Juan Rodríguez Fuentes

Expediente 1079/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 17 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1079/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
12/08/2022

Partes del expediente

  • Juan Rodríguez Fuentes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a doce de agosto de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista de tres días concedida a las partes mediante acuerdo de once de abril del año que transcurre; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. Del estudio de las constancias que integran este juicio, se advierte que por sentencia de veintiocho de febrero de los corrientes, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa y mediante acuerdo de veintiocho de marzo del mismo año, se declaró ejecutoriada dicha sentencia, por lo que se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma; y conforme a ello, mediante oficio presentado el ocho de abril actual, se tuvo a la autoridad responsable remitiendo las actuaciones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se dio vista a la parte quejosa y tercero interesado a efecto que manifestaran lo que en derecho correspondiera, sin que se pronunciaran sobre el particular. En ese sentido se tiene que, la concesión del amparo fue para el efecto de que la autoridad responsable: "a) Deje insubsistente la resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno. b) Con plenitud de jurisdicción, dicte otro, que podrá ser en el mismo sentido o no; c) Debiendo purgar las omisiones formales apuntadas en la parte considerativa de esta sentencia relacionadas con la falta de las formalidades del procedimiento (deberá valorar la totalidad de las pruebas admitidas); y, d) Finalmente, deberá purgar la omisión formal apuntada en la presente sentencia relacionada con la falta de fundamentación y motivación de su actuación." Así de las constancias remitidas por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria del amparo, se advierte que: Dejó insubsistente la resolución incidental de liquidación de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente laboral 521/2018. Asimismo, la autoridad responsable, dictó otra resolución en la que valoró la prueba ofrecida por el hoy quejoso como lo es el estado de cuenta expedido por BBVA BANCOMER, institución de Banca Múltiple grupo financiero BBVA BANCOMER, como prueba tendente para acreditar los montos referidos al laudo, y en base a dicha prueba cuantificó la cantidad líquida que le correspondía al actor, expresando el período, pensión inicial por año, incrementos, pensión otorgada, pensión correcta, incremento al salario mínimo y diferencias a pagar por mes; asimismo, fundó y motivó su proceder pues al respecto consideró sustancialmente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172, de la Ley del Seguro Social de 1973 y con apoyo en la tesis de rubro: "PENSIÓN POR VIUDEZ QUE OTORGA EL SEGURO SOCIAL. SU INCREMENTO DEBE SER CON BASE EN LOS AUMENTOS PORCENTUALES DEL SALARIO MÍNIMO, PERO SI AQUÉL ES INFERIOR AL SALARIO MÍNIMO GENERAL QUE RIJA EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL AÑO 2017, DEBE INCREMENTARSE CONFORME AL ARTÍCULO 168 DE LA LEY DEROGADA, POR LO QUE ES INAPLICABLE EL MONTO INDEPENDIENTE DE RECUPERACIÓN "MIR", aprobó la planilla de liquidación cuantificada por la parte actora misma que ascendió a la cantidad $53,449.49 (cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos con cuarenta y nueve centavos; por lo que condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social, a pagar al actor Juan Rodríguez Fuentes, dicha cantidad, salvo error u omisión de carácter aritmético, por concepto de las diferencias tomando en consideración el incremento a su pensión de cesantía en edad avanzada y de la cual se encuentra gozando, de conformidad con lo dispuesto por el mencionado artículo 172 de la Ley del Seguro Social de 1973, diferencias que deberán ser pagadas a partir de un año anterior a la fecha de presentación de la demanda, es decir, a partir del veintidós de mayo de dos mil diecisiete; sin perjuicio de las diferencias que se sigan generando a favor del actor, hasta la fecha de cumplimentación del laudo de referencia y poniendo en corriente la pensión señalada del laudo, así como el incremento correspondiente anual, en términos de lo analizado y valorado en el considerando tercero de la resolución en cuestión y de conformidad con los artículos 123 Constitucional apartado "A" fracción XX y XXXI, Artículo 523 fracción X, 604, 605, 606, 609, 762, 763, 843 y demás aplicables y relativos de la Ley Federal del Trabajo. Una vez expuesto lo anterior, se concluye que, la responsable dio cumplimiento exacto a la ejecutoria de amparo, y por ello, lo que procede es declarar que la ejecutoria ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese este juicio como concluido, gírese oficio a la responsable que tuvo el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General Sin Número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es susceptible de depuración. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma solicítese la transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Ahora bien, toda vez que en el presente asunto obran documentos aportados por la parte quejosa, de los catalogados como originales y no originales; en consecuencia, se autoriza desde este momento su devolución en caso de que así lo solicite, en el entendido que de no hacerlo, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán al momento de practicarse la depuración. Toda vez que en razón de las condiciones de trabajo que imperan con motivo de la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-COV, los secretarios encargados del trámite de los asuntos trabajan con el expediente electrónico, a fin de garantizar la coincidencia entre el expediente físico y electrónico en términos de lo establecido en el quinto párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los secretarios que trabajan en la integración de los expedientes físicos, que verifique y certifique esta situación, de lo que deberá quedar constancia en autos. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio o correo electrónico a la autoridad responsable y tercero interesado.

  2. Principal

    ***Apizaco, Tlaxcala, a doce de agosto de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista de tres días concedida a las partes mediante acuerdo de once de abril del año que transcurre; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. Del estudio de las constancias que integran este juicio, se advierte que por sentencia de veintiocho de febrero de los corrientes, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa y mediante acuerdo de veintiocho de marzo del mismo año, se declaró ejecutoriada dicha sentencia, por lo que se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma; y conforme a ello, mediante oficio presentado el ocho de abril actual, se tuvo a la autoridad responsable remitiendo las actuaciones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se dio vista a la parte quejosa y tercero interesado a efecto que manifestaran lo que en derecho correspondiera, sin que se pronunciaran sobre el particular. En ese sentido se tiene que, la concesión del amparo fue para el efecto de que la autoridad responsable: "a) Deje insubsistente la resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno. b) Con plenitud de jurisdicción, dicte otro, que podrá ser en el mismo sentido o no; c) Debiendo purgar las omisiones formales apuntadas en la parte considerativa de esta sentencia relacionadas con la falta de las formalidades del procedimiento (deberá valorar la totalidad de las pruebas admitidas); y, d) Finalmente, deberá purgar la omisión formal apuntada en la presente sentencia relacionada con la falta de fundamentación y motivación de su actuación." Así de las constancias remitidas por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria del amparo, se advierte que: Dejó insubsistente la resolución incidental de liquidación de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente laboral 521/2018. Asimismo, la autoridad responsable, dictó otra resolución en la que valoró la prueba ofrecida por el hoy quejoso como lo es el estado de cuenta expedido por BBVA BANCOMER, institución de Banca Múltiple grupo financiero BBVA BANCOMER, como prueba tendente para acreditar los montos referidos al laudo, y en base a dicha prueba cuantificó la cantidad líquida que le correspondía al actor, expresando el período, pensión inicial por año, incrementos, pensión otorgada, pensión correcta, incremento al salario mínimo y diferencias a pagar por mes; asimismo, fundó y motivó su proceder pues al respecto consideró sustancialmente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172, de la Ley del Seguro Social de 1973 y con apoyo en la tesis de rubro: "PENSIÓN POR VIUDEZ QUE OTORGA EL SEGURO SOCIAL. SU INCREMENTO DEBE SER CON BASE EN LOS AUMENTOS PORCENTUALES DEL SALARIO MÍNIMO, PERO SI AQUÉL ES INFERIOR AL SALARIO MÍNIMO GENERAL QUE RIJA EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL AÑO 2017, DEBE INCREMENTARSE CONFORME AL ARTÍCULO 168 DE LA LEY DEROGADA, POR LO QUE ES INAPLICABLE EL MONTO INDEPENDIENTE DE RECUPERACIÓN "MIR", aprobó la planilla de liquidación cuantificada por la parte actora misma que ascendió a la cantidad $53,449.49 (cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos con cuarenta y nueve centavos; por lo que condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social, a pagar al actor Juan Rodríguez Fuentes, dicha cantidad, salvo error u omisión de carácter aritmético, por concepto de las diferencias tomando en consideración el incremento a su pensión de cesantía en edad avanzada y de la cual se encuentra gozando, de conformidad con lo dispuesto por el mencionado artículo 172 de la Ley del Seguro Social de 1973, diferencias que deberán ser pagadas a partir de un año anterior a la fecha de presentación de la demanda, es decir, a partir del veintidós de mayo de dos mil diecisiete; sin perjuicio de las diferencias que se sigan generando a favor del actor, hasta la fecha de cumplimentación del laudo de referencia y poniendo en corriente la pensión señalada del laudo, así como el incremento correspondiente anual, en términos de lo analizado y valorado en el considerando tercero de la resolución en cuestión y de conformidad con los artículos 123 Constitucional apartado "A" fracción XX y XXXI, Artículo 523 fracción X, 604, 605, 606, 609, 762, 763, 843 y demás aplicables y relativos de la Ley Federal del Trabajo. Una vez expuesto lo anterior, se concluye que, la responsable dio cumplimiento exacto a la ejecutoria de amparo, y por ello, lo que procede es declarar que la ejecutoria ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese este juicio como concluido, gírese oficio a la responsable que tuvo el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General Sin Número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es susceptible de depuración. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma solicítese la transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Ahora bien, toda vez que en el presente asunto obran documentos aportados por la parte quejosa, de los catalogados como originales y no originales; en consecuencia, se autoriza desde este momento su devolución en caso de que así lo solicite, en el entendido que de no hacerlo, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán al momento de practicarse la depuración. Toda vez que en razón de las condiciones de trabajo que imperan con motivo de la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-COV, los secretarios encargados del trámite de los asuntos trabajan con el expediente electrónico, a fin de garantizar la coincidencia entre el expediente físico y electrónico en términos de lo establecido en el quinto párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los secretarios que trabajan en la integración de los expedientes físicos, que verifique y certifique esta situación, de lo que deberá quedar constancia en autos. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio o correo electrónico a la autoridad responsable y tercero interesado.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintiuno de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, sin mayor pronunciamiento, el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, y anexo que acompaña; lo anterior, toda vez que, mediante proveído de once de abril pasado, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado por la citada autoridad responsable, a fin de que manifistaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento en cuestión. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Ernesto Argüello Melgar, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a once de abril de dos mil veintidós. Agréguese el oficio MA.169/2022, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, por el que remite copia certificada de la resolución de cuatro de abril del año en curso, dictado dentro del expediente laboral 521/2018. En atención a ello, se le tiene informando las actuaciones realizadas del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que de la copia certificada que anexa al oficio de cuenta, se advierte que se dejó insubsistente la resolución incidental de liquidación de treinta de septiembre de dos mil veintiuno; se procedió a dictar nueva resolución y se determinó lo conducente. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento en cuestión, con el apercibimiento que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda tocante a dicho cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente al quejoso y por oficio a la parte tercera interesada. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Ernesto Argüello Melgar, que autoriza y da fe.

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