Juan Rubio González y Otros.

Expediente 1004/2014 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 20 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1004/2014
Año
2014
Actuaciones
20
Última actuación
08/06/2015

Partes del expediente

  • Juan Rubio González y Otros.
  • Juan Rubio González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el proveído de quince de mayo pasado, en el que este Juzgado sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que el presente juicio se sobreseyó, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. En vista de que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Finalmente, en virtud de lo anterior, resulta innecesario que obre en autos el tomo de prueba que la autoridad responsable adjunto como justificación a su informe, por tanto, devuélvansele al Agente del Ministerio Público I, con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato. Solicitándole acuse de recibo.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE QUINCE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE A LA PARTE QUEJOSA Y A LOS TERCEROS INTERESADOS: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en providencia de siete de mayo de dos mil quince, para que recogiera los edictos correspondientes para emplazar al tercero interesado Mario Sánchez, transcurrió sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la referida providencia y con fundamento en el artículo 61, fracción, XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b), y 5°, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional. A efecto de entender porqué el suscrito estima materializada la causal de improcedencia apuntada, es necesario traer a contexto los invocados normativos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "." XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. ." "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: "." III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: "." b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de vente días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: "." III. El tercero interesado, pudiendo intervenir con ese carácter:." De la interpretación de los citados numerales, se llega al convencimiento de que la contumacia en que incurre la parte quejosa al no haber comparecido ante este Juzgado a recoger los edictos correspondientes para emplazar al tercero interesado Mario Sánchez, implica que no podrá acreditar haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición; por tanto, al incumplir con un presupuesto procesal que se erige en formalidad esencial del procedimiento, hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, con lo que se actualiza la referida causa de improcedencia. En efecto, la fracción III del artículo 27 de la multicitada Ley de Amparo, dispone que si se desconoce el domicilio del tercero interesado, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone a la parte quejosa la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos al tercero interesado; en esta hipótesis, y una vez que ha sido admitida la demanda de amparo se advierte que no se conoce el domicilio del tercero interesado, ya sea porque el quejoso lo ignora, o bien, porque no corresponde al que señaló en su demanda, en términos de lo previsto en el artículo 108, fracción II, de la ley de la materia, el juzgador dictará las medidas pertinentes para investigarlo, y cuando estime que éstas resultaron infructuosas ordenará que el emplazamiento respectivo se realice por edictos, los que serán a costa de la parte quejosa. Es decir, el emplazamiento del tercero interesado que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionado a que la quejosa recoja los edictos, pague su publicación y exhiba las constancias respectivas, siendo que el incumplimiento de tan solo una de esas obligaciones provoca que no pueda tenerse por llamado a juicio al tercero interesado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal del procedimiento. En ese sentido, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero interesado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de amparo constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a los quejosos por no haber acudido a recoger los edictos, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. En ese contexto, al no haber comparecido la parte quejosa a recoger los edictos correspondientes para emplazar al tercero interesado, no obstante que fue debidamente notificada que de no hacerlo se materializaría la causal de improcedencia en estudio, resulta evidente que incumplió con un presupuesto procesal, como lo es el de llamar a juicio a todas las partes que deban intervenir en él, lo cual se traduce en la imposibilidad del suscrito juzgador para resolver el asunto que se plantea. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I INCISO C)DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE QUINCE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE AL TERCERO INTERESADO: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en providencia de siete de mayo de dos mil quince, para que recogiera los edictos correspondientes para emplazar al tercero interesado Mario Sánchez, transcurrió sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la referida providencia y con fundamento en el artículo 61, fracción, XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b), y 5°, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional. A efecto de entender porqué el suscrito estima materializada la causal de improcedencia apuntada, es necesario traer a contexto los invocados normativos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "." XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. ." "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: "." III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: "." b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de vente días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: "." III. El tercero interesado, pudiendo intervenir con ese carácter:." De la interpretación de los citados numerales, se llega al convencimiento de que la contumacia en que incurre la parte quejosa al no haber comparecido ante este Juzgado a recoger los edictos correspondientes para emplazar al tercero interesado Mario Sánchez, implica que no podrá acreditar haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición; por tanto, al incumplir con un presupuesto procesal que se erige en formalidad esencial del procedimiento, hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, con lo que se actualiza la referida causa de improcedencia. En efecto, la fracción III del artículo 27 de la multicitada Ley de Amparo, dispone que si se desconoce el domicilio del tercero interesado, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone a la parte quejosa la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos al tercero interesado; en esta hipótesis, y una vez que ha sido admitida la demanda de amparo se advierte que no se conoce el domicilio del tercero interesado, ya sea porque el quejoso lo ignora, o bien, porque no corresponde al que señaló en su demanda, en términos de lo previsto en el artículo 108, fracción II, de la ley de la materia, el juzgador dictará las medidas pertinentes para investigarlo, y cuando estime que éstas resultaron infructuosas ordenará que el emplazamiento respectivo se realice por edictos, los que serán a costa de la parte quejosa. Es decir, el emplazamiento del tercero interesado que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionado a que la quejosa recoja los edictos, pague su publicación y exhiba las constancias respectivas, siendo que el incumplimiento de tan solo una de esas obligaciones provoca que no pueda tenerse por llamado a juicio al tercero interesado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal del procedimiento. En ese sentido, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero interesado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de amparo constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a los quejosos por no haber acudido a recoger los edictos, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. En ese contexto, al no haber comparecido la parte quejosa a recoger los edictos correspondientes para emplazar al tercero interesado, no obstante que fue debidamente notificada que de no hacerlo se materializaría la causal de improcedencia en estudio, resulta evidente que incumplió con un presupuesto procesal, como lo es el de llamar a juicio a todas las partes que deban intervenir en él, lo cual se traduce en la imposibilidad del suscrito juzgador para resolver el asunto que se plantea. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SIETE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE A LA PARTE QUEJOSA: Agréguense en autos los oficios signados por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral con resistencia en Guanajuato, capital, mediante los cuales manifiesta su imposibilidad para proporcionar la información que se le requirió mediante proveído de diecinueve de marzo de dos mil quince, concerniente al tercero interesado Mario Sánchez, toda vez que no cuenta con los elementos suficientes para su búsqueda, como lo son el lugar y fecha de nacimiento, folio de la credencial para votar o clave de elector. Toda vez que se agotaron las diligencias necesarias para cumplir cabalmente con la búsqueda del domicilio del tercero interesado Mario Sánchez, a fin de llamarlo al presente juicio constitucional, dado que la investigación respectiva se realizó en el lugar en que se tuvo conocimiento de que éste tenía su residencia; con fundamento en los establecido en el segundo párrafo, del inciso b), de la fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordena emplazar al nombrado tercero interesado por medio de edictos a costa de la parte quejosa, porque a pesar de la investigación oficiosa ordenada en autos se desconoce su domicilio. Cabe señalar que los edictos contendrán una relación sucinta de la demanda y se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República, de conformidad con lo estatuido en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a Ley de Amparo. En dicho edicto también se hará saber al tercero interesado que deberá apersonarse al presente juicio dentro del término de treinta días, contado a partir del siguiente al de la última publicación, así como que queda a su disposición, en la Secretaría de este juzgado, la copia de la demanda de amparo. Y, en acatamiento a lo ordenado por el invocado numeral, se ordena fijar en los estrados de este órgano de control constitucional una copia íntegra del edicto, por todo el tiempo del emplazamiento. Ahora bien, con la finalidad de establecer las obligaciones que genera a la parte quejosa el emplazar por edictos al tercero interesado, así como los términos en que se deberá realizar dicho llamamiento a juicio, es necesario señalar que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis de jurisprudencia I.3o.C. J/42, visible en la página 1463, tomo XXVI, diciembre de 2007 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO. GENERA PARA EL QUEJOSO LAS OBLIGACIONES DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA."; sostuvo como criterio obligatorio que la orden de emplazar por edictos al tercero interesado le siguen tres distintos momentos y otras tantas obligaciones a cargo de la parte quejosa, que son: Recoger los edictos; Pagar su publicación; y, Exhibir ésta. De tal suerte que el solicitante del amparo debe satisfacer todos y cada uno de esos deberes, pero es evidente que no podrá hacerlo en una sola oportunidad, sino que debe seguir una secuencia lógica que de suyo, entraña diversos tiempos, ya que primero recoge los edictos; a continuación los paga; y por último, espera las publicaciones para poder exhibirlas, para lo cual es menester dejar transcurrir el término legalmente previsto en cuanto al espaciamiento de cada publicación, de conformidad con el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Concluyendo que no pueda exigirse a la parte quejosa que en un solo término procesal, cumpla con las tres obligaciones a su cargo, pues podrá recoger y pagar los edictos en un breve plazo, pero las publicaciones sólo podrán exhibirlas hasta que se hayan realizado con la periodicidad legalmente prevista. En ese sentido, con fundamento en el numeral 297, fracción II, de la legislación federal supletoria, requiérase a la parte quejosa para que: a. En el término de tres días contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, recoja los edictos correspondientes para emplazar al nombrado tercero interesado. b. Dentro de veinte días que se computará a partir del día siguiente al en que se le entreguen los edictos, acredite haber realizado las gestiones necesarias para su publicación; y, c. Respecto a la obligación de exhibir las publicaciones, se acordará lo conducente hasta en tanto se colmen los dos requisitos anteriores y transcurra la periodicidad legalmente prevista para ello. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser observado en el orden y dentro de los plazos legalmente establecidos, y atendiendo a las particularidades del asunto en concreto, en su caso, podrá decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 63, fracción II, y 5°, fracción III, inciso d), todos de la Ley de Amparo, en virtud que incumpliría con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento, ocasionando que este Juzgado de Distrito no pueda resolver el presente juicio constitucional.

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