Juan Roberto de la Garza Hernanez

Expediente 1034/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1034/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
23/11/2018

Partes del expediente

  • Juan Roberto de la Garza Hernanez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Del estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren recurrido el sobreseimiento fuera de audiencia dictado en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2º, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE EL ACUERDO DE TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA VI CÚMPLASE

  3. Principal

    MESA VI CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 27 FRACCION I Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, ASI COMO SE ENCUENTRA ORDENADO EN PROVEIDO DE NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS CON EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA, SINTESIS DEL AUTO DE TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO: Agréguese a los autos el oficio a través del cual, la autoridad responsable que lo remite, cumple con el requerimiento efectuado en autos y anexa las documentales solicitadas en copia certificada, constancias a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°; sin que sea el caso dar vista con las mismas por las razones que enseguida se anuncian: Una vez analizado el presente asunto, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado de la Directora del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, la omisión de dar respuesta a su escrito presentado el tres de octubre del año en curso. Por otra parte, del informe justificado -fojas 19 y 20-, así como del oficio de cuenta, se advierte que a través del oficio A.4889/18, de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, la responsable dio contestación al referido escrito, notificándola el diecinueve de este mes y año, por conducto de Nadia Emilia Soto Silva, quiern dijo ser esposa del aquí quejoso, situación que evidencia que con ese pronunciamiento de la autoridad, dejó de existir la omisión que se impugna en este asunto. En esas condiciones, esta Juzgadora advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia del juicio, en el presente asunto, a saber la prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Se considera que cesan los efectos del acto reclamado cuando: a) El acto sea de carácter positivo, el agraviado haya sido restituido en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y b) Si el acto reclamado es de carácter negativo, la autoridad responsable obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y cumplir con lo que tal garantía exija. De lo expuesto se aprecia que para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Lo anterior, ya que la razón que justifica la improcedencia a través de la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no produce efectos y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser anulada por la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal. Al respecto, es aplicable la tesis de título: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." De lo expuesto se concluye que los efectos del acto reclamado dejaron de existir, pues como se precisó, la omisión reclamada quedó insubsistente el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho - fecha en que tuvo conocimento a su peticion-, con lo cual se restituye a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho fundamental que estimó violado en este juicio, pues resulta evidente que se destruyeron los efectos de dicho acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la quejosa; por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia cuyo título dice: "SOBRESEIMIENTO, CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Por lo anterior, con apoyo además en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se decreta el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO, sin necesidad de esperar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, se considera aplicable, la Jurisprudencia 10/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de seis de mayo de dos mil tres, al resolver la contradicción de tesis número 26/2002, cuyo rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En vista de lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio, la cual tendría verificativo a las nueve horas con cincuenta minutos del ocho de noviembre de dos mil dieciocho; háganse las anotaciones de rigor en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno respectivo, y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta, a través del cual la autoridad responsable que lo remite, rinde su correspondiente informe justificado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por otra parte, de las constancias que anexa la responsable, se advierte que son copia simple por lo que resulta necesaria la certificación de las mismas; en consecuencia, devuélvanse dichas constancias a la mencionada autoridad, para que en el término de tres días legalmente computado remita a este Juzgado debidamente certificadas dichas constancias. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a treinta días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251, con relación al 64 y 238, de la Ley de Amparo.

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