Juan Ruíz Rodríguez

Expediente 258/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 24 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
258/2021
Año
2021
Actuaciones
24
Última actuación
25/11/2022

Partes del expediente

  • Juan Ruíz Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de veinte de octubre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio; por tanto, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el mismo. Por otra parte, de las constancias de autos se advierte que el presente expediente carece de relevancia documental de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio, sin que se advierta del mismo, documento alguno en original exhibido por la partes; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo Primero, fracción I, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. En cumplimiento al artículo 21, segundo párrafo del Acuerdo General antes citado, se instruye al Actuario Judicial correspondiente, notifique personalmente a las partes el presente acuerdo, para que de considerarlo necesario acudan a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos que hubieren exhibido en el expediente o que consideren de su interés, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. En el entendido para el fedatario judicial que de no poder efectuar la notificación señalada, deberá realizarla a través de lista en los Estrados de este juzgado federal. Con fundamento en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General, háganse la indicación en la carátula de este expediente de que será destruible. Por último, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Finalmente, y toda vez que no es necesario seguir conservando las copias del expediente 026/2021-II-C, se ordena hacer la devolución de la misma a su lugar de origen, Juzgado de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, sin que haya lugar a enviar el acuse correspondiente por no tratarse de constancias originales.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el quejoso Dionicio Merced Pichardo García, apoderado legal de Juan Ruíz Rodríguez, no dio cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de ocho de septiembre de dos mil veintidós; esto es, no se presentó ante este Órgano Jurisdiccional a exhibir los comprobantes de pago de la publicación de los edictos a efecto de llevarse a cabo el emplazamiento de la tercera interesada Gloria López Peralta. Ahora bien, no obstante que se llevó a cabo la investigación correspondiente con la finalidad de conocer el domicilio cierto de la referida tercera interesada Gloria López Peralta, a efecto de emplazarla legalmente al presente juicio de amparo, tal y como se acordó en proveído veinticuatro de marzo de dos mil veintidós; una vez agotada dicha medida sin lograr emplazar a la referida tercera, en auto de ocho de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento de mérito por medio de edictos a costa de la parte quejosa, haciéndole del conocimiento que, en caso de no comparecer a recoger dichos edictos; así como el no exhibir los pagos correspondientes dentro del término concedido para ello, se decretaría el sobreseimiento del presente asunto; además debe de tomarse en cuenta que ha transcurrido el término concedido para ello, sin que la parte quejosa haya dado cumplimiento a lo que le fue requerido. Aspectos que hacen patente, que el quejoso Dionicio Merced Pichardo García, apoderado legal de Juan Ruíz Rodríguez, dada la postura que ha tomado en el presente juicio constitucional en que se actúa, carece de interés para que se siga con el trámite del mismo, situación que actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el dispositivo 63, fracción II, en relación con lo establecido en el diverso 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, y 5º, fracción III, todos de la Ley Reglamentaria de los Preceptos 103 y 107 Constitucionales, así como lo estatuido en el segundo párrafo, del precepto 14 de la Constitución General de la República, que en su orden disponen: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: a) Las notificaciones personales al quejoso se efectuarán por lista. b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: III. El tercero o terceros interesado, pudiendo tener tal carácter." Y, el precepto 14 Constitucional expresa en su segundo párrafo: "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." De la transcripción anterior, se concluye que no obstante haberse agotado la investigación a que alude el numeral 27 en términos de la fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y ordenado que fue el emplazamiento de la tercera interesada Gloria López Peralta, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, el cual se presentó Marcial Pacheco Sánchez autorizado del quejoso, a recoger los nueve tantos de los multicitados edictos en este Juzgado Federal el diecinueve de septiembre del año en curso, a fin de que fueran publicados en los periódicos de mayor circulación nacional; sin embargo no fueron exhibidos los pagos correspondientes a los mismos, por ende, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, en virtud de que se incumple con un presupuesto procesal, que se erige en una formalidad esencial del procedimiento, lo que hace que éste Juzgado de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada en el juicio; pues la no publicación de los edictos ordenados, paraliza el juicio de amparo al arbitrio de los inconformes, con lo que se contraviene lo plasmado en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Corrobora lo anteriormente dicho, por identidad de razón, la tesis de Jurisprudencia número 2ª./J 64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es de la siguiente literalidad: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Sin que pase desapercibido que el criterio contenido en dicha jurisprudencia fue modificado a través de la jurisprudencia 108/2010, derivado de la solicitud de modificación de la jurisprudencia 16/2010, resuelta en sesión de siete de julio de dos mil diez, por la propia Segunda Sala del Alto Tribunal, del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo". (No. Registro: 164,074. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXXII, Agosto de 2010. Tesis: 2a./J. 108/2010. Página: 416.) La anterior modificación de criterio no es suficiente evitar el presente sobreseimiento, dado que de su contenido se advierte que sólo fue modificada la jurisprudencia en comento en cuanto a la exigencia de analizar las particularidades del caso, respecto de si el quejoso compareció manifestando no tener capacidad económica para solventar el costo que implica la publicación de los edictos relativos al emplazamiento de la tercera interesada y analizar si en autos hay indicios suficientes para determinar que, por falta de capacidad económica, el costo de su publicación se haga con cargo al Consejo de la Judicatura Federal, lo que no aconteció en el presente caso a estudio. Además de que no se advierte de autos que la parte quejosa revele que carezca de capacidad económica para ello, por tanto, analizando las particularidades del caso, no se dan los elementos que establece el criterio modificado (1. manifestación del quejoso que no puede solventar el costo de los edictos y 2. la existencia de indicios que revelen que carece de capacidad económica para solventar ese costo), para determinar que sea el Consejo de la Judicatura Federal, el que a su costa publique los edictos del emplazamiento a los terceros interesados. Máxime si se considera que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo actual, establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la vigente. Por ende, al actualizarse la hipótesis de sobreseimiento prevista en la fracción II, del artículo 63, en relación con los normativos 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo del artículo antes citado, y 5º, fracción III, todos de la Ley Reglamentaria de los Preceptos 103 y 107 Constitucionales, así como lo estatuido en el segundo párrafo, del precepto 14 de la Constitución General de la República, lo que procede es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente asunto. Es aplicable a lo vertido en párrafo que antecede, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de catorce de febrero de dos mil tres, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el Legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos del sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional que tendría verificativo a las once horas con cuarenta minutos del veinte de octubre de dos mil veintidós. Finalmente, téngase recibido el escrito signado por Santiago Reyes Noriega, en su carácter de autorizado del quejoso, atento a su contenido, dígasele que deberá de estarse a lo acordado en párrafos que anteceden mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo por las razones ahí expuestas. Sin que se inadvierta que refiere que la parte quejosa que representa carece de recursos económicos para la publicación de los edictos, sin que exhiba documento alguno que pruebe, al menos indiciariamente, su dicho; además de que esa circunstancia la pudo haber indicado antes de recepcionar los edictos.

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos del cual se aprecia que la parte quejosa no desahogó la prevención formulada en el acuerdo de veintiocho de junio del año en curso, a fin de que proporcionara domicilio diverso de la tercera interesada Gloria López Peralta, y pudiera ser emplaza al presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se le hace efectivo a la parte quejosa, el apercibimiento señalado en auto de veintiocho de junio del año en curso, y emplácese por medio de edictos a costa de la parte quejosa, que deberán contener una relación suscinta de la demanda, precisando la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, y se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de mayor circulación en la República Mexicana. En los cuales, se hará saber a dicha tercera interesada, que deberá presentarse ante este Juzgado Federal dentro un término de treinta días contados a partir del siguiente al de la última publicación; fíjese además, en los estrados de este Juzgado una copia íntegra de ésta determinación por todo el tiempo del emplazamiento; en la inteligencia que de no comparecer, las ulteriores notificaciones aún las de carácter personal le surtirán efectos por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional; por ende, requiérase a la parte quejosa, para que en el término de tres días siguientes al en que le surta efectos la notificación de este proveído, se presente a recoger los edictos; una vez hecho lo anterior, se le concede el término de veinte días hábiles para que exhiba ante este Juzgado Federal el comprobante de pago de la publicación de los mismos, con el apercibimiento que de no cumplir con lo que se le indica en el plazo que se concede, se decretará el sobreseimiento en el presente juicio de amparo por falta de interés jurídico. Tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, que señala: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción 1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en la página 211, Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época. II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso". Así como la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2009915 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 27/2015 (10a.) Página: 27 EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia señalada para este día, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo.

  4. Principal

    Téngase recibido el escrito signado por Dionicio Merced Pichardo García, en su carácter de apoderado legal del quejoso, atento a su contenido, se le tiene como su autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones así como para imponerse de los autos a Decideria Maceda Salazar; toda vez que no se encuentra acreditada para ejercer la profesión de licenciada en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho de los Juzgados y Tribunales Federales, sin revocar los nombramientos realizados con anterioridad. Por otra parte, se tiene recibido el escrito signado por Santiago Reyes Noriega, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en auto de veintiocho de junio del año en curso, y al efecto señala el domicilio en el cual refiere puede ser emplazada a juicio la tercera interesada Gloria López Peralta, siendo en el domicilio ubicado en la ***; sin embargo, dígasele que no ha lugar a tenerle señalando dicho domicilio toda vez que en auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós, se ordenó emplazarla en el mismo domicilio sin que se pudiera realizar dicho emplazamiento por las razones expuestas por la Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Morelos, con sede en Tlapa de Comonfort. Por tanto, se le informa que sigue subsistente el apercibimiento decretado en auto de veintiocho de junio del año en curso, a fin de que señale diverso domicilio de la tercera interesada. Notifíquese por lista.

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