Juan Pablo Tobón Rojas

Expediente 761/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
761/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
27/10/2020

Partes del expediente

  • Juan Pablo Tobón Rojas

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veinte. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió el proveído de treinta de septiembre de dos mil veinte por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo; por lo que, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. .....

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de septiembre de dos mil veinte. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tienen por recibidos los oficios y anexos de cuenta de la Presidenta Municipal y Regidor de Ecología, Parques y Jardines, ambos del Ayuntamiento de Tlanepantla, Puebla, a través de los cuales rinden el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a las mencionadas autoridades rindiendo el informe justificado respectivo de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se le tiene designando como delegado a la persona que menciona en el oficio de cuenta y por señalado el domicilio que indican en el mismo para recibir notificaciones. Por otra parte, en términos de lo establecido en el artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por señalada la dirección de correo electrónico y número telefónico que indica, únicamente para que se establezcan comunicaciones no procesales. Ahora bien, de las copias certificadas que remiten las autoridades responsables -mismas que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que mediante oficios de dieciséis y veintidós de junio de dos mil veinte, dieron respuesta al escrito presentado por el quejoso Juan pablo Tobón Rojas el once de junio de dos mil veinte, los cuales se le notificaron el veintidós de junio de dos mil veinte. Por tanto, el acto reclamado de las autoridades responsables Presidenta Municipal y Regidor de Ecología, Parques y Jardines, ambos del Ayuntamiento de Tlanepantla, Puebla consistente, en la omisión de dar contestación al escrito del quejoso Juan Pablo Tobón Rojas, de once de junio de dos mil veinte, deviene inexistente, como enseguida se expondrá. A fin de demostrar la hipótesis que se anuncia, conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo, un acto es inexistente entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. Se afirma lo anterior pues, mediante oficios de dieciséis y veintidós de junio de dos mil veinte, las autoridades responsables dieron contestación al escrito del quejoso de once de junio de dos mil veinte, los cuales le fueron notificados el veintidós de junio de dos mil veinte; y, la demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales el once de agosto de dos mil veinte; esto es, después de que se había dado contestación al referido escrito. Tiene....La determinación que aquí se adopta se justifica porque, la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado y tomando en cuenta que en autos se acreditó que el dieciséis y veintidós de junio de dos mil veinte se dio contestación al escrito de once de junio de dos mil veinte, es inconcuso que deviene inexistente la omisión reclamada. En las relatadas consideraciones, al ser inexistente el acto reclamado de la autoridad responsable en los términos antes apuntados, se sobresee en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. ....No escapa a este órgano jurisdiccional la circunstancia de que en el caso se reclama la violación al derecho de petición contenido en el artículo 8o. constitucional, el que se conforma a su vez de diversos derechos que le dan contenido, y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa. Los diversos derechos derivados del derecho de petición son las siguientes: 1. Dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado; 2. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado; y 3. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, No obstante, en el caso de constancias se advierte que la respuesta se notificó a la parte quejosa el veintidós de junio de dos mil veinte, entonces, es inconcuso que en la data ahí precisada se hizo sabedora del acto reclamado por ende es a partir de esa fecha cuando deberá correr el plazo respectivo para ampliar la demanda. Cabe destacar que este órgano jurisdiccional no está facultado para para realizar un análisis de las formalidades que en la práctica de la notificación del oficio, se siguieron, ni desconocer su existencia, pues dicho acto no es materia de la litis en la presente instancia constitucional. Luego, está probado plenamente que el veintidós de junio de dos mil veinte, se notificó a la parte quejosa el oficio por el que se dio contestación a su escrito presentado el catorce de abril de dos mil veinte. Al respecto, cabe precisar que la legislación de amparo, en su artículo 111, prevé la posibilidad de ampliar la demanda de amparo siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 1. No hayan transcurrido los plazos para su presentación. 2. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. Ahora bien, del contenido de los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, se desprende que el plazo genérico de quince días para promover la demanda de amparo, se contará a partir del siguiente a aquel en que se dé alguno de estos supuestos: 1. En que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2. En que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; 3. En que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Así, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo es a partir del día siguiente a aquel en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, lo que resulta de igual manera aplicable para establecer el plazo para la presentación de la ampliación de la demanda. Entonces, se debe analizar, conforme a la ley del acto, cuándo surtió sus efectos esa notificación, para así determinar cuándo comenzó a transcurrir el plazo para presentar la ampliación de la demanda de amparo, por tanto, sería ocioso dar vista a la parte quejosa con el informe de la Presidenta Municipal y Regidor de Ecología, Parques y Jardines, ambos del Ayuntamiento de Tlanepantla, Puebla, para que en el plazo de quince días manifestaran si era su deseo ampliar la demanda de amparo contra el citado oficio, pues lo relevante para considerar el momento en que debe computarse el inicio del plazo para la ampliación de demanda, no está relacionado con la vista que se otorga del informe justificado al quejoso, sino conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, ya que de otra manera se otorgaría injustificadamente una extensión del plazo para presentar la ampliación de demanda. De manera que si antes de promover el juicio de amparo ya tenía conocimiento del oficio por el que le da contestación al escrito de once de junio de dos mil veinte -omisión que reclama- este juzgado no está en posibilidad de ampliar la demanda de amparo por dicha contestación. Pues al momento de recibir el informe justificado, el juez de Distrito da vista a la parte quejosa con su contenido y constancias anexas, lo que sucede a través de la notificación correspondiente, éste se ubica dentro del primer supuesto al que hace referencia el multicitado artículo 18, pues será a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación correspondiente, que iniciará el plazo para presentar la ampliación de demanda. .... Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con cincuenta y dos minutos del día de hoy. ....fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de septiembre de dos mil veinte. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tienen por recibidos los oficios y anexos de cuenta de la Presidenta Municipal y Regidor de Ecología, Parques y Jardines, ambos del Ayuntamiento de Tlanepantla, Puebla, a través de los cuales rinden el informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a las mencionadas autoridades rindiendo el informe justificado respectivo de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se le tiene designando como delegado a la persona que menciona en el oficio de cuenta y por señalado el domicilio que indican en el mismo para recibir notificaciones. Por otra parte, en términos de lo establecido en el artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por señalada la dirección de correo electrónico y número telefónico que indica, únicamente para que se establezcan comunicaciones no procesales. Ahora bien, de las copias certificadas que remiten las autoridades responsables -mismas que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que mediante oficios de dieciséis y veintidós de junio de dos mil veinte, dieron respuesta al escrito presentado por el quejoso Juan pablo Tobón Rojas el once de junio de dos mil veinte, los cuales se le notificaron el veintidós de junio de dos mil veinte. Por tanto, el acto reclamado de las autoridades responsables Presidenta Municipal y Regidor de Ecología, Parques y Jardines, ambos del Ayuntamiento de Tlanepantla, Puebla consistente, en la omisión de dar contestación al escrito del quejoso Juan Pablo Tobón Rojas, de once de junio de dos mil veinte, deviene inexistente, como enseguida se expondrá. A fin de demostrar la hipótesis que se anuncia, conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo, un acto es inexistente entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. Se afirma lo anterior pues, mediante oficios de dieciséis y veintidós de junio de dos mil veinte, las autoridades responsables dieron contestación al escrito del quejoso de once de junio de dos mil veinte, los cuales le fueron notificados el veintidós de junio de dos mil veinte; y, la demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales el once de agosto de dos mil veinte; esto es, después de que se había dado contestación al referido escrito. Tiene....La determinación que aquí se adopta se justifica porque, la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado y tomando en cuenta que en autos se acreditó que el dieciséis y veintidós de junio de dos mil veinte se dio contestación al escrito de once de junio de dos mil veinte, es inconcuso que deviene inexistente la omisión reclamada. En las relatadas consideraciones, al ser inexistente el acto reclamado de la autoridad responsable en los términos antes apuntados, se sobresee en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. ....No escapa a este órgano jurisdiccional la circunstancia de que en el caso se reclama la violación al derecho de petición contenido en el artículo 8o. constitucional, el que se conforma a su vez de diversos derechos que le dan contenido, y que derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa. Los diversos derechos derivados del derecho de petición son las siguientes: 1. Dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado; 2. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado; y 3. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, No obstante, en el caso de constancias se advierte que la respuesta se notificó a la parte quejosa el veintidós de junio de dos mil veinte, entonces, es inconcuso que en la data ahí precisada se hizo sabedora del acto reclamado por ende es a partir de esa fecha cuando deberá correr el plazo respectivo para ampliar la demanda. Cabe destacar que este órgano jurisdiccional no está facultado para para realizar un análisis de las formalidades que en la práctica de la notificación del oficio, se siguieron, ni desconocer su existencia, pues dicho acto no es materia de la litis en la presente instancia constitucional. Luego, está probado plenamente que el veintidós de junio de dos mil veinte, se notificó a la parte quejosa el oficio por el que se dio contestación a su escrito presentado el catorce de abril de dos mil veinte. Al respecto, cabe precisar que la legislación de amparo, en su artículo 111, prevé la posibilidad de ampliar la demanda de amparo siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 1. No hayan transcurrido los plazos para su presentación. 2. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. Ahora bien, del contenido de los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, se desprende que el plazo genérico de quince días para promover la demanda de amparo, se contará a partir del siguiente a aquel en que se dé alguno de estos supuestos: 1. En que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2. En que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; 3. En que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Así, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo es a partir del día siguiente a aquel en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, lo que resulta de igual manera aplicable para establecer el plazo para la presentación de la ampliación de la demanda. Entonces, se debe analizar, conforme a la ley del acto, cuándo surtió sus efectos esa notificación, para así determinar cuándo comenzó a transcurrir el plazo para presentar la ampliación de la demanda de amparo, por tanto, sería ocioso dar vista a la parte quejosa con el informe de la Presidenta Municipal y Regidor de Ecología, Parques y Jardines, ambos del Ayuntamiento de Tlanepantla, Puebla, para que en el plazo de quince días manifestaran si era su deseo ampliar la demanda de amparo contra el citado oficio, pues lo relevante para considerar el momento en que debe computarse el inicio del plazo para la ampliación de demanda, no está relacionado con la vista que se otorga del informe justificado al quejoso, sino conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, ya que de otra manera se otorgaría injustificadamente una extensión del plazo para presentar la ampliación de demanda. De manera que si antes de promover el juicio de amparo ya tenía conocimiento del oficio por el que le da contestación al escrito de once de junio de dos mil veinte -omisión que reclama- este juzgado no está en posibilidad de ampliar la demanda de amparo por dicha contestación. Pues al momento de recibir el informe justificado, el juez de Distrito da vista a la parte quejosa con su contenido y constancias anexas, lo que sucede a través de la notificación correspondiente, éste se ubica dentro del primer supuesto al que hace referencia el multicitado artículo 18, pues será a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación correspondiente, que iniciará el plazo para presentar la ampliación de demanda. .... Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con cincuenta y dos minutos del día de hoy. ....fe.

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