Juan Pablo Loja Saula y Otros.
Expediente 1075/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1075/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/09/2022
Partes del expediente
- Juan Pablo Loja Saula y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, uno de septiembre de dos mil veintidós. Vista; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además, a juicio del que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto; el oficio signado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, mediante la cual remite la boleta de turno número ******************** del presente asunto. Al efecto se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósense a los autos el oficio de referencia y su anexo, para que obren como corresponda. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Visto; el oficio número 19933/2022, signado por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero de Distrito, de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, por medio del cual remite los autos originales del juicio de amparo 918/2022, de su índice, promovida por Joshua Than Cancino, en representación de Juan Pablo Loja Saula y Edgar Felipe García Cuadra, respecto del cual ese órgano se declaró legalmente incompetente. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 49 de la Ley de Amparo, SE ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA, Y ESTE JUZGADO SE AVOCA, AL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO. En ese tenor, acúsese de recibo correspondiente al Juzgado oficiante. I. Registro. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1075/2022-III, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. Causa de improcedencia Ahora, tomando en consideración que el artículo 113, de la Ley de Amparo, impone a esta autoridad, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Al efecto, cobra aplicación la jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145, DE LA LEY DE AMPARO." Esencialmente, conforme a la tesis en cuestión, para desechar de plano de una demanda de amparo, es necesario encontrar un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, dicho motivo debe ser manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y clara de la lectura del libelo; y ha de ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que esa causa es operante en el caso concreto. Ahora, de la lectura que se hace al escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama 1. Titular de la Oficina de Representación en Chiapas, con residencia en Tapachula del Instituto Nacional de Migración, 2. Subdirector de la Estación Migratoria en Tuxtla Gutiérrez el "Cupape 1" del Instituto Nacional de Migración, 3. Subdirector de la Estación Migratoria en Tuxtla Gutiérrez el "Cupape 2" del Instituto Nacional de Migración y 4. Delegado Local en Tuxtla Gutiérrez del Instituto Nacional de Migración, lo siguiente: El Aseguramiento, Alojamiento, o Detención por más de treinta y seis horas, incomunicación, Deportación y Traslado a otra estación Migratoria. Al respecto, tienen aplicación los criterios sustentados por la Segunda Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, que a la letra dicen: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Atento a lo anterior, se considera que en el caso concreto, en cuanto a los actos reclamados, en este asunto, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Toda vez que de la consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que el citado promovente, entabló diverso juicio de amparo indirecto, el cual por razón de turno tocó conocer a este Juzgado de Distrito, registrándolo bajo el número 870/2022-VII, en el cual estableció los mismos actos reclamados, las mismas autoridades responsables, así como los mismos antecedentes. Por lo que en la especie acontece la figura de litispendencia, la cual tiene como finalidad evitar que se dicten sentencias contradictorias sobre una misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que la constitucionalidad del mismo solo puede juzgarse una vez. De tal suerte que para su actualización es necesario, que converjan la identidad en el quejoso, las autoridades responsables, el acto reclamado y que al momento de presentar la demanda de amparo exista un diverso juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Ello en la inteligencia de que el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista un diverso juicio en trámite o pendiente de resolución y se promueva una ulterior demanda de amparo por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto motivo de disenso o norma general. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel que ya ha sido promovido y que no ha sido resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente incluso aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Por las razones que informa, es conducente invocar la tesis sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de epígrafe y contenido: LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente. Lo cual acontece en la especie, pues se itera que en este juicio de amparo indirecto, el promovente Joshua Than Cancino, en representación de Juan Pablo Loja Saula y Edgar Felipe García Cuadra, reclama del 1. Titular de la Oficina de Representación en Chiapas, con residencia en Tapachula del Instituto Nacional de Migración, 2. Subdirector de la Estación Migratoria en Tuxtla Gutiérrez el "Cupape 1" del Instituto Nacional de Migración, 3. Subdirector de la Estación Migratoria en Tuxtla Gutiérrez el "Cupape 2" del Instituto Nacional de Migración y 4. Delegado Local en Tuxtla Gutiérrez del Instituto Nacional de Migración el Aseguramiento, Alojamiento, o Detención por más de treinta y seis horas, incomunicación, Deportación y Traslado a otra estación Migratoria, siendo los mismos quejosos, autoridades responsables y actos reclamados que en el diverso juicio de amparo indirecto 870/2022-VII, del índice de este juzgado, mismo que fue admitido el trece de julio del presente año, y se encuentra en trámite, tal y como se desprende de la certificación que antecede y del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Incluso, se advierte a simple vista que se trata de las mismas firmas criptográficas, asimismo, que el contenido de la demanda es idéntico, en ambos asuntos. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. Por tanto, es inconcuso que si una persona interpone un juicio de amparo bajo estas condiciones, es incuestionable que es improcedente, porque existe un diverso juicio de amparo en trámite. La razón de ser de la improcedencia en comento descansa en la falta de necesidad de estudiar dos veces la constitucionalidad de una misma ley o acto de autoridad, así como evitar emitir sentencias contradictorias. III. Desechamiento de la demanda. En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción X, de la Ley de Amparo; con fundamento en el arábigo 113, de la ley de la materia, por notoria improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Joshua Than Cancino, en representación de Juan Pablo Loja Saula y Edgar Felipe García Cuadra, contra el acto que reclama al Titular de la Oficina de Representación en Chiapas, con residencia en Tapachula del Instituto Nacional de Migración y otras autoridades. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado. IV. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. V. Autorizados, domicilio y expediente electrónico. Ténganse como autorizado términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Joshua Than Cancino, por encontrarse su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Atento a lo peticionado, de conformidad con el artículo 3, de la ley de la materia, se le tiene como autorizado para consultar electrónicamente el juicio de amparo en que se actúa; se ordena a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), dar de alta en el presente juicio al antes citado, registrado con el nombre de usuario "joshuatc", para consultar de manera electrónica el presente juicio. De igual manera, se instruye al personal comisionado de efectuar la digitalización de constancias, que realice el escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. Por otra parte, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza hacer las notificaciones a través del usuario "joshuatc"; por lo que se instruye a los actuarios de la adscripción para que tomen nota. VI. OFICIO COMPENSATORIO. Comuníquese esta determinación a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, a fin de que se realice el registro y la compensación correspondiente de las demandas de amparo, equilibrando así las cargas de trabajo, de conformidad con los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común. VII. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante Leslie Vilchis Domínguez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
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