Juan Perez Angeles
Expediente 609/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 609/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 22/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juan Perez Angeles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez en cita, mediante el cual acusa recibo del oficio 11678, por el que se le remitió el tomo de pruebas que adjuntó a su informe de ley. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Como de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término previsto por el artículo 86, de la Ley de la Materia, para que las partes legitimadas recurrieran a la sentencia de catorce de julio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Ahora bien, como de la misma constancia secretarial que antecede, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, así como el original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de DESTRUCCIÓN, dado que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva de los actos reclamados; lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 14 y 21 fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, que disponen lo siguiente: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Expedientes en los que se haya dictado una resolución, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de julio de dos mil veintidós. Como se advierte de la constancia secretarial que dentro del presente asunto, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, realizara las gestiones necesarias para materializar la ejecución del laudo, dictado el once de agosto de dos mil dieciocho, dentro del juicio ... en el que condenó a ... a la restitución del trabajador actor -aquí quejoso- en su fuente de empleo en la forma y términos que se venía desempeñando hasta antes del día veintinueve de noviembre del año dos mil dieciséis (orden de adscripción), en tanto la demandada fundara y motivara las necesidades del cambio de adscripción; ahora, de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se desprende que el Subdirector de Educación Especial de la Secretaría de Educación en el Estado, con sede en esta Ciudad, mediante oficio ..., informó que el formato único de personal del quejoso se encuentra elaborado, por lo que al respecto requirió al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, señalara fecha para su entrega a éste, siguiendo los lineamientos formales; asimismo, indicó que respecto a pagos que no se hubiesen cubierto al quejoso, éste debería acudir para ello a la Subdirección Operativa del Departamento de Pagos de la Secretaría de Educación en el Estado, con sede en esta Ciudad, lo que le fue notificado personalmente, sin que a la fecha, obre en autos constancia que acredite que el quejoso acudió al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que se le hiciera entrega del formato único de personal, mismo que ya se encuentra elaborado; de igual forma, no obra constancia de que el quejoso haya acudido a la Subdirección Operativa del Departamento de Pagos de la Secretaría de Educación en el Estado, con sede en esta Ciudad, para que se le realicen los pagos que no se le hubiesen cubierto. En atención a lo anterior, requiérase al quejoso, para que dentro del término de tres días legalmente computado, exhiba las constancias que acrediten que acudió al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta Ciudad, para que se le hiciera entrega del formato único de personal, así como a la Subdirección Operativa del Departamento de Pagos de la Secretaría de Educación en el Estado, con sede en esta Ciudad, a efecto de que se le realizaran los pagos que refirió no le habían sido cubiertos, o bien, exhiba las constancias que demuestren la imposibilidad con que cuenta para ello, apercibido que de ser omiso, esta autoridad una vez transcurrido el plazo otorgado, se pronunciara como en derecho corresponda, respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en autos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
V I S T O S; para resolver el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo número V-609/2022-2; y,.. Por lo expuesto y fundado, S E R E S U E L V E: UNICO. Se NIEGA a - la suspensión definitiva, respecto de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando segundo y por las razones que ahí se indican. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Julio Zúñiga Morales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, encargado del despacho por licencia del Titular, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el día veintinueve de junio de dos mil veintidós, quien actúa en legal y debida forma con la licenciada Karen Elizabeth Zepeda Miranda, Secretaria que autoriza y da fe.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
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