Juan Perez Rodriguez

Expediente 600/2017 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
600/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
19/07/2019

Partes del expediente

  • Juan Hernández González
  • Juan Perez Rodriguez
  • Sismai Verdon Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Amparo en revisión

    AGREGUESE EL OFICIO DE LA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTDO DE HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. EN TAL VIRTUD, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; TODA VEZ QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS QUE PREVÉ EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL NUMERAL Y ACUERDO CITADO.

  2. Amparo en revisión

    SE NOTIFICA A LAS PARTES POR MEDIO DE LISTA LA EJECUTORIA DICTADA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, EN LA QUE SE DECIDIO: "PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA RECURRIDA. SEGUNDO.- SE SOBRESEE AUNQUE POR DIVERSOSO MOTIVOS EL JUICIO DE AMPARO " SE GIRA EL OFICIO A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, CON COPIA CERTIFICADA DEL TESTIMONIO DICTADO POR ESTE TRIBUNAL, Y AUTOS DEL SUBYACENTE; EN SU OPORTUNIDAD ARCHIVESE EL ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO.

  3. Amparo en revisión

    VISTO EL ESTADO DE AUTOS DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO CONCEDIDO A LA PARTE RECURRENTE POR AUTO DE DIECIOCHO DE JUNIO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, SIN QUE SE HAYA RECIBVIDO PROMOCIÓN ALGUNA DE SU PARTE. LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. FINALMENTE, DEVUÉLVASEME EL PRESENTE ASUNTO PARA FORMULAR EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.

  4. Amparo en revisión

    VISTO el proyecto de resolución presentado en sesión de trece de junio del presente año, en el recurso de revisión civil 600/2017, promovido por Juan Pérez Rodríguez; por el Magistrado Aníbal Lafragua Contreras, en el sentido de confirmarse el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo, aunque por diversa causal, en términos de lo dispuesto en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo. En base a la siguiente consideración: ".Por principio de cuenta, es menester precisar que si bien el recurso de revisión fue admitido por auto de presidencia de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, a nombre de Juan Pérez Rodríguez, por su propio derecho y en representación de su menor hija V.P.V., ello se estima incorrecto, porque en el juicio de amparo indirecto 942/2017-2 (subyacente), mediante acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, el Juez Federal al advertir, se encontraban involucrados los progenitores con intereses contrapuestos en relación con la menor V.P.V. y para salvaguardarlos, solicitó al Instituto Federal de la Defensoría Pública, se le designara un asesor jurídico como representante; fue así que se nombró a la licenciada Maricruz González Meneses, quien el treinta de agosto siguiente, compareció ante el titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, a aceptar y protestar el cago conferido . Entonces, si en el juicio de amparo indirecto el Juez de Distrito, ante el conflicto de intereses de los padres, para garantizar la imparcial protección de los intereses directos del infante, le designó un representante especial para que intervenga en su nombre, en términos del artículo 8° de la Ley de Amparo, es que los padres no pueden acudir en representación de tal menor a interponer el recurso de revisión contra la sentencia que se dictó en el juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia VII.1o.C. J/10 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que se comparte, visible en el folio 2641, del Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2014457, que dice: "MENORES DE EDAD. LOS PROGENITORES Y DEPOSITARIOS JUDICIALES NO ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN REPRESENTACIÓN DE AQUÉLLOS, CUANDO SE LES NOMBRÓ UN REPRESENTANTE ESPECIAL EN EL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). En principio, se destaca que el depositario judicial designado en términos del artículo 161 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz carece de legitimación para promover el juicio de amparo en contra de cuestiones relacionadas con el depósito de un menor, aun cuando de las constancias del juicio de origen se desprenda que es pariente del infante y lo hubiere tenido bajo su cuidado desde que se decretó el depósito, pues ello no lo convierte automáticamente en su representante, dado que la representación corresponde originariamente a quienes ejercen la patria potestad, por regla general a sus progenitores, como lo prevé el artículo 354 del Código Civil para el Estado de Veracruz; ahora, en caso de que en el juicio de amparo indirecto el Juez de Distrito, ante el conflicto de intereses de los padres, para garantizar la imparcial protección de los intereses directos del infante, le designe un representante especial para que intervenga en su nombre, en términos del artículo 8o. de la Ley de Amparo, los padres ni el depositario judicial pueden acudir en representación de tal menor a interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo. No obstante lo anterior, el Tribunal Colegiado al que corresponda conocer del citado medio de impugnación, en suplencia de la queja deficiente y atendiendo al principio de interés superior del menor, está facultado para revisar el fallo respectivo y determinar su legalidad o ilegalidad." No obsta la circunstancia de que el Presidente de este tribunal colegiado como ya se dijo, hubiera admitido a trámite el recurso de revisión en relación con la menor V.P.V., a través de su progenitor, porque ese proveído sólo corresponde a un examen preliminar del negocio, y no obliga al pleno a quien corresponde el estudio definitivo, de ahí que los referidos autos de presidencia no causen estado en relación con el pleno del propio tribunal; por lo que exclusivamente deba tenerse por admitido el presente recurso en relación con Juan Pérez Rodríguez, actuando por propio derecho. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial pronunciado por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que se comparte, consultable en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 54, junio de 1992, Tesis VIII.2o. J/8, página 69, que dice: "AUTOS DE PRESIDENCIA NO CAUSAN ESTADO EN RELACIÓN CON EL TRIBUNAL COLEGIADO. De conformidad con los artículos 38 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los tribunales colegiados se integran con tres magistrados y sus resoluciones deben tomarse por unanimidad o mayoría de votos. Por ende, los autos de presidencia, de dichos tribunales, respecto a la admisión del asunto, sólo corresponden a un examen preliminar del negocio, pues el estudio definitivo corresponde al órgano colegiado; de ahí que los referidos autos de presidencia no causen estado en relación con el pleno del propio tribunal." Por otro lado, es menester evidenciar que el presente recurso de revisión guarda conexión con los diversos 14/2018, 614/2017, 564/2017, 545/2017 (incidente), 1/2018, 240/2018 y 270/2018, del índice de este mismo Tribunal. En el presente asunto, resulta innecesario analizar los agravios propuestos por Juan Pérez Rodríguez, emitidos en contra del sobreseimiento decretado en la sentencia dictada el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, en los autos del juicio de amparo indirecto 942/2017-2, ya que estimó actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, aduciendo que el acto reclamado consistente en la sentencia interlocutoria de trece de julio de dos mil diecisiete dictada al resolver el recurso de revocación interpuesto por el propio recurrente en el juicio natural en contra del auto de cinco de abril de esa misma anualidad (en el que se fijó nueva fecha y hora para el desahogo de la prueba psicológica que debía realizarse en la menor de edad, hija del recurrente); había cesado en sus efectos, ya que el veinticinco de mayo siguiente, el juez natural emitió un nuevo acuerdo en el que se señaló nueva fecha y hora a efecto de llevar el desahogo de dicha diligencia. Ello, porque correcta o no la consideración del Juez de Distrito, este Órgano Colegiado, estima debe confirmarse el sobreseimiento decretado, aunque por diverso motivo, como se explicará a continuación. El acto reclamado en el subyacente, se hace consistir en la resolución interlocutoria dictada el trece de julio de dos mil diecisiete, en el expediente 517/2015 del índice del Juzgado Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, en el cual se declaró improcedente el recurso de revocación, interpuesto por el mismo quejoso, contra el acuerdo emitido por esa misma autoridad el cinco de abril de dos mil diecisiete , en el que se fijó como nueva fecha el veinticinco de abril de ese mismo año, para que se llevara a cabo la valoración psicológica de la menor Valeria Pérez Verdón, en las instalaciones que ocupa la escuela primaria "Bicentenario", que es a la que asiste dicha infante, se emitió en los siguientes términos: "(.) I. Se tiene a la presidenta del Consejo de Familia adscrita a este Juzgado, remitiendo informe de que no se pudo llevar a cabo la valoración psicológica de la menor V.P.V. el día y hora que tenía señalado, porque hubo suspensión de clases, el cual se manda agregar a sus autos a fin de que surta sus efectos legales correspondientes. II. En consecuencia, se señalan de nueva cuenta las 8:00 OCHO HORAS DEL DÍA 25 VEINTICINCO DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, para que se lleve a cabo la valoración psicológica de la menor V.P.V., ordenada en el auto de fecha 05 cinco de mayo del año 2015 dos mil quince, la cual se practicará en las instalaciones que ocupa la Escuela Particular denominada "Bicentenario", con domicilio (.)." Ahora bien, este Órgano Colegiado advierte de las constancias del juicio de custodia que la determinación del Juez de instancia, en relación a que resultaba necesario dentro de dicho expediente, que un especialista en psicología valorara a la menor, ya sea para realizar el estudio de relaciones afectivas entre ella con sus padres o en todo caso iniciar las terapias necesarias, a efecto de lograr superar los conflictos personales o familiares; no surgió del acuerdo de cinco de abril de dos mil diecisiete, materia del recurso de revocación resuelto en la resolución de trece de julio siguiente. Si no desde el cinco de mayo de dos mil quince, cuando la autoridad familiar, acordó: "(.) VI. Para efecto de estar en posibilidades de resolver sobre la guarda y custodia provisional de la menor, VALERIA PÉREZ VERDÓN, se solicita al Consejo de Familia adscrito a este Juzgado para que por su conducto se realicen los estudios psicológicos a las partes JUAN PÉREZ RODRÍGUEZ y SISMA VERDÓN TORRES, una vez que sea emplazada la demandada, así como estudio de relaciones afectivas de los mismos con la menor VALERIA PÉREZ VERDÓN, asimismo se solicita al Consejo de Familia, realice el estudio de campo en el domicilio de las partes y en el que habita la menor, requiriendo (.)". Acuerdo que fue legalmente notificado al quejoso recurrente, desde el veinticinco de mayo de dos mil quince . Razón por la cual, si el auto que originalmente ordenó la intervención de un especialista en psicología, para valorar a la menor y determinar las relaciones afectivas que la unen con cada uno de sus padres, no fue controvertido en su oportunidad por el recurrente, no puede ahora pretender inconformase con la actuación que declaró improcedente el recurso de revocación, contra un auto posterior que únicamente pretende dar cumplimiento a aquél. Es decir, para que sea dable controvertir el acuerdo que señala nueva fecha y hora para la celebración de la valoración psicológica de la menor involucrada, de manera autónoma, se requiere que la afectación alegada no sea una consecuencia necesaria de un acuerdo anterior (que le dio origen). Lo que en el caso no ocurre, veamos porqué: El acto reclamado lo constituye la resolución interlocutoria en la que el Juez de instancia, declaró improcedente el resolver el recurso de revocación que interpuso Juan Pérez Rodríguez, contra el acuerdo de cinco de abril de dos mil diecisiete, al estimar que debía prevalecer el interés superior de la menor, y subsistir la medida tendente a lograr que V.P.V. sea valorada por una especialista en psicología adscrita al Consejo de Familia. De ahí que se advierta, el acuerdo que dio origen al tildado como acto reclamado, no son más que autos derivados de otro consentido, toda vez que la decisión de llevar a cabo un estudio psicológico en la menor V.P.V., tiene su origen en lo ordenado en el diverso de cinco de mayo de dos mil quince, data en la que al admitirse a trámite la demanda promovida por Juan Pérez Rodríguez en contra de Sisma Verdón Torres, en donde le reclamó el cambio de guarda y custodia (expediente 517/2015), el Juez del conocimiento, a efecto de contar con mejores elementos para resolver sobre las medidas cautelares (guarda y custodia provisional y reglas de convivencia) y en su momento la definitiva, es que decretó el estudio psicológico de la menor V.P.V., así como el de relaciones afectivas de los padres con la infante. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 8, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el folio 13, del Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Quinta Época, registro 393974, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS QUE SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. El juicio de amparo contra actos derivados de otros consentidos, sólo es improcedente cuando aquéllos no se impugnan por razón de vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la del acto de que derivan." Razón por la cual, en el caso concreto, este Tribunal Colegiado, a diferencia de lo resuelto en la sentencia recurrida, considera que la causal de improcedencia que se actualiza, es la prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." Motivo por el que, previa vista que se dé al recurrente, en términos del segundo párrafo del numeral 64 de la Ley de Amparo, debe confirmarse el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo, aunque por diversa causal, en términos de lo dispuesto en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo. Sin que en el presente caso, se considere necesario pronunciarse este Tribunal, en suplencia de la deficiencia de la queja en relación con la menor Valeria Pérez Verdón, aun cuando su representante especial designado, no interpuso el recurso de revisión, porque respecto al rubro de la valoración psicológica, que se ordenó le fuera practicado, toda vez que en el diverso recurso de revisión civil 14/2018 (conexo), sesionado y resuelto el trece de junio de dos mil diecinueve, se emitieron las consideraciones pertinentes, incluso se concedió a su favor la protección de la Justicia Federal." Por lo que en términos del segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, es necesario que se dé vista a la parte quejosa, concediéndole un plazo de tres días a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga. Hecho lo anterior, devuélvanse los presentes autos al Magistrado Ponente Aníbal Lafragua Contreras, para formular el proyecto de resolución correspondiente. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2014, sustentando la Jurisprudencia consultable con el número 2008790, en la página 8, del libro 17, abril de 2015, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN.- El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad.".

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