Juan Regalado Martínez

Expediente 82/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
82/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
06/04/2018

Partes del expediente

  • Juan Regalado Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a seis de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término legal de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado en este juicio de amparo, el quince de marzo de dos mil dieciocho, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Juan Regalado Martínez; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. III-A

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Regalado Martínez, por propio derecho, contra actos del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos; Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Secretario de Gobernación: Director del Diario Oficial de la Federación; y, Procurador Federal del Consumidor, residentes en Ciudad de México. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 82/2018. Ahora bien, a fin de que este órgano jurisdiccional provea lo procedente respecto de la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 114, fracciones I, II, y V, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la legal notificación de este proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Tomando en consideración que la parte quejosa señala como autoridad responsable al "Congreso de la Unión", y siendo que éste se encuentra integrado tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores; en consecuencia, requiérasele para que precise si señala como autoridades responsables a ambas Cámaras, ya que en el proceso legislativo de la creación de los artículos que tilda de inconstitucional tuvieron injerencia ambas autoridades. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del tomo XXII, octubre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 177086, cuyo tenor literal es: AMPARO CONTRA LEYES. DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SI NO SE LLAMÓ A JUICIO A UNA DE LAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, AUN CUANDO EXISTA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA RECLAMADA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, estableció que no es necesario ordenar la reposición del procedimiento si a pesar de advertirse falta de emplazamiento de la autoridad responsable, el sentido de la sentencia que se dicte no le causa perjuicio si se evidencia que procede negar el amparo o sobreseer en el juicio, pues de adoptarse una postura contraria se retrasaría injustificadamente la solución del asunto. Asimismo, sostuvo que en el amparo indirecto contra leyes debe llamarse ineludiblemente a las dos Cámaras del Congreso de la Unión para que quede debidamente integrado el procedimiento constitucional. En congruencia con lo anterior, se concluye que la existencia de una jurisprudencia que decrete la inconstitucionalidad de la norma reclamada no puede validar la omisión de llamar a juicio a una de las Cámaras del Congreso de la Unión en su calidad de autoridad responsable, ni puede constituir causa para estimar innecesaria la reposición del procedimiento, porque se priva a la autoridad no emplazada de los derechos que pudiera hacer valer contra la admisión de la demanda de amparo, o bien, de exponer y demostrar causas de sobreseimiento o vicios en la personalidad del quejoso que el juzgador no pueda advertir oficiosamente, o para insistir sobre las mismas o nuevas causas de sobreseimiento; además, el hecho de que exista una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la norma reclamada es inconstitucional no tiene como consecuencia invariable la concesión del amparo, ya que la intervención de la autoridad responsable puede trascender al sentido del fallo definitivo. Con apercibimiento que de no cumplir con la anterior prevención dentro del término legal, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con lo previsto en el penúltimo párrafo el artículo 114 de la ley de amparo. Por otra parte, no pasa inadvertido que el quejoso en sus conceptos de violación invoca el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, no ha lugar a decretar de plano la suspensión de oficio de los actos reclamados que prevé el artículo 126 de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados no encuadran en ninguna de las hipótesis prevista en el artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, que los actos que reclama importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, así como los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, relativos a las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos y tormentos de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. SEGUNDO. Exhiba dos copia más de la demanda, ya que en el caso son necesarias nueve y únicamente exhibió siete, las que se distribuirán de la siguiente manera: dos para tramitar el incidente de suspensión, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional y cinco para las autoridades responsables. Se invoca en apoyo la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a/J. 106/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 170 del tomo XXII, octubre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. En el entendido que de no desahogarse la prevención aquí formulada dentro del plazo legal concedido, se postergará la apertura del incidente de suspensión hasta en tanto se exhiba las copias requeridas, proveyéndose únicamente sobre la tramitación del juicio de garantías en lo principal. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 2ª/J.86/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 245, Tomo XVI, Agosto de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo epígrafe y texto dicen: DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUÉLLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE. Téngase como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jesús Rene Aquino Pérez y Luis Roberto Bolaños Merlos, quienes tienen registradas sus cédulas profesionales en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que los autoriza a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho. Téngase únicamente para oír y recibir notificaciones a Josué de León Ríos, en virtud de que no acreditó con prueba documental alguna su calidad de licenciado en derecho, además no existe registrada su cédula profesional en el Registro Único de Profesionales del Derecho, tal como así se hizo constar en la certificación secretarial que antecede; sin perjuicio que una vez que acredite con prueba documental idónea lo anterior, se le tenga autorizado en los términos amplios previstos en el artículo 12 de la Ley de Amparo. Como expresamente lo solicita el promovente, téngase como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Dina Paola Molina Bonilla, David Antonio Reyes y Vladimir Gutiérrez Alcázar. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en el despacho jurídico ubicado en la calle Guadalupe Victoria número 309, Colonia Hidalgo Poniente en esta ciudad. En otro aspecto, por el momento, no ha lugar acordar de conformidad su petición, en el sentido de que sus notificaciones se le realicen al correo electrónico que proporciona, toda vez que el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevé la notificación vía electrónica, siempre y cuando haya obtenido su firma electrónica, sin que refiera que ya la tramitó; sin perjuicio de que una vez que la obtenga, previa petición, se ordene realizar sus notificaciones en dicho correo electrónico. Notifíquese personalmente al quejoso. III-A

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