Juan Rosillo Molina

Expediente 861/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
861/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
15/12/2017

Partes del expediente

  • Juan Rosillo Molina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el que envía testimonio de la resolución emitida en el recurso de queja administrativa 45/2017 de su índice, que en su punto resolutivo determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja". Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y acúsese recibo a la superioridad. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, del punto vigésimo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de queja hecho valer por **********, apoderado legal del quejoso *********, en contra del proveído de diecinueve de septiembre del presente año.

  3. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por **********, apoderado legal del quejoso **********; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: I. Se tiene por interpuesto el recurso de queja en contra del auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. II. En razón de lo anterior y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en turno del Decimosexto Circuito, el original del escrito del recurso, copia certificada de la demanda y resolución recurrida, con su respectiva notificación, así como de las constancias señaladas por la parte quejosa y las que se estimen pertinentes para su substanciación. III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente el suscrito el diecinueve de septiembre del presente año, determinó desechar la demanda de amparo promovida por la parte quejosa.

  4. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso ********** y su apoderado **********, mediante el cual desahogan el requerimiento formulado en providencia de siete de los corrientes, lo que hacen precisando que se reclamaron las mismas prestaciones a cada uno de los codemandados en el expediente laboral 1585/2016/L1/CA/IND, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Por ello, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. En el caso, la parte quejosa reclama el acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, emitido dentro del expediente laboral 1585/2016/L1/CA/IND del índice de la Junta de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, en el cual se tiene por no interpuesta la demanda en contra de los codemandados ********** y **********, ambos de apellidos **********, y la moral **********. Ahora bien, cabe hacer mención que de acuerdo con lo narrado en el escrito inicial, en el juicio laboral de origen sólo pudo ser llamada a juicio la demandada **********; asimismo en el escrito aclaratorio la parte quejosa manifiesta que las prestaciones que reclamó en la demanda laboral, son las mismas para todos los demandados; por tanto, se estima que el auto dictado por Junta responsable que tuvo por no interpuesta la demanda laboral en contra de los codemandados ********** y **********, ambos de apellidos **********, y la moral **********, constituye una violación a las leyes procesales que no puede considerarse de imposible reparación, en virtud de que las pretensiones del actor, aquí quejoso, pueden quedar satisfechas si obtiene laudo en el que se condene a la demandada por la que se sigue el juicio, y en caso de que el laudo que se dicte en esas condiciones fuera adverso a los intereses del actor, con su emisión se patentiza la trascendencia de la violación procesal, máxime que la decisión de la autoridad que aquí se reclama, no contraviene algún derecho sustantivo del quejoso, lo que determina que no pueda calificarse como un acto dentro de juicio de imposible reparación, ya que sus efectos son meramente procesales, por ello es que resulta impugnable en términos de la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo, a través del juicio de amparo directo. Lo anterior es así, pues en la especie, como acto de imposible reparación no se le puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse, se itera, si obtiene sentencia favorable en el juicio, pues se reitera, las prestaciones reclamadas pueden ser satisfechas por la codemandada que sí fue emplazada. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En la que la Segunda Sala del Alto Tribunal estableció que el auto o resolución que no admita la denuncia del juicio a terceros, para que les perjudique la sentencia que en él se dicte, solicitada por la parte demandada al contestar una demanda, es un acto dentro del juicio por emitirse en el curso del procedimiento tramitado ante el Juez de los autos y cuya ejecución es de imposible reparación al producir, de manera directa e inmediata, un grado extraordinario de afectación a los derechos sustantivos, al privarle, pese a la existencia de un litisconsorcio pasivo, al peticionario del derecho a denunciar el juicio a un tercero, ocasionándole molestias sin causa legal, al tener que agotar en su caso, todo un proceso por todas sus instancias para obtener la admisión de la referida denuncia. Sin embargo se estima que dicho criterio no es aplicable en el presente caso, en virtud de que fue emitido conforme a la ley de amparo de vigencia anterior al tres de abril de dos mil trece. Cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."; determinó que la actual Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" aclaración con la que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas.

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