Juan Pablo Brito de Ita
Expediente 1538/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1538/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 15/11/2023
Partes del expediente
- Juan Pablo Brito de Ita
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de noviembre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió el proveído de tres de octubre de dos mil veintitrés, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo que, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con los artículos 14, fracción III, y 20, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó en el presente juicio. De igual manera, como lo dispone el artículo 34 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso o digital que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra o, en su caso, una firma digital, el cual es insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. En ese tenor, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique se encuentra completamente integrado el expediente electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, ante Cynthia Bello López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, a tres de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de cuenta de la autoridad responsable Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por conducto de su Presidenta, mediante el cual rinde su informe justificado. Atento a lo anterior, se tiene a la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla rindiendo el informe justificado respectivo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene a la autoridad responsable ofreciendo las constancias que acompaña a su informe justificado. Ahora, del informe justificado y de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable en cita, -las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que por auto de catorce de julio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral 1781/2014, se señalaron las once horas del treinta de octubre de dos mil veintitrés para el desahogo de la audiencia Incidental de Sustitución Procesal y se comisionó al Actuario de su adscripción, a fin de que realizará la investigación de dependencia económica; motivo por el cual refiere no se encuentra en estado en el cual pueda ser turnados los autos para la emisión del proyecto de resolución en forma de laudo en términos de lo dispuesto por el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. En ese tenor, cabe precisar que la parte quejosa señala como acto reclamado en el presente juicio de amparo, el siguiente: De la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, la omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral 1781/2014, de su índice. Establecido el contexto anterior, debe destacarse que lo que se reclama en la especie son actos de naturaleza omisiva. Esto último reviste especial relevancia, pues en la dinámica procesal del juicio de amparo, en función de la naturaleza positiva u omisiva del acto reclamado, se determina la carga probatoria de las partes para determinar la existencia o inexistencia de aquél. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 104/2018, consideró que cuando las autoridades responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, dicha negativa realmente implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. En relación con lo expuesto, tratándose de actos de naturaleza omisiva, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe la omisión reclamada; además, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". En ese orden de ideas, es pertinente precisar que la Ley Federal del Trabajo vigente con anterioridad al "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY FEDERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA, DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL, LIBERTAD SINDICAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA", publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve; y aplicable al juicio laboral origen, en los artículos 885, 886, 887, 888 y 889 establecen: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; El señalamiento de los hechos controvertidos; Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y Los puntos resolutivos." "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas". "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas". "Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado". "Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta". De lo anterior se advierte que la Ley Federal del Trabajo establece lo siguiente: Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. Cerrada la instrucción por el auxiliar, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de la propia Ley Federal del Trabajo. Se entregará copia del proyecto de laudo a los integrantes de la Junta del conocimiento, quienes tendrán el plazo de cinco días para que, si lo estiman necesario, soliciten que se practiquen las diligencias que juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad; para ello, dicho órgano jurisdiccional, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Transcurrido el aludido término concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Si el proyecto de resolución fuere aprobado (sin adiciones ni modificaciones) se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Sobre ese marco normativo, aun cuando la parte quejosa reclama la omisión de dictar el proyecto de laudo, en el juicio laboral 1781/2014, promovido por María Mariza Rivera López esposa del aquí quejoso en contra de Afore Banamex, Sociedad Anónima de Capital Variable, Integrante del Grupo Financiero Banamex; lo cierto es que, se advierte que la junta del conocimiento no está en condiciones de emitir el laudo respectivo, en tanto que el juicio laboral de origen no guarda estado para ello. Esto es así, porque en acuerdo de catorce de julio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral 1781/2014, se señalaron las once horas del treinta de octubre de dos mil veintitrés para el desahogo de la audiencia Incidental de Sustitución Procesal y se comisionó al Actuario de su adscripción, a fin de que realizará la investigación de dependencia económica; motivo por el cual refiere no se encuentra en estado en el cual pueda ser turnados los autos para la emisión del proyecto de resolución en forma de laudo en términos de lo dispuesto por el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que la autoridad responsable está imposibilitada para emitir el acto que la parte quejosa aduce ha omitido, es decir, emitir el laudo en el expediente 1781/2014. Situación que, en el particular, no ha acontecido, pues aún se encuentra pendiente que, se resuelva el incidente de sustitución procesal y así proceder con el cierre de instrucción y posteriormente con la emisión del laudo. Por tanto, es evidente que la autoridad responsable no está en condiciones de proceder en los términos expuestos por el promovente del amparo, y por ende, ello conduce a establecer la inexistencia de los actos reclamados, pues se insiste, el juicio no está en estado para emitir el laudo respectivo. En razón de lo anterior, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, ya que de las constancias de autos no se advierte la existencia de la omisión reclamada de dicha autoridad, ello con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causal de sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugna el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, a tres de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de cuenta de la autoridad responsable Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por conducto de su Presidenta, mediante el cual rinde su informe justificado. Atento a lo anterior, se tiene a la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla rindiendo el informe justificado respectivo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene a la autoridad responsable ofreciendo las constancias que acompaña a su informe justificado. Ahora, del informe justificado y de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable en cita, -las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que por auto de catorce de julio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral 1781/2014, se señalaron las once horas del treinta de octubre de dos mil veintitrés para el desahogo de la audiencia Incidental de Sustitución Procesal y se comisionó al Actuario de su adscripción, a fin de que realizará la investigación de dependencia económica; motivo por el cual refiere no se encuentra en estado en el cual pueda ser turnados los autos para la emisión del proyecto de resolución en forma de laudo en términos de lo dispuesto por el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. En ese tenor, cabe precisar que la parte quejosa señala como acto reclamado en el presente juicio de amparo, el siguiente: De la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, la omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral 1781/2014, de su índice. Establecido el contexto anterior, debe destacarse que lo que se reclama en la especie son actos de naturaleza omisiva. Esto último reviste especial relevancia, pues en la dinámica procesal del juicio de amparo, en función de la naturaleza positiva u omisiva del acto reclamado, se determina la carga probatoria de las partes para determinar la existencia o inexistencia de aquél. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 104/2018, consideró que cuando las autoridades responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, dicha negativa realmente implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. En relación con lo expuesto, tratándose de actos de naturaleza omisiva, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe la omisión reclamada; además, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". En ese orden de ideas, es pertinente precisar que la Ley Federal del Trabajo vigente con anterioridad al "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY FEDERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA, DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL, LIBERTAD SINDICAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA", publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve; y aplicable al juicio laboral origen, en los artículos 885, 886, 887, 888 y 889 establecen: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; El señalamiento de los hechos controvertidos; Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y Los puntos resolutivos." "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas". "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas". "Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado". "Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta". De lo anterior se advierte que la Ley Federal del Trabajo establece lo siguiente: Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. Cerrada la instrucción por el auxiliar, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de la propia Ley Federal del Trabajo. Se entregará copia del proyecto de laudo a los integrantes de la Junta del conocimiento, quienes tendrán el plazo de cinco días para que, si lo estiman necesario, soliciten que se practiquen las diligencias que juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad; para ello, dicho órgano jurisdiccional, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Transcurrido el aludido término concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Si el proyecto de resolución fuere aprobado (sin adiciones ni modificaciones) se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Sobre ese marco normativo, aun cuando la parte quejosa reclama la omisión de dictar el proyecto de laudo, en el juicio laboral 1781/2014, promovido por María Mariza Rivera López esposa del aquí quejoso en contra de Afore Banamex, Sociedad Anónima de Capital Variable, Integrante del Grupo Financiero Banamex; lo cierto es que, se advierte que la junta del conocimiento no está en condiciones de emitir el laudo respectivo, en tanto que el juicio laboral de origen no guarda estado para ello. Esto es así, porque en acuerdo de catorce de julio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral 1781/2014, se señalaron las once horas del treinta de octubre de dos mil veintitrés para el desahogo de la audiencia Incidental de Sustitución Procesal y se comisionó al Actuario de su adscripción, a fin de que realizará la investigación de dependencia económica; motivo por el cual refiere no se encuentra en estado en el cual pueda ser turnados los autos para la emisión del proyecto de resolución en forma de laudo en términos de lo dispuesto por el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que la autoridad responsable está imposibilitada para emitir el acto que la parte quejosa aduce ha omitido, es decir, emitir el laudo en el expediente 1781/2014. Situación que, en el particular, no ha acontecido, pues aún se encuentra pendiente que, se resuelva el incidente de sustitución procesal y así proceder con el cierre de instrucción y posteriormente con la emisión del laudo. Por tanto, es evidente que la autoridad responsable no está en condiciones de proceder en los términos expuestos por el promovente del amparo, y por ende, ello conduce a establecer la inexistencia de los actos reclamados, pues se insiste, el juicio no está en estado para emitir el laudo respectivo. En razón de lo anterior, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, ya que de las constancias de autos no se advierte la existencia de la omisión reclamada de dicha autoridad, ello con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causal de sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugna el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta procedente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por el que remite copia certificada del testimonio de la resolución emitida el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en los autos del toca 358/2022 y devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa con un cuaderno auxiliar. Dese a conocer a las partes la devolución de estos autos que se encontraban en revisión y comuníquese que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Se confirma la sentencia de doce de mayo de dos mil veintidós, dictada por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo, Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla en el juicio de amparo indirecto 394/2022. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************ni a ********************, también conocida como ******************** o ********************, por propio derecho, en contra del acto reclamado consistente en la resolución de doce de enero de dos mil veintidós, dictada en el recurso administrativo registral número ********************, por el Director del Registro Público de la Propiedad del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, por las razones expuestas en la sentencia recurrida." Acúsese el recibo de estilo vía electrónica, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, que hace referencia el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, que se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. Respecto del expedientillo formado con motivo del recurso de revisión, agréguese únicamente la carátula y las actuaciones posteriores a la certificación por la que se integró el aludido cuadernillo; en el entendido de que las restantes deberán destruirse, en términos del artículo 19, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con los artículos 14, fracción II y 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente principal en que se actúa es susceptible de CONSERVACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio en el que se negó el amparo. De igual manera, como lo dispone el artículo 34 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso o digital que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra o, en su caso, una firma digital, el cual es insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. En ese tenor, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique se encuentra completamente integrado el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase a su lugar de origen las copias certificadas que adjuntó a su informe justificado el Director del Registro Público de la Propiedad del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, mismas que obran por cuerda separada del presente juicio de amparo identificadas como cuaderno auxiliar I. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretario que autoriza. Doy fe.
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