Juan Pérez Ruiz
Expediente 371/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 13 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 371/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 12/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Pérez Ruiz
- Juan Pérez Ruiz y Otros.
- Rafael Pérez Fernández o Rafael Fernández Pérez
- Rafael Pérez Fernández o Rafael Fernández Pérez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Incidental
INC.371/2018-7B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de junio de dos mil dieciocho. 1.- Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que con fecha once de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 36 a 40), se dictó la interlocutoria correspondiente en la que se concedió la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en los términos ahí indicados. Ahora, toda vez que en la fecha en que se actúa se tiene por cumplida la sentencia dictada en el juicio principal ordenándose, además, el archivo del expediente 371/2018, del cual deriva esta pieza incidental. 2.- Archivo. Por tanto, como no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. 3.- Carece de relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Comuníquese a las partes que, por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva el original de este expediente será depurable una vez que transcurran cinco años; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional por tres años, fenecido dicho término se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tanto que, con apoyo en los puntos décimo primero, vigésimo, fracción III, vigésimo quinto, de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dicta esta interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. 4.- Anotaciones. Hágase la anotación en el libro de gobierno impreso y electrónico respectivo siempre y cuando así proceda. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL.371/2018-7B-´San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de junio de dos mil dieciocho. ....... Notifíquese personalmente. .....
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NOTIFICACIÓN A LA PARTE TERCERA INTERESADA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de junio de dos mil dieciocho. 1.- Estado de autos. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa y terceros interesados, en proveído de veintinueve de mayo del año en curso (fojas 496 y 497), para que manifestaran lo que a sus derechos conviniera, respecto del cumplimiento emitido por la autoridad responsable; por tanto, este órgano jurisdiccional procede de oficio a resolver si, de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra cumplido. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 243, del tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, registro IUS 192174, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA, APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA." 2.- Consideraciones previas. A fin de determinar si el fallo protector se encuentra cumplido, resulta oportuno precisar que: I.- En sentencia de veintitrés de abril del año en curso (fojas 438 a 449) se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables, 1) juez Primero de lo Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca, 2) coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Oaxaca; y, 3) fiscal General del Estado de Oaxaca (fojas 447 y 448): "[.] ". 1). Deje insubsistente la orden de aprehensión dictada el trece de octubre de dos mil diecisiete, únicamente por lo que se refiere a los mencionados quejosos. 2). En su lugar, dicte otra, con libertad de jurisdicción; es decir, podrá ser en los mismos términos o en sentido diverso, pero purgando los vicios formales que la afectan; esto es, determine si la diligencia de traslado e inspección realizada el doce de agosto de dos mil dieciséis, tiene o no valor probatorio al carecer de la firma del perito Vladimir Cruz Gómez, por las circunstancias mencionadas en el contexto de esta determinación y, en su caso, otorgue el debido valor probatorio que corresponda. (.) Sin que corresponda a este juzgador sustituir a la autoridad judicial responsable en el dictado de sus resoluciones, es decir, no es dable en el juicio de amparo indirecto establecer una determinada invocación de disposiciones legales o argumentos que la autoridad no realizó, lo que se traduciría propiamente en motivar el acto de autoridad que se combate. (.) La concesión del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución, pues éstos no se combatieron por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hizo depender del acto de ordenamiento del cual deriva. [.]" II.- Por auto de dieciséis de mayo de este año (fojas 468 a 470) causó ejecutoria la citada sentencia y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables 1) juez Primero de lo Penal del distrito judicial del Centro, Oaxaca, 2) fiscal General del Estado de Oaxaca; y, 3) coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Oaxaca. III.- Por oficio número 1795, de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, el servidor público designado por acuerdo del coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, informó lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo (foja 475); y, al efecto, remitió copia del oficio 1792, del que se advierte ordenó al encargado de la Comandancia de la Agencia Estatal de Investigaciones, dejara insubsistente la orden de aprehensión de fecha trece de octubre de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal 67/2017, del índice del citado juzgado responsable. IV.- Por oficio número FGE/DAJ/D.A./1569/2018, de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, el fiscal General del Estado, a través de la directora de Asuntos Juridicos, informó que ordenó al coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Oaxaca, a fin de que tomara las medidas pertinentes para dejar insubsistente la orden de aprehensión de fecha trece de octubre de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal 67/2017, del índice del juzgado responsable; ello, en cumplimiento a la sentencia de amparo. V.- Por oficio número 1935/2018, de veintitrés de mayo del año en curso, la juez Primero de lo Penal del distrito judicial del Centro, con sede en Santa María Ixcotel, Oaxaca, informó lo relativo al requerimiento de auto de dieciséis de mayo de esta anualidad, remitiendo copia certificada de la resolución dictada el veintitrés de mayo del año en curso, en el expediente penal 67/2017, de su índice (fojas 482 a 494); documental con la cual, en proveído de veintinueve de mayo de esta anualidad (fojas 496 y 497), se dio vista a la parte quejosa así como a los terceros interesados, para que dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación, manifestaran lo que a sus derechos conviniera. Ahora, es importante mencionar que cuando se otorga plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable a fin de que cumpla con una sentencia de amparo, como es el caso, tal circunstancia no implica que su actuar deba concretarse a dejar insubsistente la resolución declarada inconstitucional, sino que debe atender a las consideraciones específicas indicadas en el cuerpo de la determinación en la cual se otorgó la protección de la Justicia Federal. En relación con lo anterior, es aplicable la tesis 1a. CX/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional. Por tanto, atendiendo los lineamientos en que se pronunció la sentencia de amparo, que subsiste en sus términos, ya que no se interpuso recurso de revisión en su contra, se establece que la autoridad responsable 1) juez Primero de lo Penal del distrito judicial del Centro, con sede en Santa María Ixcotel, Oaxaca: a). Dejó insubsistente la orden de aprehensión de trece de octubre de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal 67/2017, de su índice. b). Con plenitud de jurisdicción, emitió una nueva determinación en la que purgó los vicios formales que adolecía al anterior; pues, realizó lo siguiente: En cuanto a la diligencia de traslado e inspección realizada el doce de agosto de dos mil dieciséis (foja 79 a 80 vuelta) determinó que la misma carece de valor probatorio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 354 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca; ello, porque aun cuando la agente del Ministerio Publico de la mesa ocho del Sector Central de la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos, refirió que se hizo presente en el domicilio ubicado en el paraje denominado "arroyo seco", perteneciente al municipio de Cuilapam de Guerrero, en compañía del arquitecto Vladimir Cruz Gómez, perito en agrimensura adscrito al Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, de la constancia correspondiente a esa diligencia se aprecia que carece de la firma del citado perito (foja 80 vuelta). Por lo anterior, la autoridad responsable concluyó que la citada diligencia de traslado e inspección ocular de doce de agosto de dos mil dieciséis carece de eficacia jurídica, pues se hizo constar la asistencia del perito en agrimensura sin que haya estampado la firma correspondiente con la cual se acreditara esa circunstancia. Asimismo, concluye la responsable, que no obsta el hecho de que en esa diligencia la representante social se haya apoyado de los testigos de identidad del inmueble 1) Leobardo Pacheco Ruiz y 2) Consuelo Ruiz Vázquez, quienes coincidieron en referir que el inmueble de referencia pertenece a Juana Carrasco Ruiz (aquí tercera interesada), concluyendo así que el citado inmueble si es de su pertenencia; empero, la diligencia de inspección ocular no cumple con las formalidades de ley y, por ende, en resolución de veintitrés de mayo de este año, la autoridad responsable juez Primero de lo Penal del distrito judicial del Centro, en cumplimiento a la sentencia de amparo, no le otorgó valor probatorio. c). Por otra parte, se precisa que el 2) fiscal General del Estado de Oaxaca; y, 3) coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Oaxaca, informaron lo conducente respecto de las medidas adoptadas para dejar sin efectos la orden de aprehensión de trece de octubre de dos mil diecisiete, emitida en la causa penal 67/2017. De modo que con las citadas actuaciones se revela que se restituyó a la parte quejosa en sus derechos fundamentales, pues las autoridades responsables cumplieron en sus términos la sentencia dictada en este juicio de amparo. 3.- Se declara cumplida la sentencia de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, al no existir defecto o exceso en el cumplimiento, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Apoya a lo anteriormente expresado por las razones que la informan la jurisprudencia P./J.58/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el catorce de noviembre de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2007914, que a la letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." Así como, a contrario sensu, la tesis aislada 1a. CVIII/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el quince de abril de dos mil dieciséis en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2011433, que a la letra dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SU RATIO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL. Cuando una ejecutoria de amparo no es cumplida en su totalidad, ya sea porque la autoridad responsable incurre en exceso o en defecto respecto de lo ordenado por la autoridad de amparo, se menoscaba el mandato constitucional y convencional según el cual el juicio de amparo debe constituir un medio judicial eficaz para la protección de los derechos que la propia Constitución reconoce. El derecho humano a contar con una protección judicial eficaz de todos los derechos constituye uno de los pilares básicos del estado de derecho en México y, por ende, desde una interpretación sistemática de los artículos 1o., 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en conexión con los artículos 1.1. y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.3. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, implica la obligación del Estado mexicano en su conjunto de establecer e implementar los medios procesales adecuados para que las ejecutorias de amparo sean cumplidas de manera que se protejan eficazmente los derechos declarados o reconocidos en la correspondiente ejecutoria; siendo así, el Estado está obligado a garantizar el debido cumplimiento de la ejecutoria de las sentencias protectoras por parte de las autoridades responsables. De esta manera, la principal ratio constitucional y convencional del recurso de inconformidad es garantizar que el juicio de amparo sea un medio judicial eficaz para la protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales." 4.- Archivo del expediente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo y toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar; con fundamento en los puntos segundo, fracción VI, cuarto, décimo primero, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4.1 Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Con apoyo en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurrido más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Conforme a los puntos Noveno, fracción I, Décimo, fracción I, y Vigésimo Primero, fracción IV, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente permanecerá en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4.2 Anotaciones. Hágase la anotación en el libro de gobierno impreso y electrónico correspondiente, siempre y cuando así proceda. 5.- Devolución de copias certificadas. Toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en este expediente obra copia certificada de diversas documentales correspondientes a la causa penal 67/2017, del índice del Juzgado Primero Penal del distrito judicial del centro, con sede en Santa María Ixcotel, Oaxaca (fojas 21 a 139); por tanto, se ordena devolver dichas documentales a la citada autoridad, previa foja de sustitución que obre en autos. 6.- Precisión. No es inadvertido que en este expediente obran las documentales consistentes en a) el contrato de compraventa de fecha veintiocho de enero de dos mil dieciséis y b) solicitud de diligencia de apeo y deslinde de fecha veintisiete de enero de dos mil quince, con información testimonial (fojas 190 a 220), exhibidas por la parte quejosa mediante escrito de veinticuatro de enero del año en curso (fojas 188 y 189); sin embargo, conforme al capítulo I, punto segundo, fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, al no ser considerado como documento original, se ordena su permanencia en el expediente, salvo que la parte quejosa comparezca a solicitar su devolución. 7.- Destino del incidente. Finalmente, del auto admisorio se advierte que se ordenó formar por duplicado el incidente de suspensión; por tanto, como en esta fecha se está ordenando el archivo de este expediente principal, acuérdese lo conducente en la pieza incidental, si resulta procedente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. 1.- Glose de oficio. Agréguese el oficio de cuenta número 1935/2018, signado por la juez Primero de lo Penal del distrito judicial del Centro, con sede en Santa María Ixcotel, Oaxaca, y anexo; mediante el cual cumple con el requerimiento efectuado en auto de dieciséis de mayo de este año (fojas 468 a 470), respecto de la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo; pues, remite copia certificada de la resolución de veintitrés de mayo del año en curso; lo anterior, para los efectos legales procedentes. 2.- Se ordena dar vista a las partes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con a) el oficio y anexo de cuenta, b) el diverso 1795 y anexo, del servidor público designado por acuerdo del coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca (fojas 475 y 476), así como el c) FGEO/DAJ/D.A./1569/2018 y anexo, del fiscal General del Estado de Oaxaca, a través de la directora de asuntos jurídicos (fojas 478 y 479), dése vista a la parte quejosa y terceros interesados, para que dentro del plazo de tres días, al en que queden notificadas de este proveído, manifiesten lo que a sus derechos convenga. 2.1 Apercibimiento. En el entendido que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado, de oficio y con las constancias que obran en autos, resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia registrada con el número 192174, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Federico de Jesús Díaz Arias, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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