Juan Ramirez Navarro

Expediente 963/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
963/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
25/10/2019

Partes del expediente

  • Juan Ramirez Navarro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a través del cual acusa de recibo el diverso oficio 6904, del índice de este órgano jurisdiccional, en el que se le notificó el auto que causo ejecutoria la sentencia dictada dentro del presente asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Como se advierte de la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas recurrieran la resolución de uno de octubre del año en curso, en la que se NEGÓ el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a -; por tanto, con fundamento en los artículos 2° y 86 de la ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que a la letra dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Por otra parte, como del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa así como el cuaderno original del incidente de suspensión, son susceptibles de DEPURACIÓN, no así el duplicado del cuaderno incidental, que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce; lo anterior toda vez que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y se concedió la suspensión provisional y definitiva. Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable MAGISTRADO DE LA SEGUNDA SALA CIVIL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACAN, las constancias que remitió como anexo a su informe con justificación, solicitándole el acuse de recibo correspondiente; en el entendido que de no hacerlo dentro del término de tres días se deducirá que lo recibió a su entera satisfacción.

  3. Principal

    .CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE EMPLAZADA Y NOTIFICADA LA PARTE TERCERO INTERESADA.DEL PROVEIDO DE TRES DE SEPTIEMBRE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE:" Por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que anexa el cuaderno de amparo directo - y un tomo de pruebas, mediante el cual informa que en proveído de veintinueve de agosto del año en curso, dicho Tribunal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo; en esas condiciones, este Juzgado se AVOCA al conocimiento del presente asunto y acepta la competencia planteada, anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, con el número II-963/2019-I. Ahora, vista la demanda suscrita por -, contra actos del Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; consecuentemente, con fundamento en los artículos 5, 37, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de garantías que se promueve contra del acto que hace consistir en: ".IV.- NORMA GNERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE LA AUTORIDAD SE RECLAMA.- Lo son la sentencia dentro del toca - de fecha 12 doce de julio del 2019 dos mil diecinueve, dentro del expediente principal de número -, EJECUTIVO MERCANTIL." Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete. Fórmese por cuerda separada y por duplicado el incidente de suspensión por haberse solicitado. Sin que haya lugar a requerir a la autoridad responsable su informe justificado, toda vez que el mismo ya obra en autos, únicamente hágase de su conocimiento el presente proveído, así como de la parte quejosa. Con el informe justificado, rendido por la autoridad señalada como responsable y con las constancias que sustentan dicho informe, dése vista a las partes de conformidad con los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo, para que en el término de ocho días manifiesten lo que a sus intereses convenga. Se señalan las DIEZ HORAS DEL UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Ahora con las documentales antes mencionadas fórmese un tomo de pruebas por separado, para su manejo. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a: 1. -. En consecuencia, túrnese el presente expediente al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que se constituya en el domicilio señalado con antelación, con copia simple de la demanda y del presente proveído, corra traslado y emplace al presente juicio al citado tercero interesado, debiendo hacer de su conocimiento la fecha para la celebración de la audiencia constitucional; deberá requerirle para que en el momento de la diligencia señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones personales, en el entendido que de no hacerlo las notificaciones subsecuentes aún las de carácter personal, se le harán legalmente por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, de acuerdo al contenido de los numerales 26, fracción III y 29 de la ley de la materia, sin perjuicio de que si es así su deseo, durante la tramitación del presente asunto designe domicilio para tal efecto, durante la tramitación del presente asunto. En términos de los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a éste Juzgado, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de treinta a trescientas veces de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Por otra parte, en términos de los artículos 28, fracción I y 30, fracción I, de la ley en cita, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables, y a las que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menor trascendencia, se notificarán por lista; en la inteligencia que, de manera enunciativa, más no limitativa, se comunicarán por oficio, en su caso, las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencia de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las qué a criterio del suscrito se estimen relevantes. En apoyo a lo anterior, es de invocar por similitud, la jurisprudencia 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, del Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, consultable en la página 1253, del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción 1, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece que el acceso a los expedientes electrónicos se autorizará al asociar el "nombre de usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el citado portal con el juicio de amparo respectivo y la captura de los datos de las partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niega a recibir tales oficios, se tendrá por realizada la notificación y será responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior, sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, lo anterior en estricto acatamiento a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero, de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que, en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. Asimismo, hágase saber a las autoridades responsables que, para rendir su informe, deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde vía fax o telegrama, ya no es necesario rendirlo vía postal (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), y en ese caso, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 3 22 69 60, extensión 1192; asimismo, no es indispensable que acusen recibo de los autos que se les notifiquen, salvo manifestación expresa de este órgano jurisdiccional. Y, para el caso de que las autoridades responsables lo consideren conveniente, proporcionen su correo electrónico oficial a fin de que les sean remitidas las notificaciones que sean de naturaleza urgente inherentes al presente asunto, de igual manera se proporciona el correo oficial de este Órgano Jurisdiccional para que en esos casos remitan los acuses de notificación respectivas (el cual es 2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo por la vía postal. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. ". Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad, y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que refiere, y únicamente para recibirlas e imponerse de autos a -, toda vez que no se encuentra en el registro único de las profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales federales.";.LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO.

  4. Incidental

    V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo número II-963/2019-1, promovido por -; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, -, promovió demanda de amparo contra actos de la MAGISTRADA DE LA SEGUNDA SALA CIVIL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, CIUDAD, con sede en esta ciudad; lo que estima violatorio en su perjuicio de las garantías consagradas en los artículos 1°, 14, 16 y 23 de la Constitución General de la República. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta Ciudad, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Al rendir su informe previo la autoridad responsable Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado por el quejoso, respecto de los cuales se solicitó la suspensión definitiva; por su parte. Cabe destacar que en el presente asunto, el quejoso hace consistir los actos reclamados en: ". La sentencia dentro del toca I-203/2019 de fecha 12 doce de julio del 2019 dos mil diecinueve, dentro del expediente principal de número 263/2007 EJECUTIVO MERCANTIL" En primer término se considera pertinente precisar que la suspensión del acto reclamado, procede cuando se cumplan los siguientes requisitos: a). La existencia del acto reclamado b).Que la naturaleza del mismo permita su paralización y, c). Que se cumplan las exigencias previstas por el numeral 128 de la Ley de Amparo. Ahora bien, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." La suscrita Secretaria encargada del despacho, considera que se encuentran reunidos los requisitos que establece el precepto legal transcrito, para conceder a la parte quejosa -, la suspensión definitiva solicitada, toda vez que la parte quejosa acredita su interés suspensional, al ser parte en el juicio ejecutivo mercantil 236/2007 que sobre pago de pesos promovió Enrique Vega García frente al aquí quejoso. Ahora, en cuanto se refiere al segundo de los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, que ha quedado antes transcrito, la suscrita advierte que con la suspensión concedida, no se seguiría perjuicio al interés social, ni se contravendrían disposiciones de orden público, pues de la lectura de la demanda y sus anexos, no se advierte algún dato objetivo del que se aprecia, sin lugar a equivocación, aquella afectación. Sobre esto dicho es atinente, en lo conducente lo expresado por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en la tesis número 50, que aparece en la página 1125 del Tomo XI, correspondiente al mes de febrero del año dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN. EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE PREJUZGAR SOBRE LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL SIN BASE OBJETIVA. Si la quejosa reclama ataques a sus derechos de propiedad y posesión, alegando que la autoridad administrativa la trata de desposeer de un predio por obstruir supuestamente la vía pública, empero en su demanda de garantías aduce que el inmueble que ocupa como de su propiedad no invade espacio público, el Juez de Distrito no puede, sin prueba en contrario, negar la suspensión provisional invocando que no se satisface el requisito exigido en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo porque, en su concepto, de concederla se contravendrían disposiciones de orden público como son las contenidas en el capítulo II denominado del "Uso de la vía pública" del Reglamento de Construcción para el Centro de Población de Nogales, Sonora, además de que se obstaculizaría la libre circulación peatonal y vehicular, ya que ello es objeto de prueba durante el trámite del incidente de suspensión; pero además a lo que debe atenderse es precisamente lo que la quejosa argumenta respecto a que no obstruye la vía pública por ser el predio que ocupa propiedad privada, y debe atenderse a sus manifestaciones cuando no hay prueba en contra." (Lo subrayado es de este Juzgado). En esa misma inteligencia, es de tenerse presente, que serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se le causarían a la parte solicitante de la suspensión, si se ejecutaran actos relacionados con la desposesión, entrega y escrituración de bienes con motivo de la ejecución de lo condenado en sentencia, pues no se le podría resarcir el disfrute del mismo, ni aun otorgándosele eventualmente la protección constitucional, puesto que la suspensión actúa hacia el futuro, no hacia el pasado, con la finalidad primordial de preservar la materia del juicio constitucional. En consecuencia, SE CONCEDE a -, la suspensión definitiva de los actos que reclama, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran actualmente, esto es, para que no sea desposeído de bienes de su propiedad, ni éstos sean escriturados a favor de terceros, con motivo de la ejecución de lo condenado, ello siempre y cuando a la fecha no haya sucedido tal situación, pues de ser así, la medida cautelar carecerá de efectos y hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable sobre la suspensión definitiva. Lo anterior, atendiendo a que la materia del juicio de amparo radica en si existe o no prescripción negativa para la ejecución de la sentencia definitiva. Por otra parte, advirtiéndose de la demanda de garantías, que pueden existir terceros interesados que pueden sufrir daños y perjuicios con esta medida cautelar, se hace del conocimiento de la quejosa, que la misma surte efectos de inmediato, sin embargo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 132 y 136, ambos de la Ley de Amparo, dejará de hacerlo si no exhibe, dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, garantía por la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS M.N. 00/100), cantidad que se fija en forma discrecional por carecer de datos para fijar dicha garantía, respecto a los posibles daños y perjuicios que pudiesen ocasionarse a los terceros interesados con el otorgamiento de la medida cautelar concedida. Tiene aplicación al particular, por identidad de razones, el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis Jurisprudencial Número 43/01, al resolver la contradicción de tesis 17/2000, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito en contra del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, que es del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.- De la interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 125, 130 y 139 de la Ley de Amparo, que regulan lo relativo a la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, y a la garantía que el quejoso debe otorgar en los casos en que aquéllas sean procedentes, para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se puedan ocasionar al tercero perjudicado si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo, y atendiendo a la naturaleza, objeto, requisitos de procedencia efectividad de la medida cautelar de que se trata, así como al principio general de derecho que se refiere a que donde exista la misma razón, debe existir la misma disposición, se arriba a la conclusión de que respecto a la suspensión provisional que se puede decretar con la sola presentación de la demanda, cuando exista peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, tomando el Juez de Distrito las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero, y a virtud de la cual se ordena mantener las cosas en el estado que guardan en tanto se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, surte sus efectos, al igual que ésta, inmediatamente después de que se concede y no hasta que se exhiba la garantía fijada, porque de lo contrario no se cumpliría con su finalidad, que es la de evitar al quejoso perjuicios de difícil reparación. Además, debe tomarse en cuenta que ante el reciente conocimiento de los actos reclamados, el quejoso está menos prevenido que cuando se trata de la suspensión definitiva, y si ésta surte sus efectos desde luego, aún cuando no se exhiba la garantía exigida, lo mismo debe considerarse, por mayoría de razón, tratándose de la suspensión provisional, sin que ello implique que de no exhibirse garantía deje de surtir efectos dicha suspensión." Por lo expuesto y fundado; S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se CONCEDE a -, la suspensión definitiva, respecto a la autoridad señalada en el considerando segundo de esta resolución, y por los motivos ahí indicados.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,550 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano