Juan Ramón Rivera Mecot
Expediente 79/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 18 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 79/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 20/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Ramón Rivera Mecot
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Incidental
Salina Cruz, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Como está ordenado en esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de marzo de dos mil veinte. Destino. Asimismo, al tratarse de un asunto en el que se concedió la medida cautelar provisional y definitiva a la parte quejosa, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado numeral 18 del referido Acuerdo, una vez transcurrido el término de tres años, procédase a su depuración, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el mencionado precepto, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósito documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes a devolver, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (excepción de la demanda). Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. El duplicado del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, en términos de los dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses siguientes a partir de que se dicta el presente acuerdo, de conformidad a lo establecido en el ordinal 24, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone su numeral 22, y para los efectos precisados en el diverso 23. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal, contra el acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por cumplida la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 196, 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se concedió el amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, inciso b), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Archivo del incidente de suspensión. Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en aquél. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por los Magistrados Integrantes de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca, dado que se recibió misiva de idéntico contenido y se acordó lo conducente el dieciocho de marzo del actual (folio 3281). Ahora, toda vez que en proveído de dieciocho de marzo del actual, se reservó acordar en relación con la devolución del DVD perteneciente al Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, con sede en Juchitán, Oaxaca, hasta en tanto se recibiera físicamente y tomando en cuenta que tal circunstancia ya aconteció, al respecto se provee: En razón de lo anterior, devuélvase al Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, con sede en Juchitán, Oaxaca, el disco en formato DVD, mismo que remitió como justificación a su informe. Notifíquese. .*
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, doce de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado que guardan los autos, se advierte que por acuerdo de dieciocho de marzo del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que dentro del plazo legal de tres días manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de los Integrantes de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca, sin que hubiera hecho manifestación alguna; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente a de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión e expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia engrosada el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, se concedió al quejoso Juan Ramón Rivera Mecot el amparo y protección de la justicia de la unión para el efecto de que: "1. Deje insubsistente la orden de aprehensión dictada contra el quejoso Juan Ramón Rivera Mecot, el siete de febrero de dos mil veinte, dentro del toca penal JOTP/155/2019 por el hecho que la ley señala como delito de tentativa de homicidio calificado con ventaja, cometido en agravio de Juan Manuel Rivera Casique. 2. Con libertad de jurisdicción analice nuevamente la determinación combatida, en el entendido de que por lo que hace al apartado relativo a la necesidad de cautela, deberá pronunciarse de forma pormenorizada sobre todos los aspectos que expuso el Fiscal al realizar dicha solicitud (orden de aprehensión) y bajo lo expuesto en esta ejecutoria, establezca de manera fundada y motivada si se justifica o no la necesidad de cautela, esto, bajo el principio de estricto derecho al ser el recurrente la autoridad ministerial, hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda. Concesión de amparo que se hace extensiva al acto atribuido a las autoridades responsables ejecutoras, en virtud de que no se reclama por vicios propios sino en vía de consecuencia." Por acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Mediante oficio registrado con el folio 3281, los Integrantes de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca, remitieron copias certificadas de la resolución de dieciséis de marzo del actual, dictada en el toca penal JOTP/155/2019, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2, de las que se advierte que acataron en sus términos la ejecutoria de amparo, en virtud de que dejaron insubsistente la orden de aprehensión dictada el siete de febrero de dos mil veinte, dentro de dicho expediente, por la probabilidad de haber cometido el hecho que la ley señala como delito de tentativa de homicidio calificado con ventaja, cometido en agravio de Juan Manuel Rivera Casique. Asimismo, emitieron una nueva resolución de acuerdo con los siguientes puntos resolutivos: Primero. Esta Sexta Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, fue competente para conocer del recurso de apelación interpuesto. Segundo. En cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado, engrosada el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, se deja insubsistente únicamente la orden de aprehensión dictada por esta Sala en contra del imputado Juan Ramón Rivera Mecot, el siete de febrero de dos mil veinte, dentro del toca penal JOTP/155/2019 por el hecho que la ley señala como delito de tentativa de homicidio calificado con ventaja, cometido en agravio de Juan Manuel Rivera Casique. Tercero. Los agravios expresados por la apelante, agente del Ministerio Público Licenciada Rosa Amalia de Gyves Sánchez, resultaron parcialmente fundados, pero insuficientes para revocar la resolución apelada, por lo que con las precisiones realizadas en el cuerpo de esta resolución, se confirma la negativa de orden de aprehensión pronunciada por la Jueza de Control del Circuito Judicial del Istmo, sede Juchitán, Oaxaca, el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en la causa penal número 398/2019, que se instruye en contra de Juan Ramón Rivera Mecot y otro, por el hecho que la ley señala como delito de tentativa de homicidio calificado con ventaja, cometido en agravio de Juan Manuel Rivera Casique. En consecuencia, se estima que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, toda vez que de la confrontación de los lineamientos bajo los cuales se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal y la forma en que la autoridad dio cumplimiento, se advierte que cumple la finalidad que se perseguía con la emisión de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que incurriera en exceso o defecto en su acatamiento, como lo prevé el artículo 196 de la Ley de Amparo. Hágase este acuerdo del conocimiento de las partes. Sirve de orientación la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, corroborable con el registro digital 165807, de texto que sigue: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. Notifíquese y personalmente a las partes.
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