Juan Salinas Olvera
Expediente 73/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 26 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 73/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 25/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Salinas Olvera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinticinco de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal con el acuerdo de fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho (fojas 249 a 251 vuelta), en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído; en tal virtud archívese el expediente como asunto concluido. En otro aspecto, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y dado que se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en este juicio se formó cuaderno de suspensión en donde por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva, no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar; por tanto, glósese el original del incidente de suspensión relativo a este juicio y guárdese provisionalmente en el archivo de este Juzgado el duplicado del referido incidente. Tomando en consideración que en el duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido; en consecuencia, en términos del punto segundo, fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Asimismo, se hace saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; que ordena en el segundo párrafo del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; la depuración de los juicios de amparo en que se haya concedido, con cinco años de haberse concluido definitivamente y no existan documentos originales exhibidos por las partes, y como en este juicio aparece que Juan Salinas Olvera, adjuntó a su escrito de demanda, (fojas 2 a 8), los siguientes documentos: 1) Un certificado de derechos agrarios, expedidas por el Subdirector del Registro Agrario Nacional, el veintiséis de noviembre de mil novecientos sesenta y cinco, a nombre de José Salinas Zenón. 2) Dos actas de defunción expedidas por el Registro Civil de Tehuantepec, Oaxaca a nombre de José Salinas Zenón e Isabel Olvera Flores. 3) Dos constancias de cesión de derechos, expedidas por Integrantes del Comisariado Ejidal del Ejido de Morro Mazatan, Oaxaca, con fecha cinco de enero de dos mil diez y; 4) Dos constancias expedidas por miembros del Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia del Ejido Morro Mazatan, Tehuantepec, Oaxaca, de fecha dieciséis de marzo de dos mil quince. En consecuencia, se le previene a la parte quejosa, a fin de que se presente ante este Juzgado en horas y días hábiles, dentro del término de noventa días naturales siguiente al en que quede notificada de este acuerdo a recoger los documentos originales que le corresponden, mismos que se encuentran glosados a este expediente en el entendido que de no hacerlo en ese plazo, se transferirán junto con este expediente al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese en términos de ley. I-B-Penal
Salina Cruz, Oaxaca, veinticinco de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal con el acuerdo de fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho (fojas 249 a 251 vuelta), en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído; en tal virtud archívese el expediente como asunto concluido. En otro aspecto, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y dado que se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en este juicio se formó cuaderno de suspensión en donde por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva, no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar; por tanto, glósese el original del incidente de suspensión relativo a este juicio y guárdese provisionalmente en el archivo de este Juzgado el duplicado del referido incidente. Tomando en consideración que en el duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido; en consecuencia, en términos del punto segundo, fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Asimismo, se hace saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; que ordena en el segundo párrafo del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; la depuración de los juicios de amparo en que se haya concedido, con cinco años de haberse concluido definitivamente y no existan documentos originales exhibidos por las partes, y como en este juicio aparece que Juan Salinas Olvera, adjuntó a su escrito de demanda, (fojas 2 a 8), los siguientes documentos: 1) Un certificado de derechos agrarios, expedidas por el Subdirector del Registro Agrario Nacional, el veintiséis de noviembre de mil novecientos sesenta y cinco, a nombre de José Salinas Zenón. 2) Dos actas de defunción expedidas por el Registro Civil de Tehuantepec, Oaxaca a nombre de José Salinas Zenón e Isabel Olvera Flores. 3) Dos constancias de cesión de derechos, expedidas por Integrantes del Comisariado Ejidal del Ejido de Morro Mazatan, Oaxaca, con fecha cinco de enero de dos mil diez y; 4) Dos constancias expedidas por miembros del Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia del Ejido Morro Mazatan, Tehuantepec, Oaxaca, de fecha dieciséis de marzo de dos mil quince. En consecuencia, se le previene a la parte quejosa, a fin de que se presente ante este Juzgado en horas y días hábiles, dentro del término de noventa días naturales siguiente al en que quede notificada de este acuerdo a recoger los documentos originales que le corresponden, mismos que se encuentran glosados a este expediente en el entendido que de no hacerlo en ese plazo, se transferirán junto con este expediente al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, tres de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por el Secretario de Acuerdos "B" del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 22, residente en Tuxtepec, Oaxaca, únicamente para que obre como corresponda, en virtud de que en proveído de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo. Notifíquese en términos de ley. I-B-Penal
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, advirtiéndose de la certificación secretarial que antecede, en la que se hizo constar que el término legal de tres días otorgado al quejoso JUAN SALINAS OLVERA, por acuerdo de doce de junio de dos mil dieciocho (fojas 245 a 246), el que se notificó por medio de lista el diecinueve de junio siguiente, (foja 247), transcurrió del veintiuno al veinticinco de junio del actual, sin que hubiera hecho manifestación alguna dentro de ese plazo, en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte del Magistrado y Actuario del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, residente en Tuxtepec, Oaxaca, en atención a los oficios 549 y 550; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión e expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia engrosada el treinta de mayo de dos mil diecisiete, (fojas 48 al 70), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso JUAN SALINAS OLVERA, para el efecto de que el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, con residencia en Tuxtepec, Oaxaca, dejara insubsistente todo lo actuado dentro del juicio de agrario 1061/2014, promovido por Raymundo Salinas Olvera, a partir de la diligencia de emplazamiento de veintitrés de marzo de dos mil catorce y ordene llevar a cabo nuevamente el llamamiento a juicio del citado quejoso, conforme a derecho corresponda y atendiendo a los lineamientos plasmados a lo largo de la sentencia. Por otra parte, el tercero interesado Raymundo Salinas Olvera, mediante escrito presentado el siete de junio de dos mil diecisiete, (foja 177 a 183), interpuso recurso de revisión contra la sentencia antes mencionada, misma que toco conocer al Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Seguido su trámite, el ocho de marzo del año en curso, se tuvo por recibido la resolución de quince de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el amparo en revisión 412/2017, por los Magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en la que confirmaron la sentencia sujeta, que concedió el amparo al quejoso JUAN SALINAS OLVERA (fojas 195 a 219), por lo que por auto de nueve de marzo del año en curso, se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Mediante oficios números TUA.22-515-2018 y TUA.22-1029/2018, el Secretario de Acuerdos "B" del Tribunal Unitario Agrario 22, residente en Tuxtepec, Oaxaca, informó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; oficios de los cual se advierte que en proveído de veintidós de marzo del año en curso, dejó insubsistente la diligencia de veintitrés de marzo de dos mil quince, practicada por el actuario de su adscripción en la que emplazo a Juan Salinas Olvera, y de la misma manera dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio agrario 1061/2014, a partir del emplazamiento antes mencionado. Por otra parte, ordenó llevar a cabo nuevamente la notificación, emplazamiento y traslado con la copia de la demanda y sus anexos, así como el auto admisorio y proveído de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, a Juan Salinas Olvera, con domicilio ubicado en Calle Chapultepec, sin número del Barrio Canta Ranas, dentro de Ejido de Morro Mazatán, Tehuantepec, Oaxaca; de lo cual para fundamentar su dicho, remitió copias certificadas de la cedula de notificación en los estrados, realizada a Raymundo Salinas Olvera o Raymundo Olvera, cedula de emplazamiento practicada al quejoso, Juan Salinas Olvera, así como la razón actuarial levantada por la actuaria judicial adscrita al Tribunal Unitario Agrario, Distrito 22, (fojas 227 a 228 y 240 a 244). De lo anterior, se advierte que se cumplió en sus términos con la concesión del amparo, toda vez que la autoridad responsable dejó sin efectos todo lo actuado dentro del juicio de agrario 1061/2014, promovido por Raymundo Salinas Olvera, a partir de la diligencia de emplazamiento de veintitrés de marzo de dos mil catorce y llevo a cabo nuevamente el llamamiento a juicio del citado quejoso, atendiendo a los lineamientos plasmados a lo largo de la sentencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo para los efectos legales procedentes. Lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. I-B-Penal
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