Juan Reymundo López Utrilla

Expediente 748/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
748/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
23/07/2018

Partes del expediente

  • Juan Reymundo López Utrilla
  • Jesús Manuel Escobedo Arrieta

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, veintitrés de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del término legal el auto de tres de julio de dos mil dieciocho, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al haberse sobreseído en el juicio y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el presente expediente, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otra parte, no obsta para decretar el causa estado anterior, que en autos no conste notificación personal a la parte tercera interesada, ***********, por si y como propietario de la negociación denominada ***********, del proveído de tres de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual se sobreseyó este juicio fuera de audiencia, ya que a nada practico conduciría, por implicarse que el sentido adoptado no le causa ningún perjuicio. Tiene aplicación a lo anterior, la siguiente tesis de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." (Décima Época, Registro: 2013630, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo: VII, Febrero de 2017, Materia(s): común, Tesis: P 2a./J, Página: 556). Por lo anterior, se ordena notificar personalmente al tercero interesado el contenido del auto de tres de julio de dos mil dieciocho (fojas 31 a 35), para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, hágase entrega del presente oficio a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con domicilio en esta ciudad, el seis de agosto del año en curso, toda vez que mediante oficio ***********, de diez de julio de dos mil dieciocho, la Secretaria General de Acuerdos y Conflictos Colectivos y Secretaria del Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con domicilio en esta ciudad, informó a este órgano de control constitucional que se autorizó el primer periodo vacacional, comprendido del diecisiete de julio al tres de agosto de dos mil dieciocho, y reanudando labores el día siguiente hábil, es decir el seis siguiente. Tiene aplicación a lo anterior la tesis 16/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava época, junio de 1994, página 14, materia común, con número de registro 205453, que dice: "PERIODO VACACIONAL DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL RESPONSABLE. CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO QUE PUEDE SER INVOCADO DE OFICIO POR EL JUZGADOR DE AMPARO. El periodo vacacional de la autoridad jurisdiccional responsable constituye un hecho notorio, en virtud de que forma parte del bagaje cultural que es propio del círculo o grupo de los juzgadores de amparo, sobre todo si se toma en cuenta que en la actualidad las reformas constitucionales y legales en vigor a partir de 1988, han permitido la activación y aceleramiento de la desconcentración de los órganos judiciales federales, de modo que su multiplicación y mayor distribución geográfica favorecen su cercanía a las autoridades responsables localizadas dentro de su jurisdicción y, en consecuencia, propician su inmediatez, que les permite enterarse de un hecho tan relevante para su función, como lo es el periodo vacacional de las autoridades responsables cuyos actos juzgan cotidianamente; por ello, el periodo vacacional de la autoridad responsable, que debe ser descartado del término dentro del cual debe presentarse la demanda de garantías, no necesita ser alegado ni probado por el quejoso, puesto que al ser un hecho notorio puede ser invocado de oficio por los juzgadores de amparo, con base en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo". Notifíquese; y personalmente a la parte tercera interesada el auto de tres de julio de dos mil dieciocho (fojas 31 a 35).

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA , EL AUTO DE TRES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE:...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tres de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el informe de cuenta signado por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y secretario auxiliar de Amparo de su adscripción, con domicilio en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del acuerdo de veintidós de junio de dos mil dieciocho, de su índice, por medio del cual ordenó girar los oficios número 5729 18, 5730 18, 5731 18, 5732 18, 5733 18, y 5734 18, a diversas instituciones bancarias, en el expediente laboral *****; así como copia certificada de los oficios de referencia. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso reclama en esta vía constitucional lo siguiente: **** Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. **** Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con domicilio en esta ciudad, de girar oficios a las Instituciones Crediticias correspondientes a fin de proveer las medidas necesarias para dar cumplimiento a la condena establecida en el laudo de treinta de marzo de dos mil diecisiete, dentro del expediente número ****. Ahora bien, de las constancias remitidas por la citada autoridad, se advierte que el veintidós de junio de dos mil dieciocho, ordenó girar los oficios número 5729 18, 5730 18, 5731 18, 5732 18, 5733 18, y 5734 18, a diversas instituciones bancarias, en el expediente laboral ****, es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda, la autoridad responsable subsanó la omisión que se le reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, domiciliada en esta ciudad, de proveer lo necesario para la ejecución de la condena establecida en el laudo de treinta de marzo de dos mil diecisiete, dentro del expediente número ****, de su índice, ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. **** Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. No obsta para decretar el sobreseimiento anterior, que en autos no conste que se haya emplazado a la parte tercera interesada ***, por si y como propietario de la negociación denominada ***, ya que a nada práctico conduciría, ante la notoriedad de la causa de sobreseimiento ya descrita, lo que implica que el sentido adoptado no le irroga ningún perjuicio. *** Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Sin que afecte a la anterior determinación, el hecho de que no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido del informe justificado agregado en esta fecha, en virtud de que, el plazo que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del referido informe y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, pues el veintidós de junio de dos mil dieciocho, la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, ordenó girar los oficios número 5729 18, 5730 18, 5731 18, 5732 18, 5733 18, y 5734 18, a diversas instituciones bancarias, en el expediente laboral ***, de su índice; por lo cual la responsable subsanó la dilación procesal que se reclamaba. Por otro lado, es menester destacar que el análisis de las causas de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; además, las causas de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. ***** Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado y por oficio a la autoridad responsable; y háganse las anotaciones correspondientes

  3. Principal

    CON ESTA FECHA SE LE NOTIFICA AL TECERO INTERESADO EL AUTO DE DIECINUEVE Y TRECE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve de junio de dos mil dieciocho. Vista las razones actuariales de cuenta, firmadas por el actuario de la adscripción de las que se advierte la imposibilidad que tuvo a efecto de llevar a cabo la diligencia de emplazamiento del tercero interesado ***, por sí y como propietario de la negociación denominada ****, por las consideraciones allí expuestas. Atento a lo anterior, se comisiona al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional, para que lleve a cabo el emplazamiento del referido tercero interesado en términos del proveído de trece de junio de dos mil dieciocho (fojas 8 a 10), en el domicilio indicado en el escrito inicial de demanda, para lo cual deberá de constituirse al referido lugar en diferentes horas y días, incluso inhábiles, pues en el referido auto fue habilitado para tal efecto, ello, en términos de lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al tercero interesado el proveído de trece de junio de dos mil dieciocho.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de junio de dos mil dieciocho. ADMISIÓN Con fundamento en los artículos 107, 108 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por *******, contra actos de la siguiente autoridad responsable: 1. Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 748/2018-XIII. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse el incidente de suspensión relativo, por no haberse solicitado expresamente. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA Con fundamento en el artículo 5 fracción IV de la Ley de Amparo, se da la intervención legal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. No habrá necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a) número de registro 2002576]. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Se solicita a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del término de quince días, contado a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, es decir, del acto reclamado y sus antecedentes, con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, apercibida que en caso de omisión, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, que arroja la cantidad de $2,418.00 (dos mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO Respecto a que la parte quejosa señala como tercero interesado a *******, por sí y como propietario de la negociación denominada *******; se comisiona al actuario judicial adscrito a este juzgado, para que emplace al nombrado tercero, en el domicilio citado en el escrito inicial de demanda y le haga saber la promoción de este juicio de amparo, corriéndole traslado con una copia de la demanda de trato, para que se apersone al juicio si así conviene a su interés. Además le requiera para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación que se le realice, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, ya que de no hacerlo, las que surjan dentro del procedimiento se harán por lista de acuerdos, aun las de carácter personal, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, salvo que se actualice el supuesto del diverso 26, fracción I, inciso k), de la mencionada ley. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en esta ciudad, y por autorizada en términos amplios del numeral 12, de la ley en la materia, a *******, al ser la parte trabajadora en el expediente de origen quien promueve este juicio, no se hace necesario el registro de la cedulas respectivas en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. De igual forma, como autorizadas en términos restringidos del referido numeral a las demás personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. PRUEBAS Respecto al ofrecimiento de la prueba documental pública consistente en las constancias que remita la autoridad responsable, dígasele que no ha lugar acordar favorable su petición, toda vez que dichas pruebas son inherentes al informe justificado que en su enviará esa misma autoridad. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO De igual manera, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban de realizarse notificaciones personales a las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el actuario de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL TERCERO INTERESADO Y AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN; ASÍ COMO POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

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