Juan Rojas Estrada

Expediente 1682/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 1 actuación registrada, la última del 3 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1682/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
03/12/2019

Partes del expediente

  • Juan Rojas Estrada

Actuaciones

  1. Principal

    Se tiene recibida la demanda de amparo indirecto promovida por Juan Rojas Estrada, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado federal, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo indirecto 1682/2019, y fórmese el expediente físico y electrónico que corresponde. Antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es posible para este órgano jurisdiccional determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto el criterio jurisprudencial P./J.40/2000, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y dos, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional: ACTO RECLAMADO: ". la inactividad procesal para dictar acuerdo para formular alegatos, toda vez que se presentó la misma con fecha 28 de octubre de 2019, dentro del expediente laboral 446/2015, omisión realizada por el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad." De ahí que, se haga evidente que el acto que reclama la parte quejosa en el presente juicio es la omisión del tribunal laboral de dictar el acuerdo respectivo a la promoción presentada por el quejoso ante ese tribunal el veintiocho de octubre del año en curso, mediante la cual solicitó se ponga los autos del juicio laboral 446/2015, a la vista de las partes para formular sus respectivos alegatos. Relacionado con lo anterior, es preciso destacar que dicha circunstancia se sostiene dado que, la parte quejosa refirió en su escrito de demanda en el apartado del capítulo de antecedentes que mediante escrito de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, solicitó a la responsable que se ponga a la vista de las partes el expediente laboral 446/2015, para formular sus respectivos alegatos, de ahí que, sin cambiar el sentido del acto que la parte ahora quejosa considera violatorio de derechos, el acto reclamado lo constituye la falta de acuerdo a tal petición; respecto de la cual, este órgano jurisdiccional, concluye que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, relacionado con el diverso 107, fracción V, concatenada con la diversa fracción IV. A fin de evidenciar lo anterior, se procede a citar en lo que interesa el contenido de los preceptos legales aludidos: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Ahora bien, de acuerdo con lo sustentado por el alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento o en periodo de ejecución: La primera exigencia, que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Así, el acto que reclama la parte quejosa no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino más bien, como una violación de carácter adjetivo, ya que no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se da justamente dentro del mismo, pues reclama un acto de omisión al no emitir pronunciamiento a una petición vertida por la parte quejosa dentro del procedimiento laboral. En el caso, desde la fecha del escrito (veintiocho de octubre de dos mil diecinueve), a la data en que presentó la demanda de amparo (dos de diciembre de diciembre de dos mil diecinueve) han transcurrido veintisiete días naturales contados después de los tres días hábiles que tuvo la autoridad para emitir pronunciamiento al respecto que establece el artículo 91 de la Ley 51 del Estado; por tanto, es evidente que no ha trascurrido el lapso que estimó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se considere la existencia de la dilación; esto es, el de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en que concluyó el plazo legal que corresponde a la autoridad responsable. En ese sentido, el acto reclamado aún no es de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues, como se acotó en el párrafo que antecede, no ha transcurrido el lapso que la Segunda Sala fijó como parámetro para considerar dilación prolongada a las contestaciones que deben brindar las autoridades responsables. Sustenta a lo anterior, el criterio de jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, página 1086, de la Décima Época, con registro 2011580, de la siguiente literalidad: "AMPARO INDIRECTO, POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución de trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8 Constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra los actos de esta naturaleza es, por la regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilatación del procedimiento o su paralización total, púes en ese caso el juicio será procedente". [Énfasis añadida] Así como el diverso criterio de la referida Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a./J. 33/2019 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicado el viernes uno de marzo de dos mil diecinueve a las diez horas "10:04 h", Materia(s): (Común, Laboral), de la Décima Época, con registro 2019400, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." [Énfasis añadida] Así, al actualizarse en forma patente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al 107, fracción V, concatenada con la diversa fracción IV, aplicadas a contrario sentido, y 113, todos de la Ley de Amparo, se impone DESECHAR DE PLANO, la demanda de amparo, por las razones y fundamentos asentados en párrafos que anteceden. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el promovente en su escrito de demanda y como sus autorizados para los mismos efectos en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Heriberto Salgado Balderrama, Érika Salgado Vidal, Domingo Abarca Villa, Maricruz Gaspar Jaimez, Juan Guerrero Basurto, Juan Guerrero Basurto, Víctor Eduardo Chavelas Vidal y Víctor Alfonso Mercado Navarrete, dada la materia del acto reclamado y por así solicitarlo expresamente.

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