta circunstancia al superior jerárquico de ésta. f) En el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con la sentencia, la Sala Regional, la Sección o el Pleno declarará procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir el incidente respectivo, aplicando para ello, en forma supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles. g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere. III. Tratándose del incumplimiento de la resolución que conceda la suspensión de la ejecución del acto impugnado o alguna otra de las medidas cautelares previstas en esta Ley, procederá la queja mediante escrito interpuesto en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia definitiva ante el Magistrado Instructor. En el escrito en que se interponga la queja se expresarán los hechos por los que se considera que se ha dado el incumplimiento y en su caso, se acompañarán los documentos en que consten las actuaciones de la autoridad que pretenda vulnerar la suspensión o la medida cautelar otorgada. El Magistrado pedirá un informe a quien se impute el incumplimiento, que deberá rendir dentro del plazo de cinco días, en el que, en su caso, se justificará el acto o la omisión que provocó la queja. Vencido dicho plazo, con informe o sin él, el Magistrado dará cuenta a la Sala, la que resolverá en un plazo máximo de cinco días. Si la Sala resuelve que hubo incumplimiento, declarará la nulidad de las actuaciones realizadas en violación a la suspensión o de otra medida cautelar otorgada. La resolución a que se refiere esta fracción se notificará también al superior jerárquico del servidor público responsable, entendiéndose por este último al que incumpla con lo resuelto, para que proceda jerárquicamente y la Sala impondrá al responsable o autoridad renuente, una multa equivalente a un mínimo de treinta días de su salario, sin exceder del equivalente a sesenta días del mismo, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento, el sueldo del servidor público de que se trate y su nivel jerárquico. También se tomará en cuenta para imponer la sanción, las consecuencias que el no acatamiento de la resolución hubiera ocasionado, cuando el afectado lo señale, caso en que el solicitante tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios, la que, en su caso, correrá a cargo de la unidad administrativa en la que preste sus servicios el servidor público de que se trate, en los términos en que se resuelva la queja. IV. A quien promueva una queja notoriamente improcedente, entendiendo por ésta la que se interponga contra actos que no constituyan resolución administrativa definitiva, se le impondrá una multa en monto equivalente a entre doscientas cincuenta y seiscientas veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal y, en caso de haberse suspendido la ejecución, se considerará este hecho como agravante para graduar la sanción que en definitiva se imponga. Existiendo resolución administrativa definitiva, si la Sala Regional, la Sección o el Pleno consideran que la queja es improcedente, prevendrán al promovente para que dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto respectivo, la presente como demanda, cumpliendo los requisitos previstos por los artículos 14 y 15 de esta Ley, ante la misma Sala Regional que conoció del primer juicio, la que será turnada al mismo Magistrado Instructor de la queja." Tal dispositivo establece un mecanismo para lograr el pleno cumplimiento de las sentencias, compuesto por un lado, por un procedimiento oficioso mediante el cual la Sala respectiva requerirá a la demandada que informe sobre el cumplimiento de algún fallo, pudiendo, en caso de contumacia, multar a la autoridad o, incluso, requerirla por conducto de su superior jerárquico; comisionar a algún funcionario para que dé cumplimiento directo a la resolución, cuando la naturaleza del acto lo permita; y eventualmente poner en conocimiento de la contraloría interna correspondiente los hechos, a fin de que se determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. Por otro lado, el precepto en estudio contempla, como parte de la etapa de cumplimiento de una sentencia de nulidad dictada en un juicio administrativo, la posibilidad para el actor de promover un recurso de queja en los casos siguientes: 1) Contra la resolución que repita la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia; 2) En los casos en que la sentencia de nulidad haya obligado a la autoridad demandada a reponer un procedimiento o a emitir una nueva resolución en una instancia oficiosa, contra la resolución emitida y notificada después de concluido el plazo que al efecto les otorga la propia Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en sus artículos 52 y 57, fracción I, inciso b); 3) Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia; y, 4) Contra el incumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado. Además, que en el caso la autoridad demanda en el juicio natural es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el cual también tiene su residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. En ese sentido, la omisión de la autoridad responsable tiene ejecución en más de un distrito, entonces, es aplicable el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que señala que "Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda". Es de exacta aplicación, la jurisprudencia sustentada por el Pleno en Materias Civil y Administrativa de este Decimotercer Circuito, de rubro y texto siguientes: Registro digital: 2025378 Instancia: Plenos de Circuito Undécima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: PC.XIII.C.A. J/3 A (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Octubre de 2022, Tomo III, página 2996 Tipo: Jurisprudencia "OMISIÓN DE CUMPLIR CON LA SENTENCIA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE PENSIONES Y DE LA QUEJA POR OMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO. PUEDEN TENER EJECUCIÓN MATERIAL EN MÁS DE UN DISTRITO, POR LO QUE ES APLICABLE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados contendientes, sostuvieron posturas diferentes, puesto que uno de ellos, para efectos de la competencia en el juicio de amparo, sostuvo que la omisión de la Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para ejecutar la sentencia y la interlocutoria que declaró fundado el recurso de queja por omisión en el cumplimiento, relativas al incremento de la cuota diaria de la pensión del quejoso; y la omisión de las autoridades demandadas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para acatar esas determinaciones, no requieren de ejecución material; mientras que el otro, consideró que es una omisión con efectos positivos porque incide en la pensión de la parte quejosa. Criterio jurídico: La omisión de cumplir con la sentencia en el juicio contencioso administrativo en materia de pensiones y de la queja por omisión en el cumplimiento; pueden tener ejecución material en más de un Distrito, por lo que es competente legalmente tanto el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción donde se sigue el juicio contencioso administrativo, como el que tiene jurisdicción en el domicilio del quejoso (pensionado); y por ende, debe conocer del juicio, aquel ante quien se presente la demanda de amparo, conforme al artículo 37, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Justificación: El artículo 17 constitucional, y los preceptos 52, 53, 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establecen la obligación constitucional y legal de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de hacer cumplir sus sentencias, así como de las autoridades demandadas en el juicio contencioso administrativo de acatar las sentencias definitivas. No cumplir con esa obligación, genera consecuencias en el mundo fáctico, ya que la actitud contumaz de las autoridades responsables, priva a la parte quejosa de disfrutar el derecho al incremento de la cuota diaria de pensión que se le reconoció en la sentencia definitiva; con el consecuente perjuicio al derecho de acceso a la justicia, específicamente en el aspecto de plena eficacia de las resoluciones. Por tanto, cuando se reclame en el juicio de amparo dicha omisión, la competencia recae tanto en el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde se sigue el juicio, porque ahí repercuten los efectos producidos por la vulneración al derecho de acceso a la justicia; así como el Juez que ejerza jurisdicción donde el quejoso tiene su domicilio, porque razonablemente se puede considerar que es donde recibe y disfruta de su pensión. Precisado lo anterior, se considera que en la especie, la competencia para conocer de la demanda de amparo en comento no se surte en favor de este juzgado, pues como se dijo, en el caso se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Por ende, con fundamento en el referido numeral 37, párrafo segundo, de la Ley de la materia, se estima que la competencia se finca en favor del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo, pues fue ante quien se presentó inicialmente la demanda de amparo. En ese contexto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena devolver el expediente principal ********************, al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, al no aceptarse la competencia planteada, el cual deberá informar si insiste o no en su planteamiento a este órgano de control. AUTORIZADOS Por otra parte, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, quien tiene inscrita su cédula profesional en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que lo faculta a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones a la restante persona, quien lo será conforme a lo previsto en la segunda parte del párrafo segundo de dicho numeral. En otro aspecto, no se provee de conformidad la solicitud del promovente para tener las direcciones de correo electrónico que proporciona, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la aludida Ley, si bien establece su práctica vía electrónica, no es como tal para realizarla a través de dicho medio. Lo anterior, sin perjuicio de que en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo se establecen formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones, se tenga como tal, siempre que no sean de aquellas comunicaciones procesales, como lo son las notificaciones que le correspondan, ello a efecto de salvaguardar su propia seguridad jurídica en este juicio respecto de plazos y apercibimientos que se les llegaran a formular. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Ahora bien, como lo solicita la parte quejosa, tomando en cuenta que el usuario "********************"", se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Líneas del Poder Judicial de la Federación, y está vinculado con el correo electrónico ********************, en términos de lo previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con el del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en términos del 26, fracción IV de esa legislación, en relación con el diverso 55 del Acuerdo General citado, se ordena se practiquen de manera electrónica únicamente aquellas determinaciones que deban ser personales al usuario antes mencionado. Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que haga las diligencias necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en el Estado, Undécima Época, Registro: 2026122 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar casos en donde los quejosos y los terceros interesados solicitaron ser notificados por la vía electrónica, sostuvieron criterios discrepantes, pues mientras un órgano jurisdiccional estimó que dicha solicitud sustituye a las que se realizan por lista, el diverso órgano determinó que únicamente es aplicable para las de carácter personal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que cuando las partes quejosa o tercera interesada (particular) en un juicio de amparo soliciten ser notificadas por vía electrónica, esto implica que el órgano jurisdiccional deberá sustituir, con esa forma de notificación, únicamente aquellas que son de carácter personal. Justificación: Las notificaciones judiciales, como actos jurídicos a través de los cuales se comunica legalmente a una persona sobre una determinación adoptada por el órgano jurisdiccional con motivo del juicio o recurso sustanciado ante éste, tienen cuatro vías previstas en el artículo 26 de la Ley de Amparo: personal, por oficio, por lista y a través de la vía electrónica. Por su parte, el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, distingue el acceso al expediente electrónico, como aquel que solicitan las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, para sí o para un tercero, a fin de poder descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Dicha normativa es específica al señalar que el acceso otorgado a las partes o a sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales, salvo cuando se solicita expresamente autorización para esa finalidad y la misma se haya acordado favorablemente. Asimismo, en relación con las notificaciones electrónicas, el Acuerdo General establece que las partes, sus representantes o los autorizados que cuenten con facultades expresas, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, y particularmente distingue que la solicitud para ser notificado electrónicamente lleva implícita la obligación de consultar el expediente electrónico respectivo. Por tanto, las partes cuya solicitud para recibir notificaciones electrónicas se haya acordado favorablemente, tendrán derecho a consultar por esta vía todos los proveídos que se dicten en lo subsecuente. Atento a ello, de la interpretación realizada a los preceptos citados de la Ley de Amparo y del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, esta Segunda Sala determina que si la finalidad de establecer la notificación vía electrónica resulta en la implementación de una modalidad alterna a las que tradicionalmente se han utilizado, entonces la vía electrónica debe verse como herramienta optativa para agilizar la comunicación entre el órgano jurisdiccional y el justiciable. En tal sentido, es dable sostener que la elección de esta modalidad por el quejoso o el tercero interesado debe entenderse aplicable únicamente a las notificaciones que dentro del juicio se deban realizar de forma personal, pues éstas obedecen a la necesidad de comunicar fehacientemente determinados actos o resoluciones de importancia y relevancia para el interés de su destinatario, sin que su alcance pueda sustituir la operatividad de las notificaciones que se ordenan fijar en una lista que se publica en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información.

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