Juan Pineda Padilla
Expediente 169/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 169/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Juan Pineda Padilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que no obran los acuses de recibo de los oficios 4593/2023, 4595/2023 y 4616/2023, dirigidos a las autoridades responsables, Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria de la Ciudad de México, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México y Gobernador del Estado de Oaxaca, por los que se les comunica el proveído de dieciséis de febrero del año en curso, con el que se les hace de su conocimiento la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, terminada de engrosar el trece de febrero del presente año, dentro del recurso de queja 170/2022; y la reanudación del procedimiento en el presente juicio, reenviados mediante proveído de veinticuatro de marzo del presente año. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Por otra parte, vistas las constancias que obran en autos, se advierte que en el presente juicio de amparo, los directos quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Luis Gabriel Jop Corzo, Enrique Mejía Bello, Erick Adrián Rosas Gamiño e Iván Jesús Salazar Ramírez o Jesús Iván Salazar Ramírez manifestaron que fueron víctimas de tortura y de malos tratos. En ese sentido, a fin de proveer lo conducente, fórmese un cuaderno administrativo bajo el mismo número de expediente de amparo. En principio, se tiene presente que la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en sus artículos 1 y 8 establece lo siguiente: "Artículo 1. Los Estados partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la presente Convención." "Artículo 8. Los Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente. Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal. Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado." La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido -en el Caso Vélez Loor contra Panamá y en el Caso Cabrera García y Montiel Flores contra México- que existen dos supuestos que accionan el deber estatal de investigar actos de tortura y malos tratos: Cuando se presente denuncia. Cuando exista razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de la jurisdicción del Estado. El referido tribunal interamericano ha precisado que por razón fundada debe entenderse la existencia de indicios sobre la ocurrencia de la tortura o los malos tratos. Incluso, se ha señalado que aun cuando los actos de tortura o malos tratos no hayan sido denunciados ante las autoridades competentes por la propia víctima, si existen indicios de su ocurrencia, el Estado deberá iniciar de oficio y de inmediato una investigación. En el sistema jurídico mexicano, de forma particular, los artículos 222 del Código Nacional del Procedimientos Penales y 35 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, disponen lo siguiente: "Artículo 222. Deber de denunciar Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía. Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes." "Artículo 33. El delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio, por denuncia, noticia o vista de la autoridad judicial. La vista judicial tendrá por efecto que la autoridad competente inicie la investigación del delito de tortura en términos de lo dispuesto en la presente Ley y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso de que la autoridad que tenga conocimiento de los hechos constitutivos del delito de tortura no tenga competencia para iniciar la investigación, ésta deberá remitir el asunto de manera inmediata y por cualquier medio, a las Fiscalías Especializadas competentes. Todo Servidor Público que tenga conocimiento de la comisión del delito de tortura tiene la obligación de denunciarlo de manera inmediata ante las autoridades competentes." Las normas transcritas revelan que a toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público. En ejercicio de funciones públicas, quien tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, bajo el apercibimiento de ser acreedor a las sanciones correspondientes. En particular, el delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio, por denuncia, noticia o vista de la autoridad judicial. La vista judicial tendrá por efecto que la autoridad competente inicie la investigación del delito de tortura. Por lo que, en el supuesto de que la autoridad que tenga conocimiento de los hechos constitutivos del delito de tortura no tenga competencia para iniciar la investigación, ésta deberá remitir el asunto de manera inmediata y por cualquier medio, a las Fiscalías Especializadas competentes. Asentado lo anterior, en el caso se tiene que de las constancias que obran en autos se desprende que los directos quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Luis Gabriel Jop Corzo, Enrique Mejía Bello, Erick Adrián Rosas Gamiño e Iván Jesús Salazar Ramírez o Jesús Iván Salazar Ramírez manifestaron que fueron sujetos de tortura y de malos tratos. Por tanto, con apoyo en los artículos 222 del Código Nacional del Procedimientos Penales, 35 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, mediante atento oficio que al efecto se gire, dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y córrasele traslado con copias certificadas de las documentales conducentes, a fin de que éste otorgue intervención a la autoridad competente para iniciar la investigación del delito de tortura alegado por los quejosos. De igual forma, atento a que el artículo 54 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, prevé que debe darse seguimiento a la vista otorgada al representante social adscrito; requiérase al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente día al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, informe las actuaciones realizadas en relación con la vista por actos de tortura y malos tratos que le fue otorgada; para lo cual, además, deberá exhibir copia certificada de las constancias que acrediten su dicho. Apercibido que de no cumplir con lo solicitado o de no manifestar el impedimento que le asista, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el artículo 259 de la Ley de Amparo y artículo 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el cálculo y determinación de valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, esto a la fecha de la emisión del presente auto. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Apizaco, Tlaxcala, a treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años, sin necesidad de ulterior proveído, dentro de los treinta días siguientes y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Se precisa que en el presente juicio de amparo obra un documento de los catalogados como original que exhibió la parte quejosa; por tanto, se previene a la parte quejosa, para que en un plazo de noventa días naturales, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda al local de este juzgado a recoger el documento catalogado como original que exhibió en el presente juicio, ya que en caso de no hacerlo, este podrá ser destruido. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.***
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexos del Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Ahora bien del escrito inicial de demanda se advierte que el quejoso Juan Pineda Padilla, reclamó lo siguiente: La omisión de dar respuesta al escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno -en el que pidió que continuara con el procedimiento-, y, su notificación. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable a las que se les otorga pleno valor probatorio por tratarse de documentales públicas; lo anterior, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que mediante proveído de uno de junio del dos mil veintidós, se acordó el escrito del quejoso presentado ante la Junta responsable el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en el sentido de que no había lugar a proveer sobre lo solicitado, debido a que el expediente se encuentra en el archivo general de la junta responsable; determinación que le fue notificada mediante boletín oficial de tres de junio de dos mil veintidós. Por lo que se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda; esto es, al catorce de febrero del dos mil veintidós, el acto reclamado no existía. En tanto que desde el uno de junio de dos mil veintidós se atendió la solicitud del quejoso en el sentido de que no había lugar a continuar el procedimiento, en tanto que el expediente se encuentra en el archivo general. Atento a lo anterior, se advierte que en el presente caso debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Al respecto, el numeral y la fracción citada establecen: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .. IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional". En tales condiciones, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, ante la inexistencia de los actos reclamados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso por identidad jurídica el criterio jurisprudencial 284, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 305, Sexta Época, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que se encuentran fijadas las diez horas con diecinueve minutos del uno de marzo de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, sin embargo, dadas las consideraciones precisadas en el apartado que antecede, se hace del conocimiento de las partes que queda sin efectos la misma. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; vía electrónica al Fiscal Federal de la adscripción y por oficio a la autoridad responsable y tercera interesada.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de Constantino Bonilla Montiel, autorizado de la parte quejosa firmado electrónicamente, mediante el cual solicita se le autorice la consulta al expediente electrónico, en el mismo sentido, la autorización para presentar escritos y/o promociones y que se le notifiquen electrónicamente las resoluciones que se dicten en este juicio. En ese sentido, se autoriza a Constantino Bonilla Montiel, la consulta al expediente electrónico con el usuario "derechofin". Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice el alta correspondiente en el sistema. De igual forma, como lo solicita el promovente, se ordena que este proveído y todos los subsecuentes, cuya notificación no se ordene por lista, le sean notificados electrónicamente. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.
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