Juan Roberto de la Garza Hernandez
Expediente 657/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 657/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Juan Roberto de la Garza Hernandez
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN III, 27 FRACCIÓN I Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, ASÍ COMO SE ENCUENTRA ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE PROMOVENTE, SÍNTESIS DE LA DETERMINACIÓN DE CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido en queja el auto de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, a través del cual se desechó la demanda de amparo indirecto con que se formó el presente asunto; por tanto, con fundamento el artículo 2° de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda que dio origen al mismo; además, a juicio de la suscrita, no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Finalmente, toda vez que resulta innecesaria la retención de la documental que exhibió la parte quejosa, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase devolución de la misma, previa comparecencia, identificación y recibo de entrega que quede en autos, con el apercibimiento que de no acudir al presente órgano jurisdiccional a recoger los citados documentos, dentro de un plazo de noventa días, entonces dichas constancias se sujetaran al destino del presente asunto.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN III, 27 FRACCIÓN I Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, ASÍ COMO SE ENCUENTRA ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE PROMOVENTE, SÍNTESIS DE LA DETERMINCAION DE VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE: Vista la demanda de amparo formulada por Juan Roberto de la Garza Hernández, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Directora del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero; fórmese el expediente respectivo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese en el libro de gobierno, con el número de juicio 657/2019-III-B. DESECHAMIENTO En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, es pertinente precisar que el acto materia de este asunto, esencialmente se hace consistir en: - La omisión de dar respuesta a la solicitud formulada por el quejoso mediante escrito de diecisiete de junio del año en curso dirigido a la Directora del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, recibido en esa institución el propio diecisiete de junio de dos mil diecinueve, tal como se advierte del acuse de recibo que adjuntó a la demanda de amparo. Hecha tal precisión, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 8°, de la Constitución Federal. A fin de precisar lo anterior, se tiene que el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos previene lo siguiente: [.] Por su parte, deviene importante traer a colación el contenido del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra versa: [.] Ahora, de la interpretación del precepto legal citado, se desprende que para que exista un derecho de petición en favor de un ciudadano deben actualizarse los siguientes supuestos: a) La petición debe constar por escrito. b) Se debe realizar de manera pacífica y respetuosa. c) La autoridad a quien se dirigió debe emitir un acuerdo por escrito. d) Dicho acuerdo debe hacerlo del conocimiento del peticionario en un breve término. Atento a lo anterior, en la especie la parte quejosa reclama la afectación a su derecho fundamental consagrado en el artículo 8º constitucional, pues aduce que lo que le causa perjuicio es la omisión de dar respuesta a la solicitud formulada por el quejoso mediante escrito de diecisiete de junio de este año dirigido a la Directora del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, recibido en esa institución el propio diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Con lo anterior, resulta claro que el peticionario de amparo cumplió con los supuestos marcados en los incisos a) y b), en el momento de analizar el contenido del artículo 8° Constitucional, en líneas anteriores. Respecto de lo anterior, la parte quejosa también sostiene que la autoridad responsable a la fecha de la presentación de la demanda de amparo ha sido omisa en dar contestación a su petición, lo que contraviene en su perjuicio lo establecido en el artículo 8° constitucional. Ahora bien, tomando en consideración que el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero es una institución de educación superior localizada en Ciudad Madero, Tamaulipas, México, que tiene el carácter de institución pública que forma parte del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica de la Secretaría de Educación Pública, resulta dable citar el contenido de los artículos 16, fracción X, 17 y 17 B de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que dispone textualmente lo siguiente: (.) Del contenido de los artículos citados se obtiene que la autoridad responsable no puede exceder del plazo de tres meses para dar contestación a las peticiones que le son formuladas, en ese sentido, se sostiene que no le asiste razón a la parte quejosa para la promoción del presente asunto. Ahora bien, la expresión breve término a que se refiere el artículo 8 constitucional, debe ser interpretada en relación directa a la naturaleza y características de la petición planteada, por lo que su análisis deberá ser casuístico y en función al estudio o trámite que la contestación requiera, ello, con la intención de adecuar el lapso prudente para que la autoridad cumpla con dicho fundamento. Por tanto, corresponde al Juez de Distrito que conozca del amparo indirecto promovido por violación al citado precepto constitucional, calificar el "breve término" que tutela el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera congruente con la naturaleza de la petición formulada en cada caso concreto. Consecuentemente, no es dable fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que debe atenderse a las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad técnica, jurídica y material, con la actividad que el solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su petición, con la que las autoridades hayan llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de "plazo razonable" descrito. Se expone tal aserto, pues atendiendo al caso concreto, como se advierte de la constancia que se adjuntó a la demanda de amparo, la petición respecto de la cual aduce no le ha sido contestada, fue presentada el diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Aunado a lo anterior, de las constancias que integran los autos se obtiene que la demanda de amparo fue depositada en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a este juzgado, el veinte de junio de dos mil diecinueve, esto es, tan solo dos días hábiles después de la solicitud formulada a la autoridad señalada como responsable. En ese sentido, se torna patente que el quejoso no resiente hasta este momento vulneración alguna al artículo 8° constitucional como pretende hacer valer en esta instancia constitucional, pues, se insiste de conformidad con lo establecido en los artículos 16, fracción X y 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la autoridad responsable no puede exceder del tres meses para dar una respuesta congruente, fundada y motivada a su solicitud, situación que regula el citado precepto constitucional, en torno al derecho fundamental que tiene un gobernado de que la autoridad a la que formule una petición en las condiciones establecidas sea en "breve término". Por tal motivo, se estima que hasta el momento en que el quejoso presentó su demanda de amparo, no sufre una transgresión a su derecho fundamental de petición tutelado en el artículo 8º Constitucional, pues la autoridad a quien formuló la petición que aduce origina su agravio, está dentro del término que para tal efecto le concede la ley que rige el acto reclamado, así como el estimado por la Carta Magna. Además, dado que tan solo mediaron dos días hábiles entre la fecha en que el quejoso realizó su solicitud a la autoridad responsable y la data en que se presentó su demanda de amparo, se estima innecesario de allegarse de mayores constancias; ello es así, cuenta habida que tal proceder no abonaría a formar una convicción diferente, de ahí que se estime manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia invocada. En consecuencia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que nos ocupa promovida por Juan Roberto de la Garza Hernández, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Directora del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero; al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto legal 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en los estrados de este órgano judicial, por así haberlo solicitado en su demanda. Asimismo, se tiene como su autorizado en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a Victoriano Reyes Méndez, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, por así haberlo solicitado la parte quejosa. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con apoyo en la circular 12/2009, emitida por la Secretaria Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. La circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública de la Secretaria quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías. DIGITALIZACIÓN Procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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