Juan Pablo Meade Zamacona

Expediente 588/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
588/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
10/09/2018

Partes del expediente

  • Juan Pablo Meade Zamacona
  • Lic. Omar Fabricio Rivera Juárez

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de dos de febrero de dos mil dieciocho, se ordenó archivar el presente expediente como asunto concluido y que obra por separado un cuaderno de pruebas; correspondiente al remitido por la Magistrada Presidente de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, como justificación a su informe de ley, consistente en el toca de apelación 411/2016, de su índice; en consecuencia, devuélvase el mismo a la aludida autoridad. Por otra parte, toda vez que no existen actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, como esta ordenado en proveído de dos de febrero de dos mil dieciocho, remítase el mismo al archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos y en atención a que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa se hubiera inconformado con el contenido del proveído de fecha tres de enero de dos mi dieciocho, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías; con fundamento en el precepto legal invocado, se tiene por consentida la mencionada resolución. Por otra parte y toda vez que no hay promociones pendientes de acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se ordena el archivo de este juicio como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. En esa tesitura, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por sentencia de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, por una parte sobreseyó en el juicio y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; la cual causó ejecutoria por auto de veintisiete de noviembre del mismo año, este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Ahora, toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el cual se negó la medida cautelar; en consecuencia, el original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en el expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asimismo, archívese por separado el duplicado respectivo, y con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en los cuadernos incidentales que derivan del presente asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de la Materia y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se estima que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, de acuerdo a las consideraciones que a continuación se expresan. En principio, cabe destacar que el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas con fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, dictó sentencia en la que por una parte sobreseyó en el juicio y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí: "1. Deje insubsistente la resolución dictada el veintisiete de abril de dos mil diecisiete, dentro del toca penal número 411/2016, y 2. Dicte una nueva, en la cual, con libertad de jurisdicción, resuelva el recurso de apelación propuesto y exponga los motivos y fundamentos por los cuales resulta procedente o no la prescripción de la acción penal en favor de los quejosos, subsanando los vicios formales precisados en esta sentencia." Haciéndose extensiva dicha concesión a los actos de ejecución reclamados al Juez Cuarto del Ramo Penal de San Luis Potosí, San Luis Potosí, consistente en la continuación del procedimiento dentro de la averiguación judicial 131/2014-A, pues dicho acto no se reclamó por vicios propios sino en vía de consecuencia de la resolución controvertida. Por proveído de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se declaró ejecutoriada la citada resolución y se requirió a la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que informara sobre el cumplimiento dado a la misma. En atención a lo anterior, la Magistrada Presidente de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante oficio 4291/2017, recibido en este Juzgado el uno de diciembre pasado, remitió copia autorizada de la determinación de esa misma data, dictada dentro del toca de apelación 411/2016 de su índice, de la cual se desprende que dejó sin efectos, la resolución dictada el veintisiete de abril de dos mil diecisiete, pronunciada en dicho toca, la cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO.- En cumplimiento a la sentencia pronunciada por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, dentro de los autos del juicio de amparo 588/2017-I, y sus acumulados 592/2017-I, 599/2017 y 602/2017; se deja sin efectos, únicamente por lo que hace a los quejosos Juan Pablo, Ana Elena y Edgardo Antonio Meade Zamacona, Ana Elena Zamacona Boesch y Eduardo Hernández de los Santos, la resolución dictada por esta Sala el 27 (veintisiete) de abril de (dos mil diecisiete), dentro del toca 411/2016, a través de la cual se revocó la sentencia absolutoria que sobresee la causa y ordenó al Juez Cuarto del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, continuara con el procedimiento hasta dictar la resolución correspondiente por el delito de fraude especifico, dentro de la averiguación penal 131/2014-A del índice del Juzgado Cuarto Penal citado; SEGUNDO.- Resultaron infundados los agravios expresados por el agente del Ministerio Público. TERCERO.- Se confirma, por las razones contenidas en este fallo, el auto dictado el 26 (veintiséis) de junio de 2015 (dos mil quince) por el Juez Cuarto del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, a través del cual decreta el sobreseimiento de la causa instruida en contra de Juan Pablo, Ana Elena y Edgardo Antonio Meade Zamacona, Ana Elena Zamacona Boesch y Eduardo Hernández de los Santos, por el delito de fraude especifico, dentro de los autos de la averiguación judicial 131/2014-A. CUARTO.- En virtud del estudio efectuado de oficio respecto de la prescripción de la acción penal y de las causas de sobreseimiento realizado por lo que hace a los diversos inculpados Jaime Eduardo Villegas González y Concepción Moheno Salazar, se declara que ha prescrito la acción penal por el delito de fraude especifico a ellos atribuido, y se decreta el sobreseimiento de la causa con efectos de sentencia absolutoria y valor de cosa juzgada. QUINTO.- Se declaran extintos los efectos de la responsabilidad penal por muerte del inculpado Edgardo Santiago Meade Gafías, en consecuencia, se decreta el sobreseimiento de la causa con efectos de sentencia absolutoria y valor de cosa juzgada. SEXTO.- Con copia certificada de esta resolución infórmese al Ciudadano Juez Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, el cumplimiento dado a la sentencia de amparo citada en el resolutivo primero de este fallo. SÉPTIMO.- Con copia certificada de esta resolución devuélvase el duplicado del expediente al juzgado de su origen, y en su oportunidad archívese el toca. Asimismo, la autoridad ejecutora Juez Cuarto del Ramo Penal de esta ciudad, informó que se adhiere en todas y cada una de sus partes al contenido de la resolución emitida por el Superior. Ante tal situación, este juzgado considera que con el actuar de las autoridades responsables se obtiene el cumplimiento total del fallo protector, pues es evidente que se restituyó a los disconformes en el goce de sus derechos infringidos; motivo por el que, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declararla cumplida. Resulta aplicable, la Jurisprudencia publicada con la clave 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA y DIVERSOS TERCEROS INTERESADOS LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de la Materia y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se estima que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, de acuerdo a las consideraciones que a continuación se expresan. En principio, cabe destacar que el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas con fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, dictó sentencia en la que por una parte sobreseyó en el juicio y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí: "1. Deje insubsistente la resolución dictada el veintisiete de abril de dos mil diecisiete, dentro del toca penal número 411/2016, y 2. Dicte una nueva, en la cual, con libertad de jurisdicción, resuelva el recurso de apelación propuesto y exponga los motivos y fundamentos por los cuales resulta procedente o no la prescripción de la acción penal en favor de los quejosos, subsanando los vicios formales precisados en esta sentencia." Haciéndose extensiva dicha concesión a los actos de ejecución reclamados al Juez Cuarto del Ramo Penal de San Luis Potosí, San Luis Potosí, consistente en la continuación del procedimiento dentro de la averiguación judicial 131/2014-A, pues dicho acto no se reclamó por vicios propios sino en vía de consecuencia de la resolución controvertida. Por proveído de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se declaró ejecutoriada la citada resolución y se requirió a la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que informara sobre el cumplimiento dado a la misma. En atención a lo anterior, la Magistrada Presidente de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante oficio 4291/2017, recibido en este Juzgado el uno de diciembre pasado, remitió copia autorizada de la determinación de esa misma data, dictada dentro del toca de apelación 411/2016 de su índice, de la cual se desprende que dejó sin efectos, la resolución dictada el veintisiete de abril de dos mil diecisiete, pronunciada en dicho toca, la cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO.- En cumplimiento a la sentencia pronunciada por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, dentro de los autos del juicio de amparo 588/2017-I, y sus acumulados 592/2017-I, 599/2017 y 602/2017; se deja sin efectos, únicamente por lo que hace a los quejosos Juan Pablo, Ana Elena y Edgardo Antonio Meade Zamacona, Ana Elena Zamacona Boesch y Eduardo Hernández de los Santos, la resolución dictada por esta Sala el 27 (veintisiete) de abril de (dos mil diecisiete), dentro del toca 411/2016, a través de la cual se revocó la sentencia absolutoria que sobresee la causa y ordenó al Juez Cuarto del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, continuara con el procedimiento hasta dictar la resolución correspondiente por el delito de fraude especifico, dentro de la averiguación penal 131/2014-A del índice del Juzgado Cuarto Penal citado; SEGUNDO.- Resultaron infundados los agravios expresados por el agente del Ministerio Público. TERCERO.- Se confirma, por las razones contenidas en este fallo, el auto dictado el 26 (veintiséis) de junio de 2015 (dos mil quince) por el Juez Cuarto del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial del Estado, a través del cual decreta el sobreseimiento de la causa instruida en contra de Juan Pablo, Ana Elena y Edgardo Antonio Meade Zamacona, Ana Elena Zamacona Boesch y Eduardo Hernández de los Santos, por el delito de fraude especifico, dentro de los autos de la averiguación judicial 131/2014-A. CUARTO.- En virtud del estudio efectuado de oficio respecto de la prescripción de la acción penal y de las causas de sobreseimiento realizado por lo que hace a los diversos inculpados Jaime Eduardo Villegas González y Concepción Moheno Salazar, se declara que ha prescrito la acción penal por el delito de fraude especifico a ellos atribuido, y se decreta el sobreseimiento de la causa con efectos de sentencia absolutoria y valor de cosa juzgada. QUINTO.- Se declaran extintos los efectos de la responsabilidad penal por muerte del inculpado Edgardo Santiago Meade Gafías, en consecuencia, se decreta el sobreseimiento de la causa con efectos de sentencia absolutoria y valor de cosa juzgada. SEXTO.- Con copia certificada de esta resolución infórmese al Ciudadano Juez Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, el cumplimiento dado a la sentencia de amparo citada en el resolutivo primero de este fallo. SÉPTIMO.- Con copia certificada de esta resolución devuélvase el duplicado del expediente al juzgado de su origen, y en su oportunidad archívese el toca. Asimismo, la autoridad ejecutora Juez Cuarto del Ramo Penal de esta ciudad, informó que se adhiere en todas y cada una de sus partes al contenido de la resolución emitida por el Superior. Ante tal situación, este juzgado considera que con el actuar de las autoridades responsables se obtiene el cumplimiento total del fallo protector, pues es evidente que se restituyó a los disconformes en el goce de sus derechos infringidos; motivo por el que, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declararla cumplida. Resulta aplicable, la Jurisprudencia publicada con la clave 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución."

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