Juan Pérez Santiz
Expediente 1564/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1564/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/12/2019
Partes del expediente
- Juan Pérez Santiz
- Juez Penal de Comitán, Chiapas
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diez de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, toda vez que la parte promovente no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devuélvase al Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado consistentes en copias certificadas de la causa penal **** (un tomo), tomando en cuenta que éstas ya no son necesarias, en virtud de que este juicio se encuentra concluido. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la comunicación oficial suscrita por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, con la cual remite el juicio de amparo **** de su índice, promovido por****; enviando el original de dicho juicio; copias certificadas del incidente de suspensión, así como copias certificadas de la causa penal **** constante de un tomo remitida por la autoridad responsable Juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, residente en San Cristóbal de las Casas Chiapas; lo anterior, al considerar que se actualiza el conocimiento previo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil dieciséis, con entrada en vigor el mismo día de su publicación. Con apoyo en el citado Acuerdo General, este Juzgado, acepta el turno planteado y se avoca al conocimiento del juicio. Acúsese recibo. DESECHAMIENTO Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de las autoridades señaladas como: Ordenadoras: 1. Jueces de Control y de los Tribunales de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ejecutoras 2. Comandancia de la Policía Especializada Regional Altos, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 3. Comandancia de la Policía Especializada Regional Indígena, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 4. Comandancias Regionales de la Policía Estatal Preventiva de los Distritos Judiciales de Comitán, Ocosingo, San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez. Actos que hizo consistir en: "ACTOS RECLAMADOS.- De las autoridades que señalamos como ORDENADORAS, el acto que reclamamos consiste en que dichas autoridades dictaron en nuestra contra orden de aprehensión por un delito que nunca hemos cometido. De las autoridades que señalamos como EJECUTORAS, el acto que reclamamos consiste en que pretenden ejecutar en nuestra contra la orden de aprehensión dictada por la autoridad señalada como responsable ordenadora". Ahora bien, este juzgado de distrito debe analizar la procedencia de la demanda de amparo, tal como dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, una vez analizada en su integridad la demanda de amparo, así como los anexos, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado el cumplimiento a la orden de aprehensión dictada en los autos de la causa penal **** del índice del Juzgado de Control, residente en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, acto del cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XVII, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica". Del primero de los numerales se desprende, que el juicio de amparo resulta improcedente cuando dentro de un procedimiento judicial o administrativo haya cambio de situación jurídica, debiendo considerarse consumadas las violaciones reclamadas en dicho procedimiento, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora bien, de las constancias que integran este expediente, se advierte que el acto reclamado deriva de la causa penal **** del índice del Juzgado de Control, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Asimismo, de la referida causa que en copias certificadas fueron remitidas por la responsable, se advierte que el Juez de Control, con domicilio en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el veintisiete de enero de dos mil diecinueve, dictó auto de vinculación a proceso dentro de la multicitada causa penal ****, que se instruye en contra de ****, por el delito de violación agravada, en agravio de ****,****además, el catorce de junio de dos mil diecinueve, se dictó auto de apertura a juicio, en la causa de referencia. En esas circunstancias, y tomando en consideración lo antes señalado, es evidente la existencia de un cambio de situación jurídica con relación al acto aquí reclamado, pues éste, jurídicamente quedó superado con la emisión del auto de vinculación a proceso emitido por el Juez de Control, residente en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En ese contexto, con el dictado del auto de vinculación a proceso por parte del Juez responsable de la causa, cualquier violación que hubiera surgido con motivo a la orden de aprehensión dictada en la causa penal ****, reclamada en este juicio de amparo, quedó jurídicamente consumada de modo irreparable, puesto que cesaron los efectos producidos por ésta, en forma tal que no es factible decidir sobre la constitucionalidad de la orden de búsqueda y aprehensión, sin afectar la nueva situación jurídica en que se encuentra al haberse sujetado a la parte quejosa en el proceso penal que se le instruye en su contra. Al respecto es aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia número VI.1°.J/57, visible en la página ciento treinta y nueve, del Tomo VIII- agosto, Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, octava época, materia penal, que a la letra dice: "SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de la causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley". Asimismo, tiene aplicación a lo anterior la tesis II.2o.P.20 P (10a.), visible en la página 1287, del Tomo 2 libro XV, diciembre de 2012, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, décima época, materia común, registro 2002240, que a la letra dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo establecido por el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, Tomo XX, Septiembre de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página 618, tomo V, mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda; y téngase por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala, por así haberlo solicitado expresamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en este juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.cjf.gob.mx/consultas.htm. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. COMPENSACIÓN Y ESTADÍSTICA Asimismo, para efectos de compensación y estadística, y se equilibre la carga de trabajo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, hágase del conocimiento al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el ingreso de esta demanda a este juzgado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.
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