Juan Pedro Campos Vega
Expediente 489/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 15 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 489/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 30/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Juan Pedro Campos Vega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que los interesados interpusieran recurso de revisión contra el auto de cinco de julio de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente en que se actúa es destruible.
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta y anexo que remite Juez de Control y de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, mediante el cual, informa a este juzgado que el cuatro de julio de dos mil diecinueve, dictó al aquí quejoso Juan Pedro Campos Vega auto de vinculación a proceso y se determinó un acuerdo reparatorio en la causa penal 575/2019, hecho por el cual ordenó cancelar la orden de aprehensión librada en su contra el día veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, por el hecho que la ley señala como delito de robo, de cual anexa copia certificada de la audiencia celebrada. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional advierte que sobreviene de manera notoria una causal de improcedencia, siendo ésta una cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de amparo, atento a lo señalado en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 940, publicada en la página mil quinientos treinta, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1988, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Aunado lo anterior, en la medida que constituye un obstáculo para que este juzgado de amparo entre al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, sin necesidad de llevar a cabo la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse con prueba alguna dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 Constitucional. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de dos mil tres, materia Común, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se afirma lo anterior, toda vez que este órgano jurisdiccional advierte que en el caso sobreviene la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". En efecto, el quejoso acude a la presente instancia constitucional, doliéndose de la orden de aprehensión librada en su contra por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, así como su pretendida ejecución. Al respecto, la autoridad responsable ordenadora, Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, al rendir su correspondiente informe justificado, reconoció la existencia de la orden de aprehensión reclamada librada dentro de la causa penal 575/2019, que se instruye contra el aquí quejoso por el delito de robo; posteriormente, mediante oficio LV/113-19, de cinco de julio actual, informó que vinculó a proceso y se determinó un acuerdo reparatorio en la causa penal anteriormente señalada. Así, resulta evidente que en la especie sobreviene la causa de improcedencia en análisis, ya que las violaciones reclamadas por el quejoso, quedaron irreparablemente consumadas al resolverse su situación jurídica, mediante la resolución de cuatro de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual se resuelve su situación jurídica. Sobre el particular, resulta aplicable la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala, número 1a./J. 95/2007, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 50, Materia Penal, que es como sigue: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." Consecuentemente, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVII, pues aun cuando el expediente esté en trámite, la aludida causal de improcedencia, es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba se puede desvirtuar. En atención a lo antes asentado y en razón de que la audiencia constitucional en este juicio de amparo se encuentra señalada para las once horas con treinta minutos del ocho de julio de dos mil diecinueve, se deja sin efectos dicho señalamiento
- Principal
SE PUBLICA POR MEDIO DE LISTA CON EFECTOS DE NOTIFICACION PARA LA PARTE QUEJOSA: Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta y anexo que remite Juez de Control y de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, mediante el cual, informa a este juzgado que el cuatro de julio de dos mil diecinueve, dictó al aquí quejoso Juan Pedro Campos Vega auto de vinculación a proceso y se determinó un acuerdo reparatorio en la causa penal 575/2019, hecho por el cual ordenó cancelar la orden de aprehensión librada en su contra el día veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, por el hecho que la ley señala como delito de robo, de cual anexa copia certificada de la audiencia celebrada. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional advierte que sobreviene de manera notoria una causal de improcedencia, siendo ésta una cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de amparo, atento a lo señalado en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 940, publicada en la página mil quinientos treinta, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1988, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Aunado lo anterior, en la medida que constituye un obstáculo para que este juzgado de amparo entre al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, sin necesidad de llevar a cabo la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse con prueba alguna dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 Constitucional. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de dos mil tres, materia Común, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se afirma lo anterior, toda vez que este órgano jurisdiccional advierte que en el caso sobreviene la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". En efecto, el quejoso acude a la presente instancia constitucional, doliéndose de la orden de aprehensión librada en su contra por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, así como su pretendida ejecución. Al respecto, la autoridad responsable ordenadora, Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, al rendir su correspondiente informe justificado, reconoció la existencia de la orden de aprehensión reclamada librada dentro de la causa penal 575/2019, que se instruye contra el aquí quejoso por el delito de robo; posteriormente, mediante oficio LV/113-19, de cinco de julio actual, informó que vinculó a proceso y se determinó un acuerdo reparatorio en la causa penal anteriormente señalada. Así, resulta evidente que en la especie sobreviene la causa de improcedencia en análisis, ya que las violaciones reclamadas por el quejoso, quedaron irreparablemente consumadas al resolverse su situación jurídica, mediante la resolución de cuatro de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual se resuelve su situación jurídica. Sobre el particular, resulta aplicable la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala, número 1a./J. 95/2007, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 50, Materia Penal, que es como sigue: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." Consecuentemente, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVII, pues aun cuando el expediente esté en trámite, la aludida causal de improcedencia, es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba se puede desvirtuar. En atención a lo antes asentado y en razón de que la audiencia constitucional en este juicio de amparo se encuentra señalada para las once horas con treinta minutos del ocho de julio de dos mil diecinueve, se deja sin efectos dicho señalamiento
- Principal
Visto; la diligencia de emplazamiento realizada por el actuario judicial adscrito a este juzgado, agregada a los presentes autos; con fundamento en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, téngase por legalmente emplazado al tercero interesado Luis Alberto Perea García y désele la intervención legal correspondiente. Asimismo, como se solicita, téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Pompeya, número quince (15), Colonia Privada Villas de Nápoles, en Guadalupe, Zacatecas.
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