JUAN NIOLBERT ZULUETA JIMENEZ y Otros.

Expediente 653/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
653/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
14/06/2022

Partes del expediente

  • JUAN NIOLBERT ZULUETA JIMENEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de junio de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Visto el oficio de cuenta signado por el Actuario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, mediante el cual remite el informe a la suspensión de plano, rendido por el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Tlaxcala. Ahora bien, toda vez que como se advierte de autos el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, se avocó al conocimiento de este asunto, remítansele la citada comunicación oficial, previa copia autorizada que de la misma se deje en autos. Finalmente, toda vez que no existe promoción pendiente de acuerdo, ni diligencia qué desahogar, vuelva el presente sumario al archivo definitivo de donde fue extraído. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y por oficio al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Lourdes Viridiana Soto González, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Se agrega razón actuarial. Agréguese a los autos la razón actuarial levantada por el diligenciario de la adscripción, por la que informa que no le fue posible entregar los oficios 15608/2022 y 15609/2022, dirigidos respectivamente al tercero interesado AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION ADSCRITO AL JUZGADO DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO y a la autoridad responsable AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACION DE NOMBRE RODRIGO ALONSO SILVA CORTES, por las razones que indica. Ahora bien, toda vez que del anexo que remitió el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de San Luis Potosí, se advierte que Rodrigo Alonso Silva Chavez, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, no proporcionó domicilio para oír y recibir notificaciones, no obstante ello, obran como correos electrónicos, los siguientes: rodrigo.silva@pgr.gob.mx rodrigo.silva@fgr.org.mx lic.rodrigoalonso4@gmail.com nestorhgs@fgr.org.mx En consecuencia, remítase el oficio 15609/2022, mismo que contiene inserto el auto de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dirigido al AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACION DE NOMBRE RODRIGO ALONSO SILVA CHAVEZ, a cualquiera de los correos electrónicos, adjuntándose copia de la demanda de amparo. Por lo que se refiere al diverso oficio 15608/2022, dirigido al AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION ADSCRITO AL JUZGADO DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO, resérvese proveer lo conducente hasta en tanto se reciba el informe de ley del primero de los nombrados. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y cúmplase.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Se agregan oficios. Agréguense a los presentes autos para que obren como corresponda, los oficios de cuenta signados por el licenciado Luis Manuel Martínez Camacho, Director de Ingresos, dependiente de la Tesorería Municipal, Luis Víctor Hugo Salgado Delgadillo, Síndico Municipal y por la ingeniero María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Directora de Catastro, todos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, los dos últimos con anexos que se acompañan, mediante los cuales rinden sus respectivos informes sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. 1. Informe del Director de Ingresos, dependiente de la Tesorería Municipal. Del oficio que remite el Director de Ingresos se desprende que, dicha entidad municipal está supeditada a que la Dirección de Catastro capitalina, determine el nuevo valor catastral del predio objeto del recalculo y que una vez que hecho ello, bajo los lineamientos establecidos y ordenados, estará en condiciones de actuar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí. 2. Informe del Síndico Municipal. Personalidad, delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones. En primer término, téngasele reconocida la personalidad con la que comparece y con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngansele designando como delegados, a las personas que indica y en cuanto al domicilio para oír y recibir notificaciones, dígasele que deberá estarse a lo acordado en auto de veinte de enero de dos mil veinte, en el cual se tuvo señalado dicho domicilio para esos efectos. Acceso a expediente electrónico. Como lo solicita, con apoyo en los numerales 9, 10 y 11 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, dese acceso al servicio de expediente electrónico, para consultar dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, los acuerdos judiciales que se emitan en el presente juicio, a través de los usuarios "GAGM35", "SALVADORSANTOYO", "mpgs17" y "MarianaGarAl". En tal virtud, se comisiona a la analista jurídico, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que en dicho sistema ingrese los usuarios respectivos para tales efectos. Rinde informe. Finalmente, téngasele comunicando que por medio de oficios que giró al Tesorero Municipal y a la Dirección General de Gestión Territorial y Catastro, ambos del ayuntamiento de San Luis Potosí, de los cuales anexa copias simples, les solicitó se diera cabal cumplimiento a lo ordenado en los oficios 11500/2022 y 14681/2022, del índice de este juzgado (que contienen los autos de diecinueve de abril y dieciséis de mayo del año en curso, dirigidos al Ayuntamiento de San Luis Potosí); de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. 3. Informe de la Directora de Catastro del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Téngase a la citada directora de catastro del ayuntamiento de San Luis Potosí, rindiendo su informe, en atención a los requerimientos contenidos en proveídos de dieciséis y diecinueve de mayo del año en curso, del cual se desprende las siguientes manifestaciones: - Que con el oficio DGGTC/234/2022, la Dirección de Catastro del ayuntamiento informa que el avalúo catastral número 0000035654 con folio de trámite 1908818856, se extinguió de pleno derecho, ya que cumplió con su objeto y fin, acorde al artículo 173, fracción I, del Código Procesal Administrativo, es decir, quedó insubsistente atendiendo a su naturaleza y alcance, debido a que, - Dicho acto administrativo permitió la materialización de una operación de compra venta entre personas morales, de un lote de terreno cuya superficie es de 81,923.15 metros cuadrados, identificado en su momento con la catastral 2400102801000105793500004000000; - Que dicho predio fue objeto de una autorización municipal de fusión con el diverso ubicado en la calle Boulevard Antonio Rocha Cordero número 895, de la Fracción el Aguaje, de esta ciudad, con clave catastral 2400102801000105793500008000000, dando como resultado la fusión de una superficie de 94,098.57 metros cuadrados, variando con ello la identidad del predio motivo del avalúo que se ordena dejar insubsistente, ya que actualmente el predio se identifica como una unidad bajo la clave catastral 2400102801000105793500008000000, cuyas medidas y colindancias quedaron plasmadas en el instrumento notarial número dieciocho mil cincuenta y tres, libro número trescientos noventa y uno de veintiséis de julio de dos mil diecinueve, pasado ante la fe del Notario Público número Treinta y Seis, con ejercicio en esta ciudad; - Que, a la luz de lo anterior, el avalúo catastral número 0000035654, con folio de trámite 1908818856, al haber quedado insubsistente, no es susceptible de considerarse para determinar la base del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y otros Derechos Reales, ya que se requiere contar con un avalúo con antigüedad no mayor a seis meses; - Que con independencia de lo anterior, se procedió a realizar un nuevo cálculo acorde al valor unitario que corresponda al corredor de valor número 328, con número 4365, por la cantidad de $52.25 (cincuenta y dos pesos 25/100 moneda nacional), con el objeto de poder determinar la base del impuesto referido, siguiendo los valores mínimos proporcionados en la ejecutoria; - Que dicho avalúo arrojó como resultado un valor catastral de terreno de $4'283,423.65 (cuatro millones doscientos ochenta y tres mil cuatrocientos veintitrés pesos 65/100 moneda nacional); y, - Que lo anterior ya fue informado a la Dirección General de Gestión Territorial y Catastro del ayuntamiento de San Luis Potosí, mediante oficio de veintitrés de mayo pasado. Requerimiento. En consecuencia, con copia autorizada de la última de las citadas comunicaciones y con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase al licenciado Luis Manuel Martínez Camacho, Director de Ingresos, dependiente de la Tesorería Municipal para que, dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, se sirva rendir el informe que conforme a sus atribuciones corresponda, en relación con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en la inteligencia de que subsiste el apercibimiento contenido en el auto de diecinueve de mayo del año actual. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y mediante oficio al licenciado Luis Manuel Martínez Camacho, Director de Ingresos, dependiente de la Tesorería Municipal.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Se agrega escrito con manifestaciones de quejosa desahoga la vista otorgada mediante proveído de nueve de mayo del año en curso y realiza diversas manifestaciones respecto del informe de cumplimiento a la sentencia de amparo, rendido por la autoridad responsable, mismas que serán tomadas en consideración al resolver enseguida sobre dicho cumplimiento. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, este Juzgado procede a analizar si la ejecutoria dictada en el mismo se encuentra cumplida. Antecedentes. A efecto de iniciar el estudio propuesto, debe tenerse presente que: 1. El doce de enero de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de robo (casas habitación, industria y comercio: ".(i) Deje insubsistente el acuerdo de orden de aseguramiento emitido el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/29741/20, respecto del vehículo marca PEUGEOT, modelo 2018, tipo YPKNMG, línea 3008 ALLURE PACK 5P, 1.6THP AUT, COLOR BLANCO NACRE TRICOUCHE METAL, motor 4 cilindros, No. 10FJCG2378346, número de serie VF3M45GY1JS017268. (ii) En caso de considerar necesario y justificado decretar la orden de aseguramiento del automotor respectivo con motivo de la práctica de esa técnica de investigación, con libertad de jurisdicción, deberá solicitar dicha medida al Juez de Control correspondiente, colmando los requisitos legales establecidos para ello.". 2. Inconforme con esa determinación, el tercero interesado Efraím Gamaliel Almanza Castilleja, interpuso el recurso de revisión, el cual correspondió conocer y resolver al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, mismo que mediante fallo correspondiente a la sesión ordinaria virtual de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, pronunciado dentro del expediente 41/2022, de su índice, confirmó la sentencia recurrida. 3. En proveído de seis de abril del mismo año, se recibió el testimonio respectivo de la resolución pronunciada en la Alzada y con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de robo (casas habitación, industria y comercio), para que informara el cumplimiento dado a la citada ejecutoria de amparo. Informe sobre el cumplimiento. 4. Mediante oficios recibidos el dieciocho y veintiséis de abril, así como cuatro de mayo, todos del año en curso, el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Robo a casa-habitación, industria y comercio, rindió informes con relación al cumplimiento y acompañó copias autenticadas de diversas actuaciones llevadas a cabo dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D001/29741/20, de su índice. Valoración probatoria. 5. Documentales a las cuales se concede valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2 y son suficientes para demostrar: - Que mediante acuerdo emitido el once de abril del año que transcurre, la autoridad responsable dejó insubsistente el acuerdo de orden de aseguramiento, emitido por la agente del Ministerio Público Sandra Lucero López Esparza, de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, dentro de la citada carpeta de investigación, respecto del vehículo marca PEUGEOT, modelo 2018, tipo YPKNMG, línea 3008 ALLURE PACK 5P, 1.6THP AUT, COLOR BLANCO NACRE TRICOUCHE METAL, motor 4 cilindros, No. 10FJCG2378346, número de serie VF3M45GY1JS017268; - Que a través del informe contenido en el oficio URCHIC/123/2022, recibido el veintiséis de abril del presente año, la responsable expuso que sí consideraba necesario decretar la orden de aseguramiento respecto del citado automotor y que procedería a solicitar dicha medida, ante el Juez de Control correspondiente; y, - Que mediante oficio FGE/D01/180011/05/2022 de tres de mayo pasado, dirigido al Juez de Control del Primer Distrito Judicial en el Estado, con sede en el Centro Integral de Justicia de esta ciudad, solicitó fijar fecha y hora para llevar a cabo una audiencia, con la finalidad de pedir el aseguramiento del aludido vehículo. De ahí que, en cuanto a lo que se refiere al primero de los efectos de la ejecutoria de amparo, relativo a dejar insubsistente el acto reclamado, el mismo ha quedado debidamente acreditado; sin embargo, para determinar si con base en lo establecido en la sentencia firme dictada en este asunto, se cumplió con el segundo de los efectos del amparo, atendiendo a que existe la condición señalada en la primera parte de dicho efecto, esto es, que sí considera la responsable necesario y justificado decretar la orden de aseguramiento del automotor respectivo, con motivo de la práctica de las técnicas de investigación, se precisa que para ello debe cumplirse con lo siguiente: - Solicitar la medida al Juez de Control correspondiente; y, - Que esa solicitud cumpla con los requisitos legales. Por lo que, en cuanto a lo primero, con la copia autenticada del acuerdo de aseguramiento de bienes contenido en el oficio FGE/D01/180099/05/2022, de tres de mayo de dos mil veintidós y oficio FGE/D01/180011/05/2022, de esa misma data, ha quedado acreditado que la autoridad responsable efectivamente solicitó la orden de aseguramiento del citado bien mueble. Ahora bien, en cuanto a los requisitos legales para solicitar la medida de aseguramiento, debemos tener presente primero, que en el considerando octavo de la sentencia de mérito, se señalaron los requisitos que deben contener los actos de autoridad, siendo los siguientes: - Constar por escrito, a fin de que pueda verificar si fue emitido o no por autoridad competente y si se encuentra o no fundado y motivado; - Provenir de autoridad competente, es decir, aquella a la que corresponde su emisión porque así le faculta la normativa que rige su actuar; y, - Contener la fundamentación y motivación, lo que implica apoyar la determinación respectiva en razones legales contenidas en la norma y explicar los motivos que conducen a su emisión, lo que debe ser congruente entre ambos aspectos. Lo anterior, de acuerdo a los artículos 52, 67, 230, 233, 236, 237, 239 y 240 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regulan el procedimiento para decretar el aseguramiento de vehículos en la carpeta de investigación. Por su parte, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, al resolver en grado de revisión la sentencia dictada en este asunto, refirió que, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, el aseguramiento se autoriza siempre y cuando preceda mandamiento -escrito emitido por una autoridad competente en donde se funde y motive la causa legal del procedimiento, en acatamiento al principio de legalidad, que consiste en que las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite y en la forma y términos que ésta determine. Siendo conteste con el razonamiento esgrimido por esta juzgadora, en relación a que, para decretar el aseguramiento de vehículos en la carpeta de investigación -si se encuentran relacionados con un hecho delictivo-, se podrá ordenar su aseguramiento y resguardo, hasta en tanto se esclarezcan los hechos, sujetando tal determinación a la aprobación del Juez de Control, quien es el competente para autorizar dicho acto de investigación; lo anterior, porque puede afectar derechos previstos en la Carta Magna. Esto es, para colmar la última parte del efecto amparatorio en comento, era necesario que la responsable acreditara la solicitud del aseguramiento al Juez de Control y que dicha solicitud constara por escrito y se encuentre fundado y motivado. Análisis de la solicitud de aseguramiento. Precisado lo anterior, al analizar el acuerdo de aseguramiento y solicitud respectiva emitidos por la responsable se desprende, que como motivación señaló que el automotor de que se trata se encuentra relacionado con un hecho delictivo; y como fundamento citó los numerales 240, 152 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la tesis XXX.4o.2P (10a), del Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, cuyo rubro es del tenor siguiente: "ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. EL DECRETADO FUERA DEL SUPUESTO DE FLAGRANCIA DELICTIVA REQUIERE AUTORIZACIÓN PREVIA DEL CORRESPONDIENTE JUEZ DE CONTROL." (fundamentación). Determinación sobre el cumplimiento. 6. Ante tal situación, este juzgado considera que se encuentra demostrado por parte de la responsable, el cumplimiento a la sentencia de amparo, toda vez que acreditó haber dejado insubsistente el acto reclamado y en su lugar, al considerar necesaria y justificada la medida de aseguramiento, acudió ante el Juez de Control a realizar la solicitud respectiva, fundando y motivando dicha actuación conforme a los lineamientos de la ejecutoria de amparo; atento a ello, es evidente que se restituyó al disconforme en el goce de sus derechos infringidos; motivo por el que, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declarar cumplido el referido fallo. Sin que se soslayen las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, en el escrito de cuenta, a través del cual señala que no está conforme con el cumplimiento informado por la responsable, al considerar excesiva la determinación de que no se deje sin efecto el oficio de aseguramiento y se realice un nuevo acto ante una autoridad diferente, siendo ésta el Juez de Control; sin embargo, respecto del primer punto, contrario a lo alegado, la autoridad sí dejó insubsistente el acuerdo de orden de aseguramiento y respecto del segundo aspecto, tal como lo precisa dicha parte procesal, la resolución que en su momento emita dicha autoridad, será un nuevo acto, el cual evidentemente no fue materia del estudio ni de los efectos de la sentencia de amparo, por lo que tal determinación no puede ser analizada en esta determinación, sino que será materia de los medios de defensa procedentes. Es aplicable al caso concreto, por las razones que la informan, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 400, del Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido siguientes: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. NO SE CONFIGURA CUANDO EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO SE DICTA UN ACTO CON EFECTOS SIMILARES AL QUE SE DECLARÓ INCONSTITUCIONAL POR DEFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Cuando la protección de la Justicia Federal se otorgó por deficiente fundamentación y motivación del acto reclamado, conminándose a la autoridad responsable a dejarlo sin efectos y a dictar uno nuevo, el examen jurídico en relación con la denuncia de repetición del acto reclamado debe centrarse en analizar si el acto reclamado fue dejado sin efectos, y si entre éste y el nuevo existe o no identidad en cuanto a los aspectos de fundamentación y motivación que fueron materia de la determinación constitucional; luego, de actualizarse esa identidad, existirá la repetición, mientras que en el caso contrario, no puede hablarse de repetición, sino de un acto diverso, susceptible, en su caso, de reclamarse a través de un nuevo juicio de garantías, ya que la repetición del acto reclamado no se estableció por el artículo 108 de la Ley de Amparo para evitar que la autoridad realice cualquier acto con efectos parecidos a los que tuvo el acto declarado inconstitucional, ni tampoco para analizar si el nuevo es violatorio o no de garantías, sino sólo para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo.". Notifíquese personalmente a las partes; por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y mediante oficios que se remitan a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito.

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