Juan Pérez Encino
Expediente 1389/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1389/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 30/10/2023
Partes del expediente
- Juan Pérez Encino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto; el oficio de cuenta signado por la Magistrada Presidenta por Ministerio de Ley de la Sala Regional de Chiapas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residente en esta ciudad; mediante el cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento al fallo protector emitido en este juicio. Asimismo, anexa copia certificada del proveído de diez de octubre de la anualidad en curso, dictado en el expediente ****, del índice de la Sala referida, por el cual informa la multa impuesta al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad y le requiere dé cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósense a los autos la comunicación y anexo de cuenta, para los efectos legales correspondientes. De conformidad con el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable en vías de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo decretada en autos. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Visto, el escrito recibido en línea signado electrónicamente por ********************, autorizado en términos amplios de la parte quejosa en el presente juicio de amparo, por el cual interpone RECURSO DE QUEJA, en contra del proveído de veinticinco de septiembre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 98, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación que hace valer el accionante; en consecuencia, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítase dentro de los tres días siguientes al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en turno, residente en esta ciudad, para la substanciación del mismo, enviándose al efecto el escrito de agravios presentado electrónicamente. En ese tenor, ríndase el informe respectivo, en el sentido de que es cierto el acto materia de la queja, en razón que el veinticinco de septiembre del año en curso, en autos del juicio de amparo indirecto 1389/2023-VIII, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************. Hágase del conocimiento de la superioridad, que desde este momento, queda debidamente vinculado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), este expediente de manera electrónica, a fin de que se encuentre disponible para su consulta, y con ello, obtener la información o constancias que se requieran; de conformidad con lo establecido en artículo 113, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial Judicial A, para que en el ámbito de sus funciones, realice los trámites correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto, el oficio con anexos que remite la Delegada Administrativa de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, residente en esta ciudad, por medio del cual, en cumplimiento a lo solicitado en auto de doce de septiembre de dos mil veintitrés, remite diversas copias certificadas con las que acredita las gestiones efectuadas para llevar a cabo el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, emitida en el juicio en que se actúa; asimismo, informa que se tiene a disposición de la parte quejosa, en la pagaduría dependiente de esa Delegación los cheques números ************************************, todos de la Institución Banorte, relativos a la primera y segunda quincena del mes de junio, diferencia por incremento de sueltos dos mil veintitrés, primera y segunda quincena del mes de julio de este mismo año, incentivo del día del burócrata, primera quincena de agosto del año en curso, incentivo de útiles escolares, así como segunda quincena del mes de agosto del presente año, toda vez que el quejoso no se ha presentado a recoger dichos cheques. Al efecto se acuerda: En atención a lo anterior, REQUIÉRASE a dicha autoridad responsable -Delegada Administrativa de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, con residencia en Tuxtla Gutiérrez-, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la legal notificación de la presente determinación, remita las constancias con las que acredite el pago de los cheques pendientes, a efecto de dar total cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto, o bien informe las gestiones que está realizando para cumplir con la misma. Además, se le indica que SUBSISTE EL APERCIBIMIENTO decretado en auto de diez de agosto de dos mil veintitrés. No obstante a lo anterior, con el contenido del oficio de cuenta y anexos respectivos, dese vista al quejoso para que manifieste lo que a sus intereses legales convenga. NOTIFÍQUESE POR LISTA, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa: Vistos el estado que guardan los presentes autos, se advierte que obra la comparecencia del quejoso ****, en la que ratificó su escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el dieciocho del mes y año en curso, mediante el cual desahogó la prevención realizada en proveído de siete del mes y año en cita. Al efecto, se acuerda: En atención a su contenido, se tiene por desahogada la prevención formulada a la parte quejosa en el proveído de referencia; por lo que, se procede a lo siguiente: Improcedencia de la demanda de amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo113, de la Ley de Amparo, el cual dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano la demanda intentada. Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda y del escrito aclaratorio. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su actualización, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis, es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Acto reclamado. La parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: El auto de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente *****, del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el que se requiere el pago de alimentos vencidos desde el mes de junio del año dos mil veintiuno o el embargo decretado en términos del proveído de dos de mayo del año en curso. Desechamiento respecto del acto reclamado. Una vez que se precisó el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que establecen: De los preceptos precisados se advierte que tratándose de los actos ejecutados después de concluido el juicio, es preciso que el juzgador analice qué tipo de acto es el que se está reclamando, pues si se trata de actos dictados en ejecución de sentencia, el amparo únicamente podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, lo cual implica que tratándose de las resoluciones intermedias de ese procedimiento no podrá promoverse, sino que en todo caso, éstas podrán reclamarse como violaciones al procedimiento cuando se reclame la última resolución. De las manifestaciones que el promovente vierte bajo protesta de decir verdad, se acredita que el juicio de origen *****, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se encuentra en etapa de ejecución, pues al haber celebrado un convenio entre las partes y ser aprobado, éste fue elevado a sentencia definitiva; asimismo, que el acto reclamado, el cual hace consistir, en el auto de dieciséis de agosto del año en curso, en el que, el juez responsable ordena se requiera al aquí quejoso para que realice el pago de los alimentos vencidos desde el mes de junio de dos mil veintiuno, con el apercibimiento de no hacerlo se procederá al embargo, es un acto intermedio dictado en la etapa de ejecución que no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa. Con el propósito de esclarecer lo que debe entenderse como la última resolución, a que se refiere el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que por esa resolución debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o en su defecto, aquella en que se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, Abril de 2001, página 31, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Asimismo, apoya lo expuesto la jurisprudencia número 177, visible en la página 145, del Tomo VI, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE.- Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Así, cuando el acto que se reclame se haya dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, pero no sea el auto en que se apruebe o reconoce de manera expresa o tácita su cumplimiento total, o aquella en que declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, o se ordene el archivo definitivo, el juicio de amparo será improcedente en su contra. Lo anterior es comprensible, porque la razón de limitar la procedencia del juicio de garantías a la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia, tiene como propósito evitar que, en un abuso del ejercicio del juicio de amparo, se entorpezca la ejecución de las sentencias, ya que ello se considera de orden público, de ahí que dicha ejecución no debe ser entorpecida ni siquiera por la parte que haya resultado vencedora en la contienda del juicio natural que dio origen a la sentencia que se pretende ejecutar. Es criterio del Máximo Tribunal, que la regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto fue instrumentada por el legislador para evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que el juicio de garantías se utilizara para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituye verdad legal, por lo cual la sociedad está interesada en su ejecución, sin que a través de la interposición de muchos amparos obstaculizara su ejecución. Esto es, al constituir la sentencia definitiva una verdad legal, la sociedad tiene interés en que se ejecute y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. En el caso, el auto de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Primero del Ramo Civil, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en los autos del expediente *****, en la cual ordena se requiera al aquí quejoso para que realice el pago de los alimentos vencidos desde el mes de junio de dos mil veintiuno, con el apercibimiento de no hacerlo se procederá al embargo, se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia, toda vez que el auto recurrido no vulnera derechos sustantivos de la parte quejosa ajenos a la cosa juzgada, pues, en él se determinó despachar auto de ejecución. Esto es, en el proveído que se combate, el juez responsable impulsó ejecución a través del requerimiento correspondiente, por lo que se considera que su actuar tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar el convenio elevado a categoría de cosa juzgada en el juicio natural; de ahí que se determine que con el actuar de la responsable no se actualiza un daño irreparable en los derechos sustantivos de la parte quejosa, ajeno a la cosa juzgada. Bajo esa hipótesis, es incuestionable que en su caso, el auto aquí impugnado deberá atacarse al momento en que se recurra la resolución que se dicte como último acto de ejecución en cumplimiento al convenio elevado a sentencia definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Apoya el anterior criterio, a contrario sensu la jurisprudencia P./J. 108/2010 que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, tomo XXXIII, enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto" Así, que al no ser éste el último acto emitido en la etapa de ejecución de la sentencia, para que proceda el juicio de amparo, en virtud de que no se decretó el cumplimiento total de lo sentenciado, tampoco se ha establecido la imposibilidad material o jurídica para cumplirla; ni se ordenó el archivo definitivo del expediente; por tanto, en indudable que no se satisfacen los extremos requeridos para la procedencia de dicho juicio. Es aplicable la tesis aislada número 2°.VIII/98, Novena Época de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, Tomo VII, Febrero de 1998, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución." De ese modo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo vigente, este último interpretado a contrario sensu, al no ser de imposible reparación el acto reclamado, por lo que se impone DESECHAR DE PLANO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA LA DEMANDA DE AMPARO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO.
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