Juan Peláez Gutíerrez
Expediente 1159/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1159/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Juan Peláez Gutíerrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
PRAL.1159/2021.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de diciembre de dos mil veintiuno. 1° Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, particularmente la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Juan Peláez Gutiérrez, interpusiera recurso de queja contra la determinación de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en la cual se desechó la demanda de amparo. 2° Firmeza resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. 3° Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto en el que se desechó la demanda de amparo, estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de dicha determinación en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4° Instrucción Secretaría y Actuaría. Por otra parte, se instruye a la secretaria (o) y actuario (a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión pública del acuerdo de desechamiento sea consultable por internet. 5° Archivo. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en sentido contrario), 21, inciso b), y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6° Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 y 24, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es destruible, en relación con las especificaciones previstas en el "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal", por lo cual será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, este órgano jurisdiccional destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda destruible. 7° Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula de este expediente obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y, como se precisó en el auto inicial, b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. 8° Anotaciones. Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.1159/2021.MESA-8 veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. 1° Ratifica firma. Vista la diligencia de ratificación de escrito que antecede de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, de la que se advierte que el quejoso Juan Peláez Gutiérrez cumple con el requerimiento realizado en proveído de dieciséis de noviembre del año en curso, y 1) ratifica el escrito recibido en este Juzgado el doce de noviembre de este año, por el cual 2) da cumplimiento a la prevenciones realizadas en el diverso acuerdo de cuatro de noviembre siguiente; asimismo, manifiesta que la firma que regirá la tramitación de este juicio de amparo será la estampada en el escrito de cumplimiento de prevención recibido el doce de noviembre de este año; en consecuencia, se acuerda: 2° Desechamiento de la demanda de amparo. Ahora, antes de admitir a trámite la demanda de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es pertinente examinar si existe alguna causa de improcedencia que, por ser manifiesta e indudable, haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El dispositivo transcrito establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia con registro 196196, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo VII, Mayo de 1998, visible en la página 890, correspondiente a la Novena Época, del rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". En ese orden, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que, respecto de las autoridades señaladas como responsables, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos artículos 1°, último párrafo, y 5º, fracción II, en sentido contrario, de ese ordenamiento legal invocado; motivo de improcedencia que desde luego es notorio y manifiesto. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el numeral 1º, párrafo último, de la Ley de Amparo dice: "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley." El artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo dispone: "ARTÍCULO 5°. Son parte en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los artículos transcritos y de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se concluye que éste sólo es procedente contra actos de autoridad que vulneren los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; y para la procedencia del juicio de amparo respecto de actos de particulares, éstos tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos previstos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Entonces, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materia(s): Común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVA. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Con base a lo anterior, es inconcuso que al Comisariado de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia, ambos del municipio de Santa María Ipalapa, distrito de Putla, Oaxaca, no les reviste el carácter de responsables para los efectos de juicio de amparo, en la medida que sus actos, por carecer de imperio y de coerción, se consideran como de aquéllos realizados por particulares, contra los cuales no procede el juicio constitucional. Pues dicho comisariado y consejo de vigilancia sólo son órganos de carácter representativo; los cuales carecen de atribuciones para ejercer actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Como ilustrativa, se cita la tesis aislada VI.3o.A.27 A, con número de registro 189776, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Mayo de 2001, página 1099, de rubro y texto siguiente: "COMISARIADO EJIDAL. CARECE DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD AGRARIA. El comisariado ejidal es el órgano de representación y ejecución de los acuerdos de asamblea de un ejido y tiene conferidas por la ley diversas facultades; sin embargo, ello no significa que deba considerársele una autoridad agraria, pues su carácter de órgano representativo y de ejecución son respecto del ejido y hacia su interior, respectivamente, de manera que se trata de cuestiones entre particulares sin imperio ni coerción. Lo anterior encuentra apoyo en la propia exposición de motivos de la Ley Agraria presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, que en la parte conducente señala que: "... En cuanto a la organización interna del ejido, la asamblea, el comisariado y el consejo de vigilancia ya no se conciben como autoridades en la iniciativa, sino como órganos de representación y ejecución; sus funciones son transparentes y sus reglas de operación sencillas. Estos órganos serán ahora protagonistas del cambio democrático, obligados en todo momento a respetar la voluntad de sus mandantes. ..."; es decir, la propia exposición de motivos de la Ley Agraria aclara enfáticamente que el comisariado ejidal no es una autoridad agraria. Por otro lado, y de manera destacada, la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 48/97, publicada en la página cuatrocientos sesenta y tres del Tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sostuvo lo siguiente: "... si el acto de la autoridad agraria, define o da certeza a una situación legal o administrativa, y en ejercicio de su potestad, crea, reconoce, modifica o extingue algún derecho, en materia agraria, y dicha autoridad puede imponerla y ejecutarla aun en contra de la voluntad de los gobernados, ese acto es una resolución ..."; o sea que de acuerdo con el criterio de la Corte para que un acto pueda reputarse proveniente de una autoridad agraria, además de crear, reconocer, modificar o extinguir algún derecho, debe ser imponible y ejecutable aun en contra de la voluntad de los gobernados, lo que en el caso de los actos del comisariado ejidal no acontece, pues no se advierte en la ley dispositivo alguno que les otorgue esa facultad de imperio, sino únicamente, se insiste, de representación del ejido y ejecución de los acuerdos de asamblea." En tanto que tampoco se está en la hipótesis de la fracción II, párrafo segundo, del numeral 5º, de la Ley de Amparo, toda vez que los entes comunales no realizan actos equivalentes a los de la autoridad, sino, como se estableció, se equiparan a actos entre particulares y de existir desacuerdo de parte legítima, debe dirimirse el conflicto respectivo ante autoridad competente. Ello es así, pues de los artículos 33 y 36 de la Ley Agraria, que enumeran las facultades y obligaciones del Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia, no se desprende ninguna que los faculte para reconocer a la parte quejosa el carácter de sucesor por testamento y actual posesionario del inmueble que indica en su ocurso de demanda; de igual forma, la Ley de Amparo expresamente no dispone que a dichos órganos de representación, administración y vigilancia de un núcleo de población les asista el carácter de autoridad responsable. Cobra aplicación al caso, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 17, volumen 205 a 216, tercera parte, materia administrativa, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece "AGRARIO. COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Aun cuando el artículo 22, fracciones II y III, de la Ley Federal de Reforma Agraria incluyen a los comisariados ejidales y a los consejos de vigilancia entre las autoridades de los núcleos de población ejidal, relacionadas con las atribuciones que los diversos artículos 48 y 49 de la misma ley les marca, se desprende que no son autoridades agrarias, sino propiamente órganos de dirección y vigilancia, respectivamente, de los ejidos correspondientes: en consecuencia, aun en el supuesto de que éstos intervengan en los hechos que se le imputan, realizan actos de particulares que en todo caso caen bajo la sanción de las leyes comunes, por lo que en contra de dichas autoridades no cabe el juicio constitucional". Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la citada causal de improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5º, fracción II, en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que dio origen este juicio. Se invoca en apoyo la tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 44, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 237644, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AGRARIO. AUTORIDADES INTERNAS DE LAS COMUNIDADES. NO TIENEN CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. Texto: Jurídicamente es incorrecto tener en un juicio de amparo como autoridades ejecutoras de los actos reclamados a la asamblea general de comuneros y a los integrantes del comisariado de bienes comunales de un poblado, cuando, en realidad, esas autoridades internas de la comunidad no tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, porque si bien es cierto que en las fracciones I y II del artículo 22 de la Ley Federal de Reforma Agraria se incluye a las asambleas generales y a los comisariados entre las autoridades de los núcleos de población ejidales o comunales que poseen tierras, también lo es que de las atribuciones que los artículos 47 y 48 de la misma ley señalan a dichas autoridades internas se desprende que no tienen el carácter de autoridades que puedan disponer de la fuerza pública, sino que son órganos de dirección de los ejidos o comunidades correspondientes."; Así como la tesis aislada, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 78, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 320783, cuyo rubro y texto son los siguientes: "COMISARIADOS EJIDALES, NO SON AUTORIDADES. Texto: Es cierto que la fracción II del artículo 4o. del Código Agrario, incluye a los comisariados ejidales entre las autoridades de los núcleos de población ejidal y de las comunidades que posean tierras, pero también es verdad que de tal catalogación relacionada con las atribuciones que el artículo 43 del mismo código, les marca, se desprende que no son autoridades agrarias, sino propiamente órganos de dirección de los ejidos correspondientes." 3° Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esas determinaciones, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4° Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe
- Principal
PRAL.1159/2021.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. 1. Se agrega escrito. Agréguese el escrito, signado aparentemente, por quien dice ser el quejoso Juan Peláez Gutiérrez; mediante el cual, pretende dar cumplimiento a las prevenciones formuladas en proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno; en su atención, se acuerda: 2. Ratificación de firma. Toda vez que la firma que aparece en el a) escrito de demanda de amparo difiere notoriamente de la estampada en el b) escrito de cuenta, como se advierte de las imágenes siguientes: Demanda de amparo: Escrito de cuenta: Y, si bien el titular de este órgano jurisdiccional no es perito en materia de grafoscopía, también lo es que a simple vista surge la incertidumbre de que la firma que calza el ocurso de cuenta sea legítima y auténtica de quien, al parecer, es el autor, motivo por el cual y, además, por seguridad jurídica, con fundamento en los artículos 204 y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, requiérase a Juan Peláez Gutiérrez, para que en el plazo de tres días, contado a partir de su legal notificación, en días y horas hábiles comparezca al despacho de este Juzgado con documento de identificación oficial vigente con fotografía y, en diligencia formal, en caso de que, efectivamente, sea suya la firma estampada en el original del escrito de cuenta, bajo protesta de decir verdad, la ratifique. Con el apercibimiento que, de no cumplir con lo anterior, en el término establecido para ello, se tendrá por no presentado el referido ocurso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo II, página 824, de rubro: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA." Así como la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época del Tomo X correspondiente al mes de septiembre de 1992, página 345, registro 218629, de rubro siguiente: "RATIFICACIÓN DE FIRMAS QUE CALZAN LA DEMANDA DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO TIENE FACULTAD PARA ORDENAR LA". 2.1 Precisión de la firma. A efecto de no propiciar obstáculo en la tramitación de este juicio, requiérase a Juan Peláez Gutiérrez para que, en el acto de la diligencia de ratificación, exprese con cuál firma se regirá en este Juzgado, para las subsecuentes actuaciones o requerimientos; ello, para el caso de que existiera discrepancia en firmas, como las aquí señaladas. 2.2 Modo de accesar al edificio. A fin de que el promovente pueda ingresar al edificio sede del Poder Judicial de la Federación, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a realizar la ratificación respectiva, como lo establece el artículo 6, fracción I, del referido acuerdo general, se le indica que deberá generar la cita a través del sistema "Agenda OJ", dentro del plazo de tres días otorgado en líneas precedentes (término que empezará a computarse a partir de que surta efectos su legal notificación). Se le precisa que, únicamente de no poder agendar la cita correspondiente, deberá de informar con oportunidad a este órgano jurisdiccional dicha circunstancia (antes del fenecimiento de dicho plazo) para que se le auxilie en la expedición del código QR. Pues, se le reitera, el cómputo de los tres días otorgados empezará a partir de que quede legalmente notificada(o) de este auto, por lo que, si a sus derechos conviene, deberá de agendar la cita dentro de ese plazo; en el supuesto de que no pueda hacerlo, con oportunidad, bajo protesta de decir verdad, deberá informar a este Juzgado, para que dentro de ese mismo plazo se le agende la cita respectiva. Sin que, en el caso, pueda aducir la imposibilidad que pudiera tener en el último día del fenecimiento, ya que, por ello, la Ley de Amparo le otorga un plazo prudente, esto es, tres días, además del día en que quede notificado y aquél en que surta efectos dicha notificación, por lo que, en caso de no informar con oportunidad, se le indica que el código QR se le generará el último día del vencimiento, pero el acuerdo no le será notificado de manera personal; por ello, deberá revisar la lista de acuerdos que se publica en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación, o la lista que se publica por conducto de la administración en la entrada de las instalaciones de esta sede. Asimismo, se le dejará en el acceso del edificio el código QR respectivo, por lo que se le dará aviso a la administración, como lo establece el artículo 6, fracción I, inciso c) del referido acuerdo general. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.1159/2021.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Pelaez Gutiérrez, por propio derecho, contra actos del presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Ipalapa, distrito de Putla, Oaxaca y de otras autoridades, presentada en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en este municipio el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno y recibida en este órgano jurisdiccional el tres de noviembre del año en curso; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1159/2021. 2. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Prevención. 3.1 Copias de demanda. En principio, antes de proveer lo concerniente a la admisión de la demanda, es factible establecer que el artículo 114 de la Ley de Amparo dispone que el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente para que aclare el escrito de demanda a) cuando haya alguna irregularidad en la misma; b) cuando se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de dicha ley; c) no se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; d) no se haya expresado con precisión el acto reclamado, o e) no se hubieran exhibido las copias necesarias de la demanda. En relación con lo anterior, el artículo 110 de la Ley de Amparo establece la carga procesal de la parte quejosa de exhibir con su demanda copias suficientes de ésta para el traslado a cada una de las partes; exceptuándose de esa carga cuando se presenta vía electrónica o en los supuestos que prevé el segundo párrafo del citado artículo 110. En el caso, no se aprecia que dichas excepciones se actualicen, y la parte quejosa únicamente exhibió seis copias de la demanda para el traslado, siendo necesarias, al menos, nueve para el trámite correspondiente, las que se distribuirán de la siguiente manera: a) Dos para tramitar el incidente de suspensión. b) Seis para las autoridades responsables. c) Una para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional. Primero. En tales condiciones, con fundamento en el invocado numeral 114, fracción V, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa a fin de que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, regularice su demanda de la manera siguiente: 1. Exhiba tres copias más de la demanda de amparo; o, en su defecto, precise si se ubica en alguno de los supuestos de excepción para ello. 3.2. Precisión de acto reclamado. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa señala como acto reclamado: "La negativa de reconocer al quejoso Juan Peláez Gutiérrez como sucesor por testamento y actual posesionario de un sitio solar con casa habitación ubicada en Calle Camino Nacional s/n, Colonia Centro, Municipio de Santa María Ipalapa, Distrito de Putla, Oaxaca. La negativa de emitir documento y/o constancia respectiva que lo acredite." Y en los antecedentes del acto reclamado únicamente indicó que el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno acudió ante los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia del Municipio de Santa María Ipalapa, distrito de Putla, Oaxaca, a solicitarles de manera verbal el reconocimiento de su calidad de sucesor y actual posesionario de un solar ubicado en esa población, así como la emisión del documento y/o constancia que así lo acreditara; no obstante, "le fue negada tal petición". Empero, en el apartado relativo a la suspensión del acto reclamado solicita la medida cautelar, entre otros aspectos, para que "al menos le sea otorgada una copia certificada del acta de asamblea en la cual conste su calidad de comunero". Segundo. En esas condiciones, con apoyo en el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el diverso numeral 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa, para que dentro del referido plazo de cinco días, contado a partir de su legal notificación, por escrito, con las copias necesarias del mismo, cumpla con lo siguiente. 2.1. Indique si el veinticinco de octubre del año en curso también solicitó de manera verbal la expedición de una copia certificada del acta de asamblea en la cual conste su calidad de comunero. En caso de haber solicitado la mencionada documental, deberá indicar: 2.2. Si también señala como acto reclamado la negativa de expedirle copia certificada del acta de asamblea en la cual conste su calidad de comunero. 2.3. Además, de estar en sus posibilidades, deberá indicar la fecha del acta de asamblea en la que se le reconoce tal carácter. Irregularidades que deberá subsanar la parte quejosa, a fin de estar en aptitud de entablar correctamente la litis en este expediente, pues aunque este órgano jurisdiccional realizara una interpretación íntegra de la demanda de amparo, no sucede lo mismo para las demás partes, a las que se les deben de precisar, con claridad, cuál o cuáles son las autoridades responsables a quienes se atribuyen los actos reclamados; ello, en observancia al principio de igualdad de las partes procesales, entre ellas, a las autoridades responsables, con la finalidad de que defiendan la constitucionalidad del acto que se les reclama al rendir su informe justificado, y se integre la litis de manera correcta. Sustenta lo anterior la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo LXV, foja 3192, registro 329080, que refiere: "ACTO RECLAMADO, APRECIACIÓN DEL. Los artículos 116 y 146 de la Ley de Amparo, indican que el legislador no quiso dar intervención alguna al juzgador, para interpretar la intención del quejoso, respecto de los actos reclamados, sino que al exigir que con toda precisión y exactitud se señalaran por el reclamante, no da lugar a que independientemente del texto de la demanda, el juzgador determine dichos actos". Así como la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo CVIII, página 393, registro 368564, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA". 3.1. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que, de no cumplir con la totalidad de los requerimientos formulados en el plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. Es de exacta aplicación, la jurisprudencia 8/2017 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, mayo de 2017, tomo I, materia(s): Constitucional, página 5, registro 2014198, de rubro y texto siguientes: "COPIAS DE TRASLADO. LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO O LOS RECURSOS DE REVISIÓN O DE QUEJA, POR NO DESAHOGARSE EN SUS TÉRMINOS EL REQUERIMIENTO PREVIO PARA SU ENTREGA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El requisito de las copias de traslado no constituye un formalismo sin sentido o un obstáculo para el acceso a la justicia, toda vez que la existencia de formas concretas para acceder a ésta responde a la intención del Constituyente de facultar al legislador ordinario para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el procedimiento, a fin de garantizar el respeto a los derechos de seguridad jurídica, legalidad e igualdad procesal. En ese sentido, la consecuencia jurídica prevista en los artículos 146 de la Ley de Amparo abrogada, así como 88 y 100 de la vigente, relativa a tener por no presentada la demanda de amparo o los recursos de revisión o de queja, por no desahogarse en sus términos el requerimiento de las copias de traslado correspondientes, no vulnera el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, porque dicha consecuencia no se actualiza automáticamente cuando el justiciable promueve el juicio constitucional o interpone los recursos mencionados sin las copias de traslado correspondientes, pues ante tal escenario el juzgador debe requerirlo para que en el plazo de 3 días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, entregue las copias faltantes, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentado su medio de defensa, lo que permite al interesado corregir su omisión; al tribunal contar con los elementos suficientes para ejercer su función jurisdiccional; y a las partes preparar la defensa de sus intereses. De ahí que no haya lugar a que el tribunal de amparo requiera nuevamente al justiciable para que desahogue en sus términos el requerimiento respectivo, o que expida por su cuenta las copias faltantes, salvo que se trate de los supuestos previstos en ese sentido en los artículos 88, párrafo cuarto, 100, párrafo tercero y 110, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente. 4. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en su demanda de amparo; y, por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a 1) Misael Gomes Ramírez, 2) Paola Dayane Hernández Ledezma, 3) Elvis F. Ramírez Marroquín, 4) Erika Jiménez Jiménez, 5) Felipe Pacheco Vásquez por no haberse encontrado registro a su favor la base de datos del sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales. 5. Exhortación para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de Firel o e.firma (antes Fiel). Con fundamento en los artículos 22 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (reformado en su vigencia por el diverso 20/2021), se exhorta al quejoso, para que continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrán llevar a cabo en cualquier momento. 6. Precisión. Hágase del conocimiento de las partes procesales que respecto a las cuestiones relativas a la a) atención al público, b) funcionamiento de buzones judiciales y oficialía de partes, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberán estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 7. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria ocasionada en el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 10. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes
- Juan Pablo Ramos Alcázar934/2021
- Juan Pablo Sánchez López232/2022
- Juan Pablo Sánchez López597/2022
- Juan Pacheco Arroyo (Representante común) y Otros.188/2019
- Juan Patricio o Juan Ruiz Sumano630/2023
- Juan Pedro Cruz Leal52/2018
- Juan Pérez Ruiz371/2018
- Juan Porfirio Guzmán Méndez457/2018
- Juan Rabindrana Cisneros García y Otros.27/2016
- Juan Rafael López Munive53/2021
- Juan Ramírez López1033/2017
- Juan Ramiro Romero Mendoza450/2020