Juan Patrocinio Cabrera Sánchez

Expediente 298/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
298/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
12/07/2016

Partes del expediente

  • Juan Patrocinio Cabrera Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto; el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que la parte quejosa adjuntó a la demanda con la que se formó el expediente en que se actúa, copias fotostáticas de la misma; por lo tanto, por no ser necesaria su retención, requiérase a la parte quejosa para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger las citadas copias que exhibió en el presente juicio, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de tres días se destruirán, previa certificación que se deje en autos.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa sin valor jurídico. Finalmente, requiérase a la parte quejosa, para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger los documentos que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el presente expediente.

  3. Principal

    Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito presentado por el quejoso Juan Patrocinio Cabrera Sánchez, mediante el cual, solicita la devolución de los documentos originales que exhibió al presentar su demanda; atendiendo a su petición, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, toda vez que, a la fecha, no ha quedado firme el auto dictado el veintitrés de los que cursan, que desechó la demanda de amparo que originó este juicio.

  4. Principal

    Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito presentado por Juan Patrocinio Cabrera Sánchez, por el que da cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de veintiuno de junio de dos mil dieciséis; en consecuencia, el Juez acuerda: El artículo 113, de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, es de indicarse que la parte quejosa señala: "IV. ACTO RECLAMADO.- La exclusión infundada del suscrito como aspirante para ocupar el cargo de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.". Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que por lo que respecta al citado acto reclamado, con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción VII, en relación con el numeral 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. Dichos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por su parte, el artículo 23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en vigor, dispone: "Artículo 23. En el Estado de Zacatecas funcionará una Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, como organismo descentralizado de la Administración Pública, de carácter autónomo, con personalidad jurídica, autonomía presupuestaria y de gestión, cuyos servicios serán gratuitos, encargado de la defensa y promoción de los derechos humanos. La Legislatura del Estado propondrá y designará a su Presidente y Consejeros, ajustándose a un procedimiento de consulta pública, el cual deberá ser transparente e informado, en los términos y condiciones que determine la ley; asimismo expedirá el ordenamiento que regule sus funciones, en concordancia con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Asimismo, los artículos 10 y 12 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, disponen: "Artículo 10. El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, no estará sujeto a mandato imperativo de autoridad alguna y desempeñará sus atribuciones con autonomía, sin más restricciones que las que señalan las Constituciones Federal y Local, las leyes que de ellas emanen, y, en especial, el artículo 50 de esta Ley." "Artículo 12. El Presidente de la Comisión, será designado por la Legislatura conforme un procedimiento de consulta pública, para lo cual observará las siguientes bases: I. Emitir una convocatoria dentro de un plazo de sesenta días previos a la conclusión del periodo para el cual fue electo el Presidente en funciones; II. Dirigir la convocatoria a toda persona interesada, en especial a los colegios de profesionistas, las organizaciones representativas de los distintos sectores de la sociedad, así como los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos; III. Especificar en la convocatoria: a) Requisitos para el cargo de Presidente de la Comisión conforme el artículo 11 de esta ley; b) Las bases generales del procedimiento de consulta pública y elección; c) Fecha para dar a conocer la lista oficial de los aspirantes al cargo; d) Fecha día y hora para efectuar la comparecencia pública; e) Fecha para conocer los resultados; IV. Turnar a la Comisión legislativa correspondiente para efectos de calificar y determinar las personas idóneas a ocupar el cargo. El día de la comparecencia pública, se dará el uso de la voz a cada aspirante a efecto de conocer los motivos, perfiles, méritos y la propuesta de un programa mínimo de trabajo; y V. Fundar y motivar en un dictamen de la Comisión legislativa correspondiente, los criterios que determinaron la conformación de la terna que se presentará ante el Pleno de la Legislatura para elegir al Presidente.". Ahora bien, se afirma que en el caso se actualiza la causa de improcedencia destacada, en virtud que el quejoso se duele de su exclusión como aspirante para ocupar el cargo de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Sin embargo, conforme a los preceptos destacados, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, confiere a la Legislatura del Estado la facultad de resolver soberana o discrecionalmente -aún cuando el texto normativo no le atribuya tales adjetivos- sobre la elección de funcionarios, en el caso, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. En ese contexto, dichas atribuciones conferidas a la Legislatura del Estado, de designar al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y llevar a cabo el procedimiento respectivo -el que no menoscaba el carácter autónomo de la facultad de la legislatura-, como ya se expuso, revisten características que permiten calificarlas como soberanas y discrecionales en virtud que las decisiones que se tomen con fundamento en ellas, especialmente la de quién ocupará el cargo, son definitivas -no requieren aval, aprobación o ratificación de otro órgano en términos de las propias decisiones- y, por consiguiente, resulta evidente que el presente juicio de garantías es improcedente. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la tesis I.4o.A.564 A, publicada en la página mil seiscientos sesenta y nueve del tomo XXV, abril de dos mil siete, materia Administrativa, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 172814, del tenor: "COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL. EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DE SU PRESIDENTE, LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EMITE ACTOS SOBERANOS Y DISCRECIONALES A LOS QUE RESULTA APLICABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia que prevé el precepto citado surge cuando se reclaman resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. No obstante lo anterior, también se actualiza en el caso de que la facultad ejercida por el órgano legislativo no derive de una Constitución Local, sino de otro ordenamiento secundario, o cuando la resolución o declaración provenga de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y no de los Poderes Legislativos de los Estados, pues de una interpretación histórica progresiva del precepto que contiene aquella hipótesis de improcedencia del juicio de garantías, el cual no ha sido modificado desde su creación el 10 de enero de 1936, se concluye que también aludiría a ella si el legislador hubiese podido tomar en consideración las reformas al artículo 122 constitucional de 25 de octubre de 1993 y 22 de agosto de 1996, mediante las cuales el presidente de la República dejó de tener a su cargo el Gobierno del Distrito Federal, que ejercía anteriormente a través de un jefe de departamento y, a partir de las cuales el Distrito Federal se convirtió, para efectos de su régimen administrativo y político, en una entidad cuyas características más importantes se asimilan a las de los Estados, como son su integración por tres Poderes Locales, esto es, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En ese contexto, las atribuciones que confieren a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal los artículos 107, 108 y 109 de su ley orgánica; 9 y 10 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para designar o ratificar al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la propia entidad y llevar a cabo el procedimiento respectivo, revisten características que permiten calificarlas como soberanas y discrecionales, en virtud de que las decisiones que se tomen con fundamento en ellas, especialmente la de quién ocupará el cargo, son definitivas -no requieren el aval, aprobación o ratificación de otro órgano, en términos de las propias disposiciones- y, por consiguiente, el juicio de garantías en su contra resulta improcedente, con fundamento en la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Asimismo, resulta aplicable en lo conducente, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. LXXXIX/2006, publicada en la página doscientos treinta del tomo XXIV, diciembre de dos mil seis, materia Administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 173819, que dispone: "COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DE SU PRESIDENTE, EL SENADO DE LA REPÚBLICA EMITE ACTOS SOBERANOS, A LOS QUE RESULTA APLICABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia que prevé el precepto citado tiene lugar cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (o la estatal relativa, en su caso) confiere al órgano legislativo la facultad de resolver soberana o discrecionalmente sobre la elección, remoción o suspensión de funcionarios. Ahora bien, la atribución que el artículo 102, apartado B, párrafos quinto y sexto, de la Constitución Federal confiere a la Cámara de Senadores (y en sus recesos a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión) para elegir mediante votación calificada al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reviste características que permiten clasificarla como soberana -aun cuando el texto normativo no le atribuya tal adjetivo- en la medida en que no exige que la decisión sea avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo alguno; lo que se corrobora con la exposición de motivos y los demás documentos integrantes del proceso legislativo que originaron el decreto que reformó el precepto constitucional mencionado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999, pues de ellos se advierte que al sentar las bases de la actual Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se tuvo la clara intención de crear un auténtico defensor de los derechos relativos, concebido como organismo público autónomo, con independencia técnica y financiera, cuyo titular fuera designado por la Cámara de Senadores, sin obedecer a proposiciones de otra índole que pudieran afectar su autonomía de gestión. Además, la circunstancia de que los artículos tercero transitorio del decreto referido y 10 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establezcan que la comisión correspondiente del Senado debe realizar una auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad y entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos, así como que con base en su resultado dicho órgano podrá proponer al Senado la ratificación del titular para un segundo periodo o una terna de candidatos de la cual se elegirá a quien ocupe el cargo, no menoscaba la soberanía de la facultad del órgano legislativo, dado que no condiciona su fallo a la aprobación, sanción o ratificación de persona, asociación u organismo alguno, pues no atribuye fuerza vinculatoria a la opinión vertida por los sectores consultados; es más, este sistema tiende a optimizar el funcionamiento de la Cámara de Senadores, para que sus miembros puedan votar por alguna de las opciones que, en número reducido, se sometan a su decisión, de manera que alguna de ellas, en su caso, alcance la votación calificada requerida para su aprobación. En consecuencia, cuando se reclame la decisión final o cualquier acto emitido en el procedimiento de elección o ratificación del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el juicio de garantías será improcedente con fundamento en el artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo.". En las narradas condiciones, al actualizarse de modo manifiesto la causal de improcedencia prevista, en la fracción VII del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías promovida el Juan Patrocinio Cabrera Sánchez, por su propio derecho, con apoyo en el artículo 113 del propio ordenamiento legal en consulta.

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