Juan Perez Rodriguez

Expediente 564/2017 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
564/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
18/07/2019

Partes del expediente

  • Eva de la Concepción Mayen García
  • Valeria Perez Cerdon
  • Juan Perez Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Amparo en revisión

    AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Amparo en revisión

    SE NOTIFICA A LAS PARTES POR MEDIO DE LISTA LA EJECUTORIA DICTADA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, EN LA QUE SE DECIDIO: "PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA SUJETA A REVISIÓN. SEGUNDO.- SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO " SE GIRA EL OFICIO A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, CON COPIA CERTIFICADA DEL TESTIMONIO DICTADO POR ESTE TRIBUNAL, Y AUTOS DEL SUBYACENTE; EN SU OPORTUNIDAD ARCHIVESE EL ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO.

  3. Amparo en revisión

    VISTO EL ESTADO DE AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LAS CUALES SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO CONCEDIDO A LA PARTE QUEJOSA MEDIANTE PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, SIN QUE HUBIERA HECHO MANIFESTACIÓN ALGUNA, EN CONSECUENCIA, DEVUÉLVASEME EL PRESENTE PARA FORMULAR EL PROYECYO DE RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.

  4. Amparo en revisión

    VISTO el proyecto de resolución presentado en sesión de trece de junio del presente año, en el recurso de revisión civil 564/2017, interpuesto por Juan Pérez Rodríguez por propio derecho; por el Magistrado Aníbal Lafragua Contreras, en el sentido de sobreseer en dicho recurso por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En base a la siguiente consideración: "QUINTO. Por principio de cuenta, es menester precisar que si bien el recurso de revisión fue admitido por auto de presidencia de diecinueve de enero de dos mil dieciocho a nombre de Juan Pérez Rodríguez, por propio derecho y como representante de su menor hija V.P.V., lo cual se estima incorrecto, porque en el juicio de amparo indirecto 724/2017-1 (subyacente), mediante acuerdo de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, en atención a que el Juez Federal advirtió encontrarse involucrados intereses contrapuestos de los progenitores con la menor V.P.V. y a fin de salvaguardarlos, solicitó al Instituto Federal de la Defensoría Pública, se le asignara un asesor jurídico como representante; fue así que se nombró al licenciado Clemente Ernesto Salazar Peña, quien el siete de julio siguiente, compareció ante el titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, a aceptar y protestar el cago conferido . Entonces, si en el juicio de amparo indirecto el Juez de Distrito, ante el conflicto de intereses de los padres, para garantizar la imparcial protección de los intereses directos del infante, le designó un representante especial para que intervenga en su nombre, en términos del artículo 8° de la Ley de Amparo, es que los padres no pueden acudir en representación de la menor a interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia VII.1o.C. J/10 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que se comparte, visible en el folio 2641, del Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2014457, que dice: "MENORES DE EDAD. LOS PROGENITORES Y DEPOSITARIOS JUDICIALES NO ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN REPRESENTACIÓN DE AQUÉLLOS, CUANDO SE LES NOMBRÓ UN REPRESENTANTE ESPECIAL EN EL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). En principio, se destaca que el depositario judicial designado en términos del artículo 161 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz carece de legitimación para promover el juicio de amparo en contra de cuestiones relacionadas con el depósito de un menor, aun cuando de las constancias del juicio de origen se desprenda que es pariente del infante y lo hubiere tenido bajo su cuidado desde que se decretó el depósito, pues ello no lo convierte automáticamente en su representante, dado que la representación corresponde originariamente a quienes ejercen la patria potestad, por regla general a sus progenitores, como lo prevé el artículo 354 del Código Civil para el Estado de Veracruz; ahora, en caso de que en el juicio de amparo indirecto el Juez de Distrito, ante el conflicto de intereses de los padres, para garantizar la imparcial protección de los intereses directos del infante, le designe un representante especial para que intervenga en su nombre, en términos del artículo 8o. de la Ley de Amparo, los padres ni el depositario judicial pueden acudir en representación de tal menor a interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo. No obstante lo anterior, el Tribunal Colegiado al que corresponda conocer del citado medio de impugnación, en suplencia de la queja deficiente y atendiendo al principio de interés superior del menor, está facultado para revisar el fallo respectivo y determinar su legalidad o ilegalidad." No obsta la circunstancia de que el Presidente de este tribunal colegiado hubiere admitido a trámite el recurso de revisión en relación con la menor V.P.V., a través de su progenitor, porque ese proveído sólo corresponde a un examen preliminar del negocio, y no obliga al pleno del tribunal, a quien le corresponde el estudio definitivo, de ahí que los referidos autos de presidencia no causen estado en relación con el pleno del propio tribunal; por lo tanto única y exclusivamente deba tenerse por admitido el recurso de revisión por lo que hace a Juan Pérez Rodríguez, por su propio derecho. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial pronunciado por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que se comparte, consultable en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 54, junio de 1992, Tesis VIII.2o. J/8, página 69, que dice: "AUTOS DE PRESIDENCIA NO CAUSAN ESTADO EN RELACIÓN CON EL TRIBUNAL COLEGIADO. De conformidad con los artículos 38 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los tribunales colegiados se integran con tres magistrados y sus resoluciones deben tomarse por unanimidad o mayoría de votos. Por ende, los autos de presidencia, de dichos tribunales, respecto a la admisión del asunto, sólo corresponden a un examen preliminar del negocio, pues el estudio definitivo corresponde al órgano colegiado; de ahí que los referidos autos de presidencia no causen estado en relación con el pleno del propio tribunal." Por otro lado, es menester evidenciar que el presente recurso de revisión guarda conexión con los diversos 14/2018, 600/2017, 614/2017, 545/2017 (incidente), 1/2018, 240/2018 y 270/2018, del índice de este mismo Tribunal. El acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 517/2015 del índice del Juzgado Segundo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, en el cual se fijó el veintisiete de junio de ese mismo año, como nueva fecha para que se presentara el ahora recurrente con su menor hija Valeria Pérez Verdón, a efecto de fijar nuevas reglas de convivencia, apercibiéndolo para en caso de no cumplir, con 10 Unidades de Medida de Actualización y su apercibimiento, como se advierte de la siguiente transcripción: (.) I. Por lo que respecta a que se le aplique una medida de apremio al demandado, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez de que JUAN PÉREZ RODRÍGUEZ, no ha sido apercibido de que se hará acreedor a una medida de apremio en caso de desacato a las determinaciones de esta autoridad. II. Toda vez que JUAN PÉREZ RODRÍGUEZ, no compareció en compañía de su menor hija V.P.V., se señalan nuevamente las 10:00 DIEZ HORAS DEL DÍA 27 VEINTISIETE DE JUNIO DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, a efecto de que JUAN PÉREZ RODRÍGUEZ y SISMA PÉREZ VERDÓN, en compañía de su menor hija V.P.V., comparezcan al local de este Juzgado para fijar las reglas de convivencia, por lo que deberán presentarse con una identificación oficial el día y hora antes señalado, previa citación del Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado; apercibiendo a la parte actora que de no comparecer el día y hora señalado, acompañado de su menor hija, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en 10 diez días (sic) de UMAS (.)." Acuerdo que fue legalmente notificado al recurrente, el uno de junio de dos mil diecisiete . En consecuencia, si contra ese acuerdo, como bien lo sostuvo el Juez de Distrito, no se interpuso el recurso ordinario previsto en la legislación familiar, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el principio de definitividad aun tratándose de actos de imposible reparación dictados en un procedimiento judicial. Contra dicha consideración el recurrente alega que el recurso procedente sería el de revocación , y no el de apelación, como se sostiene en la sentencia que se revisa; además para concluir que el recurso procedente sería el de apelación, es necesaria una interpretación adicional, lo cual constituye una excepción al principio de definitividad en términos del inciso d) de la fracción XVIII del numeral 61 de la legislación citada anteriormente. Lo anterior es fundado pero inoperante, en parte, veamos por qué: Fundado, porque en efecto, en contra del acuerdo emitido el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, el recurso que resulta procedente, es el de revocación, previsto en el artículo 374 del Código de Procedimientos Familiares en el Estado, que prevé: "374. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, sea por la interposición del recurso de revocación o por la regularización del procedimiento que se decrete de oficio o a petición de parte, previa vista a la contraria por tres días, para subsanar toda omisión que exista en el procedimiento o para el sólo efecto de apegarse al procedimiento." Sin embargo, es inoperante su argumento, porque el recurrente, tampoco promovió ese medio de impugnación ordinaria, que la legislación familiar prevé. Por la misma razón, resulta inoperante su segunda argumentación, de que la obligatoriedad de agotar el recurso de apelación, contra el acuerdo reclamado de requerimiento y apercibimiento, necesita una interpretación adicional de los preceptos del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Hidalgo, lo cual constituye una excepción al principio de definitividad, pues el mismo recurrente reconoce que el medio de impugnación procedente, es el de revocación, sin requerir una mayor interpretación. En consecuencia, debe confirmarse el sobreseimiento decretado en la sentencia que se revisa, por el Juez de Distrito, aun cuando se actualiza la misma causal de improcedencia, prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, sin embargo es diferente el motivo, por estimarse que el recurso procedente contra el acto reclamado y su apercibimiento es el de revocación, lo cual impone en términos del segundo párrafo del artículo 64 de la misma ley, dar vista al quejoso, por el término de tres días, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Sin que en el presente caso, considere necesario pronunciarse este Tribunal, en relación con la menor Valeria Pérez Verdón, porque Juan Pérez Rodríguez, sólo se encuentra legitimado para interponer el recurso de revisión por su propio derecho, no así en relación con la menor, por haberse designado en el juicio de amparo un representante especial, y no advertir este Órgano Colegiado, algún motivo para suplir la queja en su favor, en toda su amplitud, pues en relación a las reglas de convivencia y presentación de la menor en el juicio natural, al resolver este Tribunal el diverso recurso de revisión civil 14/2018 (conexo), en sesión de trece de junio pasado, se emitieron las consideraciones pertinentes, incluso se le concedió el amparo a V.P.V." Por lo que en términos del segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, es necesario que se dé vista a la parte quejosa, concediéndole un plazo de tres días a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga. Hecho lo anterior, devuélvanse los presentes autos al Magistrado Aníbal Lafragua Contreras, para formular el proyecto de resolución correspondiente. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2014, sustentando la Jurisprudencia consultable con el número 2008790, en la página 8, del libro 17, abril de 2015, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN.- El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad.".

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